Diputados
Ana Carla Carrizo
Diputada de la Nación
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL
Período: 10/12/2021 - 09/12/2025
PROYECTO DE LEY
Expediente: 3311-D-2017
Sumario: APROBACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACION E INTOLERANCIA - A 69 -, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS - OEA - EN LA ANTIGUA, GUATEMALA, EL 5 DE JUNIO DE 2013.
Fecha: 21/06/2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 73
Artículo 1°: Apruébese la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (A-69), adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en La Antigua, Guatemala, el miércoles 5 de junio de 2013. El instrumento internacional forma parte del presente como “Anexo 1”.
Artículo 2°: Reconócese, como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.
Artículo 3°: De forma: comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Antecedentes. Competencia del Congreso.
En junio de 2000, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución 1712, de fecha 5 de junio 2000, mediante la que encomendó al Consejo Permanente que estudie la “(…) necesidad de elaborar un proyecto de Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia”.
En su sesión del día 21 de septiembre de 2000, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, actuando bajo el mandato del Consejo Permanente, mediante la resolución 1687, decidió solicitar la opinión de los Estados, los órganos del sistema y las instituciones representativas de la sociedad civil, sobre la necesidad de elaborar un proyecto de Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia.
Este cuestionario se compuso de las siguientes preguntas:
“1) ¿Existe a juicio de su gobierno, y a la luz de la situación en los países del hemisferio, la necesidad de elaborar una Convención Interamericana que prevenga, sancione y erradique el racismo, la discriminación racial y la Intolerancia?
2) En caso positivo se agradecerá se indique los aspectos que deberían incluirse en el mencionado Proyecto de Convención. A titulo indicativo, se sugieren los siguientes:
• Condenar las distintas formas de discriminación prohibidas por el artículo 3.1 de la Carta de la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos en donde los Estados se comprometen a respetar los derechos fundamentales de la persona humana;
• Promover el respeto de estas normas que no distinguen motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social;
• Exhortar a los Estados miembros a adoptar legislaciones y políticas nacionales acordes con esta Convención;
• Otras (especifique).
• Discriminación por razones de raza, origen étnico, género, lenguajes (idiomas y dialectos);
• Discriminación independiente de la condición migratoria;
• Discriminación en el acceso al trabajo, salud y educación;
• Discriminación por motivos de religión u otras creencias;
• Otras (especifique).
4) ¿Debería la Convención incluir un mecanismo (o mecanismos) especifico(s) para asegurar el cumplimiento de las normas establecidas?
5) ¿Considera que las normas vigentes, tanto en el orden nacional como internacional, ya contemplan las categorías enunciadas? En caso afirmativo ¿cree usted necesaria la adopción de algún mecanismo que asegure su efectivo cumplimiento?”
A la primera pregunta, Argentina respondió: “Si bien existen documentos internacionales amplios y abarcadores sobre la materia, un documento interamericano fortalecería sin duda las obligaciones de los Estados miembros de la OEA. Sin embargo, los mecanismos que se prevean en una nueva convención no deberían implicar una superposición de funciones con las de los otros órganos e instrumentos ya existentes en el sistema internacional e interamericano. El nuevo documento debería actualizar los alcances y los términos de los instrumentos internacionales existentes, haciéndolos extensivos a los nuevos tipos y causas de discriminación (a los que no referimos en la pregunta 2), así como internet, la manipulación genética, el acceso a la salud, etcétera.”
En relación a la segunda, propuso integrar el instrumento con los siguientes contenidos: “Condenar las distintas formas de discriminación prohibidas por el artículo 3.1 de la Carta de la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos en donde los Estados se comprometen a respetar los derechos fundamentales de la persona humana; Condenar asimismo las distintas formas de discriminación mencionadas en la Convención Internacional contra el racismo; Promover el respeto de estas normas que no distinguen motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; Cabria agregar a este listado las siguientes causales de discriminación: edad – particularmente niños y adultos mayores -, discapacidad, origen étnico, refugiados, apátridas, desplazados internos, genero, inmigrantes; Exhortar a los Estados miembros a adoptar legislaciones y políticas nacionales acordes con esta Convención; Otras: Adoptar medidas de acción rápida por parte de los Estados, con la colaboración de órganos
nacionales específicamente creados a dicho efecto; estudiar detenidamente las técnicas de control de actos o propaganda discriminatoria en los medios de comunicación modernos; evitar la promoción de teorías o actos discriminatorios, por ejemplo, en internet; promover la no discriminación en el acceso a centros de recreación, espectáculos, y ámbitos de difusión cultural; promover la no discriminación en el acceso a la educación y la salud a todas las personas; fomentar la eliminación de restricciones sociales al derecho de circulación, residencia y búsqueda de empleo; promover la no discriminación relativa a restricciones habitacionales a poblaciones descalificadas socialmente.”
Sobre la tercera, señaló como relevantes las siguientes formas de discriminación: “Discriminación por razones de raza, origen étnico, género, lenguajes (idiomas y dialectos); Discriminación independiente de la condición migratoria; Discriminación en el acceso al trabajo, salud y educación. Discriminación por motivos de religión u otras creencias. Discriminación por género, edad (niños, adultos, mayores), refugiados, apátridas, desplazados internos e inmigrantes.”
En relación a la cuarta, sobre la posible creación de un mecanismo específico de protección, sostuvo: “El organismo competente para asegurar el cumplimiento de las normas establecida debería ser la Comisión interamericana de Derechos Humanos. Dentro de sus facultades, debería preverse que la Comisión, de modo facultativo, pueda en casos específicos convocar un comité de expertos, relatores o grupos de trabajo, realizar intervenciones de oficio, solicitar informes a los Estados, recibir denuncias individuales, etcétera.”
Todas esas respuestas marcan el posicionamiento de nuestro Estado en torno a la necesidad de un instrumento internacional específico sobre discriminación e intolerancia.
En junio 2001, la Asamblea General aprobó la resolución 1774, la cual en su resolutivo número 3, encomendó al Comité Jurídico Interamericano “(…) la preparación de un documento de análisis con el objeto de contribuir y avanzar en los trabajos del Consejo Permanente, tomando en cuenta las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales en la materia, las respuestas de los Estados Miembros al cuestionario relativo a la “Elaboración de un Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, las declaraciones y recomendaciones emanadas de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, a celebrarse en Sudáfrica, en 2001, así como de la Conferencia Regional de las Américas preparatoria de la mencionada Conferencia Mundial que se celebró en Chile en el año 2000, y eventuales contribuciones de otros órganos del sistema interamericano y de la sociedad civil.”
La Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, a través del Departamento de Derecho Internacional, preparó y presentó ese documento 12 de julio de 2001, a través del cual recopiló las actividades y normas del sistema interamericano, así como otras instancias internacionales con relación al tema.
Durante la 43ª Asamblea Ordinaria de la OEA, realizada en junio de 2013 en Antigua, Guatemala, se aprobaron dos importantes convenciones: la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (A-68); y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (A-69). La República Argentina firmó ambos instrumentos el día 6 de junio de 2013.
A la fecha, 10 Estados integrantes de la OEA han suscripto este último instrumento internacional, pero ninguno ha ratificado el mismo, a pesar de haber sido aprobado hace más de 4 años. De esta manera, la Convención no ha entrado en vigor, pues su artículo 20 estipula que lo hará el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la OEA. De esta manera, la aprobación de este instrumento en sede interna constituye un primer e indispensable paso para lograr su vigencia, acto que deberá ser imitado por otros Estados de la Organización.
De conformidad con el artículo 75.22 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso de la Nación “(…) Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede.”
2. Contenido de la Convención.
La Convención Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia consta de un preámbulo y cinco capítulos.
El preámbulo contiene la manifestación de voluntad política que motiva la creación de in instrumento de estas características, y sienta las bases de una serie de instituciones explicadas en el cuerpo del texto.
Así, reconoce que la dignidad inherente a toda persona humana y la igualdad entre los seres humanos son principios básicos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entiende que para lograr la igualdad proclamada, es necesario avanzar en la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación e intolerancia, objetivo que involucra la adopción de medidas en el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social;
Además, observa que las víctimas de discriminación e intolerancia en las Américas son, entre otros, los migrantes, los refugiados y desplazados y sus familiares, así como otros grupos y minorías sexuales, culturales, religiosas y lingüísticas afectados por tales manifestaciones. Paralelamente, algunas personas y grupos son objeto de formas múltiples o agravadas de discriminación e intolerancia motivadas por una combinación de factores.
También entiende que para proteger el plan de vida de individuos y comunidades en riesgo de ser segregados y marginados, es preciso tener en cuenta la experiencia individual y colectiva de la discriminación y la intolerancia.
Por último, demuestra su preocupación por el aumento de los delitos de odio motivados en discriminación y pone de relieve el papel fundamental de la educación en el fomento del respeto a los derechos humanos, de la igualdad, de la no discriminación y de la tolerancia.
El Capítulo I (“Definiciones”) establece una serie de definiciones, tales como discriminación, discriminaciones indirecta y múltiple, e intolerancia. También se identifica una lista bastante exhaustiva de motivos o factores ilegítimos de distinción, los que configuran las denominadas “categorías sospechosas”. Además se afirma que las medidas especiales o acciones afirmativas no constituyen discriminación.
El Capítulo II (“Derechos protegidos”) declara que existe un “derecho a la igual protección contra toda forma de discriminación e intolerancia”, en la vida pública o privada, así como el derecho “al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos”.
El Capítulo III (“Deberes del Estado”) contiene una extensa lista de obligaciones del Estado, bajo el encabezado de un compromiso general de “prevenir, eliminar, prohibir y sancionar” actos de discriminación e intolerancia. Además se expresa la obligación de designar una institución nacional que haga el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.
El Capítulo IV (“Mecanismos de protección y seguimiento de la Convención”) establece mecanismos y disposiciones de naturaleza procesal que involucran a los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos, esto es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se contempla la creación de un Comité especial para monitorear el cumplimiento de la Convención contra la Discriminación.
Finalmente, el Capítulo V (“Disposiciones generales”) se refiere a materias propias de los tratados internacionales, tales como reglas de interpretación, firma y ratificación, reservas, y vigencia
3. Relevancia de la Convención.
En nuestro país, al igual que en otros de la región, la discriminación y la intolerancia por motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante y otras, continúan siendo causa de sufrimientos, desventajas y violencia, así como de otras violaciones graves de los derechos humanos.
En el ámbito interamericano existen diversos instrumentos que contienen que contienen disposiciones específicas en materia de protección de los derechos humanos, promoción de la igualdad y en contra de la discriminación racial.
La Carta de la OEA, ratificada por todos los Estados miembros y por ende instrumento de cumplimiento obligatorio, reconoce el derecho de todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, al bienestar material y al desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica (artículo 45).
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a la que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos humanos han considerado fuente de obligaciones jurídicas, declara en su Preámbulo la libertad y la igualdad en dignidad y derechos de todos los hombres, y reconoce en su artículo II que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Convención y a garantizar su ejercicio sin discriminación alguna, por ningún motivo (artículo 1). Otras disposiciones de la Convención tienen directa relación con la materia, como la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo (artículo 13, inciso 5); la consagración de la igualdad de todas las personas ante la ley (artículo 24); la garantía de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas (artículo 23.1, apartado c); la suspensión de algunas obligaciones convencionales, siempre que no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, origen social" (artículo 27.1).
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”, reitera la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el Protocolo sin discriminación alguna (artículo 3). El Protocolo establece, además, de manera expresa que la educación debe, entre otras cosas, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos (artículo 13.2).
Finalmente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, estipula entre otras disposiciones relevantes para el presente tema, que el derecho de toda mujer a vivir libre de violencia incluye entre otros el derecho a ser libre de toda discriminación (artículo 6)
En el mismo sentido, todos los instrumentos del sistema universal de protección de derechos humanos acogen la cláusula de no discriminación y muchos de ellos están destinados específicamente a proteger a determinados colectivos contra la discriminación, entre los que se destacan: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid; la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (N° 111); la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza; entre otros.
Por este motivo, no debe presuponerse un vacío normativo en materia de prevención, sanción y eliminación de la discriminación y la intolerancia. Tampoco puede presumirse que los Estados del hemisferio no cuentan con obligaciones convencionales existentes para eliminar y combatir la discriminación y la intolerancia. Sin embargo, la creación de un instrumento interamericano destinado especialmente a prohibir y erradicar total e incondicionalmente cualquier forma de discriminación e intolerancia constituye un esfuerzo tendiente a profundizar el proceso ya emprendido.
Desde esta perspectiva, la Convención cuya aprobación se propone constituye una explicitación de obligaciones en el área de la igualdad de derechos, que amplíen el grado de protección reconocido internacionalmente. Es decir, que en áreas donde ya existen normas convencionales, como en el caso de la discriminación y la intolerancia, el desarrollo normativo significa garantizar más y mejor los derechos ya reconocidos. Como indica el Preámbulo de la resolución 1774 de la Asamblea General de la OEA, el objetivo es “ampliar el marco jurídico internacional”.
Así, el espíritu del instrumento es ampliar el alcance de los instrumentos internacionales existentes, mediante la inclusión de disposiciones sobre nuevas manifestaciones de discriminación o intolerancia, o manifestaciones ya existentes pero no reconocidas normativamente, como es el caso de la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.
Además, cabe destacar el esfuerzo de la Convención por entregar definiciones acerca de ciertas instituciones jurídicas que han sido objeto de diversas aproximaciones, o que son fuertemente controversiales, así como categorías no reconocidas previamente.
También resultan destacables las obligaciones impuestas a los Estados, aún mediante la adopción de medidas de acción positiva, con la finalidad de prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia.
Por estos motivos, solicitamos a todas las diputadas y todos los diputados que acompañen esta iniciativa.
ANEXO 1.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA (A-69)
LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN,
CONSIDERANDO que la dignidad inherente a toda persona humana y la igualdad entre los seres humanos son principios básicos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
REAFIRMANDO el compromiso determinado de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos con la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación e intolerancia, y la convicción de que tales actitudes discriminatorias representan la negación de valores universales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana y de los propósitos y principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Social de las Américas, la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos;
RECONOCIENDO la obligación de adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social;
CONVENCIDOS de que los principios de la igualdad y de la no discriminación entre los seres humanos son conceptos democráticos dinámicos que propician el fomento de la igualdad jurídica efectiva y presuponen el deber del Estado de adoptar medidas especiales en favor de los derechos de los individuos o grupos que son víctimas de discriminación e intolerancia, en cualquier esfera de actividad, sea privada o pública, a fin de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades y combatir la discriminación e intolerancia en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales;
TENIENDO EN CUENTA que las víctimas de discriminación e intolerancia en las Américas son, entre otros, los migrantes, los refugiados y desplazados y sus familiares, así como otros grupos y minorías sexuales, culturales, religiosas y lingüísticas afectados por tales manifestaciones;
CONVENCIDOS de que ciertas personas y grupos son objeto de formas múltiples o agravadas de discriminación e intolerancia motivadas por una combinación de factores como sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social, así como otros reconocidos en instrumentos internacionales;
CONSTERNADOS por el aumento general, en diversas partes del mundo, de los casos de intolerancia y violencia motivados por el antisemitismo, la cristianofobia y la islamofobia, así como contra miembros de otras comunidades religiosas, incluidas las deorigen africano;
RECONOCIENDO que la coexistencia pacífica entre las religiones en sociedades pluralistas y Estados democráticos se fundamenta en el respeto a la igualdad y a la no discriminación entre las religiones, y en la clara separación entre las leyes del Estado y los preceptos religiosos;
TENIENDO EN CUENTA que una sociedad pluralista y democrática debe respetar la identidad cultural, lingüística, religiosa, de género y sexual de toda persona, que pertenezca o no a una minoría, y crear las condiciones que le permitan expresar, preservar y desarrollar su identidad;
CONSIDERANDO que es preciso tener en cuenta la experiencia individual y colectiva de la discriminación e intolerancia para combatir la exclusión y marginación por motivos de género, edad, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, deficiencia, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social, así como otros motivos reconocidos en instrumentos internacionales, y para proteger el plan de vida de individuos y comunidades en riesgo de ser segregados y marginados;
ALARMADOS por el aumento de los delitos de odio cometidos por motivos de sexo, religión, orientación sexual, deficiencia y otras condiciones sociales; y
SUBRAYANDO el papel fundamental de la educación en el fomento del respeto a los derechos humanos, de la igualdad, de la no discriminación y de la tolerancia,
ACUERDAN lo siguiente:
CAPÍTULO I. Definiciones
Artículo 1
Para los efectos de esta Convención:
1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes.
La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.
2. Discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.
3. Discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada, de forma concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en el artículo 1.1 u otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, en cualquier ámbito de la vida pública o privada.
4. No constituyen discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.
5. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.
CAPÍTULO II. Derechos protegidos
Artículo 2
Todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho a igual protección contra toda forma de discriminación e intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada.
Artículo 3
Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en sus leyes nacionales y en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, tanto a nivel individual como colectivo.
CAPÍTULO III. Deberes del Estado
Artículo 4
Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia, incluyendo:
i. El apoyo privado o público a actividades discriminatorias o que promuevan la intolerancia, incluido su financiamiento.
ii. La publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material que:
a) defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia;
b) apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.
iii. La violencia motivada por cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.
iv. Actos delictivos en los que intencionalmente se elige la propiedad de la víctima debido a cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.
v. Cualquier acción represiva fundamentada en cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1, en vez de basarse en el comportamiento de un individuo o en información objetiva que lo identifique como una persona involucrada en actividades delictivas.
vi. La restricción, de manera irracional o indebida, del ejercicio de los derechos individuales de propiedad, administración y disposición de bienes de cualquier tipo en función de cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.
vii. Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia aplicada a las personas con base en su condición de víctima de discriminación múltiple o agravada, cuyo objetivo o resultado sea anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades fundamentales, así como su protección, en igualdad de condiciones.
viii. Cualquier restricción discriminatoria del goce de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales y regionales aplicables y en la jurisprudencia de las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, en especial los aplicables a las minorías o grupos en condiciones de vulnerabilidad y sujetos a discriminación.
ix. Cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.
x. La elaboración y la utilización de contenidos, métodos o herramientas pedagógicos que reproduzcan estereotipos o preconceptos en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.
xi. La denegación al acceso a la educación pública o privada, así como a becas de estudio o programas de financiamiento de la educación, en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.
xii. La denegación del acceso a cualquiera de los derechos sociales, económicos y culturales, en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.
xiii. La realización de investigaciones o la aplicación de los resultados de investigaciones sobre el genoma humano, en particular en los campos de la biología, la genética y la medicina, destinadas a la selección de personas o a la clonación de seres humanos, que prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, generando cualquier forma de discriminación basada en las características genéticas.
xiv. La restricción o limitación basada en algunos de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención, del derecho de todas las personas a acceder o usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte del patrimonio natural de cada Estado, protegido por los instrumentos internacionales pertinentes y por su propia legislación nacional.
xv. La restricción del ingreso a lugares públicos o privados con acceso al público por las causales recogidas en el artículo 1.1 de la presente Convención.
Artículo 5
Los Estados Partes se comprometen a adoptar las políticas especiales y acciones afirmativas para garantizar el goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de personas o grupos que sean sujetos de discriminación o intolerancia con el objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para estas personas o grupos. Tales medidas o políticas no serán consideradas discriminatorias ni incompatibles con el objeto o intención de esta Convención, no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos, y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado su objetivo.
Artículo 6
Los Estados Partes se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, de conformidad con el alcance de esta Convención, entre ellas, políticas de tipo educativo, medidas de carácter laboral o social, o de cualquier otra índole de promoción, y la difusión de la legislación sobre la materia por todos los medios posibles, incluida cualquier forma y medio de comunicación masiva e Internet.
Artículo 7
Los Estados Partes se comprometen a adoptar la legislación que defina y prohíba claramente la discriminación y la intolerancia, aplicable a todas las autoridades públicas, así como a todas las personas naturales o físicas, y jurídicas, tanto en el sector público como privado, en especial en las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales, educación, capacitación, vivienda, salud, protección social, ejercicio de la actividad económica, acceso a los servicios públicos, entre otros; y a derogar o modificar toda legislación que constituya o dé lugar a discriminación e intolerancia.
Artículo 8
Los Estados Partes se comprometen a garantizar que la adopción de medidas de cualquier tipo, incluidas aquellas en materia de seguridad, no discriminen directa ni indirectamente a personas o grupos de personas por ninguno de los criterios mencionados en el artículo 1,1 de esta Convención.
Artículo 9
Los Estados Partes se comprometen a asegurar que sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de sus sociedades a fin de atender las necesidades especiales legítimas de cada sector de la población, de conformidad con el alcance de esta Convención.
Artículo 10
Los Estados Partes se comprometen a asegurar a las víctimas de la discriminación e intolerancia un trato equitativo y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema de justicia, procesos ágiles y eficaces, y una justa reparación en el ámbito civil o penal, según corresponda.
Artículo 11
Los Estados Partes se comprometen a considerar como agravantes aquellos actos que conlleven una discriminación múltiple o actos de intolerancia, es decir, cuando cualquier distinción, exclusión o restricción se base en dos o más de los criterios enunciados en los artículos 1.1 y 1.3 de esta Convención.
Artículo 12
Los Estados Partes se comprometen a llevar adelante estudios sobre la naturaleza, causas y manifestaciones de la discriminación e intolerancia en sus respectivos países, en los ámbitos local, regional y nacional, y a recolectar, compilar y difundir datos sobre la situación de los grupos o individuos que son víctimas de la discriminación y la intolerancia.
Artículo 13
Los Estados Partes se comprometen, de conformidad con su normativa interna, a establecer o designar una institución nacional que será responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la presente Convención, lo cual será comunicado a la Secretaría General de la OEA.
Artículo 14
Los Estados Partes se comprometen a promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias, así como a ejecutar programas destinados a cumplir los objetivos de la presente Convención
CAPÍTULO IV. Mecanismos de protección y seguimiento de la Convención
Artículo 15
Con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de los compromisos adquiridos por los Estados Partes en la presente Convención:
i. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la presente Convención por un Estado Parte. Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Comisión.
ii. Los Estados Partes podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de la presente Convención. Asimismo, podrán solicitar a la Comisión asesoramiento y cooperación técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones de la presente Convención. La Comisión, dentro de sus posibilidades, les brindará asesoramiento y asistencia cuando le sean solicitados.
iii. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Corte.
iv. Se establecerá un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, el cual será conformado por un experto nombrado por cada Estado Parte quien ejercerá sus funciones en forma independiente y cuyo cometido será monitorear los compromisos asumidos en esta Convención. El Comité también se encargará de dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados que sean parte de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
El Comité quedará establecido cuando entre en vigor la primera de las Convenciones y su primera reunión será convocada por la Secretaría General de la OEA tan pronto se haya recibido el décimo instrumento de ratificación de cualquiera de las convenciones. La primera reunión del Comité será celebrada en la sede de la Organización, tres meses después de haber sido convocada, para declararse constituido, aprobar su Reglamento y su metodología de trabajo, así como para elegir sus autoridades. Dicha reunión será presidida por el representante del país que deposite el primer instrumento de ratificación de la Convención con la que se establezca el Comité.
v. El Comité será el foro para el intercambio de ideas y experiencias, así como para examinar el progreso realizado por los Estados Partes en la aplicación de la presente Convención y cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimento derivado de la misma. Dicho Comité podrá formular recomendaciones a los Estados Partes para que adopten las medidas del caso. A tales efectos, los Estados Partes se comprometen a presentar un informe al Comité dentro del año de haberse realizado la primera reunión, con relación al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Convención. Los informes que presenten los Estados Partes al Comité deberán contener, además, datos y estadísticas desagregados de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. De allí en adelante, los Estados Partes presentarán informes cada cuatro años. La Secretaría General de la OEA brindará al Comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
CAPÍTULO V. Disposiciones generales
Artículo 16. Interpretación
1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar la legislación interna de los Estados Partes que ofrezca protecciones y garantías iguales o mayores a las establecidas en esta Convención.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar las convenciones internacionales sobre derechos humanos que ofrezcan protecciones iguales o mayores en esta materia.
Artículo 17. Depósito
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 18. Firma y ratificación
1. La presente Convención está abierta a la firma y ratificación por parte de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Después de que entre en vigor, todos los Estados que no lo hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a la Convención.
2. Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 19. Reservas
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de su firma, ratificación o adhesión, siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más de sus disposiciones específicas.
Artículo 20. Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión de la Convención en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
2. Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la Convención después de que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.
Artículo 21. Denuncia
La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para dicho Estado, permaneciendo en vigor para los demás Estados Partes. La denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por la presente Convención en relación con toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.
Artículo 22. Protocolos adicionales
Cualquier Estado Parte podrá someter a consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente otros derechos en el régimen de protección de la misma. Cada protocolo adicional debe fijar las modalidades de su entrada en vigor y se aplicará solamente entre los Estados Partes del mismo.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| TORROBA, FRANCISCO JAVIER | LA PAMPA | UCR |
| BAZZE, MIGUEL ANGEL | BUENOS AIRES | UCR |
| GIMENEZ, PATRICIA VIVIANA | MENDOZA | UCR |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS | BUENOS AIRES | UCR |
| CARRIZO, ANA CARLA | CIUDAD de BUENOS AIRES | UCR |
| KRONEBERGER, DANIEL RICARDO | LA PAMPA | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |
| DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS |