Citar a la señora Presidente del Consejo Nacional de las Mujeres, Sra. Mariana Agustina Gras Buscetto, al seno de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a los efectos de que exponga, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en torno a:

1) Detalle las políticas, programas y acciones que el Consejo ha llevado a cabo e implementado desde el año 2009 a la fecha y las que proyecta implementar, a los efectos de cumplir con el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres según lo establecido en el inciso a) del art. 9 de la Ley 26.485.

2) Conclusiones a las que se ha arribado a partir del desarrollo de dichas acciones y cuál es la percepción que se tiene sobre la problemática.

3) Especifique el tiempo que se estima para la implementación del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres que elabora el Consejo Nacional de las Mujeres junto al Instituto Nacional de Estadística y Censos, anunciado en el año 2012.

4) Motivos por los cuáles la Ley 26.485 aún no está reglamentada en su totalidad.

5) Cuáles son las partidas presupuestarias que se ejecutaron durante el 2013, 2014 y cuáles se utilizaran en el 2015. En el caso de utilizar partidas presupuestarias de otras carteras, especificar de qué Ministerios y cuál es el monto en cada caso.

6) Cualquier otra información que sirva a la presente.-

Señor presidente:

Se somete a vuestra consideración el presente proyecto de Resolución, a través del cual se postula citar a la Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, señora Mariana Agustina Gras Buscetto, al seno de la Comisión de Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a los efectos de que dicha Comisión pueda conocer y evaluar el accionar de dicho Consejo, como también las herramientas legales y presupuestarias necesarias para poder paliar la epidemia de violencia de género que asola al país.

El Consejo Nacional de las Mujeres es el organismo público nacional responsable de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres. Su función, que parte del reconocimiento de la existencia de desigualdades e inequidades que afectan el ejercicio pleno de la ciudadanía, es la de promover la responsabilidad compartida entre mujeres y varones. Una de sus responsabilidades es impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos. Además le compete el impulso y monitoreo del efectivo cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por la Argentina en la materia; la interlocución con la sociedad civil, a fin de establecer un foro de intercambio, debate y promoción de propuestas de políticas con perspectiva de género; la promoción de la transversalidad en las políticas públicas en los distintos ministerios y el fortalecimiento de los vínculos con los Poderes Judiciales y los Poderes Legislativos tanto nacionales como provinciales.

Las expectativas sobre el rol del Consejo se han incrementado a partir de la aprobación en 2009 de la Ley Nº 26.485 de "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales", que terminó de consagrar como prioritaria la lucha contra este flagelo de carácter epidémico, ya que la norma instituye al Consejo como "el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley".

A casi seis años y medio de la sanción de dicha ley, es de suma necesidad conocer el estado de cumplimiento de las muchas obligaciones que la norma le fija al Consejo ya que el aumento de casos de violencia contra las mujeres y de femicidios es un dato alarmante en la República Argentina. La recurrencia de estos actos, deja en evidencia una situación de violencia extrema que no podemos permitir que siga ocurriendo y se naturalice como parte de una realidad.

Según el "Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano", de la ONG "La Casa del Encuentro", cada 30 horas una mujer es víctima de femicido en el país. Desde el año 2008 al 2014, el Observatorio ha registrado 1.808 femicidios, y sólo en el 2014 se contabilizaron 277 crímenes sexistas. Estos casos son contabilizados de los hechos públicos que figuran en los medios de comunicación, por lo que entendemos que hay un subregistro al que lamentablemente no podemos acceder. Esto es así, ya que en Argentina no contamos con estadísticas oficiales de alcance nacional sobre la problemática que permitan un análisis serio dirigido a determinar cuáles son las políticas más adecuadas, pese a que esta es una de las obligaciones de dicho Consejo. Asimismo, es importante destacar, que a tres años de que el gobierno realizara el anuncio sobre la implementación del Registro Único de Violencia contra la Mujer, no se han presentado avances al respecto.

Pero no es sólo la espeluznante cifra de mujeres asesinadas lo que plantea dudas en torno a la efectividad de las políticas públicas sino también que el Estado no ha sabido reaccionar aún ante la existencia de denuncias previas de las víctimas, y en este sentido hay que decir que, durante el 2014, en 39 casos las víctimas ya habían denunciado previamente a su homicida y en 4 de estos casos incluso la Justicia había dispuesto una medida de exclusión del hogar del agresor.

A su vez se puede mencionar en relación a las víctimas colaterales, que durante el 2014, 200 hijas/os menores de edad quedaron sin madre. Además, incluyendo los adultos/as y las personas sin registro edad, se llega a un total de 330 hijos/as que perdieron a su madre durante el año pasado.

Estas cifras evidencian que la violencia de género tiene características epidémicas y confluyen en ella cuestiones sociales, educativas, laborales, de salud y de seguridad, y como tal, debe abordarse en su integridad, con políticas públicas transversales a los distintos Ministerios involucrados, siendo la necesaria articulación de estas políticas otra de las obligaciones del Consejo.

Faltan estadísticas oficiales permanentes y una campaña nacional de concientización e información en los medios de comunicación. Debe capacitarse a las fuerzas de seguridad, a los recursos humanos en de salud y a la Justicia, fijándoles protocolos de actuación y de atención a las víctimas. Debe educarse a los niños y jóvenes en la igualdad de género y la no discriminación y empoderar a las víctimas, acompañando su reinserción social. Es necesario garantizar refugios para aquellas víctimas más desprotegidas (durante el 2014 el gobierno nacional informó disponer sólo de un total de 1.187 plazas para mujeres en situación de violencia en todo el territorio nacional) y ayudas económicas para favorecer su integración, entre tantas otras políticas.

Las iniciativas parciales y aisladas para luchar contra la violencia de género, producto de un presupuesto insuficiente (50 millones de pesos fueron asignados al Consejo Nacional de las Mujeres durante el 2015, que representa el 0,0040% del Presupuesto Nacional) no alcanzan y se necesita un liderazgo ordenador del Poder Ejecutivo Nacional que definitivamente consagre a la lucha por la igualdad de género como una auténtica política de estado.

Queremos saber entonces concretamente si el Consejo Nacional de las Mujeres está a la altura de estas responsabilidades y si cuenta con los recursos técnicos y humanos para afrontarla, en un contexto donde no se puede esperar más ya que está muriendo casi una mujer por día a causa de la violencia de género.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.