Expresar preocupación por las medidas de reducción de personal impulsadas en ámbito del Ministerio de Agroindustria de la Nación, especialmente por las amenazas de despidos que afectan al personal de la Secretaría de Agricultura Familiar de ese Ministerio y que abarca a todas las delegaciones provinciales del país.

Señor presidente:

Es de público conocimiento que desde el Gobierno Nacional, en el marco del llamado proceso de Modernización del Estado, se impulsan despidos y reordenamientos administrativos del personal en distintos organismos del Estado.

En este caso mi preocupación está relacionada con la situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Agroindustria de la Nación y, especialmente, en la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF).

Desde la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar creada en 2008 y su posterior elevación al rango de Secretaría a través del decreto 1030/2014, la SAF ha elaborado e implementado políticas públicas destinadas a lograr la inclusión social y una mejor vida para distintos sectores de trabajadores rurales que se encontraban desprotegidos y en un estado de suma vulnerabilidad.

En el día de ayer, junto a mis compañeros diputados del Bloque Justicialista, recibimos a representantes gremiales del Ministerio de Agroindustria y a delegados y delegadas de la SAF de distintas provincias que nos han informado detalladamente sobre la difícil situación que están viviendo en sus lugares de trabajo.

En el mes de abril de este año las autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Nación decidieron despedir a 330 trabajadores: la mitad de ellos pertenecían a la SAF. La semana pasada, el ministro de Agroindustria doctor Luis Miguel Etchevehere y el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, doctor Santiago Hardie, en una reunión con los delegados gremiales les comunicaron su intención de reducir nuevamente la planta del personal. Esta vez la reducción alcanzaría al 50% de los trabajadores de la SAF y afectaría a las delegaciones existentes en las provincias.

Los trabajadores y las trabajadoras nos manifestaron que desde que asumió el gobierno del Presidente Macri el área de la SAF está siendo vaciada tanto a nivel presupuestario como respecto de la implementación de las políticas públicas destinadas al sector de la Agricultura Familiar. Esta situación se ve hoy agravada por la decisión del ministro Etchevehere y del secretario Hardie de eliminar, a partir del 1 de enero de 2019, el Monotributo Social Agropecuario (MSA).

El MSA fue creado en 2009 y permite a los trabajadores de la agricultura familiar inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) ejercer el derecho de acceso a los servicios de salud a través de la obra social, el acceso a la jubilación por medio de los aportes jubilatorios y les otorga un marco regulatorio que ayuda a formalizar las actividades de comercialización de los productos de la Agricultura Familiar. Sus principales beneficiarios son pequeños productores caprinos, porcinos, huerteros, apicultores, ganaderos de muy baja escala.

El MSA es la única herramienta que regulariza la actividad productiva de la agricultura familiar. Este sector, durante muchísimos años se ha visto obligado a que toda su cadena de producción se realizase en la informalidad, con los perjuicios que ello implica. La posibilidad de facturación que permitió el MSA posibilitó avanzar mucho en los mercados locales e institucionales de manera directa, sin necesidad de recurrir a intermediarios.

Las modificaciones en el régimen del MSA comunicado por el Ministerio de Agroindustria perjudica y atenta contra derechos básicos e irrenunciables de estas personas. Son más de 50 mil familias que pierden el derecho a regularizar su trabajo y más de 100 mil personas que pierden el derecho de acceso a la salud.

Señor Presidente: nos preocupa profundamente la implementación de las medidas económicas y políticas impulsadas por el gobierno nacional que generan la pérdida de puestos de trabajo que se viene produciendo tanto en el sector privado como en el sector público y que ha generado una situación muy angustiante para los trabajadores despedidos y sus familias. Entendemos que usted conoce los efectos que las medidas de ajuste promovidas por el gobierno generan en las familias argentinas. A los serios problemas sociales y económicos a los que se ven enfrentados diariamente se suma la angustia de encontrarse sin trabajo, víctimas de un injusto despido.

Los funcionarios del gobierno nacional piden a los argentinos y a las argentinas que hagamos un esfuerzo para superar los momentos difíciles y prometen un país en el que todos vamos a vivir mejor. Pero ese esfuerzo es desigual e injusto: obligan a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la sociedad a realizar la parte más dura.

Las decisiones políticas y económicas que diariamente toma el gobierno nacional se traducen en un dramático ajuste contra los trabajadores y sus familias y en el retiro del Estado en áreas en las que su acción es imprescindible e irremplazable. Esta situación, en parte, se materializa a través de despido de trabajadores de las distintas reparticiones estatales y de la consecuente desafectación de las políticas públicas que ellos con su trabajo diario llevan adelante y concretan. Este no es el camino hacia un país en el que los argentinos vivamos mejor. Y en este sentido, entiendo que las decisiones tomadas por el señor Ministro de Agroindustria, doctor Luis Miguel Etchevehere, perjudican y atentan contra derechos básicos e irrenunciables de los trabajadores.

Señor Presidente, es mi deber como representantes de todos los habitantes de la Nación Argentina, velar para que todos los argentinos tengan garantizados el acceso y el goce de los derechos humanos básicos.

Por todo lo anterior, y por la importancia que reviste la presencia del Estado junto a los sectores más vulnerables, pido a mis pares que me acompañen en este proyecto.