Expresar preocupación en relación a que la situación de las Licenciadas en Enfermería, las Licenciadas en Instrumentación Quirúrgica y las Técnicas en Bioimágenes, a partir de la sanción de la ley 6035 en la Ciudad de Buenos Aires el 1 de noviembre de este año, se extienda a las 17 provincias del país que carecen de un marco normativo específico para estas profesiones que aún no las incluyen como Profesionales de la Salud, incumpliendo de este modo con las leyes nacionales y artículos constitucionales que garantizan igualdad de trato y no discriminación laboral por género.

Señor presidente:

No escapa al entendimiento de todo este recinto, el rol que cumplen la enfermeras en nuestro sistema de salud, de hecho muchos de ustedes son médicos.

Hoy vemos como se está tratando a estas mujeres, en su mayoría, queriéndolas incluir en un escalafón administrativo, cuando en la vieja ley 17.132, que regula el ejercicio profesional de la medicina e instala a la Enfermería como una de las actividades de colaboración de la medicina, modificada por la ley 24.004, que trabajaran los asesores de la UCR con las representantes de las enfermeras, se logró aprobar en 1991.

En esta ley se trató de resguardar la fuente de trabajo, entre las Licenciadas en Enfermería, las egresadas de las escuelas reconocidas por la autoridad y por las empíricas, aquellas que no poseían la formación académica, pero poseían la experiencia por haber trabajado con pacientes gran parte de su vida, cuando esta ley no existía, por lo cual fueron incorporadas al nuevo sistema, preservando su fuente de trabajo, pero sobre todo su experiencia con los pacientes.

Queremos distinguir varios aspectos que en el sistema escalafonario en el que las pretende incorporar, contradice cuestiones que hoy la sociedad discute como la equidad entre géneros y el desafío de achicar la brecha salarial entre mujeres y varones.

Según un estudio de PNUD (2018), se observa cierta mejora durante períodos previos, en las condiciones laborales para el conjunto de las y los trabajadores del sector, siendo que presentarían una situación más favorable a la del conjunto de la población ocupada. Asimismo, algunas de las condiciones estarían vinculadas al proceso de profesionalización de las mujeres.

Sin embargo, según el mismo estudio la feminización de los puestos profesionales de la salud no condujo a avances significa¬tivos en términos de paridad de ingreso. La brecha de ingresos mensuales de la ocupación principal entre las/los profesionales alcan¬zaba el 19,6% en 2016, y era del 12,3% en las y los técnicos y operativos del sector (12,3%) (cf PNUD: 2018).

En contraste, se observa en el informe que al analizarse la brecha por máximo nivel educativo alcanzado se presentan valores muy similares entre las/ los trabajadores con estudios superiores completos y aquellas/os con estu¬dios superiores incompletos o secundaria completa (21,5% y 19,8% respectivamente). Por lo cual, de acuerdo al informe, la calificación ocupacional es un determinante clave en la diferencia de ingresos del sector, mientras que el efecto del nivel educativo es menor.

Nos preocupa que el antecedente registrado en la Ciudad de Buenos Aires se extienda a las 17 provincias del país que carecen de un marco normativo específico para esta profesión.

El 1 de noviembre, la Legislatura porteña con la sanción de la ley 6035 dispuso que los licenciada/os en enfermería, instrumentación quirúrgica y bio-imágenes sean considerados personal administrativo y no profesionales de la Salud, generando así un precedente de discriminación laboral a una profesión que en el ámbito de la salud está orientada al cuidado, protagonizada en su mayoría por mujeres, y que concentra más del 75% de las tareas de atención y cuidado en el ámbito hospitalario.

¿Qué implica esto? Un claro caso de discriminación por género y de inequidad salarial por ello. Esta exclusión impactará en los haberes generando una segregación salarial por género y tipo de actividad, entre los profesionales de la Salud de la Ciudad.

Necesitamos que no se avance en este tipo de exclusiones y discriminaciones, y esperamos que con esta alerta la Ciudad de Buenos Aires pueda modificar esa regulación y siga el modelo inclusivo y no excluyente que actualmente rige en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Neuquén y Santa Cruz y sobre todo nacionalizar la idea de que las regulaciones sobre profesionales de la Salud que esperan en 17 provincias cumplan con las leyes nacionales y artículos constitucionales que garantizan igualdad de trato y no discriminación laboral por género.

Las políticas de equidad de género en el ámbito laboral en todos los sectores son ya parte de una agenda nacional y una ley para las profesiones de salud en 6 provincias. Y lamentablemente estas medidas afectan en su mayoría a mujeres, siendo el sector salud, uno de los que presentan mayor participación femenina. Esto compromete a nuestro Estado, quien debe garantizar a hombres y mujeres, la igualdad en el goce de todos sus derechos.

En relación a ello, cabe destacar que nuestro país está obligado a adoptar todas las medidas legislativas y de cualquier otro carácter, que prohíban toda discriminación contra la mujer, y a adoptar todas las medidas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer (CEDAW, artículo 2, incisos b y f).

Es por estos motivos, que solicito a mis pares acompañen este proyecto de resolución.

PNUD (2018): “Aportes para el desarrollo humano en Argentina 2018. Género en el sector salud: feminización y brechas laborales”, Buenos Aires, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD.