Manifestar su preocupación ante la grave situación social que ha generado la puesta en marcha por parte del gobierno nacional de un nuevo cuadro tarifario que ha derivado en aumentos de los precios de los servicios públicos en todo el país que afectan de modo determinante la calidad de vida de la población.

Además, se repudia la falta de cuidado respecto de sus vecinos de algunos de los intendentes oficialistas de la provincia de Buenos Aires que a diferencia de varios de sus colegas que se han puesto al frente de los reclamos por las subas desmedidas y de dudosa legalidad, no se involucran en el asunto.

Señor presidente:

Como es de público conocimiento, en los últimos meses ha cobrado relevancia superlativa en el debate nacional el tema de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos.

Esto se ha derivado no tan sólo de las quitas de subsidios de que gozaban los consumidores sobre el precio que abonaban en concepto de luz, gas, agua, etc., y que el gobierno nacional emprendió basado en la supuestamente imperiosa necesidad de aliviar el cuadro fiscal de la nación; sino fundamentalmente del aumento que, a la vez, concedió a las empresas privadas que operan en los distintos servicios, convalidando mayores márgenes de rentabilidad empresarial definidos de modo privado, por aproximadamente dos mil millones de dólares.

Desde asumido el actual gobierno nacional, el pasado 10 de diciembre, insiste en intentar convencer acerca de una situación de déficit fiscal que mayormente nadie avala en las magnitudes que desde el oficialismo se difunden. Incluso surge de documentación oficial el maquillaje que se ha practicado sobre las cuentas públicas para adaptarlas al relato de bancarrota que se pretende instalar. Es en gran medida en base a ello que el presidente de la Nación ha organizado su programa económico. En efecto, cada nueva afectación a los ingresos de la población se justifica en la presunta imposibilidad de las arcas estatales de sostener las erogaciones que redistribuían riqueza progresivamente.

Sin embargo, y a pesar de la declamada necesidad de sanear rojos fiscales, en algo más de seis meses de gobierno han recibido favores estatales empresas del sector minero, cerealero y bancario --todas de obvia mejor posición económica que la ciudadanía--, por mucho mayor monto al ahorrado en subsidios tarifarios. Todo lo cual habla a las claras, no de necesidad, sino de voluntad en cuanto a construir un nuevo plan económico, de corte regresivo. De hecho, del total adicional que los usuarios y consumidores de servicios públicos pasan a pagar con el nuevo cuadro tarifario (U$S3 mil millones), apenas un tercio es lo que recupera el Estado en concepto de subsidios ahorrados, según estudios de consultores económicos privados.

En efecto, entonces, se trata de una transferencia de ingresos brutal desde los segmentos más necesitados de nuestra comunidad a los mejor posicionados. Amparados en el favor mediático, los funcionarios públicos que defienden esta política insisten en hablar de sinceramientos. Esta noción supondría que aquellos bienes y servicios que son ofrecidos en el mercado para su consumo tienen un precio justo, que coincide con su valor abstracto. Una especie de ideal que habría sido desnaturalizado durante años a fuerza de subsidios, creando la ilusión de que se podían consumir estos bienes sin pagar lo que “realmente” valen. El adverbio “realmente” tiende a cerrar la discusión, está puesto allí con una misión clausuratoria expresa: naturalizar lo convencional, pues el valor “real” de un bien o de un servicio es apenas una construcción humana. Se forman a través de un proceso histórico en el que inciden costos de materias primas, de insumos, retribución de la fuerza de trabajo empleada, amortización de bienes de capital, renta de la tierra, logística de transporte y distribución, entre otros.

Y, por supuesto, la rentabilidad a que aspiran los empresarios del sector de que se hable. Un gobierno puede optar por convalidar esos anhelos o no, o hacerlo parcialmente. De esto último, pues, y no de ningún “sinceramiento”, se tratan los aumentos tarifarios en cuestión. El gobierno actual, entonces, estaría reencauzando ciertos precios hacia la “naturalidad” de la ganancia empresaria, que fue sustraída durante años de “populismo” y que provocó la “fantasía” de que las mayorías podían apropiarse, por la acción redistribuidora del Estado, de una parte pequeña de la riqueza, que con su esfuerzo diario ayudan a crear, para vivir mejor.

Si bien existe también torpeza en la aplicación, lo fundamental es la voluntad política del Presidente en bajar salarios, habida cuenta que, ha dicho, para él son apenas “un costo más”.

Frente a este grave contexto, varios intendentes han tenido la destacable actitud, valiente políticamente, de ponerse al frente de los reclamos que sus vecinos comenzaron a efectuar en masa ante la evidencia indiscutible de que estos aumentos complican seriamente la posibilidad misma de mantener sus hogares con un nivel de dignidad siquiera mediano. Sin embargo, el rasgo común que caracteriza a estos jefes comunales es su pertenencia partidaria de signo político opuesto al del gobierno nacional. En cambio, en aquellos distritos gobernados por Cambiemos, la población ha tenido que enfrentarse en soledad a este drama, con todo lo que ello implica en términos costos en términos de asesoramiento legal (además, el apoyo municipal les permitiría acceder a uno de mayor calidad), tiempo y demás. El caso de la ciudad de La Plata es especialmente significativo, pues en la decisión que en contra de los aumentos tarifarios se ha conocido en las últimas horas los vecinos fueron representados por una ONG. El gobierno local, afín al Poder Ejecutivo Nacional, prefirió preservar su pertenencia oficialista que honrar su vínculo con los ciudadanos que le asignaron la confianza de representarlos.

Casos similares a La Plata se registran en, por ejemplo, Lanús, Pilar y Quilmes, habiéndose llegado en este último caso a registrarse protestas a nivel callejero en reclamo al intendente Martiniano Molina de que se ponga al frente de acciones judiciales de reclamación sin que a la fecha hayan recibido respuesta favorable.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de Declaración.-