Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, en el marco de las normativas vigentes sobre seguridad vial y educación vial, en el orden nacional (Ley 23.348 -de Educación Vial-, Ley 24.449 -de Tránsito- y Ley 26.363 -de Tránsito y Seguridad Vial, Creación Agencia Nacional de Seguridad Vial-) y en las demás jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intensificando las acciones que se vienen llevando a cabo:

a) Potencie la educación vial de modo que sea impartida sistemáticamente a la comunidad educativa;

b) Involucre a los organismos públicos competentes para intensificar la formación de la comunidad en educación vial;

c) Incremente la capacitación continua de los docentes para difundir los contenidos y formar actitudes que permitan promover la sensibilización de la sociedad sobre la responsabilidad y la trascendencia de las conductas en la vía pública.-

Señor presidente:

Los legisladores firmantes del presente proyecto, miembros de la Comisión de Educación de la H. Cámara y autores de proyectos de ley sobre el tema, después de analizar los distintos proyectos en estudio referidos a la importancia de la Educación Vial para la Sociedad en su conjunto y la comunidad educativa en particular, han decidido inicialmente en reunión de Comisión, la presentación de esta iniciativa.

Hasta el momento se encuentran en estudio en esta Comisión de Educación nueve proyectos de ley, 2.539-D.-11 de la señora diputada Fadul; 5.688-D.-11 de la señora diputada Guzmán y otros señores diputados; 6.094-D.-11 de señor diputado Paredes Urquiza; 6.344-D.-11 del señor diputado Olmedo; 1.758-D.-12 de la señora diputada Re; 2.410-D.-12 de la señora diputada Argumedo y otros señores diputados; 4.010-D.-12 del señor diputado Catalán Magni y otros señores diputados; 4.039-D.-12 del señor diputado Benedetti y otros señores diputados; y, 7.441-D.-12 de la señora diputada Argumedo y uno de declaración, 1.366-D.-12 del señor diputado Biella Calvet y otros señores diputados, cuyo tratamiento dio origen a esta iniciativa, en el compromiso de seguir profundizando en dicha temática, a efectos de lograr mayores resultados en la educación de la Sociedad en este aspecto tan sensible.

En los últimos años se reafirmó en la sociedad argentina la honda preocupación por afianzar una convivencia democrática respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos y un Estado garante de esos derechos. Es así que la cuestión de la seguridad vial, en este contexto, fue logrando un espacio cada vez más importante en la agenda pública de nuestro país, tanto a nivel nacional, como provincial y local.

Así, junto a la alta frecuencia de "accidentes viales" en que muchos pierden su vida (o quedan con importantes secuelas), la evidencia de que dichos siniestros son evitables está cada vez más presente en toda la sociedad. Por otro lado, fue aumentando la convicción acerca de que condiciones más seguras de tránsito redundan en una mayor calidad de vida; que esto requiere un cambio cultural y que ese cambio es posible y urgente. Existe una mayor conciencia de que ese cambio cultural está asociado a un mejor y más amplio aprovechamiento del espacio público y, por ende, a una ampliación de la propia ciudadanía.

A partir de la sanción de las leyes 23.348 -de Educación Vial-, 24.449 -de Tránsito- y especialmente a partir de la modificación de la misma a través de la ley 26.363 que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV- en el año 2008, comienzan a implementarse en el país un conjunto de acciones que apuntan a la coordinación de las políticas de seguridad vial de todas las jurisdicciones, con el objetivo de reducir la tasa de siniestralidad del país. Estas políticas procuran generar una licencia única nacional, crear un sistema nacional de infracciones y de antecedentes de tránsito y establecer la unificación de las medidas de control y sanción. Además de intentar impulsar y mejorar la gestión de la seguridad vial, y de establecer mecanismos de seguimiento y control, otras acciones se orientan a la prevención de los riesgos viales y la concientización, así como a la capacitación y asistencia técnica con el objetivo de brindar herramientas que mejoren la gestión y jerarquicen el rol de los agentes públicos que intervienen en los municipios y en las provincias para gestionar el tránsito y la movilidad segura.

El marco normativo actual estableció, además, bases para el diseño e implementación de una política de Educación Vial, reafirmando la importancia de incluirla en todos los niveles de enseñanza y la necesidad de crear especializaciones a nivel terciario y universitario para capacitar en temáticas relacionadas al tema y contribuir al cumplimiento de los objetivos.

A pesar de estos esfuerzos, en estos tiempos el país vive conmovido por situaciones ligadas a la seguridad vial que nos exceden como individuos y nos interpelan fuertemente como comunidad. Miles de vidas humanas se pierden, víctimas de accidentes de tránsito de gravedad que conmueven la experiencia vital de cada uno de nosotros y que son ampliamente difundidos por los medios masivos de comunicación.

Las comunidades educativas no están ajenas a esta experiencia: estudiantes, docentes y padres han sido víctimas de tragedias que en muchos casos podrían haberse evitado. A esto se añade el trabajo sostenido de numerosas personas y organizaciones que nuclean a familiares de víctimas de accidentes de tránsito y que desde hace años dedican esfuerzos para realizar aportes sustantivos orientados a la prevención en todo el país.

Como sociedad, sostenemos que la tarea principal de la escuela es la transmisión, entendida como forma de proteger y preservar la vida de las jóvenes generaciones, sentando las bases de un futuro mejor para el conjunto, partiendo del legado cultural de los adultos. Entendemos además, que estas pérdidas irremediables y tantas otras que siguen ocurriendo a diario, son tragedias que se construyen socialmente. Por lo tanto, se trata de situaciones evitables, en cuya prevención podemos trabajar en las escuelas de los diferentes niveles y en diversos espacios comunitarios.

En la producción de los accidentes de tránsito se combinan aspectos estructurales relativos a las vías, vehículos, leyes y controles, sobre los cuales los adultos responsables debemos actuar, que se combinan fatalmente con la desidia, el incumplimiento de las normas y la creencia de sentido común que sostiene la inevitabilidad de los accidentes; aspectos culturales sobre los cuales resulta especialmente oportuna la acción de la escuela.

Sostenemos que la Educación Vial inscripta en la educación ciudadana es responsabilidad de todos los adultos de la sociedad y de los docentes. Afirmamos que es necesario trabajar desde las escuelas para reconfigurar el espacio de circulación que compartimos, para desnaturalizar las prácticas de tránsito, hacer visible el papel fundamental de la intervención humana en ese contexto y recuperar el sentido social del cuidado de sí mismo y del otro, en la vía pública.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que, desde sus legítimas perspectivas, nos acompañen con esta iniciativa que tiene repercusión en todos los ámbitos sociales.-