Expresar su profunda preocupación por la sanción por parte del Poder Ejecutivo Nacional del Decreto 820-2016, que modifica el Decreto 274-2012, reglamentario de la Ley 26737, Ley de Tierras rurales.

Señor presidente:

Con fecha 29 de Junio del 2016, el Poder Ejecutivo, sanciona el Decreto 820-2016, por el cual modifica distintos artículos del Decreto reglamentario de la Ley 26737, llamada Ley de Tierras Rurales.

La mencionada Ley, establece restricciones para la venta de tierras a extranjeros, determinando entre otras cosas, el quince por ciento (15%) como límite de toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial, y municipal, por parte de extranjeros, y definiendo como extranjero a quien sea titular de "un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%) del capital social de una persona jurídica. La Ley, también estipula como punto sobresaliente, una limitación a la cantidad de hectáreas suceptibles de ser adquiridas en la llamada “zona núcleo”, que determina las áreas con mayor productividad y rentabilidad del territorio nacional.

El relevamiento catastral y dominial efectuado por el Registro Nacional de Tierras, en el que trabajaron las 23 provincias argentinas a través de sus catastros y registros de la propiedad inmueble, en 2013 arrojó datos del 5,93 de tierras en manos de extranjeros es decir unas 15.800.000 hectáreas.

También, en cuanto a Paraísos Fiscales se detectaron 1.113.654,85 Hectáreas, más de un millón, en manos de empresas radicadas en Paraísos Fiscales, Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo entre otros. Es decir solo en manos de Paraísos Fiscales 55 veces la superficie porteña (fuente Gajat)

La Ley 26737, fue sancionada como respuesta a una larga lucha que en ese sentido llevaron a cabo entidades gremiales del campo, en especial las que representan a pequeños y medianos productores, en virtud de la creciente adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, desatada a partir de los años 90 y profundizada durante la crisis económica del 2001, que afectó gravemente al sector mas desprotegido de la producción agrícola ganadera.

El Decreto sancionado por el Gobierno despierta preocupación, toda vez que se presenta como facilitador de las inversiones externas y de la expansión del negocio agroindustrial propiciando un modelo que no es el de los pequeños y medianos productores, ni el del favorecimiento de las economías regionales.

La preocupación aquí expresada se hace más profunda, toda vez que el Decreto cuestionado, si bien aparece a simple vista como modificatorio del Decreto Reglamentario de la Ley, en realidad modifica espíritu y letra de la misma, y se encuadra para futuros reclamos, en el supuesto deb su artículo 7: (ARTICULO 7º — Todos los actos jurídicos que se celebren en violación a lo establecido en la presente ley serán de nulidad total, absoluta e insanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno en beneficio de los autores y partícipes del acto antijurídico. …) Asimismo, el Decreto es suceptible de resultar impugnado por inconstitucional, ya que se violentan principios constitucionales propiciando en definitiva, que un decreto termine modificando una ley que tiene mayor jerarquía.

Es por todo lo expuesto que solicito al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.