Expresar su beneplácito por la decisión del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa que incorporó a su sistema de licencias la figura de licencia por violencia de género.

Señor presidente:

En el día internacional de la mujer, el Superior Tribunal de Justicia de Formosa aprobó el Acuerdo 2921, mediante el cual se realizaron diversas modificaciones al reglamento interno para la administración de la justica de la provincia en relación al régimen de licencias “Visto la necesidad de readecuar el presente Reglamento acorde con los nuevos avances en materia de Derechos Humanos, emergentes de una cambiante realidad social, jurídica y política, disposiciones de Convenciones Internacionales y del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”.

Una de las principales incorporaciones fue la Licencia Laboral por Violencia de Género, en el artículo 60 ter del Reglamento Interno para la Administración de Justicia.

La medida, anunciada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín en el discurso de apertura del año judicial, convierte al Poder Judicial de Formosa en pionero en el otorgamiento de este tipo de licencias.

La licencia laboral por violencia de género será concedida por el Superior Tribunal de Justicia, previo dictamen del equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia Intrafamiliar, a quienes fueran víctimas de violencia de género en los términos del artículo 4º de la Ley nº 26845 y deban ausentarse de su lugar de trabajo debido a su situación física o psicológica.

Las inasistencias derivadas de esta situación serán consideradas como justificadas a tenor del análisis que realice en cada caso el Superior Tribunal de Justicia. En igual sentido se procederá con las impuntualidades.

El Superior Tribunal de Justicia se obliga a preservar el resguardo de la intimidad de la víctima, quien deberá en su solicitud acompañar copia de la exposición presentada ante la autoridad competente en materia de Violencia de Género (Oficina de la OVI, Juzgados de Paz, Juzgados de Instrucción o Policía).

Además, las mujeres podrán solicitar la reducción de la jornada laboral de manera temporaria o la reordenación del mismo, con un previo dictamen del equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia Intrafamiliar.

Igualmente cabe destacar que la licencia como fue reglamentada no tiene plazos perentorios, su extensión dependerá de lo que dictamine el Equipo Interdisciplinario.

Por último, el artículo 60 ter establece que ningún agente podrá ser despedido ni podrán alterársele sus condiciones de trabajo por haber sido víctima de violencia de género y haber usufructuado los derechos que prevé el presente Reglamento Interno.

La iniciativa se venía trabajando –particularmente- a partir de la asunción de la Sra. Fátima Gutiérrez como Secretaria General de la Asociación Judicial Formosa, y anteriormente con jornadas de sensibilización y concientización. Tiene su directriz en la Federación Judicial Argentina, es un proyecto único para todo el país, pero la idea es que vaya avanzando en los distintos poderes judiciales y si se puede también en el resto de la administración pública.

Expresa la Sra. Gutiérrez que “Era una de nuestras preocupaciones, en algunos casos hay desconocimiento de los trámites que hay que hacer y en otros, el temor de que se sepa, la misma vergüenza, quedar como una víctima ante la sociedad. Hay mujeres que se encuentran en esta situación y están prestando servicios en alguna dependencia, tiene que solicitar una licencia por razones de salud o por razones particulares, eso es lo que normalmente se regula en los estatutos, y por lo tanto no queda visibilizado el por qué esta mujer no está asistiendo a sus tareas, y si le llegara a suceder alguna cosa más, que disponga de la posibilidad de denunciar la violencia de género, y de poder acceder a esta licencia y así hacer los trámites correspondientes”.

La situación de la mujer en nuestra sociedad está cruzada por diversas y numerosas situaciones violentas.

En relación al mercado laboral, las mujeres sufren más desocupación, informalidad laboral, discriminación y acoso en el trabajo y la brecha salarial es del 27 % respecto a los varones. Además, la legislación actual (entre otras cuestiones) no deja libre la posibilidad de que las tareas de cuidado de los niños y las niñas sean llevadas adelante (en el ámbito laboral) también por los padres; generando inequidades en el acceso a los puestos de trabajo.

A todo esto, se suma el hecho de que quienes padecen la violencia de género (en todas sus manifestaciones) no solo no tienen la contención y protección que merecen por parte del Estado, sino que no cuentan con ninguna cobertura legal que impida a los empleadores suspenderlas o echarlas por ausentarse del trabajo.

Mejorar las condiciones laborales, económicas y sindicales de las mujeres debe ser una prioridad. Un elemento fundamental es dotar a la víctima de violencia de género de herramientas que le permitan sostener un elemento fundamental para avanzar en su independencia económica, su fuente de trabajo.

Asimismo, es fundamental que desde el Estado llevemos adelante un proceso de incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos, a fin de alcanzar la equidad de género. Un claro ejemplo de esto es el trabajo que realiza la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación.

Por todas estas razones solicito a mis pares acompañen esta iniciativa.