Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Consejo Federal de Educación, impulse recomendaciones tendientes a que las instituciones educativas del país que tengan como nombre el de personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, o el de personas que hayan tenido participación directa o indirecta en las interrupciones al orden constitucional que sufrió la Nación Argentina, evalúen y adopten las medidas pertinentes para modificar su denominación actual siguiendo las pautas y procedimientos establecidos por las reglamentaciones jurisdiccionales correspondientes.

Señor presidente:

El nombre es una seña de identidad, que permite a quien lo porta ser nombrado, reconocido. En el caso de las instituciones educativas, el valor de su nominación está directamente relacionado con su cultura institucional y con el marco de identidad que les confiere a las comunidades locales donde están insertas. La importancia del nombre no reside únicamente en homenajear a la persona o situación de quien se toma el nombre; además se asienta en su potencial para fomentar arraigo simbólico, ofrecer identificaciones y consolidar un espíritu de pertenencia. De aquí la relevancia de un nombre propio, significativo y legítimamente construido que posibilite a la comunidad el reconocerse y sentir su pertenencia institucional.

Se entiende que un nombre debe celebrar momentos significativos de la memoria común y discernir los acontecimientos más relevantes de la época contemporánea, rescatando los valores ecuménicos, la memoria histórica, la construcción de un país cada vez más democrático y valores como los derechos humanos, entre otros. En este contexto, es preocupante que aún existan instituciones escolares del país que portan nombres de personas que interrumpieron los ciclos democráticos o instauraron el terrorismo de Estado ejerciendo la dictadura más temible que tuvo nuestra historia. A modo de ejemplo, se pueden mencionar escuelas que continúan llamándose Teniente General Pedro Eugenio Aramburu.

Sostener ese tipo de denominaciones es contrario al espíritu y la letra de la Ley Nacional de Educación, que en su artículo 11 establece como fines y objetivos de la política educativa nacional, entre otros: "brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural", y "fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración regional y latinoamericana".

En tanto, el artículo 92 de dicha Ley enfatiza que dentro de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones deberá estar "el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 25.633."

Se entiende que es muy importante sensibilizar a las nuevas generaciones, en tanto protagonistas activos de las comunidades educativas, para reflexionar sobre nuestra democracia, los derechos humanos y nuestra soberanía mediante la revisión de los nombres dados en el pasado a los establecimientos educativos, particularmente cuando se trata de personalidades o situaciones antagónicas a los valores democráticos.

Por todo lo expuesto, y entendiendo que para la vida de cada uno de los alumnos, y también de los docentes, la identificación con las instituciones educativas adquiere una importancia simbólica de suma importancia que debe impregnar su espíritu democrático, es que solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de declaración.