1°- Declarar de Interés la Guía de Orientaciones para la Intervención Educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar, elaborada por el Ministerio de Educación de la Nación- a través de la Subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa- y aprobada por el Consejo Federal de Educación en su 56ª Asamblea Federal, el día 15 de Marzo de 2014.

2°- Expresar su adhesión a las políticas educativas que conciben las herramientas de prevención e intervención sobre la conflictividad en el ámbito escolar desde el punto de vista de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, propendiendo al fortalecimiento de los vínculos sociales al interior de la comunidad educativa, propiciando tanto la reflexión sobre la conflictividad entre todos los actores del sistema educativo, como la participación de los estudiantes en la construcción de ámbitos y reglas de convivencia, con el fin de edificar en las instituciones escolares una autoridad democrática en la que se reconozca a los alumnos como sujetos de derecho y, a la vez, responsables de sus actos.

Señor presidente:

Desde hace unos años, la cuestión sobre la conflictividad escolar viene concentrando una atención importante tanto en nuestra sociedad, como en los medios de comunicación. En especial, en estos últimos, se tiende principalmente a tomar los casos extremos de violencia física entre jóvenes, a construir un discurso estigmatizante sobre ellos y a discurrir sobre la aparente incapacidad de la escuela en contener el conflicto que, además de ser inherente de la vida social, muchas veces la excede.

Si bien, la repercusión de la que gozan los más resonantes episodios de violencia física y psicológica entre estudiantes tiende a nublar las características concretas con las que todas las situaciones conflictivas suceden, no es menos cierto que todas ellas suscitan preocupación entre todos los actores del sistema educativo: los docentes, los alumnos y sus familias.

Tampoco es únicamente el hostigamiento y la violencia física entre estudiantes la única forma en que ocurre la conflictividad escolar, ni las sanciones la solución más efectiva. La cuestión nos remite permanentemente a la convivencia: la escuela es un ámbito donde niños, niñas y adolescentes, con distintas identidades, socializaciones y culturas, comparten mucho tiempo de sus vidas y de su cotidianidad. Por ello, las instituciones educativas necesitan apelar a la construcción de la convivencia desde la pluralidad, en el respeto y reconocimiento del otro, de las identidades que portan, como medio de abordar las situaciones de violencia y acoso que pueden ocurrir en su propio seno. Es, precisamente, la consolidación de la convivencia y el fortalecimiento del lazo social entre alumnos (pero también entre docentes y alumnos) el pilar fundamental desde el cual la escuela previene las situaciones de conflicto.

Este Congreso no ha quedado al margen de las preocupaciones y debates alrededor del tema. En 2013 sancionó la Ley 26.892 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas - cuya autora ha sido la Diputada Nacional Mara Brawer-, la cual ha constituido una invaluable construcción normativa que establece un nuevo paradigma en lo que refiere a las herramientas e iniciativas con que cuentan las instituciones educativas para abordar el complejo conjunto de situaciones en las que el conflicto, directa o indirectamente, aflora en la escuela y que no se circunscriben únicamente a lo que se define popularmente como "bullying".

La Ley 26.892, configura las acciones a ser llevadas adelante desde un enfoque relacional, descartando la visión estigmatizante y patológica sobre de los jóvenes. Se proponen respuestas desde el contexto particular en el que se dan las interacciones y construir lazos solidarios, como también fortalecer la convivencia a partir de "potenciar" la experiencia de vivir junto a otros, desafío permanente para los estudiantes en la escuela. Se propone, en ese sentido, profundizar y legitimar aún más el proceso de creciente participación de los jóvenes en la vida escolar que se viene desplegando intensamente y desde hace varios años en diversas políticas desarolladas tanto desde el ámbito nacional como jurisdiccional. Por ello, en la Ley queda sumamente plasmada la intención de interpelar a las instituciones a construir acuerdos de convivencia y espacios de deliberación en cuya construcción puedan participar los alumnos. Los jóvenes son visualizados como verdaderos sujetos de derecho y con capacidad de hacerse responsables de sus actos.

Y este punto, el de la participación estudiantil en la construcción de las normas de convivencia, no es menor: al ser una construcción propia, las normas ganan en legitimidad, al mismo tiempo que posibilitan un reconocimiento de los límites que existen en las interacciones y las consecuencias de las transgresiones a esas normas. Las sanciones, entonces, tienen un profundo valor pedagógico.

La Ley 26.892 surge como poderosa alternativa frente a la forma tradicional y autoritaria con que se ha ejercido la disciplina en el dispositivo escolar. Si bien la sanción, como respuesta ante una transgresión grave a la norma, sigue siendo contemplada en ella, no puede ser la única forma de abordaje sobre la conflictividad. La sanción - y en su extremo, la expulsión- , además de que sólo opera en la consecuencia de los hechos y no considera en toda su perspectiva los condicionantes sociales y culturales que favorecen el desarrollo de conflictos, sirve de medio de exclusión lisa y llana de los estudiantes y, por lo tanto, atenta contra el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación.

En esa línea, la construcción de la Guía de Orientaciones para la Intervención Educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar, elaborada por el Ministerio de Educación de la Nación- a través de la Subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa- y aprobada por el Consejo Federal de Educación, se enmarca precisamente en las potestades asignadas por la Ley al Ministerio de Educación de la Nación. Constituye una extraordinaria construcción que recoge propuestas para el amplio espectro de conflictos que pueden surgir en la cotidianidad escolar, brindando potenciales respuestas para afrontarlos.

Si bien reserva para los docentes un rol clave en el cuidado de niños, niñas y adolescentes en la escuela, hace parte integrante a todos los actores de la comunidad educativa, vinculando al mismo tiempo "lo individual, lo institucional y lo comunitario". Reconoce, además, que la escuela no puede sola ni está sola para enfrentar la problemática, ya que existe un número importante de instituciones nacionales y jurisdiccionales con responsabilidades en el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes - establecido por la Ley 26.061- cuyo accionar se ensambla a la capacidad propia de las instituciones educativas para enfrentar los conflictos.

Por ello, puede considerarse como sumamente auspicioso que el Consejo Federal, órgano que reúne a todas las autoridades educativas de nuestro país, haya aprobado la Guía de Orientaciones, y que pronto en todas las escuelas del país los docentes y alumnos puedan contar con la misma. Celebramos que desde las autoridades educativas nacionales como jurisdiccionales se persiga, a través de distintas políticas y programas, el objetivo de reconstruir continuamente el lazo social, poner en valor la convivencia cotidiana en la diversidad, que se apueste a la configuración de un buen clima escolar.

Son las escuelas el primer ámbito en que los jóvenes comienzan a aprehender las habilidades necesarias para el ejercicio de la vida democrática. Simplemente por ello, debemos siempre apostar por capitalizarlas y dotarlas de herramientas que permitan que cada joven, sin distinción de origen social o cultural, pueda gozar de una experiencia educativa plena, sentirse integrado y capacitado para construir su propio proyecto de vida.

Por todas estas razones es que solicito a los colegas Diputados y Diputadas el acompañamiento en el presente Proyecto de Resolución.