Su preocupación por la dramática situación que están atravesando las personas con discapacidad incluidas en el Programa Federal Incluir Salud.

Señor presidente:

El caso que suscita mi más profunda preocupación se relaciona con la injusta y cruel situación que sufre un grupo de personas con discapacidad y que afecta tanto a sus familias como a numerosas instituciones, organizaciones y profesionales que los atienden.

El Programa Federal Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas. Este Programa incluye a las personas con discapacidad con invalidez laboral, que son quienes en esta ocasión se constituyen en sujetos de mi profunda preocupación. Incluir Salud es, en la mayoría de los casos, la única cobertura de salud a la que este grupo de personas puede acceder. Según los datos que figuran en la página web de la ANDIS, el Programa “transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad”.

Actualmente, la ANDIS adeuda una importante suma de dinero no solo a las familias de las personas con discapacidad, sino también a las instituciones y organizaciones que los asisten; a los transportistas y a los profesionales de distintas especialidades que las atienden. Esta deuda genera una situación extremadamente grave, ya que impide la ejecución de las numerosas prestaciones que son imprescindibles para su correcta atención: desde la atención profesional –de distintos grados de complejidad- hasta la alimentación y el transporte. Las organizaciones e instituciones de todo el país que atienden a las personas con discapacidad denuncian que está en peligro el pago de los honorarios profesionales, de los sueldos y de las cargas sociales de sus empleados, la compra de insumos, etc.

El contexto económico actual de alta inflación y de aumento de costos constantes, la deuda que la ANDIS mantiene con los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud no hace más que agravar la situación. Amparándose y justificándose en cuestiones técnico-administrativas y burocráticas desde la ANDIS se descuida, se falta el respeto y se somete a las personas con discapacidad a un trato cruel.

En junio de 2008 fue promulgada en nuestro país la Ley 26.378 a través de la cual se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006. Mediante la Ley 27.044, aprobada en noviembre de 2014, se otorgó jerarquía constitucional a esta Convención que obliga al Estado argentino a cumplir con una serie de obligaciones.

La deuda que la ANDIS mantiene con los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud da cuenta del inclumpliento de dos de las obligaciones contraídas por el Estado: la de asegurar a las personas con discapacidad la igualdad ante la ley y la de fomentar el respeto hacia ellas.

Sobre los derechos que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad quiero referirme especialmente a cuatro de ellos: al derecho a la salud, al derecho a la habilitación y rehabilitación, al derecho a la educación; y por último, al derecho a un nivel de vida adecuados y a la protección social.

Señor Presidente, es necesario poner de manifiesto que el accionar de los funcionarios de la ANDIS demuestra no solo el incumplimiento de las obligaciones del Estado: también impide el goce y el acceso a los derechos de las personas con discapacidad. Esta gravísima situación debe ser revertida a la brevedad y debemos asegurarse que no se repita en el futuro.

Esta situación de extrema injusticia social que se ha generado a partir de la deuda que la ANDIS mantiene con las familias de las personas con discapacidad y con las instituciones que las atienden, pone de manifiesto dos de las obligaciones estatales que se vuelven aquí particularmente relevantes: la de asegurar a las personas con discapacidad la igualdad ante la ley y la de fomentar el respeto hacia ellas.

Los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad son los que merecen nuestra mayor atención, el mayor respeto y los mejores cuidados por parte del Estado. La intervención estatal es imprescindible e irreemplazable. Es urgente, no puede esperar. Ninguna excusa es válida, no hay argumento razonable que pueda explicar el abandono, la falta de respeto y el trato cruel que están sufriendo las personas con discapacidad y sus familias por parte de los funcionarios de la ANDIS.

Señor Presidente, es inaceptable e indignante la situación de injusticia que están padeciendo las personas con discapacidad y sus familias. La respuesta del Estado y la solución de sus problemas no pueden esperar los tiempos de la burocracia. La justicia social debe ser ejecutada de manera urgente, de lo contrario se seguirá tolerando una situación sumamente injusta.

Si el Estado no actúa o no cumple con su obligación, abandona. Es mi deber como representantes de todos los habitantes de la Nación Argentina, utilizar todas las herramientas que tengo a mi alcance para velar que se garantice el acceso y el disfrute de los derechos humanos.

Porque es imprescindible que el Estado cumpla con sus obligaciones hacia las personas con discapacidad, por la importancia que reviste la irreemplazable y la urgente presencia del Estado junto a los sectores más vulnerables y más necesitados, pido a mis pares que me acompañen en este proyecto.