Expresar su más profundo repudio por las declaraciones vertidas por el Juez del Distrito Sur de Nueva York Thomas Griesa quien manifestó que el Proyecto de Ley de Pago Soberano enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación es "ilegal" "invalido" y "violatorio de órdenes judiciales".

Señor presidente:

El 21 de agosto próximo pasado, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, destacó, durante una de las audiencias convocadas en el marco del litigio entre Argentina y los denominados fondos buitre, que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional acerca del cambio de jurisdicción y del banco fiduciario para pagarle a los bonistas reestructurados en la Argentina "no puede ser llevado a cabo porque es "ilegal" e "inválido" a las vez que viola las órdenes" judiciales".

Estas declaraciones constituyen una nueva embestida, que hace gala de su más absoluto desprecio por la soberanía nacional.

Sin perjuicio de que el magistrado no hiciera lugar al pedido de los fondos buitre para declarar en desacato a nuestro país por haber enviado al Congreso el proyecto de ley de pago soberano de la deuda externa, ello no obsta para repudiar el comportamiento desmedido que el juez se atribuye al inmiscuirse en las decisiones de un estado soberano que libra una batalla crucial contra grupos especulativos cuya extrema codicia sólo persigue desbaratar la más exitosa reestructuración de deuda soberana de la que se tenga memoria.

Señor Presidente, si debemos admitir que la estrategia de nuestro gobierno para intentar que los tenedores de bonos del canje reciban sus pagos es agresiva, la misma no puede ser tildada de "ilegal", "invalida" o "violatoria de órdenes vigentes", por el contrario, se inscribe en las atribuciones que nuestra Constitución Nacional le asigna al Congreso a través del artículo 75, incisos 7 y 8 en los que establece: "Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación", como así también "Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión".

La extorsión a la que Argentina es sometida por el insólito accionar del juez Griesa, quien mientras el tiempo transcurre, mantiene su posición de impedir el cobro que nuestro país pagó a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, es la razón fundamental que ha determinado a nuestro gobierno a presentar esta iniciativa en la cual como señala el propio texto, " se propicia la implementación de distintos instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al cien por ciento de los Títulos emitidos en el marco de la Reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010, y de los que en el futuro se emitan en reemplazo de aquellos que aún no ingresaron a dicha Reestructuración.

La única estrategia visible y malintencionada es la que esgrime el juez Griesa quien sólo responde con celeridad los pedidos de los fondos buitre mientras persiste en dilatar la definición sobre qué hacer con los fondos depositados por Argentina a sus acreedores en el país y bloqueados por sus órdenes.

Al respecto el Ministerio de Economía ha señalado sobre las declaraciones del juez que: "En un exceso de jurisdicción y desconocimiento de la soberanía, Griesa opinó sobre la ilegalidad de un proyecto de ley que ni siquiera comprendió en toda su extensión". Subraya también que: "El hecho de declarar 'ilegal' a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento demuestra también, nuevamente, su desprecio por la soberanía nacional de Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas". Y remarca esta actitud al indicar que "no le bastó con sembrar confusión con su sentencia y sus órdenes contradictorias. Pretende ahora, a pedido de los fondos buitre, imponer condiciones al Congreso, máximo órgano legislativo de la Nación".

Señor Presidente, las declaraciones del juez Griesa no pueden desvincularse de la estrategia que el propio juez lleva adelante, pergeñada por los fondos buitres y destinada a forzar a nuestro país a pagarles el total de sus acreencias, ejerciendo presión para que realice ofertas en violación de sus leyes y de sus contratos y con el riesgo de que se dispare la cláusula RUFO, lo cual no hace más que confirmar la ausencia de un trato equilibrado hacia las partes en un litigio de tamaña envergadura.

Estas declaraciones no por nuevas resultan novedosas. Cabe destacar que a mediados del mes de junio del corriente año, la Corte Suprema de Estados Unidos había rechazado el pedido de revisión de la sentencia y órdenes del magistrado solicitado por Argentina. En aquella ocasión, el ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el país pondría a disposición de los acreedores la posibilidad de modificar el lugar donde cobran los vencimientos de capital e intereses de sus títulos. La respuesta de Griesa no tardó en llegar y pocos días después advirtió que la propuesta de cambio de la ruta de pago constituye una violación de sus órdenes señalando que: "Argentina tiene prohibido llevar adelante la propuesta del ministro de Economía".

La intromisión del juez Griesa en cuestiones atinentes al modo en que un país soberano decide la estrategia de renegociación de su deuda en beneficio de sus acreedores y fundamentalmente cuidando los intereses de sus habitantes debe leerse en el sentido que la misma busca favorecer a los fondos buitres demandantes.

Sabemos que dichos carroñeros seriales se dedican a la especulación financiera, y su modelo de negocios consiste en comprar a precio vil la deuda de países en crisis, para luego obtener ganancias exorbitantes a costa de los esfuerzos del resto de los acreedores y de la población de estos países.

Señor Presidente, el fondo NML no invirtió nunca en la República Argentina. Los fondos buitre no hacen inversiones genuinas, son especuladores internacionales que se dedican a explotar las fallas del sistema financiero global y -literalmente- apuestan a obtener ganancias descomunales, a costa del bienestar de millones de personas.

Contra estos depredadores estamos librando una batalla crucial, lo que no es poco y por ello el repudio que propicia la presente iniciativa debe concitar el apoyo de este Congreso en la convicción de que un consenso fuerte nos fortalecerá.

Sabemos que no será tarea fácil y ya hemos visto como nuestra oposición política y mediática, al enterarse del envío del proyecto de ley de pago soberano, en sintonía con las declaraciones del juez Griesa, ha privilegiado su egoísmo poniéndolo por encima del interés del país.

Estamos persuadidos de que oponerse al Proyecto de Pago de Deuda Soberana que impulsamos es oponerse al interés nacional y desnuda las mezquindades de la oposición ya que algunos, con las encuestas en la mano, otros, porque responden claramente a los intereses de los buitres y a otros simplemente porque hacen oposición por la oposición misma, no les interesa realmente que resolvamos el problema de nuestra deuda soberana.

Pregonan diálogo, institucionalidad, republicanismo, y antes siquiera de leer el proyecto, vociferan en sus medios de comunicación amigos que no están de acuerdo.

Desde el Frente para la Victoria, sostenemos con firmeza este proyecto de ley porque concebimos al litigio como un problema del Estado Argentino que debe involucrarnos a todos. La discusión en el Parlamento servirá para saber quién es quién, que intereses representan realmente y que proyecto político y de gobierno tienen para el futuro de los argentinos, y es por eso que reiteramos el repudio a las declaraciones del juez Griesa, afirmando que, así como no podemos permitir que las decisiones de un juez de distrito prevalezcan sobre atribuciones legislativas de un Estado soberano, en nada contribuyen a resolver el litigio las posturas de nuestra oposición política y mediática que, por especulación electoral o afinidad ideológica con los carroñeros, termina aliada en nefasto contubernio.

Señor Presidente, es de esperar que esas fuerzas políticas, por respeto a sus votantes y por el bien de la patria, salgan a condenar enérgicamente este atropello, porque lo que hay que entender y dimensionar es el grave daño que se le profiere al país, un país que ha madurado lo suficiente para saber diferenciar el trigo de la cizaña, un país que merece dirigentes comprometidos con las transformaciones del porvenir y de ninguna manera personajes sombríos cuyo siniestro objetivo es perjudicarnos para vernos nuevamente postrados ante los vampiros de la usura internacional.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares, Señores Diputados de la Nación, a que me acompañen en el presente proyecto de Resolución, con su tratamiento y aprobación.