Adherir a la movilización convocada bajo el lema “Ni una menos” que tendrá lugar en todo el país el próximo 3 de junio, a un año de la histórica concentración que protagonizaron en esa fecha centenares de miles de personas, en repudio a la violencia machista.

Solidarizarse asimismo con las demandas que encabezarán dicha manifestación, entre las que se destacan el reclamo por la libertad a Belén, la joven tucumana condenada injustamente a 8 años de prisión; la exigencia de la inmediata aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto; el cese de los ataques a las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y de los sectores populares, y la inmediata implementación de la Ley de violencia contra las mujeres sancionada en 2009.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto expresar la adhesión de esta Cámara a la movilización convocada el próximo 3 de junio bajo el lema “Ni una menos”, a un año de la histórica concentración que protagonizaron en esa misma fecha centenares de miles de personas en todo el país, en repudio a la violencia machista.

Recordemos que el femicidio de la adolescente Chiara Páez en la localidad de Rufino de la Provincia de Santa Fe, quien se encontraba embarazada y fuera enterrada viva en la casa de su homicida, fue la gota que rebalsó el vaso para esa masiva expresión de hartazgo ante la violencia perpetrada contra las mujeres por el sólo hecho de serlo. Su femicidio, ocurrido a mediados de mayo de 2015, puso de manifiesto que este flagelo -del que son víctimas miles de ellas en Argentina- permanece naturalizado a pesar de su cotidianeidad.

De ese enorme repudio social se hicieron eco rápidamente las redes sociales, y bajo la consigna #NiUnaMenos comenzó a construirse una de las concentraciones más grandes de la historia reciente. “En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta”. Así comenzaba el documento que hicieron oír pocas semanas después las periodistas, artistas e intelectuales que impulsaron esta jornada nacional en la que sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al Congreso Nacional, se movilizaron unas 250 mil personas, sobrepasando las estimaciones también en más de 120 ciudades e incluso en otros países, como Chile, Uruguay y México, donde también ese día hubo movilizaciones masivas.

Con una abrumadora mayoría jóvenes estudiantes, trabajadoras y trabajadores de fábricas, oficinas, hospitales y escuelas, amas de casa, desempleadas y profesionales, muchas de ellas movilizándose por primera vez, el “Ni una menos” se convertía así en la mayor demostración pública de repudio a la violencia patriarcal en la Argentina. Entre esas miles de mujeres, hubo también cientos de organizaciones feministas, sindicales, estudiantiles, sociales, barriales y políticas y cientos de familiares de víctimas de femicidio y de feminicidios vinculados, como son los casos en que principalmente hijas e hijos de las víctimas, pero también otros familiares o allegados, han sido asesinados con el fin de 'castigar' a la mujer y destruirla psicológicamente.

Una enorme multitud, que se estima que conformaban unas 500 mil personas, impuso así que por primera vez el femicidio no fuera tratado como “un caso más” de “inseguridad”, sino como un grito decidido de miles de mujeres que debía inscribirse necesariamente en el terreno de los derechos humanos.

Entre otros puntos, el documento elaborado por las convocantes reclamaba la implementación de los recursos necesarios para garantizar la puesta en marcha de Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres, que establece la ley sancionada en 2009 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar dicha violencia. También exigía el acceso de las mujeres al patrocinio jurídico gratuito, la elaboración del Registro Oficial Único de víctimas de violencia y el acceso a la Educación Sexual Integral en todos los niveles.

A un año de esa masiva movilización, con éstos y otros reclamos aún vigentes, una nueva convocatoria impulsada por integrantes de ese colectivo comienza a gestarse bajo la misma consigna: #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos. Como ocurriera en 2015, las redes sociales son las encargadas de circular esta nueva convocatoria, que incorpora el llamamiento a las distintas organizaciones de mujeres a organizarla en común.

No es para menos. A pesar del compromiso asumido por la amplia mayoría de los candidatos y candidatas durante las elecciones de ese año, así como por distintos funcionarios y funcionarias políticas, las numerosas imágenes que los mostraron compungidos con el reclamo terminaron rápidamente archivadas en un cajón.

“Este año el grito se renueva: 286 víctimas de femicidio en 2015 nos imponen templar las gargantas. 66 nuevas muertes en los primeros 100 días de 2016, nos exigen tomar las calles nuevamente. Una joven presa en Tucumán, condenada a ocho años de prisión por homicidio, cuando tuvo un aborto espontáneo, en una causa armada, nos obligan a actualizar la consigna ‘Sin aborto legal no hay Ni Una Menos’ e instalarla en las plazas con más fuerza todavía”, sostienen en su documento las periodistas convocantes.

Como allí se advierte, el reaccionario fallo de la justicia tucumana pretende ser ejemplar, no sólo contra la joven apodada Belén, sino también contra la lucha por el derecho a decidir de todas las mujeres. A esto se suma que, mientras sigue sin garantizarse la efectiva implementación de la educación sexual integral y el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, la aplicación de los protocolos de atención de los abortos no punibles continúa sin adecuarse en numerosas provincias a lo que establece la ley, mientras que en otras no se aplica y, en algunos distritos, directamente no existe.

Es imposible desconocer que estos ataques a los derechos y libertades de las mujeres son coherentes con los mandatos de la jerarquía de la Iglesia Católica, que las obligan a transitar un embarazo aún contra su decisión y a riesgo de perder la vida o de sufrir graves consecuencias que afecten su salud. Estos mandatos, que han sostenido sucesivamente todos los gobiernos constitucionales, son los que siguen impidiendo que se avance en el derecho a la interrupción voluntaria de los embarazos no deseados, y por eso también el próximo 3 de junio estará presente el reclamo de aprobación del proyecto presentado cinco veces consecutivas en la Cámara de Diputados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

En relación a la convocatoria, cabe destacar también que según los datos aportados por el propio Consejo Nacional de las Mujeres se estima que después de la movilización del 3 de Junio los llamados diarios por asesoramiento sobre violencia de género a su línea de atención pasaron 1.500 a 13.700, en una clara muestra de la enorme magnitud de casos silenciados, así como del impulso que dió esta movilización para que miles de mujeres se animaran a denunciarlos.

En este sentido, destacamos también que pese a reconocer que existen diversas situaciones de violencia que afectan particularmente la vida de las mujeres y que el Estado debe garantizar las condiciones de su atención y prevención, la Ley Nº 26.485 continúa sin brindar una respuesta inmediata para las víctimas de la violencia, como lo demuestran las apenas 1.700 camas disponibles para quienes necesitan refugio y los al menos 2.095 femicidios ocurridos solamente entre 2008 y 2015, que dejaron como consecuencia a 1.617 menores de edad que se quedaron sin madre. Aunque ésta sola descripción ya refleja la situación de emergencia ante la cual nos encontramos, más de 40 proyectos duermen en los cajones de la Cámara de Diputados a la espera del debate.

En este marco, advertimos además que desde la asunción del nuevo gobierno nacional se ha avanzado en el desmantelamiento de programas vinculados a la asistencia estatal a las víctimas de la violencia. Así sucede con el clausurado Programa para Víctimas de Delitos Sexuales de la Ciudad de Buenos Aires, con el cierre del único Centro Integral para la Mujer de la ciudad de La Plata y con el despido de quienes se desempeñaban en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que ha puesto en riesgo la ya escasa distribución de anticonceptivos gratuitos. A esto se suman, entre otros, los despidos en la agencia judicial Infojus Noticias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde la censura y el vaciamiento de su archivo -de reconocido valor para la lucha de las mujeres- incluye hasta el momento la eliminación de 445 artículos relativos a la trata de personas y 415 artículos sobre violencia contra las mujeres, entre los que se encuentran los vinculados a los femicidios de Melina Romero y Ángeles Rawson y la cobertura realizada en el marco de la histórica movilización por #NiUnaMenos.

Finalmente, señalamos que entre las demandas de este 3 de Junio también estará presente el reclamo por las condiciones de vida y de trabajo de millones de mujeres, que al mismo tiempo que continúan siendo las principales responsables de las tareas domésticas y de cuidado, son sostenes de familia en uno de cada tres hogares de todo el país. El nuevo salto en la inflación, los tarifazos, la pérdida del poder adquisitivo del salario y los anuncios que anticipan una mayor flexibilización laboral (de la que ya son objeto más del 40% de las mujeres que trabajan), no hacen más que agravar esta situación estructural, que constituye al mismo tiempo una innegable base material sobre la que se extiende y profundiza la violencia contra las mujeres, haciendo aún más difícil la posibilidad de desarrollar un grado mínimo de independencia económica que les permita salir de esta situación.

Hoy, mientras el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, la jerarquía de la Iglesia y las instituciones del Estado siguen mirando para otro lado, las mujeres continúan siendo asesinadas, golpeadas y maltratadas sólo por ser mujeres; miles de jóvenes permanecen secuestradas por las redes de trata para la explotación sexual, que cuenta con la complicidad y hasta la participación activa de las fuerzas de seguridad y de funcionarios políticos y judiciales; y más de 300 mujeres jóvenes y pobres siguen muriendo cada año por la negativa a dar tratamiento y aprobar en el Congreso el proyecto de ley presentado desde hace ya diez años por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.

Es por estos y otros motivos que el próximo 3 de Junio volverá a oírse el reclamo de “Ni Una Menos” en todo el país, mostrando que sólo la fuerza organizada de miles de mujeres en las calles, independiente en su lucha de todos estos sectores que garantizan su opresión, puede arrancar estos postergados los derechos en el camino de la conquista de todas sus libertades.

Por los motivos expuestos, y los que desarrollaremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.