Creación del Programa Sistema Integrado de Estadísticas Sociodemográficas y Educativas SIESE

Artículo 1º: Créase el Programa Sistema Integrado de Estadísticas Sociodemográficas y Educativas SIESE, en el ámbito de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE), dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento, del Ministerio de Educación.

Art. 2º: A fin de ampliar y fortalecer la información y evaluación de la calidad educativa, el S.I.E.S.E. tiene los siguientes objetivos:

a) Diagnosticar y producir información accesible de la demanda educativa, actualizada cada cinco (5) años, con énfasis en los sectores sociales más desfavorecidos socio-económicamente, articulando las acciones con los organismos encargados del Sistema Estadístico Nacional a tal efecto.

b) Producir información sobre la oferta educativa en términos de disponibilidad de escuelas y personal docente susceptible de cubrir eficientemente dicha demanda.

c) Articular con la Red Federal de Estadísticas, la actualización de la información pertinente y, en caso de ser necesario, brindar apoyo para la organización de los sistemas de información sociodemográfica y educativa a nivel provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Generar información que facilite el seguimiento de las metas planteadas por la ley 26.206 -Ley de Educación Nacional- y la ley 26.075 -Ley de Financiamiento Educativo- y de las inversiones destinadas a su cumplimiento en cada jurisdicción, con el objeto de establecer el nivel de impacto que pueda tener el destinar un 6% del PBI al sector educativo.

e) Generar un sistema nacional de información nominal por alumno, que tienda a la integración de la gestión escolar.

f) Diseñar un modelo de seguimiento de la implementación de los planes educativos que permita plantear al mismo tiempo las alertas referidas a los requerimientos de infraestructura y mantenimiento de edificios escolares, como así también la detección de determinados núcleos críticos referidos a problemas de repitencia y deserción escolar.

Art. 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria del Ministerio de Educación -Jurisdicción 70- del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública.

Art. 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La creación de un Sistema Integrado de Estadísticas Socio Demográficas y Educativas (SIESE) tiene como objetivo crear un banco de datos susceptible de facilitar el diseño de un mapa sociodemográfico de la demanda escolar centrado principalmente en los sectores más desfavorecidos. Al articularse con el Sistema Nacional de Información Educativa, este mapa permitirá detectar las posibilidades reales y potenciales para cubrir tal demanda en términos de la construcción de edificios escolares, evaluación de las condiciones de infraestructura de cada escuela del país, los recursos pedagógicos y de funcionamiento de los cuales dispone, así como el monitoreo de las trayectorias de los alumnos en sus diferentes niveles, de modo tal que sea posible contar con la información pertinente para la toma de decisiones y el seguimiento de los diferentes planes en tiempos compatibles con las necesidades a las que debe darse respuesta.

El sistema de estadísticas que aquí se propone, constituye un instrumento clave para desarrollar políticas nacionales, evaluar el camino crítico de los diferentes planes y revertir las dificultades que acosan a nuestro sistema educativo en su conjunto.

Las potencialidades de las tecnologías teleinformáticas facilitan la conformación de este tipo de bancos de datos, como un pilar esencial del diseño e implementación de las políticas educativas en sus diferentes aspectos. A modo de ejemplo, algunos de los núcleos temáticos que debe comprender el SIESE, son:

1.- Meta 1 de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075: incluir en Educación Inicial al 100% de los chicos y chicas de 5 años y asegurar la incorporación creciente de los chicos/as de 3 y 4 años, priorizando a los sectores sociales más desfavorecidos.

Es preciso advertir que actualmente no se dispone de la información requerida para trazar un mapa de las escuelas de este nivel; en consecuencia, resulta casi imposible definir planes y prioridades, dado que en diversos lugares del país se carece de los establecimientos pertinentes. De igual manera, es preciso contar con la información referida a la cantidad y características de los niños/as que en los distintos distritos del país conforman la demanda escolar a ser cubierta, así como la disposición de docentes preparados para el cumplimiento de estas funciones. De esta forma, la recolección de los datos en cada provincia y en la CABA permitirán diseñar un mapa de disponibilidades y carencias de escuelas a fin de alcanzar esta meta, resulta ineludible.

Meta 2: garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad obligatoria y asegurar la inclusión de los chicos/as y jóvenes con necesidades educativas especiales. Lograr que por lo menos un 30% de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas con jornada extendida o completa, priorizando a los más desfavorecidos.

Al igual que en el caso anterior, la información detallada disponible en la mayoría de las provincias y distritos no permite establecer los requerimientos que en cada lugar son necesarios para cumplir con el objetivo propuesto. El no contar con datos certeros impide al mismo tiempo la posibilidad de evaluar con rigurosidad los montos que deben ser destinados a aquellos establecimientos que habrán de funcionar a jornada extendida o completa, en términos de construcción e infraestructura, gastos

de mantenimiento, equipamiento, disposición de comedores, funcionamiento en general (papelería, limpieza, comedores, etc.) así como salarios y eventuales aportes en becas o ayuda escolar. A ello se agregan las deficiencias en términos de la información referida a la demanda prevista así como a la disponibilidad de docentes y personal especializado para hacerse cargo de la enseñanza y atención de ese 30% de educandos que según la ley deben ser incluidos en este tipo de escuelas.

Ante los actuales requerimientos y las profundas transformaciones que ha impuesto la Revolución Científico-Técnica en las características y en el concepto mismo del recurso CONOCIMIENTO, la meta de sólo un 30% de los educandos en escuelas de jornada completa -cuando esa meta debiera contemplar al 100%- significa bajo toda evidencia condenar a los niños y jóvenes argentinos a una formación inadecuada para desempeñarse en las actividades laborales que habrán de afrontar. Hace ya décadas que pedagogos latinoamericanos como Paulo Freire o Darcy Ribeiro plantearan la necesidad de garantizar el tiempo y el espacio requeridos por una educación integral, especialmente para los alumnos pertenecientes a familias de bajos ingresos. Lo cual supone jornada completa y establecimientos adecuados de modo tal que, además de los contenidos de la enseñanza formal, los niños y jóvenes desarrollen actividades lúdicas y deportes; tengan acceso a lecturas literarias, exhibiciones de teatro o cine; puedan desplegar sus potenciales creativos o recibir una ayuda adicional ante eventuales dificultades de aprendizaje, además de incorporar una lengua extranjera. La meta de alcanzar un 100% de educandos en escuelas de jornada completa requiere contar con información pertinente, de modo tal que puedan establecerse objetivos de corto y mediano plazo en un camino crítico susceptible de ir jerarquizando a los distritos donde se presenten las condiciones más desfavorables en términos de deserción, repitencia o baja calidad educativa.

2.- Frente a la necesidad de monitorear los avances que requiere un desarrollo eficiente de las políticas, el SIESE permite un modelo de seguimiento de la implementación de estrategias, susceptible de plantear las alertas necesarias en función de alcanzar el cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta con rigurosidad y en tiempo real el camino crítico de los programas y las soluciones o ajustes requeridos para alcanzar los objetivos planteados. Sin contar con un instrumento de estas características, el cumplimiento de las leyes y las metas se dejan libradas a la buena voluntad de los ejecutores y en muchos casos quedan como simples expresiones de deseos, profundizando el actual abismo entre las buenas intenciones y la grave situación del sistema educativo.

3.- Este tipo de diagnóstico, facilita una evaluación rigurosa (con pleno conocimiento de las necesidades financieras en los distintos rubros, de los tiempos y del conjunto de acciones coordinadas en función de los diferentes objetivos) de los montos e inversiones necesarias en cada lugar en función de las metas establecidas por la mencionada Ley de Financiamiento Educativo 26.075 y por la Ley de Educación Nacional 26.206; a partir de tal evaluación es posible establecer el grado de impacto que pueda tener el destinar un 6% del PBI al sector educativo. Esta evaluación permitirá a su vez contar con la información referida al perfil de los alumnos y del personal docente y no docente a ser incorporados en los diversos establecimientos.

4.- La información educativa es relevada de manera censal mediante preguntas que es preciso analizar, en tanto están basadas en criterios que a veces no son coincidentes en el abordaje de los mismos temas. Esta información se recaba anualmente en un esfuerzo conjunto entre la nación y las provincias. Pero los tiempos de procesamiento duran unos dos años y esto obstaculiza una gestión eficiente: por ejemplo, la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires procesa 90.000 novedades docentes (altas, bajas y licencias) mensuales y esto permite imaginar lo que significa que la información respectiva está accesible con dos o tres años de retraso.

En el mismo sentido, La Ley de Financiamiento Educativo establece metas a cumplir en el 2011 basadas en datos que tienen entre tres y diez años de atraso, a lo cual se suman diversas distorsiones: en el caso de la matrícula, es común que las directoras de escuelas con baja cantidad de alumnos tiendan a responder en los operativos nacionales que cuenta con un número mayor de alumnos del que realmente existe, ante el temor de que ese establecimiento pierda puestos de trabajo docentes y no docentes. Dado que en general no se dispone de registros nominales de alumnos, es imposible controlar este eventual sobredimensionamiento así como plantear alternativas para la captación de desertores o cubrir cupos que en otras escuelas están saturados.

En numerosos países se utilizan legajos inteligentes relacionados entre sí y actualizados con cada trámite administrativo que cambia la situación de alumnos, docentes y trabajadores de cada establecimiento o institución administrativa, previo los controles informáticos para validar los trámites, lo cual permite contar con una información permanentemente actualizada y mecanismos de resolución de trámites en tiempo y forma. Por el contrario, en Argentina la administración se gestiona con software de hace dos décadas junto a grandes salones con archivos en papel, que tienen como resultante la búsqueda engorrosa de certificados de historias laborales o curriculares - típicamente en el caso de solicitud de jubilaciones, pero asimismo en lo referido a antecedentes docentes y de alumnos- en una tarea que por momentos adquiere carácter de epopeya, cuando no de un prolongado ejercicio de paciencia.

Tampoco se cuenta con los datos que permitan formular un diagnóstico como base para los planes de construcción de escuelas o de las condiciones de infraestructura en que se encuentran los diversos establecimientos. La carencia de este tipo de información impide el trazado de políticas de cobertura educativa real en función de las características de la demanda en cada distrito así como en las zonas más desprotegidas. Esta información facilita el trazado de planes de mantenimiento que eviten las numerosas ocasiones en que se da respuesta a este tipo de problemas cuando se ha llegado a un punto crítico o de alto riesgo, como la caída de mampostería en las aulas, inundaciones, ruptura de caños, baños o comedores en mal estado, falta de calefacción y similares. Por lo demás, las dificultades de control debido a estas carencias informativas, habilitan la existencia sistemática de sobreprecios, utilización de materiales de menor calidad a las acordadas, intervenciones que figuran como tales y no se corresponden con la realidad y otras distorsiones.

Como se ha señalado, ante la gravedad de los problemas de deserción, repitencia y baja calidad de los resultados del aprendizaje, además de la necesidad de formular políticas que contemplen las características de la demanda en los distintos distritos, es imprescindible contar con legajos personalizados inteligentes y actualizados de cada educando en todos los niveles educativos, en un Registro Nacional de Alumnos. Este seguimiento facilita la detección de los diversos problemas como sustento para el diseño de planes de reinserción en las escuelas, tomando en consideración los motivos por los cuales determinados alumnos desertan, repiten o exhiben un bajo rendimiento en los resultados de su aprendizaje.

En distintas regiones del país, especialmente en las zonas rurales pero no sólo en ellas, existen trabajadores que se trasladan periódicamente en busca de labores temporarias o llegan desde el campo a las periferias urbanas con sus familias, que en la mayoría de los casos tienen niños o adolescentes en edad escolar. En tales circunstancias, la escolarización de esos chicos es incierta, en tanto hay lugares en los que no existen escuelas, o si las hay, generalmente el proceso de inscripción o el nivel en el que se los incorpora queda sujeto a distintas vicisitudes: como los padres suelen no tener certificados del último nivel cursado (porque no se gestionó o no pudo ser obtenido a tiempo) las autoridades escolares lo anotan de acuerdo con la edad o con la disponibilidad de cupos en la

escuela. La posibilidad de contar con un legajo informatizado accesible permite superar este tipo de situaciones que afectan especialmente a los alumnos de familias más desprotegidas. Este legajo constituye al mismo tiempo un instrumento imprescindible para diseñar los planes de otorgamiento de becas y otro tipo de ayuda que permitan continuar con su escolarización. La importancia de estos bancos de datos se evidencia además cuando la condición para el cobro de una proporción del ingreso de la Asignación Universal por Hijo depende de la presentación de certificados de escolaridad.

5.- Los aspectos antes mencionados constituyen sólo una parte de la información susceptible de ser informatizada en un banco de datos con múltiples variables, capaz de brindar un instrumento imprescindible para planificar racionalmente el sistema y revertir la grave situación educacional que actualmente enfrentamos.

Por último es importante mencionar que el presente proyecto recoge el texto del Dictamen de mayoría aprobado en la Comisión de Educación el 6 de Septiembre del año 2011 y actualizaciones realizadas a partir de las sugerencias recibidas en la presentación del 2012.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.