Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que por intermedio del Ministerio de Salud y demás organismos competentes en la materia en articulación con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informen a esta H. Cámara de Diputados respecto de las siguientes cuestiones vinculadas al tra-tamiento integral de las adicciones consignadas en la Ley Marco 26.657:

1.- Efectuar en detalle, con acompañamiento de la documentación pertinente, del estado de avance de las obras de infraestructura en el Centro de Asistencia y Prevención de Adictos en el Barrio de La Costanera Norte (Barrancas del Sali- Tucumán) cuyo financiamiento depende del Estado Nacional y de la Sede para el Tratamiento de Adicciones en el Barrio Colombia Granaderos (Corrientes) que depende del Programa Na-cional “Recuperar Inclusión”.

2.- Referir qué montos se han abonado hasta el presente, brindando las razones de oportunidad, mérito y conveniencia de la deuda de 4 millones de pesos por el Ministerio de Planificación Federal en el caso de la Provincia de Tucumán con la Constructora Bocanera y Mirkin (SRL).

3.- Adjuntar la totalidad de los comprobantes de pago y sus correspondientes recibos o facturas emanados en dicha operación.

4- Realizar un informe completo acerca de la situación en la que se encuentran los centros de internación en salud mental del ámbito público y privado para relevar la situación de las personas internadas, las condi-ciones laborales que rigen las actividades de los mismos y el estado de infraestructura de los distintos cen-tros a nivel nacional, promoviendo la participación de todas las jurisdicciones tal como lo establece el ar-tículo 35 de la Ley 26.657.

5- Especificar el alcance presupuestario de las partidas destinadas a salud mental en visto del cumplimiento de la Art 32 de la Ley 26.657.

Señor presidente:

La situación que atraviesan los centros de Salud Mental en algunos lugares del país es realmente crítica. En este sentido, hemos relevado la siguiente información:

Atendiendo la cuestión presupuestaria sirve como ejemplo la situación de la provincia de Bs.As. que en el año 2015 solo afectó un 0,06 % del total de sus erogaciones en esta materia, lo cual en términos absolutos implica la transferencia de $ 5 per cápita anuales. El presupuesto de la SADA (Subsecretaría de Atención a las Adicciones) para el ejercicio 2013 fue de $81.494.559, de los cuales $50.668.717 se invierten en perso-nal, $ 1.281.800 en bienes de consumo, $7.638.249 en bienes no personales, $165.800 en bienes de uso, y en concepto de transferencias $ 21.739.993. Este último concepto el más importante luego de los gastos en personal está conformado, entre otros, por gastos que surgen de los convenios con ONGs que “facili-tan” los espacios físicos para que tengan asiento algunos de los dispositivos socio-terapéuticos de la SADA.

La Provincia de Bs.As cuenta con 184 Centros de Prevención y Atención de Adicciones (CPA) entre los cuales hemos registrado las siguientes anomalías:

-CPA Moreno, se transfirieron 4 millones al municipioen el año 2014 para la construcción de un Cepla, y otros 4 millones para levantar un CET. Aún no se inició la obra.

-CPA José C. Paz, el convenio entre Municipio y SEDRONAR estipulaba una transferencia total de 7,5 millo-nes. En José C. Paz, el convenio que firmó el Ex Titular Molina con el ex intendente Carlos Urquiaga fue para construir un CET. La actual Sedronar cuenta con una orden de pago que comprueba el giro de 3,5 mi-llones a una cuenta que puso el municipio, en dos cuotas de 1,7 millones el 20 de enero de 2015 y de 1,8 millones una semana después. La millonaria obra inconclusa en José C. Paz A más de un año de la transfe-rencia del dinero, el avance del proyecto en José C. Paz es del 18%, según figura en el certificado de obra, pero cualquiera que recorra el predio podrá ver que se trata de apenas una hilera de ladrillos

-CPA Pinamar, funciona en la Sala de Primeros Auxilios de Ostende. Ese aspecto viola la Ley Marco en el Art 9

- CPA Gral. Pueyrredón, carece de atención al Psiquiátrica

-CPA de Malvinas, sigue el pozo ciego desmoronado. (Actualmente cerrado). El predio fue expropiado y los pacientes trasladados al CPA de José C. Paz. Recientemente se firmó el Convenio para habilitarlo

En el caso de la Provincia de Tucumán se encuentra paralizada la obra del Centro de Asistencia y Prevención de Adictos en el Barrio de La Costanera Norte (Barrancas del Sali) . El Cet tiene incumbencia Provincial pero los fondos de la obra son nacionales. La deuda con la constructora Bocanera y Mrikin (SRL) es de casi 4 millones de pesos. Esta situación afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad tucumana.

En la Provincia de Corrientes existe una gran preocupación por el desmantelamiento de la Sede para el Tratamiento de Adicciones en el Barrio Colombia Granaderos . El Centro de Prevención Local de Adicciones (Cepla) depende del Programa Nacional Recuperar Inclusión. Este programa se sancionó el 30 de abril de 2014, como parte ejecutora de la ley 26.934 denominada Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (IACOP). La misma, establece la necesidad de una estructuración de política pública en el sentido de fortalecer los vínculos comunitarios en pos del ejercicio del derecho, promoviendo la participa-ción conjunta a través de “Dispositivos especiales de integración” entre sociedad civil, instituciones públi-cas y Estado.

El desarrollo del mismo incluía la capacitación laboral y el sustento tecnológico para reducir la brecha digi-tal. Sin embargo hoy las condiciones de esos espacios lejos están de lo que predica la Ley de Salud Mental en su Art.7 inciso I.

A la situación de extrema precariedad edilicia se le incluye la precarización laboral y el cercenamiento de los derechos constitucionales consagrados por la Carta Magna. Así lo refleja la situación que atraviesan los trabajadores del sector en la Provincia de Río Negro. “El 90% de los trabajadores de SEDRONAR en Barilo-che soporta una precarización laboral que significa el cobro de su trabajo por medio de una beca sin ningún tipo de derechos laborales (en negro), para empeorar la situación este cobro lleva tres meses de atraso en todos los casos y en algunos en particular, hasta 4 o 5 meses. Lo mismo llevan de atraso las becas del Pro-grama País”

En el artículo 41 de la ley 26657 queda debidamente establecido que el Estado Nacional debe arbitrar los medios necesarios para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos consagrados a las personas con padecimiento mental.

En 1990, la Declaración de Caracas promovida por la Organización Panamericana de la Salud, estableció el siguiente paramétro para el tratamiento de las adicciones:

Art 3- Que los recursos, cuidados y tratamiento provistos deben:

a) salvaguardar los derechos humanos y civiles

b) estar basado en criterios racionales y adecuados

c) pretender la permanencia del enfermo en su medio comunitario.

Art 4- Que las legislaciones de los países deben ajustarse de manera que:

a) aseguren el respeto de los derechos humanos y civiles de los enfermos mentales

b) promuevan la organización de servicios comunitarios de salud mental que garanticen su cumplimiento.

Esta normativa continental a la que se ajusta la Ley vigente, obliga a los diferentes niveles del Estado a cumplir con los requisitos básicos de la reestructuración propuesta para el tratamiento y la prevención de esta problemática global. Los ejemplos antes mencionados demuestran las limitaciones que tiene la pres-tación del servicio por parte del Estado. La última convención de Naciones Unidas referida al tema, realiza-da la semana pasada, explicitó la necesidad de elaborar estrategias tendientes a introducir la Legislación de Derechos Humanos como pilar de las políticas públicas en la materia.

La difícil situación social que atraviesan los sectores más vulnerables se agudiza ante la ausencia de una estrategia de protección social adecuada. “De acuerdo a datos oficiales brindados por la SEDRONAR, los últimos números oficiales que se tienen disponibles sobre el uso de estupefacientes en el territorio argen-tino, se observa en la Provincia de Buenos Aires durante el periodo 2001 y el 2011 un sostenido y notorio aumento en el consumo de drogas duras en estudiantes secundarios. El éxtasis creció un 1200%, la cocaína un 300% (es decir, hay tres veces más jóvenes que la consumieron), mientras que en los solventes e inha-lantes el aumento fue de un 227% y la pasta base un 120%” .

Las situaciones descriptas son inconmensurables ya que el último estudio nacional de orden público reali-zado por el “Observatorio Argentino de Drogas – SEDRONAR” en el segmento de población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas es del año 2010, lo que refleja una extrema precariedad en la materia.

Teniendo en cuenta las situaciones antes descriptas y el entramado legal que rige sobre esta problemática es que observamos una incongruencia entre la norma y su ejecución. Para poder diagnosticar con certeza y avanzar en una resolución positiva es que creemos imprescindible la necesidad de avanzar en la actualiza-ción de datos, obras y derechos laborales pertinentes.

Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en este proyecto.