Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe acerca de las cuestiones que a continuación se detallan:

1. Con respecto a la participación de funcionarios del Poder Judicial en la detención del ex Vicepresidente Amado Boudou el viernes 3 de noviembre de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la posterior difusión de imágenes audiovisuales y fotográficas de la detención:

a. ¿Qué funcionarios del Poder Judicial participaron de la detención?

b. ¿Ha solicitado el Ministerio la apertura de un sumario interno al Ministerio de Seguridad para investigar la filtración de las imágenes?

c. En caso de que se confirmaran que las imágenes filtradas a los medios de prensa provinieran del accionar de funcionarios del Poder Judicial, ¿qué sanciones solicitaría el Ministerio al Consejo de la Magistratura?

2. Con respecto a la difusión de imágenes obtenidas en detenciones ordenadas por magistrados judiciales o a la difusión de imágenes de prueba como las difundidas en el caso en que se investiga la muerte de Santiago Maldonado:

a. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Justicia sobre la difusión de imágenes obtenidas durante procedimientos judiciales?

b. ¿Tiene el Ministerio una propuesta para regular el accionar judicial durante los procedimientos?

Señor presidente:

Ponemos a consideración de nuestros pares este pedido de informes ante la preocupación por la difusión de imágenes fotográficas y audiovisuales de la detención del ex Vicepresidente de la Nación Amado Boudou en el interior de su domicilio particular. Presuntamente, funcionarios judiciales participaron de la detención. Pero el pedido no es solamente por este caso en particular. La difusión de las imágenes conlleva una violación de la intimidad del detenido. Este pedido está entonces basado en una preocupación acerca del respeto a las garantías constitucionales en el proceso penal, esté involucrado un ex Vicepresidente de la Nación o cualquier otro ciudadano/a.

El Código Procesal Penal de la Nación establece en su artículo 280 que: “El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados…” (el resaltado es nuestro).

A su vez, esta disposición tiene fundamento en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que integra nuestra Constitución Nacional (artículo 75.22):

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

En el caso de la detención de Amado Boudou, ¿a qué necesidad obedece mostrar el video

La pérdida de la libertad ambulatoria es la sanción más grave que puede recibir una persona. Por ello, no puede llevarse adelante de una forma arbitraria y sin respetar los derechos de los imputados. Estar imputado en una causa penal no conlleva pérdida de derechos constitucionales.

En este contexto, llama la atención que los funcionarios del Poder Judicial no eviten este tipo de situaciones. Esta violación de la intimidad de las personas abre las puertas para la arbitrariedad, que es incompatible con el estado de derecho.

En las repúblicas democráticas como la nuestra, las garantías constitucionales aplicadas a los procedimientos por persecuciones penales son una arteria fundamental del Estado de derecho: exigen que se nos trate de cierta manera, aunque ello pueda tener costos. Defender el respeto a las garantías constitucionales no significa defender a los delincuentes. La ausencia de garantías durante un proceso penal nos dejaría a merced de la arbitrariedad y de la opresión del gobernante de turno, un precio que no debemos estar dispuestos a pagar.

Por ello, la difusión de imágenes fotográficas y audiovisuales del ex Vicepresidente, o de cualquier otro ciudadano/a, es un hecho preocupante, que justifica este pedido de informes. Por más antipático que nos resulte el detenido, por más diferencias políticas que tengamos con él, es inadmisible usarlo como un mero medio para satisfacer el deseo de justicia o para llevar tranquilidad a uno o varios sectores de nuestra sociedad.

Por lo expuesto solito a mis pares acompañen con su firma el presente Proyecto de Resolución.