Ley de Consulta Educativa General

Artículo 1º: Convócase a una Consulta Educativa General de la que participarán las comunidades educativas de todos los establecimientos de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, municipal y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior de Formación Docente y Técnica no universitaria.

Artículo 2º: Los objetivos de la Consulta Educativa General son:

- Recabar información acerca de las opiniones y percepciones de actores claves del sistema educativo acerca de aspectos centrales que hacen a la situación actual de dicho sistema.

- Promover la reflexión en las comunidades educativas, movilizando su compromiso con la búsqueda e implementación de soluciones para superar los problemas percibidos.

- Obtener información y propuestas valiosas y plurales a fin de enriquecer los procesos de modificación de las leyes marco del sistema educativo y de concertación de políticas educativas de Estado.

Artículo 3º: La Consulta Educativa General incluirá:

a) La realización de Jornadas de Consulta Institucional, con suspensión de clases, de las que participarán el equipo directivo y docente de cada establecimiento educativo.

b) La implementación de una encuesta que permita recoger opiniones y propuestas de los padres, la cual será administrada a través de los establecimientos educativos.

c) La generación de instancias de consulta a los alumnos de 3º ciclo de EGB y del Polimodal (o sus equivalentes), y de los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica no universitaria, que consistirán, obligatoriamente, en una encuesta implementada a través de los establecimientos educativos, que podrá ser complementada con ámbitos de reflexión y debate en las escuelas.

Artículo 4º: La Consulta Educativa General recabará información acerca de los siguientes temas:

- Acceso, permanencia y egreso en todos los ciclos, niveles y regímenes especiales del sistema educativo.

- Estructura del sistema educativo nacional: niveles, ciclos, modalidades y regímenes especiales.

- Diseño curricular.

- Calidad de los aprendizajes. Transformaciones pedagógicas y organizacionales para su mejora.

- Condiciones laborales, salariales y de carrera de los docentes. Formación docente inicial y continua.

- Gobierno del sistema educativo: unidad, articulación y democratización. Organización y gestión de la unidad escolar.

- Infraestructura y equipamiento. Incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación.

- Políticas compensatorias para garantizar la igualdad de oportunidades educativas.

- Vinculación escuela-familia-comunidad.

- Educación técnico-profesional. Vinculación con la producción y el trabajo.

En cada caso, se solicitará la opinión de los consultados sobre la situación actual en relación a la temática planteada, sobre los problemas más relevantes detectados y sobre los factores que han contribuido a su generación, como así también la elaboración de propuestas para su resolución.

Artículo 5º: La organización de la Consulta Educativa General estará a cargo de una comisión presidida por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología e integrada por dos miembros de la Comisión de Educación del Senado, dos miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, los demás miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Cultura y Educación y un representante por cada organización sindical docente con personería gremial nacional. Esta comisión definirá las modalidades específicas de realización de las Jornadas de Consulta Institucional y de las instancias de consulta a alumnos. Asimismo, diseñará los instrumentos pertinentes para la encuesta a padres y alumnos y establecerá mecanismos para el procesamiento de la información, la elaboración de informes-resumen y la difusión de los resultados de la consulta. La comisión podrá incluir otros temas de interés en la Consulta, como así también adecuar el abordaje de los mismos a los distintos miembros de la comunidad educativa consultados (directivos y docentes, padres y alumnos).

Artículo 6º: La comisión mencionada en el artículo 5º concertará con las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los modos concretos y el cronograma de implementación de las actividades de la Consulta Educativa General.

Artículo 7º: Los gastos que demande la realización de la Consulta Educativa General serán financiados con partidas presupuestarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Artículo 8º: De forma.

Señor presidente:

Existe hoy en la sociedad un consenso generalizado acerca de la necesidad de introducir cambios de fondo en la educación y en la legislación marco que la regula. Los diagnósticos y balances sobre el impacto de la reforma educativa de los '90 dan cuenta de una grave desarticulación y fragmentación del sistema educativo nacional, que lleva incluso a poner en duda la existencia de tal sistema y a plantear la urgencia de su reconstrucción. En efecto, los modos que asumió el proceso de federalización y descentralización educativa reclamado por el II Congreso Pedagógico Nacional llevaron en la práctica a profundizar las desigualdades ya existentes (y a generar otras nuevas), no sólo entre provincias, sino al interior de ellas.

Asimismo, desde diferentes sectores se manifiesta una creciente preocupación por los problemas de calidad de los aprendizajes que quedan en evidencia en las instancias de pasaje entre distintos niveles educativos o en la participación en operativos de evaluación internacionales. Esto también impacta sobre la igualdad de oportunidades, al condenar al fracaso y al abandono a muchos jóvenes, afectando sobre todo a los de sectores más desfavorecidos.

A su vez, las investigaciones sobre la reforma educativa muestran que la fragmentación señalada es producto, entre otros factores, de la falta de acuerdos federales en aspectos claves de la reforma educativa (por ejemplo, la implementación de la nueva estructura o los modelos institucionales para el 3º ciclo). En la misma línea, la falta de consulta y de generación de consensos con los protagonistas de la vida cotidiana en las escuelas (directivos, docentes, padres, alumnos) bloqueó considerablemente la apropiación de los cambios curriculares y la transformación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje.

Todos estos datos parecen haber sido tenidos en cuenta por el actual gobierno, que no sólo plantea, como lo hizo el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en su visita a la Comisión de Educación de esta H. Cámara el 19 de abril de 2006, la necesidad de avanzar en la reconstrucción de un sistema educativo nacional, sino en la necesidad de hacerlo sobre la base de acuerdos amplios. Estos acuerdos ya se han materializado en leyes de fondo, como son la Ley de 26.058 de Educación Técnico Profesional y la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo. Esta última, de hecho, expresa consensos en torno a objetivos prioritarios para el conjunto del sistema educativo, fijando por lo tanto rumbos precisos para la definición de una política educativa de Estado.

Sin embargo, la experiencia de la reforma de los '90 indica que tales acuerdos deben ser construidos a partir de debates y discusiones que contemplen la participación de todos los actores sociales interesados en el futuro de la educación. En particular, cobra importancia recuperar las opiniones y percepciones de directivos, docentes, padres y alumnos, como protagonistas de la cotidianeidad de las instituciones educativas. En tal sentido, resulta fundamental implementar mecanismos que viabilicen la participación de las comunidades educativas, tan reclamada por la sociedad y valorada desde distintos sectores políticos.

Tal es el objetivo del presente proyecto de ley. El mismo plantea la realización de una Consulta Educativa General a los distintos miembros de las comunidades educativas. Por supuesto que esta iniciativa deberá ser complementada con instancias posteriores de participación de otros actores institucionalizados de la sociedad civil: sindicatos docentes, entidades gremiales empresarias, representantes de las universidades nacionales, investigadores y especialistas del área educativa. Pero en esta oportunidad se busca establecer un dispositivo que permita recoger las perspectivas a menudo poco escuchadas de los actores escolares, cuya dispersión y pluralidad vuelve compleja la empresa.

Los temas planteados para la consulta reflejan aspectos claves de la reforma educativa impulsada por la Ley 24.195, Federal de Educación, muchos de los cuales han sido retomados en los objetivos de políticas planteados por la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.

- Las consideraciones acerca del acceso, permanencia y egreso en todos los ciclos, niveles y regímenes especiales del sistema educativo permiten abordar cuestiones sustantivas como el cumplimiento de la obligatoriedad, la cobertura del Nivel Inicial no obligatorio y los obstáculos a la universalización de la Educación Polimodal o Media.

- La temática de la estructura del sistema ha sido objeto de las más ásperas discusiones y controversias y es uno de los puntos más visibles donde se manifiesta la desarticulación y fragmentación señalada al comienzo de estos fundamentos.

- La transformaciones curriculares, pedagógicas y organizacionales, que se concretizan inevitablemente en el nivel micro de las instituciones escolares, aparecen en las distintas investigaciones como uno de los mayores fracasos de la reforma educativa y requiere por lo tanto de la participación activa de los directivos, maestros y profesores que las implementarán en la búsqueda de soluciones a los problemas detectados.

- Lo mismo cabe decir de las condiciones de desempeño profesional de los docentes: ninguna reforma educativa puede ser exitosa si se descuidan las condiciones laborales de aquellos que la protagonizan. En particular, la década de los '90 deja en evidencia numerosas deficiencias en los mecanismos de formación docente implementados, que hace imperioso buscar nuevas estrategias, en conjunto con los propios profesionales beneficiarios de la capacitación.

- El eje Gobierno del sistema educativo ha sido también motivo de extensos debates. La Ley Federal de Educación plantea principios como tales como "unidad nacional", "democratización", "participación", "equidad", "articulación", "transformación e innovación", que aparecen sin embargo como asignaturas pendientes promediando la primera década del Siglo XXI. Encontrar caminos para hacerlos efectivos, como así también para definir en este marco los alcances y límites del rol de las instituciones escolares es, por lo tanto, prioritario.

- Los temas de infraestructura y equipamiento y de políticas compensatorias apuntan a recabar información y opiniones sobre aspectos que hacen a las condiciones de posibilidad de la tarea educativa y que están en la base del logro de la igualdad de oportunidades educativas.

- Finalmente, la vinculación de las instituciones educativas con distintos actores claves de su entorno: familia, comunidad local, mundo productivo y del trabajo, es también un objetivo incluido en la Ley Federal de Educación, y compartido por distintos actores del campo educativo. No obstante, su concreción aparece a menudo como un resultado de esfuerzos propios de las escuelas o de determinadas políticas puntuales de los estados provinciales. Es preciso por lo tanto favorecer el intercambio de opiniones sobre la materia.

Asimismo, en el tratamiento de cada eje o temática, se busca no sólo llegar a un diagnóstico de la situación actual en cada jurisdicción y nivel del sistema que recupere la visión de los distintos miembros de la comunidad educativa, sino también -y sobre todo- involucrar a dichas comunidades en la formulación de propuestas para solucionar los problemas identificados.

Por último, es de destacar que el proyecto plantea para la organización de esta consulta el trabajo conjunto y coordinado de los distintos sectores del Estado comprometidos con el gobierno de la educación y la planificación de la política educativa: el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Consejo Federal de Cultura y Educación y el Congreso de la Nación. Esto resulta de relevancia para generar, desde esta instancia, la articulación que se reclama a las políticas educativas, como así también para evitar superposición de iniciativas de consulta que terminen por desgastar la voluntad de participación de los actores institucionales.

Por todas estas razones, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.