Artículo 1. Las sesiones de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, sean éstas de tablas o especiales, son públicas, por lo tanto, toda persona tiene derecho a presenciarlas desde las gradas destinadas a tal efecto, y por los medios de telecomunicación que resulten más convenientes y accesibles.

Artículo 2. El acceso a las gradas de cada Cámara está habilitado a todo ciudadano que desee presenciarla, con el único requisito de la acreditación de su identidad, siempre y cuando las condiciones edilicias y de seguridad así lo permitan.

Artículo 3. Las sesiones serán públicas, pero podrán ser declaradas secretas, previa resolución de la Cámara correspondiente, aprobada por el voto de la mayoría absoluta. La declaración deberá ser precisa y con indicación de las razones que la motivan.

Artículo 4. Las sesiones secretas serán las únicas en las cuales podrá impedirse el acceso del público.

Artículo 5. Cada Cámara dispondrá de un espacio en las gradas destinado específicamente al público en general desde el cual se podrá ver la sesión de manera directa. La Presidencia respectiva indicará anualmente y para todas las sesiones del año, la cantidad de personas habilitadas a permanecer en dicho espacio y la superación de dicha cantidad será, en principio, la única causal de exclusión.

Artículo 6. El público que presencia la sesión tiene el deber de respetar las normas de conducta propias del Congreso de la Nación y se someten a la autoridad de la Presidencia de la Cámara correspondiente. Conductas como exceso verbal, agresión o coacción pueden ser causales de advertencia o expulsión por parte de dichas Presidencias.

Artículo 7. La Presidencia de cada Cámara pondrá a disposición medios de telecomunicación abiertos, accesibles y gratuitos para la transmisión en vivo y en diferido de la totalidad de las sesiones no declaradas secretas.

Artículo 8: De forma.

Señor presidente:

Motiva la presentación de este proyecto la construcción de mayor transparencia de la función pública desde el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno. Además, consiste en ratificar el carácter público de las sesiones, propio nuestra tradición parlamentaria nacional. La presencia de la ciudadanía en las sesiones fortalece la democracia y acerca a los legisladores a la población y, viceversa, permite que ésta vea cómo es el trabajo parlamentario.

Desde la recuperación de la democracia tras la última dictadura cívico-militar, el Congreso Nacional ha sido un ícono de ese pasado terrible, sin instituciones, al que no queremos volver. En él se han tomado decisiones de transcendencia, pero no exentas de polémica. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las privatizaciones y, luego, las recuperaciones de empresas estratégicas como Aerolíneas Argentinas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales –YPF-, la mayor empresa nacional, son algunos ejemplos. Otras iniciativas, como el Matrimonio Igualitario, fueron el resultado de largas gestas, muchas veces silenciosas, que con su sanción produjeron un verdadero estallido de alegría por un número importante de ciudadanos. Al contrario, todavía registramos con pena la cantidad de personas que se acercaron con angustia durante toda una noche para ver que la mayoría de los Diputados daba media sanción al lamentable pago a los fondos buitre. Estos casos sólo son ejemplos de la importancia que los actos de los legisladores tienen para el conjunto de la ciudadanía, que muchas veces espera con expectativa las decisiones que se toman al interior del Congreso.

Lo cierto es que la mejor tradición democrática permite, incluso fomenta, el libre ingreso y presencia de la ciudadanía en las sesiones. De hecho, la estructura circular del recinto de cada Cámara fue especialmente diseñada con palcos en sus pisos superiores para permitir al pueblo ver el funcionamiento de su Parlamento. La mediación de herramientas audiovisuales no reemplaza la asistencia en vivo, aunque es un gran instrumento para lograr la publicidad a quienes no pueden hacerse presentes en el Congreso.

Con preocupación, advertimos últimamente restricciones que afectan el acceso y libre circulación de la ciudadanía en el Palacio Legislativo. Desde nuestras bancas, podemos constatar que los palcos, antes repletos, ahora están cerrados y sin posibilidad de ingreso, ni siquiera para empleados acreditados.

Hace poco tiempo, en octubre de este año, presenciamos las consecuencias lamentables de estas restricciones. Durante la sesión del 19 de ese mes, se produjeron serios incidentes entre el personal de Seguridad de esta Cámara quien, en el cumplimiento de órdenes de servicio, forcejeó con un grupo de mujeres militantes del Frente Renovador y promotor de la paridad de género, que quería ingresar a presenciar la sesión en que los Diputados tratábamos la reforma electoral. No queremos que se repitan situaciones como ésta, que disminuyan nuestra calidad institucional, desinformando a los argentinos, ensanchando la brecha que existe entre la población y la mal llamada clase política.

Vemos con agrado los esfuerzos de esta Presidencia por poner a disposición medios digitales y abiertos de transmisión de la sesión en vivo y en diferido, pero consideramos que no es necesario. La población tiene derecho a conocer el funcionamiento de sus instituciones y su presencia en los debates parlamentarios hace al fortalecimiento democrático e institucional de nuestro país.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.