Expresar preocupación y repudio por las amenazas que recibiera la docente Mariela Leiva, perteneciente a la Escuela N°44 “República Argentina” de la Colonia Santa Anita, Departamento Uruguay de la Provincia de Entre Ríos, quien denunciara la fumigación en campos linderos al establecimiento escolar, hecho que se habría producido en fecha 04/12/2014 y reiterado en fecha 02/12/2015, mediante el uso de agrotóxicos, en perjuicio de la salud de la denunciante y de sus alumnos; constatándose mediante informes médicos síntomas típicos de intoxicación aguda (vómitos, dolor de cabeza; aftas y sequedad en la boca).

Solicitar a la Fiscalía interviniente la realización de medidas y acciones conducentes a salvaguardar los derechos humanos de los pobladores de Santa Anita, y a medidas de protección de persona de la denunciante y de quienes integran el programa “Paren de Fumigar Escuelas” atento la gravedad de los hechos denunciados, así como el tenor de la inminencia de las amenazas a los efectos de que no quede impone este accionar delictual.

Señor presidente:

El Proyecto que impetramos tiene como fundamento principal la preservación de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, afectando el desarrollo de una vida digna de los pobladores especialmente –pero no de forma exclusiva– de las comunidades rurales agrícolas del país.

Sin lugar a dudas debemos avanzar decididamente hacia aquellas prácticas que respondan y construyan un modelo de agricultura ecológica y basado en una política pública en materia agrícola que asegure los derechos humanos de todos los pobladores.

Los agrotóxicos generan contaminación del aire, del agua y del suelo, mortandad de flora, de fauna y, esa contaminación también se

manifiesta con graves daños para la salud de las personas expuestas a ellos, trabajadores y pobladores rurales, comunidades de entornos agrícolas y también de barrios colindantes a zonas agrícolas de ciudades. En este contexto la situación denunciada por la maestra Mariela Leiva, residente en Santa Anita, Departamento Uruguay, Provincia de Entre Ríos es una situación de manifiesta afectación de derecho al vida y a la salud de niños, jóvenes y adultos, que día a día sufren los perjuicios nefastos y criminales de la utilización de agrotóxicos.

Cabe asimismo destacar que la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (AGMER) en el marco de la campaña “Paren de fumigar Escuelas” ha requerido se den las garantías y resguardo a los integrantes de dicho programa, quienes asisten a la defensa del derecho a una ambiente sano,

para docentes y alumnos amenazados y afectados por la frecuencia de fumigaciones.

En el supuesto denunciado por la docente Leiva, nos encontramos ante una manifiesta afrenta a la salud e integridad de niños y niñas y adultos, por cuanto las fumigaciones se habría producido en un campo sembrado de soja a escasos siete (7) metros de alambrado perimetral de la escuela.

El tema de preservación del ambiente es tratado en la Constitución Nacional. El art. 41, plantea que, como ciudadanos de Argentina, nos comprometemos a preservar el ambiente en el que vivimos.

Según el artículo referido se contempla los derechos de las generaciones siguientes a disponer de un ambiente sano para su propio desarrollo. Además del derecho a usar del ambiente, los elementos para satisfacer las actuales necesidades, manifiesta nuestra obligación de preservarlo para las generaciones futuras, que también tienen los mismos derechos al uso de los bienes ambientales que nosotros.

Por aplicación de esta previsión normativa quienes realicen acciones que dañen el ambiente, tienen la obligación de reparar el daño causado.

Por ello, en cumplimiento de la ley, debemos velar porque el derecho a vivir en un ambiente sano de todos los ciudadanos no sea vulnerado. En función de ello, es que promovemos el proyecto de resolución, solicitando a los Sres. Legisladores su acompañamiento.

Atentamente.-