Su repudio a la creación de centros de detención destinados a personas extranjeras como herramienta para el ejercicio del control migratorio, interpretando la normativa vigente de manera contraria a sus principios rectores.

Asimismo, ratifica la plena vigencia de la ley 25.871, considerada modelo en el ámbito internacional, por su adecuación a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y por promover la regularidad migratoria.

Señor presidente:

El Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Director Nacional de Migraciones, la Ministra de Seguridad de la Nación y el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, suscribieron un convenio de Complementación Estatal Contra la Irregularidad Migratoria, que luego corrigieron en llamar “Convenio de Complementación Estatal en aplicación de la Ley Migratoria”. Dicho Convenio es para crear el primer centro de detención de migrantes del país, en un inmueble ubicado en el Pasaje Colmo 3860, que la Ciudad entrega en comodato al Estado Nacional. El cambio de nombre no alcanza para dejar de llamar la atención y repudiar el cambio de paradigma en la política migratoria.

El cambio de paradigma que significa la política pública descripta, que es contraria a los principios rectores de nuestra normativa migratoria, implica considerar a la migración como un tema de seguridad y como un problema a combatir.

Organizaciones Internacionales y nacionales de Derechos Humanos, se han manifestado en contra y repudiado la creación de estos centros.

Desde Amnistía Internacional señalaron que, “… desalienta la utilización rutinaria de la detención de personas extranjeras como herramienta para el ejercicio del control migratorio. Toda persona, incluidos los migrantes y solicitantes de asilo, tiene derecho a la libertad y la libre circulación, y a protección frente a la detención y reclusión arbitrarias".

Asimismo, académicos, activistas y migrantes, comenzaron a difundir un petitorio en la plataforma “Change. Org”: “No a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina”. Allí se expresa que “… En los últimos siete meses se ha producido un cambio profundo en el tratamiento de las migraciones por parte del principal órgano involucrado en la Ley de Migraciones 25.871 -sancionada en diciembre de 2003-, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). De un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las personas migrantes (con independencia de su estatus jurídico migratorio), hemos pasado rápidamente a un paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un “problema” de seguridad nacional y de orden público. Algunos indicios de este cambio han sido: a) la manifiesta voluntad de reformar la Ley 25.871 para “facilitar” las expulsiones; b) el cierre de delegaciones de la DNM en la provincia de Buenos Aires; c) una concepción de las fronteras como espacios de “tráfico ilegal” y no como espacios transfronterizos de vida, de integración social y circulación de las personas; d) la no aplicación de criterios favorables anteriormente en vigencia (razones humanitarias, por ejemplo); e) la ampliación del poder discrecional en la DNM en función de una nueva mirada del fenómeno migratorio como hecho meramente policial, asociándoselo al terrorismo, al narcotráfico, al trafico de personas, etc.; f) el incremento de denegaciones de ingreso, etc.

La criminalización de las migraciones en estos meses previos preparó el escenario político e ideológico para la nefasta y siniestra decisión de crear centros de detención de personas migrantes en la Argentina.”

El petitorio insiste con el concepto que queremos destacar en este proyecto de repudio y que fue la mirada que se tuvo cuando se sancionó la ley de migraciones vigente:

“… ¡Ningún migrante elige la irregularidad migratoria! Es deber del Estado argentino habilitar canales simples y razonables para alcanzar la regularización documentaria y comprometerse en una política receptiva responsable. La irregularidad migratoria es una falta administrativa producto de una ineficaz política migratoria a la hora de otorgar un estatus jurídico a los extranjeros que ingresan al territorio, y nada tiene que ver con la ilegalidad, pues ningún ser humano puede ser ilegal. Hoy está en juego la democracia argentina, por ello exigimos al gobierno nacional el respeto incondicional de los derechos de todas las personas que vivimos en este territorio, sin excepción.”

En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto