Expresar preocupación por la separación del cargo de la profesora de Bioética, Lic. Julieta Arosteguy, de la Tecnicatura de Puericultura y Crianza dictada por la Universidad Nacional de San Martín en convenio con la Fundación Lactancia y Maternidad, por considerar que su posicionamiento ante temas de género eran inadmisible para la institución.

Señor presidente:

Julieta Arosteguy es licenciada en filosofía (UBA) y Master of Arts in Philosophy (universidad de Virginia, USA), profesora adjunta de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), investigadora del Programa de Bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y hasta que fuera separada de su cargo se desempeñaba como profesora adjunta de Bioética en la Tecnicatura de Puericultura y Crianza que dictan la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en convenio con la Fundación Lactancia y Maternidad (FUNDALAM).

Hace unos días, mediante algunos medios de comunicación tomamos conocimiento que las autoridades de las instituciones habían separado de su cargo a la docente a causa del abordaje impartido en las clases sobre temas como, la interrupción voluntaria del embarazo, la objeción de conciencia, la violencia obstétrica, la autonomía reproductiva de la mujer, el embarazo en la adolescencia y la equidad de género, entre otros.

Así lo manifiesta la docente en el suplemento Las 12 del diario Página 12 del viernes pasado "la dirección de la carrera consideró inadmisible mi posicionamiento frente a la materia. Se me reprochó que me hubiera presentado como "atea, feminista y abortista", porque Fundalam "creía que hay vida desde la concepción". Con estas palabras, objetaban que hubiera promovido el debate laico y la crítica de los estereotipos de género. Pero, fundamentalmente, objetaban que hubiera hecho pública mi militancia a favor del aborto legal."

Nos preocupa que en una Universidad Pública en donde permanentemente se debe aspirar a la defensa de los valores democráticos, entendiendo que la libertad de expresión y pensamiento crítico es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática, se sancione a una docente por manifestar su propio pensamiento. Y no sólo eso, nos preocupa que al imponer desde una institución del Estado una visión única sobre un tema, se cercena también el derecho de las alumnas a recibir información y a conocer la expresión de una mirada distinta, de una opinión diferente, que se comparta o no, sin lugar a duda tiende a crear una espacio de reflexión, de dialogo, de debate, y ayuda al educando a alcanzar una visión cada vez más crítica de su realidad que enriquece la formación. La libertad de expresión y de pensamiento incluyen la libertad de buscar y recibir información y ambos derechos tienen jerarquía constitucional en nuestra República.

Así Paulo Freire, uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX, afirma en el texto "Pedagogía del oprimido" que "el educador no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual "los argumentos de la autoridad" ya no rigen. Proceso en el que ser funcionalmente autoridad, requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas."

No puede dejar de destacarse que las decisiones tomadas desde la institución vulneran la libertad de cátedra, contemplada en la Ley de Educación Superior , como el "derecho al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nación y las disposiciones de la ley", con el expreso fin de "desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático"

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma en el primero de sus Principios que "La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática."

La decisión tomada por las autoridades de la Carrera de Puericultura y Crianza y la Universidad Nacional de San Martín trae aparejada una selección restringida de los contenidos impartidos, como los que refieren a la promoción de derechos humanos de las mujeres, siendo estos temas claves en las políticas del Estado Nacional, implementadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la Nación.

Confiamos en que las autoridades de la Universidad avancen con la investigación sumaria iniciada por el Rector, a fin de reparar el trato discriminatorio impartido hacia la docente y a fin de afianzar en el ámbito de la educación superior la defensa de la libertad de expresión que tanto ha defendido este gobierno nacional.

Es por todo lo expuesto y con la convicción de que no se puede retroceder en la lucha histórica que se viene dando por la consolidación de instituciones democráticas en una sociedad inclusiva y plural, que promueve el interés general y el derecho de las mujeres a la libertad y a la igualdad de género, es que solicito al Cuerpo la aprobaciónón del presente proyecto de declaración.