Art. 1° – Créase el Programa Nacional de Prevención de la Salud por Riesgos derivados del uso de Agroquímicos en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, en el marco del cumplimiento de lo establecido en los artículos 41 y 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional.

Art. 2° – El Programa se fundamenta en la obligación del Estado Nacional de proteger el derecho humano a la vida y la responsabilidad consecuente de desarrollar medidas de acción positivas acordes al mandato de la Constitución Nacional y al cumplimiento de lo pactado en los convenios internacionales ratificados por la República Argentina.

Art. 3° – Son objetivos del programa creado por la presente ley:

a) Llevar a cabo un sistema de control y seguimiento de la salud de las personas expuestas a la influencia del uso de agroquímicos, o bien por trabajar directamente en situaciones de usos de los mismos con los datos recabados, investigar y documentar los casos de enfermedades producidas por el uso de agroquímicos.

b) Promover la detección precoz de enfermedades provocadas por el uso de agroquímicos en la población rural, de pequeños poblados y periurbana.

c) Relevar los datos de morbimortalidad producida por agroquímicos, tanto en los casos de las intoxicaciones agudas como en el de las crónicas y subcrónicas.

d) Proponer acciones para disminuir la morbimortalidad asociada al uso de agroquímicos y establecer vigilancia permanente de toxicopatías.

e) Contribuir a la identificación y evaluación de los factores de riesgo derivados del uso de agroquímicos.

f) Proponer medidas de prevención y control que hagan posible la eliminación o minimización de los riesgos de contaminación.

g) Promover la capacitación de los recursos humanos de salud en Toxicología Clínica y Epidemiología aplicada para llevar a cabo una vigilancia toxicológica permanente.

h) Optimizar el funcionamiento de las unidades asistenciales de toxicología clínica del país, incluyendo centros de información, asesoramiento y asistencia toxicológica y laboratorios de análisis clínicos toxicológicos.

i) Proveer fundamentos, para gestionar ante el organismo competente la re-evaluación técnica de los productos agroquímicos que se considere necesario.

Art. 4° – El Programa tiene como objetivo central, proteger la salud integral de toda la población expuesta a la contaminación y /o riesgos de enfermedades producidas por el uso de agroquímicos; debe producir información, monitorear magnitud de daños e inferir tendencias. Asimismo, de acuerdo a los datos procesados, se propondrán líneas de acción en políticas públicas para prevenir, subsanar y controlar los problemas que sean detectados como consecuencia del uso de agroquímicos.

Art. 5° - Para el desarrollo y efectivo cumplimiento del Programa se deben llevar a cabo, las siguientes acciones, sin perjuicio de otras que establezca la autoridad de aplicación:

a) Creación del Registro Nacional de Enfermedades producidas por el uso de Agroquímicos.

b) Diseño y difusión de protocolos de vigilancia toxicológica.

c) Caracterización epidemiológica y definición de las acciones de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades provocadas por el uso de agroquímicos.

d) Creación de Unidades Centinela para la vigilancia intensiva de enfermedades provocadas por el uso de agroquímicos.

e) Definición de Eventos Centinelas Ocupacionales (ECO) relacionados con el uso de agroquímicos que permitan poner en práctica medidas de prevención en el ámbito laboral.

f) Difusión de información en los centros de atención de la salud de los distintos niveles, con particular énfasis en aquellos que atiendan población rural o periurbana y personas que estén potencialmente expuestas a la acción de agroquímicos.

g) Convocatoria en consulta al Conicet, a las Universidades Nacionales, y a instituciones de prestigio académico que estén desarrollando investigaciones sobre este tema.

h) Difusión permanente de información sobre los efectos tóxicos de los agroquímicos, a fin de sensibilizar a la población y evitar que el riesgo y las intoxicaciones transcurran sin detección.

i) Elaboración y publicación de un informe anual sobre las acciones implementadas y sus conclusiones.

Art. 6° – Es autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud, que ejercerá su función en coordinación, cuando correspondiere, con el Ministerio de Agroindustria, y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Art. 7 – El Ministerio de Salud coordinará con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal de Salud –COFESA-, la implementación del Programa en las respectivas jurisdicciones, suscribiendo los convenios correspondientes.

Art. 8 – A partir de la publicación de la presente ley el Programa tendrá un plazo de dieciocho (18) meses para brindar un informe de situación respecto del estado de salud de la población en relación al uso de agroquímicos.

Art. 9°– Los gastos que demande el Programa creado por la presente serán atendidos con los recursos destinados en la ley de Presupuesto General de la Administración Pública para la Jurisdicción Ministerio de Salud- y por partidas especiales que se dispongan a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Art. 10° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto de Ley, recupera la iniciativa legislativa de las Señoras Senadoras Nacionales Mandatos Cumplidos, Blanca Inés Osuna y Elena M. Corregido, y tiene como objetivo, atender la demanda de muchos municipios y localidades del interior profundo de nuestro país, cuya población se ve afectada por el uso indiscriminado de agroquímicos. “El uso de plaguicidas (...) en la actividad agrícola tuvo un crecimiento exponencial en las últimas décadas, creándose una dependencia casi total en los métodos químicos de protección. Los efectos colaterales negativos del uso desmedido de los plaguicidas están afectando la salud humana en forma de intoxicaciones agudas y crónicas en las poblaciones. Los efectos sobre el ambiente también son serios, comprometiendo la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. A partir de la intensificación de las fallas del enfoque unidimensional (control químico) se reconoció que era necesario un enfoque multidimensional con una visión agroecológica del problema.”

La cita que antecede está tomada del capítulo 12: “La importancia de las buenas prácticas agrícolas en la mitigación del daño ambiental” (Santiago Lorenzatti) del documento “Agro y Ambiente: una agenda compartida para el desarrollo sustentable, del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina”.

Recurrimos a ella por dos motivos: en primer lugar porque consideramos que resume en pocas palabras nuestra preocupación y la que entendemos que es la inquietud de una parte muy importante de nuestra población, esto es: los efectos colaterales negativos del uso desmedido de los plaguicidas, y en segundo lugar en consideración a la fuente, de la cual – más allá de la aclaración editorial sobre la responsabilidad de los autores – no puede dudarse que tenga una parcialidad en contra del actual modelo de actividad agrícola, que utiliza a los agroquímicos como un componente fundamental.

Los pesticidas afectan el suelo, agua y aire que se respira. Científicos y organizaciones no paran de advertir sobre la mayor cantidad de casos de cáncer, enfermedades de piel, respiratorias, problemas neurológicos, malformaciones y abortos espontáneos. El problema data de hace una década, pero se agravó con marcada intensidad en este último tiempo.

En el mes de mayo del año 2015, 30.000 profesionales de la salud exigieron que se prohíba uno de los productos más utilizados en la producción agrícola: el glifosato. Nucleados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), sus denuncias no hicieron más que hacerse eco del pronunciamiento de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según las investigaciones, el glifosato es tan peligroso como el PCB de los viejos transformadores o el virus del papiloma humano (HPV). La OMS informó que existe evidencia científica suficiente para declarar potencialmente cancerígeno al producto que la multinacional estadounidense Monsanto desarrolló a fines de los años 60. Un trabajo realizado por Andrés Carrasco, un científico que –fallecido en el año 2014 –llegó a presidir el CONICET - probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones. La investigación de Carrasco reportó estos daños, con el agravante de que la experiencia científica se llevó a cabo sobre concentraciones de glifosato mucho menores a las que hoy se aplican en los campos. Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, en nuestro país se aplica glifosato a más de 28 millones de hectáreas. Cada año, los suelos son rociados con más de 300 millones de litros, lo que implica 13 millones de personas en riesgo de ser afectadas.

Son innumerables las investigaciones que hacen referencia a la toxicidad de varios plaguicidas que, curiosamente, son utilizados en la Argentina.

Este problema abre la puerta a otra discusión: el modelo de producción agrícola vigente en el país, basado principalmente en el cultivo de soja transgénica. Esto es, el desarrollo de semillas modificadas con el fin de que puedan resistir determinados pesticidas, la siembra directa y, desde ya, la aplicación intensiva de agroquímicos, incluso sobre los granos ya cosechados. La magnitud de las fumigaciones es tal que, en la actualidad, según datos de CASAFE -cámara que aglutina a las compañías que elaboran y comercializan químicos-, en las zonas cultivadas se vierten alrededor de 300 millones de litros (algo así como 3,5 litros por argentino) por año.

En este sentido, un relevamiento epidemiológico efectuado por la Universidad de Córdoba (UNC) sobre una localidad sojera -Monte Maíz- arrojó que los casos de cáncer duplican el promedio provincial y nacional. En esa zona del este cordobés, los tumores aparecen como la primera causa de muerte. No sólo eso: la tasa de mortalidad por cáncer triplica los indicadores de otras zonas y de la Argentina en general. La experiencia arrojó, además, tasas sustancialmente mayores de otras enfermedades: neumopatías, hipotiroidismo, e incluso malformaciones congénitas y abortos espontáneos.

Medardo Ávila Vázquez, investigador de la UNC -coordinador de la investigación y ex secretario de Salud de la ciudad de Córdoba- sostiene que se

detectó glifosato en el 100% de las muestras de suelo y la misma proporción en las cascarillas de los granos que circulan por el aire del pueblo. También, estableció, que se localizó un insecticida letal, el clorpirifos, y en el 50% de las muestras se detectó 2,4-D y atrazina". Como parte de la investigación en el pueblo cordobés, se tomaron a casi 5.000 personas. Los afectados por cáncer duplicaban a los de otras zonas.

Sr. Presidente, en el caso de mi provincia, Entre Ríos, los datos son más que elocuentes. Equipos de las universidades de La Plata y Rosario realizaron un estudio epidemiológico-ambiental en San Salvador, área que antes fuera capital nacional del arroz y ahora cedió terreno a la soja. A raíz de las denuncias de proliferación de cáncer elevadas por la organización "Todos por Todos". Con Andrea Kloster como referente, se concretó un muestreo que dio cuenta de que cerca del 45% de los fallecidos entre 2010 y 2013 fue a raíz del cáncer. El promedio nacional no alcanza al 20 por ciento.

La preocupación por el destino de las poblaciones rurales y su calidad de vida, es intensa y nos lleva a reflexionar y pensar alternativas de control para esta problemática; en ese sentido sabemos que el cambio en la escala de problemas sanitarios por efecto de los agroquímicos ya acumula años de reclamos. Y viene dando origen a actividades que apuntan a, cuanto menos, poner en discusión la utilización de químicos en el campo.

Lo que más causa alarma a los médicos de los pueblos fumigados son el aumento significativo de nacimiento de niños y niñas que presentan malformaciones congénitas, y una creciente cantidad de abortos espontáneos. También, el gran número de casos de cáncer en niños y adultos, enfermedades severas como púrpuras, hepatopatías tóxicas y trastornos neurológicos, son detectados en poblaciones rurales y perirurales, que afectan directamente la calidad de vida de las personas que allí viven.

En la Provincia del Chaco, el problema también tiene sus efectos sobre la salud de los pobladores de pueblos cercanos a plantaciones tratadas con agroquímicos. La doctora María del Carmen Seveso, médica especialista en Terapia Intensiva y en Terapéutica Farmacológica, quien fuera Jefa en el servicio de terapia intensiva del Hospital Perrando, en Resistencia, y luego Jefa del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital 4 de Junio, de Presidencia Roque Sáenz, e integrante del Consejo de Bioética de la provincia del Chaco y parte de la Red de Salud Popular doctor Ramón Carrillo, reportó múltiples situaciones de enfermos con insuficiencia renal y malformaciones congénitas en hijos de madres jóvenes, cáncer en personas de corta edad, abortos espontáneos, problemas de fertilidad, respiratorios y alérgicos. Todos ellos derivados del alto nivel de contaminación química, generado por la práctica agroindustrial en la zona.

Los agroquímicos utilizados en el control de plagas y pasturas y los fertilizantes y aditivos destinados a maximizar los rendimientos de cosecha poseen una marcada incidencia ambiental. Son capaces de producir contaminación en suelos y aguas tanto superficiales como subterráneas, generando riesgo de intoxicación de seres vivos, de lo cual no se encuentra excluido el hombre. Por su parte “los plaguicidas están diseñados para matar, reducir o repeler los insectos, hierbas, roedores, hongos y otros organismos. Cuando estos productos químicos se manejan o depositan inadecuadamente pueden afectar la salud humana” (“Childhood Pesticides Poisoning: Information for Advocacy and Action”, UNEP – United Nations Environment Program - Chemicals, Mayo 2004).

Creemos que es innecesario sobreabundar en la trascendencia del tema de los agroquímicos. Sin embargo no podemos dejar de mencionar como un hecho sumamente significativo la repercusión que la gravedad de la situación está teniendo en diversas instituciones y organismos del Estado. Creemos que el Estado debe seguir regulando el uso de estos agroquímicos, a los efectos de evitar males mayores a los que ya padecen nuestros pueblos. Fue de gran importancia la creación, por parte de la Ex presidenta de la Nación la Dra. Cristina Fernandez de Kirchner, (a través del decreto 21/2009 del 16/1/09), de la Comisión Nacional de Investigación, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten, de algún modo, la salud de la población y el ambiente, con productos agroquímicos en todo el Territorio Nacional, la que funcionará en la órbita y con sede en el MINISTERIO DE SALUD, ,y que se encuentra en la actualidad abocada al estudio de la problemática relacionada con los efectos sobre la salud de los mismos.

Concurrentemente, en otros ámbitos como en la provincia de Entre Ríos se integró en febrero de 2009 una comisión a través del Ministerio de Salud y Acción Social con el objeto de elaborar líneas de acción sobre Uso responsable de agroquímicos y el impacto en la salud y el medio ambiente. Participaron de las mismas representantes del Ministerio de Salud y Acción Social, de la Secretaría de la Producción y de la Secretaría de Medio Ambiente, del INTI, del INTA, de las facultades de Ciencias de la Salud y de Ciencias Agropecuarias de la UNER y la de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER. En las reuniones convocadas por dicha comisión quedaron de manifiesto un conjunto de relatos, experiencias, denuncias, que dan cuenta tanto de la preocupación de las autoridades y de la población sobre el tema como de la necesidad de concretar herramientas que permitan avanzar en la superación del problema, tanto a nivel local como nacional.

Entendemos que la propuesta de este proyecto de ley afianza y fortalece el camino emprendido en las diversas esferas gubernamentales. Es menester dotar de todos los elementos a nuestro alcance para garantizar el Derecho a la salud como derecho humano fundamental que surge de la jerarquía constitucional otorgada por la reforma en su Art. 75 inc. 22 a diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en los cuales la salud ha sido así reconocida. En efecto, su protección expresa se encuentra en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos VII y XI; la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 3°, 8° y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, art. 12, incs. 1° y 2°, apartado d); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24° , Convención Americana de Derechos Humanos, art. 4, inc. 1°, art. 5°, inc. 1°, arts. 19 y 26; y Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 3°, 6°, 23, 24 y 25.

De esto se desprende que el derecho a la salud está reconocido expresamente como derecho constitucional y este derecho requiere de la protección efectiva de la salud por su relación directa con el derecho a la vida y a la integridad psicofísica. El derecho a la salud constituye además un sustrato indispensable para el ejercicio de otros derechos.

De manera concurrente, la noción de desarrollo humano, tanto en los términos en que ha sido incorporado al art. 41 de la Constitución Nacional como al de su inclusión en el inc. 19 del Art. 75, como fin constitucionalmente asignado al accionar de los poderes públicos, supone ponderar prioridades básicas que deben ser satisfechas, y entre ellas la salud adquiere una relevancia sustantiva, restringiendo severamente su disponibilidad, por lo menos en un mínimo vital, en la elección de políticas públicas.

Por los motivos expuestos solicito de mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.