Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, respecto de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, y a través del Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias y la Rectora organizadora, informe:

1) Qué pasos se han cumplido, a partir de la Resolución de ese Ministerio N°1303/2013, del 24 de junio de 2013 que autoriza la puesta en marcha de la Universidad, en orden a completar su proceso de normalización.

2) Cuántos cargos docentes se han concursado, y cómo está compuesto a la fecha ese claustro.

3) Cuántos alumnos y cuántos no docentes integran sus respectivos claustros.

4) Si todos los alumnos cuentan con sus libretas universitarias y en qué estado se encuentran sus registros académicos.

5) Si se ofrecen "horarios espejo" en todas las carreras.

6) Si fue superado el conflicto con los estudiantes que se iniciara en el primer trimestre de 2015, y si se están dictando normalmente las clases.

7) Si ha aplicado el presupuesto asignado, al plan de infraestructura previsto en el plan de normalización.

8) Cuáles son las razones por las cuales aún no se ha convocado a elección de autoridades -cuerpos colegiados y cargos unipersonales-, de acuerdo a las disposiciones de su Estatuto.

9) En qué fecha se estima que la Universidad Nacional de Villa Mercedes gozará de su plena autonomía.

Señor presidente:

La Universidad Nacional de Villa Mercedes fue creada por Ley N° 26.542 del 11 de noviembre de 2009, promulgada de hecho el 3 de diciembre del mismo año.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Educación Superior, el Poder Ejecutivo Nacional designó a la Dra. Gladys María Ciuffo como Rectora organizadora el 26 de julio de 2011 (Decreto N° 1106/11).

Oportunamente se presentó ante el Ministerio de Educación el Estatuto provisorio, que una vez aprobado fue publicado en el Boletín Oficial del 16 de julio de 2012.

El proyecto institucional -el otro requisito fijado en el art. 49° de la LES-, remitido a la CONEAU, obtuvo dictamen favorable, tal como surge del Acta N° 372 del 18 de marzo de 2013 de ese organismo.

Finalmente, por Resolución ME N° 1303/2013, del 24 de junio de ese año, se autorizó la puesta en marcha de la nueva institución.

A partir de entonces transcurrieron dos años sin que hubiera ninguna modificación del estatus de esa Universidad. Aún hoy se encuentra frente a la institución un funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional -la Rectora organizadora-, cuando ya es hora de que goce de su plena autonomía, consagrada por la Constitución Nacional, lo que sólo puede darse teniendo autoridades elegidas conforme su Estatuto y con la participación de sus claustros.

Debe recordarse que el art. 49° de la Ley de Educación Superior indica que la nueva institución "deberá quedar normalizada en un plazo no superior a los cuatro (4) años a partir de su creación", plazo vencido a partir del 3 de diciembre de 2013.

Esta situación, que de por sí justificarían un pedido de informes atento que en un sentido bastante explícito se están violentando leyes de la Nación, se ve especialmente complicada por una serie de desmanejos denunciados por los estudiantes, que alegan falta de registros académicos y de entrega de libretas universitarias, no implementación de los "horarios espejo" (para recuperar clases), pedidos de mejora edilicias mínimas, y denuncias por destrato de algunos docentes. Debemos señalar que el conflicto con los alumnos motivó la paralización de las actividades, sin que a la fecha de presentación del presente se le haya dado solución.

Este Parlamento tiene derecho a saber -y obligación de estar enterado- si esas denuncias obedecen a hechos ciertos, y de serlo, si hay alguna causa que lo justifique.

Se inquiere también en el pedido acerca de otras cuestiones que tienen que ver con el proceso preparatorio de la elección de autoridades, como es la conformación de los claustros, y con la adecuada ejecución del presupuesto asignado a obras de infraestructura.

El pedido de informes involucra al Ministerio de Educación ya que, si hubiera habido por parte de la Rectora organizadora una conducta negligente respecto del proceso de normalización de la Universidad o de la gestión institucional, académica o administrativa, esa dependencia debería dar las explicaciones del caso.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente pedido de informes.