DECLARAR COMO DERECHO HUMANO EL ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, GAS Y ENERGIA ELECTRICA

Artículo 1.- Declarar como derecho humano el acceso a los servicios públicos de agua potable, gas y energía eléctrica.

Artículo 2.- De forma.

Señor presidente:

El presente proyecto de ley, pretende dar la debida jerarquía de Derechos Humanos a los servicios públicos brindados por el Estado en cuanto al acceso al agua potable, gas y energía eléctrica, como medios sustentables mínimos para una vida digna de las personas que habitan el suelo Argentino.

Ello permite analizar con más perspectivas todas las medidas tendientes a tomar por parte del Estado, en cuanto al acceso de estos servicios entendiendo que debe propiciarse en cada una de las medidas que tomen amplitud y que no queden estos recursos facilitados sólo para un sector, y menos aún en manos de entidades privadas.

Resulta necesario establecer un paradigma como este, que revalorice el recurso natural del agua, que permita concientizar sobre nuestros acuíferos, nuestros humedales, y por ende sobre el acceso del agua potable para todos y todas. Mediante una empresa que vea la ganancia, cuando asegure el crecimiento en obras para otorgar ese servicio público y que brinde apertura a mayor cantidad de la población.

Hoy día una de cada tres personas no tiene acceso al agua potable, cerca de cuatrocientas millones de personas no disponen de condiciones de higiene adecuadas; solo es agua dulce el tres por ciento del agua que hay en el planeta, lo que nos tiene que hacer reflexionar sobre el gran valor estratégico y comercial que otras regiones pueden darle.

Asimismo el derecho del acceso al agua fue uno de los derechos humanos fundamentales reconocidos por la ONU en julio de 2010.

A través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

Dicha resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

Reconocer formalmente un derecho humano al agua y expresar la voluntad de dar contenido y hacer efectivo dicho derecho, puede ser una manera de estimular a la comunidad internacional y a los gobiernos para que redoblen sus esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas básicas y para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre cincuenta y cien litros de agua por persona por día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud.

El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la colada, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal.

Catarina Albuquerque, en su carácter de relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, presentó un informe en el año 2013 donde hizo hincapié en la sostenibilidad en la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento, solicitando especial análisis en cuanto de qué manera esos derechos pueden y deben respetarse en favor de las generaciones actuales y futuras. El dicho documento pone de relieve las dificultades que plantea su sostenibilidad y los riesgos especialmente agravados en tiempos de crisis económica-financiera y que brindar el marco de los derechos humanos, al agua y al saneamiento puede y debe facilitar la mejora de esas políticas en cabeza del estado.

Asimismo, gracias a la energía eléctrica podemos conservar alimentos, ventilar y acondicionar más adecuadamente el ambiente, lo que está relacionado con la salud; gracias a la iluminación, los medios de comunicación, la informática y el internet podemos acceder a una educación de más calidad; y gracias a la energía eléctrica la labor de la casa se alivia, tanto en el lavado de ropas, su planchado, el lavado de los utensilios de cocina y un sin fin de artefactos del hogar que reducen la carga laboral doméstica, mejorando la calidad de vida.

La energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social.

El Estado tiene la obligación de asegurar la entrega del servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población. Se estima que una familia necesita consumir doscientos kWh/mes, para acceder a mínimos servicios imprescindibles para tener una vida digna, como por ejemplo, iluminación, conservación de alimentos (heladera), ventilación e información (ventiladores y radios).

El servicio eléctrico no puede ser considerado como una mercancía, debe verse como un derecho humano y social, que debe ser garantizado por el estado y al cual deben tener acceso todas las personas que habitan el país.

Se afirma hoy que el acceso a servicios energéticos modernos y asequibles es esencial para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del milenio y el desarrollo sostenible, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones y el nivel de vida de la mayoría de la población mundial (Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 65/151. Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos).

En octubre de 2014, se realizó en Mar del plata, el Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía, allí se mencionó la necesidad de mejorar el acceso a recursos y servicios energéticos para el desarrollo sostenible que sean fiables, de costo razonable, económicamente viables, socialmente aceptables, ecológicamente racionales y se declaró rotundamente: “La energía es un derecho humano, no una mercancía”.

Lo mismo ocurre, en cuanto al acceso al gas ya que en buena medida constituye la posibilidad de cocinar y tener calefacción, es considerado hoy un elemento indispensable para el digno vivir, máxime en las regiones más australes o de menores temperaturas y como parte del derecho a la vivienda digna.

Asimismo, a fin de atender a este proyecto, no hay que olvidar que el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”…‖, del mismo modo que nuestro art. 42 de la Carta Magna dispone que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno‖, poniendo en cabeza de las autoridades la obligación de proteger esos derechos‖, y controlar los monopolios naturales y legales”.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares, me acompañen y se apruebe el presente proyecto de ley.