Expresar preocupación y repudio a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de interponer recurso de apelación en virtud del cual se suspendiera la decisión de la Jueza Federal N°8 de la Seguridad Social, Adriana Camaratta, quien había dado lugar a un pedido efectuado por la Red de Personas con Discapacidad (Asociación REDI) y por el cual se ordenara al Ministerio de Desarrollo Social el restablecimiento de más de cien mil pensiones por invalidez, de forma inmediata.

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional se sirva dejar sin efecto el recurso de apelación interpuesto, que revela un arbitrario y manifiesto incumplimiento por parte del Estado de Nacional respecto de las obligaciones que le son propias, especialmente de aquellas enmarcadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ( ratificada e incorporada a nuestro ordenamiento jurídico con la promulgación de la ley 26.378, el día 6 de Junio de 2008), y en consecuencia se restituyan los beneficios suspendidos.

Señor presidente:

El presente Proyecto tiene se encuentra motivado por la interposición del recurso de apelación interpuesto por el Poder Ejecutivo Nacional contra la resolución dictada por la Jueza Federal N°8 de la Seguridad Social, que hizo lugar a la medida cautelar que obligada al restablecimiento inmediato de las pensiones por invalidez.

Ahora bien, pese a al reconocimiento de la Ministra de Desarrollo Social de que la baja de las pensiones se debía a un error administrativo, se resolvió apelar el fallo, lo que importa dejar sin el beneficio a miles de personas.

Actualmente se pagan más de un millón, aunque el Gobierno, según lo manifestado por algunos funcionarios, quiere bajar notablemente ese número, a través de distintas modificaciones que se plantean, y entre ellas presentar un “certificado único de discapacidad (CUD)”, trámite que puede tardar entre 6 meses y un año.

Cabe asimismo hacer notar que ello puede dejar afuera patologías como HIV, chagas, lupus, entre otras.

Por estas urgentes razones y dado la manifiesta violación a las obligaciones que surgen de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada e incorporada a nuestro ordenamiento jurídico con la promulgación de la ley 26.378, el día 6 de Junio de 2008), cuyo objetivo es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las Personas con Discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente, es que interesamos la promoción del presente proyecto.

En razón de lo expresado, solicitamos el acompañamiento de los Sres. Legisladores.