Comisión Bicameral Permanente de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública Ejecutada con Fondos del Estado Nacional.

Artículo 1°: Creación. Créase la Comisión Bicameral Permanente de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública Ejecutada con Fondos del Estado Nacional, conformada por diez Diputadas/os y diez Senadoras/es, designadas/os por ambas Cámaras a instancia de los Bloques Legislativos, propiciando la proporcionalidad política. La/el Presidenta/e de la Comisión debe ser designada/o a propuesta del bloque de la oposición con mayor número de Legisladores en el Congreso.

Artículo 2°: Funciones y facultades. La Comisión Bicameral Permanente de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública Ejecutada con Fondos del Estado Nacional tiene las siguientes funciones y facultades:

a. Entender en la auditoria, evaluación, análisis y seguimiento de la totalidad de la obra pública ejecutada con fondos del Estado Nacional desde el 25 de mayo de 2003, tanto si la misma ha sido ejecutada por cualquier Poder, área u organismo del Estado Nacional, como por cualquier Poder, área u organismo de los Estados provinciales y/o municipales;

b. Elaborar un informe técnico anual conteniendo un análisis detallado de la totalidad de la obra pública ejecutada con fondos del Estado Nacional, tanto si la misma ha sido ejecutada por cualquier Poder, área u organismo del Estado Nacional, como por cualquier Poder, área u organismo de los Estados provinciales y/o municipales. Tal informe debe incluir, como mínimo, la descripción del proceso de selección del contratista y los participantes del mismo; la fecha de contratación; el nombre del contratista; el objeto de la obra; el monto; la forma y fecha/s de pago. A la vez debe determinarse si se han detectado irregularidades en el proceso de contratación y la razonabilidad o no de los montos contratados. El mismo debe efectuarse en un plazo que no podrá exceder de un (1) año contado desde el vencimiento del ejercicio económico anterior.

c. Elaborar un informe técnico específico, abarcando el período entre el 25 de mayo de 2003 y el 31 de diciembre de 2016, que debe contener un análisis detallado de la totalidad de la obra pública aludida en el inciso a), que debe incluir, como mínimo, la descripción del proceso de selección del contratista y los participantes del mismo; la fecha de contratación; el nombre del contratista; el objeto de la obra; el monto; la forma y fecha/s de pago. El informe aludido debe determinar si se han detectado irregularidades en el proceso de contratación y contener un análisis comparativo de los precios en la época de la contratación a fin de determinar la razonabilidad de los mismos o la existencia de sobreprecios;

d. Solicitar informes escritos u orales, o el envío de documentación, sobre los hechos que sean objeto de investigación a los demás Poderes del Estado, a cualquier miembro de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los municipios, de los entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquicos. La Comisión podrá establecer un plazo perentorio para la contestación de los informes.

e. Recibir denuncias, escritas u orales, así como material probatorio sobre los hechos que son objeto de la investigación;

f. Citar a prestar declaración a participantes de los procedimientos de selección del contratista, hayan sido adjudicada o no la obra, para que informen sobre cómo se desarrolló el proceso de adjudicación de la misma. Efectuar careos cuando se lo considere necesario;

g. Realizar inspecciones oculares, debiendo dejarse constancia de los resultados;

h. Ordenar la realización de pericias técnicas;

i. Solicitar la colaboración y asesoramiento de personas, instituciones, comunidades y organismos especialistas en la materia objeto de investigación;

j. Efectuar un análisis comparativo de los costos de la obra pública ejecutada con fondos del Estado Nacional con los costos de la obra pública efectuada con fondos provinciales y municipales;

k. Proporcionar la información correspondiente al Ministerio Público; Tribunales Judiciales, y/o cualquier otro organismo de contralor, nacional y/o provincial, que la Comisión estime necesario;

l. Denunciar ante la Justicia cualquier ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el objeto de la Comisión;

m. Informar a la opinión pública con relación a la detección o no de irregularidades en la forma de contratación, así como sobre la detección o no de sobreprecios, mecanismos de cartelización, o cualquier otro tipo de cuestiones que sean consideradas de relevancia;

n. Elaborar un informe semestral, que debe ser presentado ante la Presidencia de ambas Cámaras Legislativas, en el que se detalle el grado de avance de la investigación de la Comisión y las medidas adoptadas para tal cometido;

o. Presentar ante las Presidencias de ambas Cámaras Legislativas las propuestas sobre la materia que se consideren pertinentes;

Artículo 3°: Informe. El informe específico mencionado en el inciso c) del artículo 2° debe efectuarse en un plazo que no podrá superar los dieciocho (18) meses, contados desde la constitución de la Comisión Bicameral. El aludido plazo podrá extenderse por seis (6) meses más, mediante resolución fundada suscripta por la mayoría de los miembros de la Comisión;

Artículo 4°: Documentación. A toda la documentación recibida por la Comisión se le otorgará el tratamiento acorde a su característica. Considerándose "documentación" además de los escritos producidos o recibidos por la Comisión, todo impreso, fotografía, película cinematográfica o de video, discos, cintas o grabaciones digitales, grabaciones o discos fonográficos y, en definitiva, todo derivado del empleo de un medio físico de grabación;

Artículo 5°: Reglamento interno. La Comisión Bicameral Permanente de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública Ejecutada con Fondos del Estado Nacional debe dictar su reglamento de funcionamiento interno respetando el procedimiento democrático. Podrá designar a las/os secretarias/os que estime necesarios.

Artículo 6°: Quórum y mayorías. El quórum para sesionar será el establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Cámara de Diputados. La Comisión tomará las decisiones por mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 7°: Observadores informantes. Una vez conformada la Comisión, los bloques que no la integren, podrán designar a dos asistentes, quienes participarán de la misma en calidad de observadores informantes.

Artículo 8°: Sede. La Comisión Bicameral tendrá su sede en el Congreso de la Nación. Sin perjuicio de ello, cuando circunstancias especiales lo aconsejen, las reuniones podrán realizarse en cualquier otro lugar que se considere

Artículo 9°: Colaboración. A los fines de su cometido, la Comisión Bicameral podrá solicitar la colaboración de Universidades Nacionales y constituir los equipos interdisciplinarios que juzgue conveniente.

Artículo 10°: Presupuesto. La Comisión Bicameral cuenta con un presupuesto anual que se imputará al presupuesto de cada Cámara. La Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en caso de resultar necesario, debe facilitar los medios físicos y recursos humanos que requiera el desenvolvimiento de sus funciones.

Artículo 11°: Orden público. La presente Ley tiene el carácter de orden público.

Artículo 12°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La presente iniciativa tiene como objeto que el Poder Legislativo de la Nación, conforme el mandato constitucional, tome debida intervención ante las reiteradas denuncias, efectuadas fundamentalmente ante los medios masivos de comunicación, que dan cuenta de supuestas graves irregularidades y sobreprecios en los procesos de contratación de obra pública efectuada con fondos del Estado Nacional durante los últimos años en la Argentina. Tales denuncias lejos de echar luz sobre una temática tan relevante, generan un clima de sospecha generalizada que, desde nuestra óptica, deteriora severamente a la actividad política y daña la confianza en el sistema democrático.

La gravedad de los hechos denunciados amerita la intervención de este Honorable Congreso, mediante la constitución de una Comisión Bicameral Permanente de Investigación de la Obra Pública Ejecutada con Fondos del Estado Nacional, a fin de determinar con precisión, tomando como punto de partida el año 2003, la existencia o no de eventuales irregularidades en los procesos de contratación; de sobreprecios en los valores de las obras ejecutadas; de mecanismos de cartelización entre los contratistas; así como de datos que permitan establecer si se han cometido o no ilícitos en forma reiterada y organizada, remitiendo la información recabada, en caso de que corresponda, a los Órganos jurisdiccionales correspondientes.

A los efectos señalados, la Comisión deberá efectuar un análisis y seguimiento de la obra pública ejecutada con fondos del Estado Nacional, elaborando un informe anual detallado dentro del año posterior al vencimiento del ejercicio económico previo, que posibilite determinar la existencia o no de irregularidades.

A la vez debe elaborar, en un plazo de dieciocho meses, que podrá extenderse mediante resolución fundada por seis meses más, un informe específico abarcando el período entre 25 de mayo del año 2003 y el 31 de diciembre del año 2016, en el que se analice la totalidad de la obra pública financiada por el Estado Nacional, sea la misma ejecutada por cualquier poder u organismo nacional, provincial o municipal. A los fines de los mencionados cometidos la Comisión está facultada para requerir informes y documentación a los órganos y/o Poderes aludidos, así como a los organismos de contralor correspondientes de cualquier jurisdicción.

La Comisión cuenta asimismo con la atribución de citar a prestar declaración a los participantes de los procedimientos de selección del contratista, hayan sido adjudicada o no la obra, para que informen sobre cómo se desarrolló el proceso de adjudicación de la misma. También podrá requerir la colaboración de Universidades Nacionales y constituir equipos interdisciplinarios para el análisis de la materia objeto de la auditoría.

El estudio sistemático y pormenorizado de la totalidad de la obra pública ejecutada con fondos del Estado Nacional posibilitará clarificar acerca de la existencia o no de una matriz de irregularidades en las contrataciones así como de eventuales sobreprecios. En vista de ello, será necesario un análisis comparativo de los costos de la obra pública ejecutada por el Estado Nacional con los costos de la obra pública ejecutada tanto por las Provincias como por los municipios en idénticos períodos. También puede resultar de utilidad el análisis comparativo de los procesos de contratación de obra pública durante los últimos años del gobierno nacional saliente con lo ocurrido en el primer año del gobierno nacional actual.

A fin de ilustrar acerca de la temática de la obra pública ejecutada con fondos del Estado Nacional resulta oportuno señalar algunos datos que brindan cierta información preliminar sobre el período 2003 – 2015.

La primera cuestión relevante que hay que resaltar es que del total de lo invertido en obra pública con fondos del Estado Nacional durante el período indicado, un 56,3 % fue contratado y ejecutado por organismos del Estado nacional, en tanto un 44,7 % fue contratado y ejecutado por los gobiernos provinciales y las administraciones municipales. La dimensión de la inversión en obra pública del período, una de la más elevada de nuestra historia, significó una enorme transformación de la infraestructura del país en materia energética, en redes viales, en comunicaciones, en viviendas, en escuelas, en hospitales, en universidades, en extensión de redes de servicios públicos, en urbanizaciones, etc.

A efecto de que nos hagamos una idea acabada de la magnitud de la trasformación efectuada basta mencionar que durante el período 1990 – 2002 se invirtieron 18.711 millones de dólares en obras de infraestructura, en tanto que durante el período 2003 – 2015 la inversión en la materia se multiplicó casi por seis y ascendió nada menos que a 107.825 millones de dólares.

Con respecto a los resultados concretos en la materia puede destacarse, entre otras cosas, que las inversiones en obras de redes viales produjeron 2.895 Km. de Autovías y Autopistas; 5.486 Km. de Rutas pavimentadas; 36.211 Km. de Obras de Mejoras y 677 Obras de Puentes nuevos. Las inversiones en programas de viviendas produjeron 1.150.083 soluciones habitacionales (457.002 viviendas nuevas terminadas y 131.599 en ejecución; 436.363 mejoramientos y 125.119 en ejecución). Las inversiones en infraestructura educativa produjeron 1906 Escuelas terminadas y 366 en ejecución; 79 Escuelas Medias Técnicas; 45 Escuelas Especiales y 230 Obras en Universidades. Las inversiones en obras hídricas y de saneamiento produjeron 17.000 Km. de cañerías de agua; 22.000 Km. de cañerías de cloacas; 2500 obras hídricas y la recuperación de 2.300.000 hectáreas. Las inversiones en infraestructura de salud produjeron 136 obras en Hospitales y Centros de Salud de todo el país. Las inversiones en materia energética, que incluyeron hitos históricos como Yacyretá, produjeron 12.285 megavatios incorporados; 5.500 Km. de Líneas eléctricas; 3.300 Km. de Gasoductos troncales y el Gasoducto del Noreste Argentino; la Central Nuclear Néstor Kirchner; la recuperación de la planta Pilcaniyeu; 11 centros de Medicina Nuclear y el Reactor de Baja Potencia CAREM.

En cuanto a la discriminación de la obra pública ejecutada en cada Provincia específicamente, de acuerdo a los datos preliminares que hemos obtenido, que incluyen alrededor del 50 % de lo ejecutado por las Provincias y los Municipios, podemos destacar lo siguiente:

Refiriéndonos a las obras de infraestructura en materia energética, en la Provincia de Buenos Aires un 16,9 % de la obras fue ejecutado por un contratista, el que le sigue ejecutó un 9,2 %, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 6,9 % y un 6,1 % respectivamente; en la Provincia de Catamarca el 100 % de las obras fue ejecutado por un contratista; en la Provincia de Chaco un 59 % de la obras fue ejecutado por un contratista, en tanto que los dos siguientes un 12,1 % cada uno; en la Provincia de Chubut el 100 % de las obras fue ejecutado por un contratista; en la Provincia de Córdoba un 97,2 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 1,5 % y un 1,3 % respectivamente; en la Provincia de Corrientes un 58,5 % de las obras fue ejecutado por un contratista, el que le sigue ejecutó un 11,1 %, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 10,2 % y un 10 % respectivamente; en la Provincia de Entre Ríos el 70 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los siguientes ejecutaron un 17 % y un 13 % respectivamente; en la Provincia de Formosa un 32,5 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 15 % cada uno; en la Provincia de Jujuy un 48 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 23 % cada uno; en la Provincia de La Pampa un 50 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto que el 50 % restante fue ejecutado por otro; en la Provincia de La Rioja un 66,1 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto el siguiente ejecutó un 30,3 %; en la Provincia de Mendoza un 48,1 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los tres siguientes ejecutaron un 13,8 % cada uno; en la Provincia de Misiones los dos primeros contratistas ejecutaron un 16,8 % cada uno, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 15,5 % cada uno; en la Provincia de Neuquén un 53,7 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los tres siguientes ejecutaron un 15,4 % cada uno; en la Provincia de Río Negro un 56,2 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 21,9 % cada uno; en la Provincia de Salta un 36,2 % de las obras fue ejecutado por un contratista, el siguiente ejecutó un 27,2 %, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 17,6 % cada uno; en la Provincia de San Juan los dos primeros contratistas ejecutaron un 41,8 % de la obra cada uno; en la Provincia de Santa Fe el 64,7 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los siguientes ejecutaron un 15,4 % y un 13,5 % respectivamente; en la Provincia de Santiago del Estero un 58,7 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 20,7 % cada uno; en la Provincia de Tierra del Fuego los dos primeros contratistas ejecutaron un 26,8 % de las obras cada uno, en tanto el siguiente ejecutó el 19,5 %; en la Provincia de Tucumán un 50,4 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 15,4 % cada uno.

En lo que respecta a las obras de infraestructura en materia de redes viales, en la Provincia de Buenos Aires un 26,05 % de la obras fue ejecutado por un contratista, el que le sigue ejecutó un 10,99 %, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 8,56 % y un 8,24 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Macri – Ángelo Calcaterra; Enrique Ezquenazi; Gerardo Ferreyra y Juan Carlos Relats); en la Provincia de Catamarca un 46 % de las obras fue ejecutada por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 9 % cada uno (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Luis Armani; Patricio Gerbi y Juan Carlos Relats); en la Provincia de Chaco un 55 % de la obras fue ejecutado por un contratista, en tanto que los dos siguientes ejecutaron un 13 % y un 11 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Carlos Enrique Wagner; Juan Carlos Relats y Antonio Gómez); en la Provincia de Chubut un 35,86 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 15,76 % y un 11,81 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Carlos y Víctor Contreras; Lázaro Báez y Walter Luzzardi); en la Provincia de Córdoba un 22,26 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 18,02 % y un 17,35 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Aldo Roggio; Julio Paolini y Macri - Ángelo Calcaterra); en la Provincia de Corrientes un 14,86 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 13,65 % y un 12,06 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Juan Carlos Relats; Jorge Hugo Cibraro y Dario Clebanier); en la Provincia de Entre Ríos un 28 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los siguientes ejecutaron un 16 % y un 14 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de José Cartellone; Macri – Ángelo Calcaterra y Luis Losi); en la Provincia de Formosa un 43 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 14 % y un 13 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Juan Carlos Relats; Mario Rovella y Lázaro Báez); en la Provincia de Jujuy un 60,49 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 8,08 % y un 6,51 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Aldo Roggio; la Dirección de Vialidad Provincial de Jujuy y Raúl Ulloa); en la Provincia de La Pampa un 19,75 % de las obras fue ejecutada por un contratista, en tanto que los dos siguientes ejecutaron un 16,12 % y un 15,54 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Juan Carlos Burgwadt; Carlos Enrique Wagner y Guillermo Otonelo – Ernesto Santoro); en la Provincia de La Rioja un 63 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 19 % y un 10 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Julio Paolini; Aldo Roggio y Mario Rovella); en la Provincia de Mendoza un 19,53 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 18,21 % y un 9,96 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de José Cartellone; Jose Juan Chediack y Mario Víctor Cifuentes); en la Provincia de Misiones un 53,67 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 33,56 % y un 5,60 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Juan Carlos Relats; Carlos Enriquez y Macri – Ángelo Calcaterra); en la Provincia de Neuquén un 34,68 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 32,49 % y un 8,35 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Elías Ezequiel Sapag; Patricio Gerbi e Hilario Magliano); en la Provincia de Río Negro un 22,63 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 16,60 % y un 12,51 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Juan Felipe Gancedo; Silvio Mión y Carlos Enrique Wagner); en la Provincia de Salta un 19 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 11 % y un 8 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Fernando Bolinga Hernández; Jorge Stocker y Carlos Arroyo); en la Provincia de San Luis un 36 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 15 % cada uno (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Mario Rovella; Adrián Pascucci y Osvaldo Giuffrida); en la Provincia de Santa Cruz un 70 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto el siguiente ejecutó un 13 % (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Lázaro Báez y Enrique Ezquenazi); en la Provincia de Santa Fe los dos primeros contratistas ejecutaron un 17,06 % cada uno, en tanto el siguiente ejecutó un 11,10 % (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Lemiro Pietroboni y Adrián Pascucci); en la Provincia de Santiago del Estero un 29 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 11 % y un 10 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Gerardo Ferreyra y Pablo López Casanegra); en la Provincia de Tierra del Fuego un 58 % de la obra fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 28 % y un 6 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Juan Felipe Gancedo y Juan Pachela); en la Provincia de Tucumán los dos primeros contratistas ejecutaron un 22 % de las obras cada uno, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 17 % y un 14 % respectivamente (los principales contratistas durante el período fueron las empresas de Carlos Arroyo; Gerardo Ferreyra y José Cartellone).

Con relación a las obras de infraestructura en materia de comunicaciones, en la Provincia de Buenos Aires un 45,6 % de la obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 33,4 % y un 21 % respectivamente; en la Provincia de Catamarca los tres primeros contratistas ejecutaron cada uno el 27 % de las obras, en tanto el siguiente ejecutó un 18,9 %; en la Provincia de Chaco un 61,5 % de la obras fue ejecutado por un contratista, en tanto que los dos siguientes ejecutaron un 29,2 % y un 9,4 % respectivamente; en la Provincia de Chubut un 27,8 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los cuatro siguientes ejecutaron un 18 % cada uno; en la Provincia de Córdoba tres contratistas ejecutaron un 33,3 % de las obras cada uno; en la Provincia de Corrientes el 100 % de las obras fue ejecutado por un contratista; en la Provincia de Entre Ríos un 21 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 15 % cada uno; en la Provincia de Formosa un 49,4 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 29,2 % y un 21,3 % respectivamente; en la Provincia de Jujuy un 67 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto el siguiente ejecutó un 33 %; en la Provincia de La Pampa los dos primeros contratistas ejecutaron un 41,1 % de las obras cada uno, en tanto que el siguiente ejecutó un 9,1 %; en la Provincia de La Rioja un 60,6 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto el siguiente ejecutó un 39,4 %; en la Provincia de Mendoza un 36,9 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 31,5 % cada uno; en la Provincia de Misiones un 54,3 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los tres siguientes ejecutaron un 13,3 % cada uno; en la Provincia de Neuquén los dos primeros contratistas ejecutaron un 46 % de las obras cada uno, en tanto el siguiente ejecutó un 8 %; en la Provincia de Río Negro un 26,9 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto el siguiente ejecutó un 16,9 %; en la Provincia de Salta el 100 % de las obras fue ejecutado por un contratista; en la Provincia de San Juan los tres primeros contratistas ejecutaron un 27,6 % de la obra cada uno, en tanto el siguiente ejecutó un 17,3 %; en la Provincia de Santiago del Estero un 38,1 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 27,4 % y un 22,4 % respectivamente; en la Provincia de Tierra del Fuego un 90,4 % de la obra fue ejecutado por un contratista, en tanto el siguiente ejecutó un 9,6 %; en la Provincia de Tucumán los dos primeros contratistas ejecutaron un 30,2 % de las obras cada uno, en tanto el siguiente ejecutó un 16,5 %.

Con referencia a las obras públicas en materia de construcción de viviendas, en la Provincia de Buenos Aires el primer contratista ejecutó un 4 % de las obras, los dos siguientes ejecutaron un 3 % cada uno, en tanto el siguiente ejecutó un 2 %; en la Provincia de Catamarca los dos primeros contratistas ejecutaron un 6 % de las obras cada uno, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 4 % cada uno; en la Provincia de Chaco los tres primeros contratistas ejecutaron un 2 % de la obras cada uno, en tanto que el siguiente ejecutó un 1 %; en la Provincia de Chubut un 4 % de las obras fue ejecutado por el primer contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 3 % y un 2 % respectivamente; en la Provincia de Córdoba un 4 % de las obras fue ejecutado por el primer contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 3 % cada uno; en la Provincia de Corrientes un 10 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 8 % y un 6 % respectivamente; en la Provincia de Entre Ríos un 8 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 7 % cada uno; en la Provincia de Formosa un 7 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 5 % cada uno; en la Provincia de Jujuy un 5 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 4 % y un 3 % respectivamente; en la Provincia de La Pampa un 11 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto que los dos siguientes ejecutaron un 9 % y un 8 % respectivamente; en la Provincia de La Rioja un 7 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 6 % y un 4 % respectivamente; en la Provincia de Mendoza un 5 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 3 % respectivamente; en la Provincia de Misiones un 7 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los cinco siguientes ejecutaron un 4 % cada uno; en la Provincia de Neuquén un 10 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 7 % y un 6 % respectivamente; en la Provincia de Río Negro un 10 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 9 % y un 7 % respectivamente; en la Provincia de Salta un 19 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 5 % cada uno; en la Provincia de San Juan un 7 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 6 % y 5 % respectivamente; en la Provincia de San Luis un 26 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 13 % y un 6 % respectivamente; en la Provincia de Santa Cruz un los cuatro primeros contratistas ejecutaron un 4 % de las obras cada uno, en tanto el siguiente ejecutó un 3 %; en la Provincia de Santa Fe un 10 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 6 % cada uno; en la Provincia de Santiago del Estero un 17 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 9 % y un 7 % respectivamente; en la Provincia de Tierra del Fuego un 14 % de la obra fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 12 % y un 9 % respectivamente; en la Provincia de Tucumán los dos primeros contratistas ejecutaron un 6 % de las obras cada uno, en tanto los tres siguientes ejecutaron un 4 % cada uno.

En cuanto a la construcción de escuelas, en la Provincia de Buenos Aires un 7,86 % de la obras fue ejecutado por el primer contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 5,60 % y un 3,85 % respectivamente; en la Provincia de Catamarca un 26 % de la obras fue ejecutado por un contratista, en tanto que los dos siguientes ejecutaron un 10 % y un 8 % respectivamente; en la Provincia de Chaco un 6 % de la obras fue ejecutado por un contratista, en tanto que los dos siguientes ejecutaron un 4 % y un 2 % respectivamente; en la Provincia de Chubut un 45,28 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 11,51 % y un 6,45 % respectivamente; en la Provincia de Córdoba un 4,59 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto que los dos siguientes ejecutaron un 4,37 % y un 3,73 % respectivamente; en la Provincia de Corrientes un 10,10 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto que los dos siguientes ejecutaron un 8,92 % y un 6,48 % respectivamente; en la Provincia de Entre Ríos un 36 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 5 % y un 2 % respectivamente; en la Provincia de Formosa un 27 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 17 % y un 11 % respectivamente; en la Provincia de Jujuy un 12,32 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto el siguiente ejecutó un 2,84 %; en la Provincia de La Pampa un 31,38 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto que los dos siguientes ejecutaron un 18,13 % y un 13,13 % respectivamente; en la Provincia de La Rioja un 14 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 7 % cada uno; en la Provincia de Mendoza un 10,87 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 10,62 % y un 10,13 % respectivamente; en la Provincia de Misiones un 7,95 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 7,56 % y un 5,97% respectivamente; en la Provincia de Neuquén un 59,88 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 12,70 % y un 8,07 % respectivamente; en la Provincia de Río Negro un 14,03 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 13,71 % y un 13,05 % respectivamente; en la Provincia de Salta un 19 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 10 % y un 7 % respectivamente; en la Provincia de San Juan un 19 % de la obra fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 6 % y un 5 % respectivamente; en la Provincia de Santa Cruz un 20 % de la obra fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 14 % cada uno; en la Provincia de Santa Fe un 9,32 % de la obra fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 6,78 % y un 5,95 % respectivamente; en la Provincia de Santiago del Estero un 11 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 7 % y un 6 % respectivamente; en la Provincia de Tierra del Fuego un 21 % de la obra fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 13 % y un 11 % respectivamente; en la Provincia de Tucumán un 8 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguiente ejecutaron un 5 % y un 4 % respectivamente.

Con respecto a las obras de infraestructura efectuadas mediante la Unidad de Financiamiento Externo, en la Provincia de Chaco los tres primeros contratistas ejecutaron un 11 % de las obras cada uno, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 8 % cada uno; en la Provincia de Formosa un 49 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 16 % y un 12 % respectivamente; en la Provincia de Santiago del Estero un 50 % de las obras fue ejecutado por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 16 % y un 14 % respectivamente; en la Provincia de Tucumán un 34 % de las obras se ejecutó por un contratista, en tanto los dos siguientes ejecutaron un 31 % y un 21 % respectivamente.

Los datos estadísticos hasta aquí proporcionados indican con claridad la complejidad de la temática, cuyo abordaje no resulta serio si se efectúa de manera superficial, simplista y/o sesgada. Puede observarse con nitidez como, según el tipo de obras que se trate, en algunas provincias han existido altos niveles de concentración en la contratación de obra pública en tanto en otras ha habido bajos niveles de concentración. La cuestión varía mucho entre un tipo de obra u otro, a tal punto que una misma Provincia puede haber tenido contrataciones con altos niveles de concentración para unos casos y bajos niveles para otros. No resulta posible a simple vista encontrar un patrón concreto para determinar los niveles de concentración de las contrataciones.

Otro aspecto que resulta llamativo es que algunos contratistas son muy predominantes en algunas zonas del país en tanto que no tienen participación, o tienen una participación muy escasa en otras. Tal situación puede llevar a que nos preguntemos si han existido políticas públicas deliberadas de las administraciones locales para favorecer a las empresas y a el empleo de la zona; o si la situación se produce por una cuestión de costos operativos de las empresas vinculados con la cercanía de su radicación con la obra que hay que ejecutar; o, por el contrario, si se debe a la implementación de ciertos mecanismos de cartelización entre la corporación de contratistas de obra pública para evitar una competencia genuina en los procesos de selección y adjudicación que posibilite mejores costos para el Estado.

Por otro lado, deberá analizarse la procedencia de las redeterminaciones de precios que se han aplicado a los contratos de obra adjudicados, tanto durante el período 2003 – 2015 como durante el primer año de la actual gestión del Gobierno Nacional. Preliminarmente puede inferirse que las redeterminaciones que está aplicando el Gobierno actual implican un reconocimiento de la razonabilidad de los precios de las obras contratadas por la gestión anterior, porque de lo contrario deberían estar impulsando las investigaciones correspondientes, efectuando las denuncias pertinentes e impugnando los contratos por resultar lesivos para el Estado.

El caso de la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en el cual el Gobierno actual además de la redeterminación de los precios alteró las condiciones de financiamiento de la misma (de privada a pública), cuestión que implicaría una alteración sustancial del contrato en desmedro de otros oferentes y, fundamentalmente, del propio Estado, merecerá sin dudas un estudio pormenorizado.

En el caso señalado precedentemente, la Vice Presidenta Gabriela Michetti y todos sus Ministros firmaron el Decreto de Necesidad y Urgencia n°797/2016, por el cual se habilita un endeudamiento de $ 100.000 millones para concretar diversas obras para los próximos años, de los cuales $ 45.000 millones son para la construcción del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en la C.A.B.A, modificando de esa forma el contrato original que exigía el aporte de financiamiento privado para la realización de la obra, relevando de tal obligación a la empresa y asumiendo dicho financiamiento con fondos públicos, beneficiando explícitamente a la empresa IECSA S.A del primo del Presidente Macri, Sr. Angelo Calcaterra, y a sus socios la italiana Ghella y la brasileña Oderbretch. El Presidente Macri visitó el Obrador en Haedo, conjuntamente con la visita del Primer Ministro Italiano Mateo Renzi y allí anunció el inicio de las obras, confirmando que fue él quien tomó la decisión que se plasmó en el decreto citado, aunque no lo haya firmado.

Resulta claro que pretender involucrar en una matriz con corrupción generalizada sólo a ciertos funcionarios del nivel nacional del Estado identificados con un proyecto político determinado, resulta poco menos que absurdo. La prédica constante y reiterada de ciertos multimedios de comunicación en tal sentido, en muchos casos con un tono que tiende a exacerbar la violencia, generar odio y estigmatizar tanto a la militancia como a la actividad política, no parece estar guiada por la sana crítica, sino todo lo contrario, parece estar teñida de oscuros intereses corporativos.

La auditoría que debe llevar a cabo la Comisión tiene como objeto, en definitiva, el fortalecimiento del sistema democrático, intentando evitar la instalación pública de información marcadamente sesgada y contaminada por intereses que persiguen objetivos políticos y/o económicos particulares. Está claro que una investigación precisa y exhaustiva no puede basarse en las actividades de sólo un contratista arbitrariamente elegido; ni enfocarse exclusivamente en las conductas de funcionarios públicos sólo de nivel nacional y de una sola tonalidad política; ni deslindar de responsabilidad a los privados, partícipes necesarios de cualquier eventual ilícito o irregularidad.

La tremendamente impactante cifra de 107.825 millones de dólares que se han invertido en obras de infraestructura durante el período 2003 – 2015, amerita un estudio integral. Circunscribir el análisis, como se hace en ciertos medios de comunicación y en alguna denuncia penal que se está investigando, sólo a las obras viales, las que no alcanzan el 25 % del total invertido durante el período; y de ellas nada más que a las que se ejecutaron en la Provincia de Santa Cruz (lo que significa un porcentaje absolutamente irrelevante comparado con el total invertido) sólo por un contratista, Lázaro Báez, evidencia la direccionalidad arbitraria de las denuncias mediáticas así como de algunas investigaciones judiciales y aparece como una afrenta a la inteligencia.

Adviértase que, sin perjuicio de que se trata de decisiones políticas que evidentemente no constituyen en ningún supuesto actos judiciables, el 11,3% del presupuesto de vialidad nacional destinado a la provincia de Santa Cruz se corresponde con su tamaño en relación al territorio nacional, esto es, el 10,5%. A ello hay que agregar que la provincia de Santa Cruz es la que tiene la menor densidad de población por kilómetro cuadrado, siendo las rutas un elemento vital para su integración.

En el ranking de la obra pública efectuada con recursos nacionales, el grupo empresario encabezado por Lázaro Báez se encuentra en el número 38; a lo que puede agregarse, como dato curioso, que de numerosas empresas que se encuentran en los primeros lugares del ranking, alguna tiene vínculos, no ya de amistad sino de parentesco directo, con el actual Presidente de la República (el caso de IECSA, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente y tercero en el ranking) y que muchas de ellas aparecen en varias jurisdicciones y en distintos tipos de obra.

Resulta cuanto menos llamativo que nadie haya reparado en ello, cuando se bombardea mediática y judicialmente con la existencia de “sobreprecios” en la obra pública y “favoritismo” en la asignación de la misma. ¿O es que si hubo “sobreprecio” o irregularidades, sólo se produjeron respecto de una sola empresa y en una sola provincia?

También se pasa por alto que las adjudicaciones fueron llevadas a cabo por medio de licitaciones públicas en el ámbito provincial. Igualmente, se olvida que los llamados a licitación, adjudicación, fiscalización, control de ejecución y emisión de los certificados de obra resultaron ser de responsabilidad exclusiva del órgano de administración provincial de vialidad. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo puede imputarse sólo a ciertos funcionarios nacionales por supuestas irregularidades omitiéndose la responsabilidad de los Secretarios, Ministros y el Gobernador provincial del cual dependía el organismo local de vialidad?

Para los medios hegemónicos de comunicación los delitos que se denuncian son atribuibles, arrasando literalmente con todos los libros de derecho penal escritos y por escribirse, a la monstruosa y diabólica entidad que constituye la “familia presidencial” ¿en qué lugar se ubicaría a la actual Gobernadora de Santa Cruz, Dra. Alicia Kirchner, cuya administración rescindiera los contratos con el Grupo Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, y donde quedarían los anteriores Gobernadores, en cuyas gestiones se desarrolló la obra pública cuestionada por los mismos?

Tampoco se informa que el actual Presidente de la Nación designó como nuevo Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad a un ex candidato a Intendente de “Cambiemos”, quien a la semana de asumir el cargo, y como primera medida, ordenó que se confeccione un informe de auditoría, llamativamente exclusivamente en la Provincia de Santa Cruz. Sólo unos meses después, el mismo funcionario oficialista presentó la denuncia que dio origen a la causa penal que mediáticamente se la presenta como un tremendo fraude contra el Estado perpetrado por una organización criminal encabezada nada menos que por la ex Primer Magistrada de la nación, elegida por dos períodos consecutivos por la voluntad soberana del pueblo. Pese a la complejidad de la tarea encomendada, el relevamiento de las obras viales de la provincia de Santa Cruz se practicó en sólo 15 días, únicamente incluye obras posteriores al año 2010, no se realizaron trabajos comparativos de ningún tipo y se desconoce si hubo o no sobreprecios en las obras y las razones de las demoras advertidas. Finalmente, el informe de auditoría concluye que los incumplimientos advertidos son totalmente insignificantes en relación a la magnitud de las obras. Pero nada de esto importa a los medios concentrados de comunicación y sus apéndices en el Poder Judicial.

Tal situación sólo puede entenderse por la clara animosidad de ciertos medios informativos (que encuentran eco en ciertos sectores del Poder Judicial) que han confesado, sin que se les caiga la cara de vergüenza además, que hacen “periodismo de guerra”. Lamentablemente nuestro pacífico pueblo es agredido cotidianamente con una lógica beligerante y violenta, que desvirtúa su derecho de acceso a una información veraz y socava paulatinamente los pilares de una sociedad en la que rijan los valores de la tolerancia.

Consideramos que el Congreso de la Nación, como órgano plural de la Democracia, se encuentra en condiciones de efectuar una auditoría responsable, tal como demandan las circunstancias.

Transparentar ante la ciudadanía la situación de la obra pública ejecutada con fondos del Estado Nacional, determinando claramente la existencia de eventuales de irregularidades y deslindando las responsabilidades correspondientes, tanto de la totalidad de los funcionarios públicos como de la totalidad de los contratistas involucrados, es una obligación de las instituciones de la democracia.

El abordaje de la problemática de la corrupción requiere sin dudas de una mirada multidimensional. Es necesario que la sociedad no sea manipulada por relatos que se enfocan exclusivamente sobre los lamentables hechos que involucran a ciertos funcionarios políticos, pero que nada informan acerca de la corrupción privada; de la corrupción en el Poder Judicial; de la corrupción en las fuerzas de seguridad; de la corrupción en el periodismo; de los grandes evasores fiscales; de la fuga de divisas sin declarar; de las maniobras de lavado y evasión en los denominados paraísos fiscales; de las prácticas fraudulentas de algunas corporaciones como los fondos buitres, que someten y espolian a los Estados generando un mundo cada vez más desigual.

Es altamente probable que el deterioro de la calidad de la política, actividad que a lo largo de la historia de la humanidad ha demostrado que tiene el potencial de posibilitar la emancipación de los pueblos, consista en la estrategia inconfesable de poderosas corporaciones económicas y mediáticas, que podrían verse muy beneficiadas ante la ausencia de límites a sus voraces intereses.

Ante tal panorama, el Congreso de la Nación debe asumir la responsabilidad histórica, entendiendo que quienes efectúan tales denuncias mediáticas generalizadas, tendenciosas y sesgadas, que muchas veces encuentran eco en sectores del Poder Judicial que han perdido absolutamente la imparcialidad, sólo contribuyen a degradar la actividad política, lo que sin dudas afecta gravemente a las Instituciones públicas.

Esa práctica sistemática de degradación y estigmatización de la actividad política, en los hechos convalida y propicia un discurso autoritario, violento e intolerante, que desgasta a la democracia y que, llevado al extremo, puede propiciar el arribo de regímenes en los que una elite de “iluminados”, con una ética supuestamente impoluta, se apodera del Estado, suprime la actividad política, suspende los derechos y garantías, avasalla las conquistas populares y termina reprimiendo ferozmente a la oposición política y social.

Los golpes institucionales lesivos de la soberanía popular que comienzan a reproducirse en Latinoamérica, como dando indicios de la implementación de un Plan Cóndor de los nuevos tiempos, que por ahora tiene como instrumentos principales a algunos poderosos medios de comunicación, a sectores importantes del Poder Judicial y a mayorías legislativas circunstanciales de las elites políticas, son indudablemente muy preocupantes y vuelven a ponernos en alerta sobre el retorno de modelos políticos autoritarios. Lamentablemente Argentina cuenta con una muy dolorosa experiencia en la materia, que como sociedad nos merecemos superar definitivamente.

Consideramos que la iniciativa legislativa que proponemos, que en definitiva no busca otra cosa que la verdad, constituirá un gran aporte para mejorar la calidad de nuestra democracia.

Por los argumentos expuestos solicitamos a las Legisladoras y los Legisladores que componen este Honorable Congreso que acompañen con su voto el presente Proyecto de Ley puesto a vuestra consideración.