Exigir al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la ley 26.879 por la cual se creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, y que proceda a la creación del mismo en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto exigir al Poder Ejecutivo Nacional que se reglamente la ley 26.879 de creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual y que se proceda a su efectiva creación.

El artículo 99, inciso 2 de nuestra Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo Nacional “expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”.

Han pasado casi cuatro años desde la sanción de la ley 26.879. Si bien es cierto que no todas las leyes del Congreso requieren ser reglamentadas como condición para su operatividad, las estadísticas evidencian que Argentina presenta importantes deficiencias para lograr que sus leyes se traduzcan en políticas públicas. En efecto, de las 1227 leyes sancionadas por el Congreso en el período 2003-2013, sólo 131 (11%) fueron reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional. De las 326 que tenían gasto público asignado, se reglamentó sólo el 17% de ellas.

La ley 26.879 tiende a la lucha contra los delitos vinculados a la integridad sexual, promoviendo la creación de un registro que redundará en una mayor eficiencia de las investigaciones judiciales vinculadas a estos ilícitos. El tratamiento particular de este tipo de delitos se justifica por dos motivos principales: el alto nivel de reincidencia y su dificultad probatoria.

Si bien no se cuenta con estadísticas que den cuenta de la magnitud de la problemática en todo el país, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, durante el año 2013 se han denunciado 2221 casos de delitos contra la integridad sexual, correspondiendo 1425 de ellos a autores conocidos, lo cual evidencia la urgente necesidad de la creación del registro. Por otro lado, se registraron 84 delitos contra la integridad sexual en menores de edad y se atendieron 256 casos por abuso sexual infantil en los Centro integrales de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires.

Estamos en presencia de una ley democráticamente sancionada, y es imperiosa la necesidad de que se realice todo lo conducente a que el Registro por ella establecido sea efectivamente creado. Si se persiste en esta omisión, continuaremos sancionando leyes que devienen letra muerta, formalmente sancionadas pero materialmente ineficaces.

Queda así fundamentado el presente proyecto y a consideración de los diputados y diputadas para su sanción.