Excluir al Diputado Nacional Julio Miguel De Vido del seno de esta H. Cámara por inhabilidad moral atento a lo dispuesto por el art. 66 de la Constitución Nacional.

Señor presidente:

Es de público conocimiento que al Diputado Julio Miguel De Vido se le registran diversas causas penales que el día de hoy están en avanzada etapa de investigación. Es nuestra intención considerar si la conducta es propia de un legislador de la Nación independientemente de cualquier proceso criminal o penal.

Tal como expresó el Diputado Tejedor: “Aquí sólo nos ocupamos de la dignidad del Diputado para ocupar su puesto. Nosotros no hacemos un juicio, no condenamos, no imponemos pena. Simplemente nos anticipamos a la requisición de la justicia ordinaria. Y tenemos el derecho de anticiparnos, porque somos los únicos guardianes de nuestra honra como diputados, los únicos jueces de la violación por parte de esos diputados de los deberes que juraron cumplir”.

Nuestra historia constitucional registra numerosos antecedentes en los que el Congreso hizo uso soberano de esta facultad.

En 1925 los diputados Luis Olmedo Cortés y José Núñez fueron separados por haber sido imputados de obtener ilícitamente dinero del Banco de Mendoza. Lo mismo ocurrió en 1940, respecto del diputado José Guillermo Bertotto a raíz de su vinculación con la venta de tierras del Palomar.

En fecha más reciente, se expulsó en 1991 al diputado Angel Luque por expresiones que se consideraron inadmisibles respecto del crimen de María Soledad Morales en Catamarca. Y decía en ese momento el Diputado Vanossi, como miembro informante del dictamen de mayoría: “No estamos analizando un acto singular en una probeta, desconectados de la realidad. Se examina una conducta y no un mero acto; lo que está en juego es un perfil ético y ese es el tema central que nosotros tenemos que discutir.”

El último caso, en el año 2002, fue el de la diputada Hilda Ancarani de Godoy que fue expulsada por haber amenazado a dos periodistas. En aquella oportunidad del tratamiento en el recinto, decía el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, hoy Gobernador de la Provincia de Salta, Dr. Juan Manuel Urtubey: “que estamos frente a una profunda cuestión ética. Aquí tenemos que valorar cuál es la conducta que un ciudadano argentino medio exige hoy de sus representantes.” “La autoridad pasa por el respeto a la moral y a la ley”.

Frente a este mismo caso decía la Diputada Dra. Elisa Carrió: “que la inconducta que se reprocha lesiona un interés público directo, dado que compromete los ejes sostenedores del sistema y las instituciones democráticas”.

En el caso del Diputado Julio Miguel De Vido entendemos que se encontrarían reunidos sobrados elementos para que se lo excluya de este cuerpo por indignidad.

El Sr. De Vido se encuentra involucrado en 130 causas en las que la justicia investiga su participación clave como Ministro de Planificación y Obras Públicas del gobierno anterior. Entre las cuales podemos mencionar: causa por “Enriquecimiento ilícito” donde el Diputado Julio De Vido opuso fueros parlamentarios a un allanamiento en su domicilio; causa “Sueños Compartidos” donde deberá declarar como responsable de los fondos girados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo; causa “Yacimiento de Río Turbio” por compras y convenios celebrados entre YCRT y la Universidad Tecnológica Nacional, por compras con marcados sobreprecios y otras que nunca llegaron a la empresa estatal, y por mecanismos de contratación que fueron montados para eludir los sistemas de control; “Causa Pan American Energy - PAE” donde se investiga un supuesto pago de coimas millonarias a cambio de la extensión del contrato de Cerro Dragón; la causa “Antonini Wilson” por los sobornos en torno a la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA) y los contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA; causa donde se investiga la discrecionalidad y la falta de controles en los subsidios del sector energético, transporte y compra de combustibles con sobreprecios; además, no se puede dejar de mencionar el escándalo en sobreprecios de la obra pública, puntualmente el que involucra a Austral Construcciones, situación que lo encuentra al Diputado De Vido como máximo representante del Ministerio durante 12 años.

En las 130 causas en que se encuentra involucrado el Sr. De Vido, se encuentra imputado por los delitos de: defraudación a la Administración Pública, defraudación por administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho, asociación ilícita, estafa, abuso de autoridad, coacción agravada, encubrimiento, violación a los deberes de funcionario público, usurpación de autoridad, amenazas, coacción agravada, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, infracción al art. 174 inc. 6 del Código Penal, exacciones ilegales, falsificación de documentos públicos, infracción a la ley 24.769, evasión, asociación ilícita con peligro de vigencia de la Constitución Nacional, resistencia o desobediencia a funcionario público, violación de correspondencia agravada, nombramientos ilegales, envenenamiento o adulteración de aguas, extorsión, traición, traición con sometimiento, conspiración para la traición, prevaricato, encubrimiento a la obligación de perseguir delincuente, daño, daño agravado, robo, violación de tratados treguas o armisticios, sedición, falsedad ideológica y violación a la ley 25.891.

El Diputado en cuestión se encuentra ya procesado en la causa de la tragedia de Once, “descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y heridas”, por los delitos estrago culposo y administración fraudulenta, donde fue embargado por 600.000.000 de pesos; como así también en la causa por irregularidades en contratos ferroviarios, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, donde junto con Ricardo Jaime, fueron embargados por 500.000.000 de pesos cada uno.

Respecto a la causa por la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal, donde se lo investiga por sobreprecios y coimas, el Fiscal de la causa pidió a principios de mes su procesamiento.

Vale resaltar que una de las causas, por la que se encuentra imputado el Diputado De Vido, es por presunto enriquecimiento ilícito, que dimensiona un estándar de gravedad institucional a la luz del artículo 36 de Nuestra Constitución, que establece:

“Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Queda claro que la voluntad del constituyente fue equiparar al corrupto con un desestabilizador del sistema democrático.

La dignidad de esta Cámara se encontraría bajo sospecha tolerando la presencia de una persona que aparece en el corazón de maniobras de corrupción.

Este Diputado compromete la imagen, el prestigio y la honorabilidad de esta Cámara; lesiona gravemente la responsabilidad y la ética republicana debida a nuestro pueblo argentino.

Es una responsabilidad indelegable de esta Cámara defender su honra, ya que como decía el Diputado Tejedor en 1867: “está en juego la credibilidad moral de este cuerpo frente a la sociedad”.

Sostenemos que el camino adecuado es poner en marcha el mecanismo del artículo 66 de la Constitución Nacional: “Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno.”

Esta Cámara no puede permanecer en silencio, porque implicaría salpicar la dignidad de este cuerpo, la credibilidad en el mandato popular y el funcionamiento mismo de las instituciones democráticas.

Entendemos que éste es el comportamiento que la sociedad espera de la Honorable Cámara de Diputados, porque somos nosotros representantes del pueblo, al que no debemos traicionar.

Esto es necesario por la salud pública, la moral del Estado y el restablecimiento de la ética fundamental en la que se asientan valores inalterables de la sociedad democrática argentina. Por eso, y no por otra cosa, debe comprenderse que ésta no es una cuestión de partido sino de principios y de moral pública.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto.