Expresar su más enérgico repudio, a la detención del periodista Juan Pablo Suarez del diario digital Ultima Hora, de la provincia de Santiago del Estero, acusado de "instigar a la rebelión" en el marco de una protesta reducida de agentes de la fuerza de seguridad provincial, que reclamaba aumentos salariales.

Señor presidente:

El día 9 de diciembre del año 2013, el periodista Juan Pablo Suarez estuvo privado de su libertad por diez días, en condiciones violatorias de sus derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y Pactos Internacionales, utilizándose la figura penal de "incitación a la violencia colectiva", agravada por la "finalidad de aterrorizar a la población", constituyendo un nivel de violencia contra las normas del estado de derecho, que nunca hubiésemos creído posible en nuestro país.

La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;

Los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos

Al cumplirse 30 años del retorno de la democracia, nuestra sociedad merece vivir en libertad y poder ejercer sus derechos en forma plena. La República no es solo una figura institucional que mediante la división de poderes y la alternancia en el gobierno busca moderar los abusos del poder. Es fundamentalmente una idea en la cual las libertades son garantizadas y defendidas como el vehículo para lograr una sociedad cada día más justa.

Nuestro país está ingresando a una espiral de violencia, censura directa, temor a represalias, durísimas réplicas presidenciales a periodistas o medios de comunicación por cadena nacional y en este cado el uso de un poder público para acallar las voces que denuncian, no hace más que contribuir a la degradación institucional.

Por todos estos motivos es que solicitamos se apruebe el presente proyecto.