Aprobar la siguiente DECLARACION, a iniciativa del Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado Palestino:

Declaración de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Condenamos la agresión contra Gaza y la masacre producida sobre la población palestina civil, exhortando al inmediato, efectivo y permanente cese del fuego y de las hostilidades, lo que debería incluir dejar sin efecto la actual ofensiva militar.

Llamamos al Estado de Israel a dar cumplimiento a la normativa internacional humanitaria de DDHH y a las Resoluciones de Naciones Unidas (ONU), levantando el bloqueo a fin de permitir la evacuación de heridos y la asistencia humanitaria a la población damnificada, arbitrando todos los recaudos necesarios para que los autores de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad respondan por la comisión de tales hechos, y garantizando especialmente el juzgamiento y sanción de bombardeos de escuelas, hospitales y lugares de refugio y aprovisionamiento de comida y agua, producidos durante la vigencia de las treguas transitorias oficialmente proclamadas.

Instamos a las Naciones Unidas (ONU), a través de su Consejo de Seguridad, a que disponga la adopción de los mecanismos necesarios para la inmediata apertura de un proceso de paz, con monitoreo internacional, disponiendo mientras tanto las medidas necesarias para monitorear la situación en la Franja de Gaza y los territorios ocupados.

Llamamos a detener la provisión de material de guerra con fines ofensivos o aptitud para incrementar la destrucción de personas y bienes protegidos por convenios internacionales.

Señalamos la necesidad de contar con una misión humanitaria argentina que ofrezca asistencia inmediata a las víctimas civiles

Señor presidente:

El Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado de Palestina se ve en la necesidad moral de manifestarse firmemente frente a la grave situación que se vive en la Franja de Gaza.

Más de 350 niños fueron víctimas inocentes de la ofensiva militar denominada MARGEN PROTECTOR, desatada por el Estado de Israel a partir del 8 de julio del corriente año. El 84% de las víctimas de las atrocidades que se llevan a cabo en la Franja de Gaza son civiles, según informe de las Naciones Unidas y la ofensiva militar ha provocado el desplazamiento de un cuarto de la población palestina residente en el enclave costero.

Cumplidos más de 30 días de agresiones contra la asediada Franja de Gaza, por lo menos 1.857 personas han perdido la vida y más de 9.400 han resultado heridas, lo que ha profundizado la crisis humanitaria, social y sanitaria en que ya se halla inmersa población palestina.

El reciente ataque perpetrado contra un colegio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Rafah (sur del enclave costero), pese a las reiteradas notificaciones cursadas al ejército israelí, sumado al bombardeo de otra escuela, hospitales, centros de abastecimiento, de la central energética, son la expresión de una brutalidad rayana con lo inhumano, causando, además de las masivas muertes de civiles indefensos, la destrucción de las posibilidades de acceder a agua potable, medicamentos y asistencia médica y sanitaria.

En efecto, hay 250.000 personas refugiadas en escuelas de la UNRWA -la agencia de la ONU para los refugiados palestinos-. A pesar de que la dirección de esta agencia alertó diecisiete (17) veces a las autoridades israelíes sobre ese hecho y las localizaciones exactas de los colegios, el Ejército ignoró esa información y bombardeó a dos de ellos, causando primero la muerte de dieciséis (16) personas y luego de otras diecinueve (19).

Poco más del 40% de la población palestina tiene 14 años, por eso resulta acertada la definición de una guerra dirigida contra los niños, quienes no son un daño colateral o víctima no querida, sino que son parte de los sujetos cuya destrucción se persigue.

El derecho internacional prohíbe los ataques a la población civil, expresamente, prohíbe los actos o amenazas de violencia cuyo propósito principal sea infundir terror en la población civil y prohíbe los "ataques indiscriminados", que son los que no están dirigidos contra un blanco militar (Protocolo Adicional/77 a los Convenios de Ginebra de 1949, artículo 51°).

Por su parte, el Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra de 1949, en su artículo 18º establece que "en ninguna circunstancia podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas". El Derecho internacional humanitario establece una protección en general a favor de los niños y una especial por tratarse de un sector vulnerable, contenida en el artículo 77 del Protocolo Adicional I (sobre conflictos armados internacionales) y en el artículo 4° del Protocolo Adicional II (referido a conflictos bélicos no internacionales).

De este sucinto racconto del plexo normativo internacional humanitario surge gráficamente que el ejército israelí viene violándolo sistemáticamente, causando la muerte de sujetos especialmente protegidos.

El mundo se divide hoy entre quienes consideran que el derecho de Israel a su seguridad no justifica la masacre de civiles y niños, como lo manifestó el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, quien la repudió expresamente, y los que -hoy la mayoría de los países- ven la actuación del ejército israelí enmarcada claramente en las figuras de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Hasta los principales aliados de Israel, como la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, declaró que el gobierno de EEUU se encuentra "horrorizado" y que "la sospecha de que militantes (del movimiento islamista palestino Hamás) están operando en las cercanías no justifica ataques que ponen en riesgo las vidas de tantos civiles inocentes".

La Unión Europea ha llamado a detener el baño de sangre, y se habla del uso no "proporcionado" de Israel a defenderse -"la legítima defensa tiene que mantener proporcionalidad"-.

Desde otra óptica, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, directamente acusó a Israel de crímenes de guerra al atacar hospitales, escuelas, estaciones eléctricas y todo aquello que sea indispensable para vivir en Gaza, y recordó que, como "fuerza ocupante", tiene la obligación de ofrecer todos los servicios y derechos básicos. "Atacar hospitales viola la ley internacional, la cuarta Convención de Ginebra y es un crimen de guerra. Pero no sólo eso, como fuerza ocupante Israel tiene la obligación de ofrecer asistencia médica". Asimismo, recordó que las violaciones a la ley internacional que comete Israel en esta ofensiva son exactamente las mismas que se registraron en 2008/2009 y 2012, denunciadas por la Comisión de investigación internacional establecida por la ONU.

En igual sentido se expresó el Secretario General de Naciones Unidas -"es un ultraje moral y un acto criminal"-, Amnesty International -"los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad son una vergüenza que recae sobre el mundo. Una vez más, la comunidad internacional no ha tomado las medidas necesarias en relación con las hostilidades"-, el Gobierno español -decidiendo suspender la venta de armas a Israel durante el mes de agosto- y varios gobiernos de Latinoamérica -Uruguay está evaluando mantener la relación diplomática con Israel, otros países con diversas actuaciones diplomáticas, como retiro de embajadores-.

Los argentinos hemos tomado conocimiento directo de esta tragedia a través del sacerdote Jorge Hernández, a cargo de la única iglesia católica radicada en Gaza, Parroquia de la Sagrada Familia, que presta asistencia y cuidados a 29 niños discapacitados y mujeres con bebés. En contacto con su familia y distintos medios de comunicación ha manifestado que la crisis en Gaza se agrava cada vez más, poniendo el acento en los problemas desesperantes que enfrenta cotidianamente la población, como por ejemplo, la falta de acceso al agua potable, lo que genera que se utilice agua servida o, incluso, llegue a beberse agua salada, con todo lo que ello implica. En una actitud remarcable, se ha negado a ser trasladado para quedarse junto a las inocentes víctimas de estas acciones; no hay dónde ir, dijo "toda Gaza es un peligro".

La paz no solo implica el cese de todas las hostilidades, sino también la constitución de espacios de convivencia que impliquen el reconocimiento recíproco y la soberanía de dos pueblos con dos estados, autónomos, independientes y democráticos, desterrando para siempre la resolución de conflictos por la vía belicista.

Por lo expuesto, invitamos a todos los Legisladores a sumarse a esta Declaración.