Expresar su repudio al fallo emitido el pasado 19 de abril por parte de la Sala III de la Cámara Penal de la provincia de Tucumán, que condenó a 8 años de prisión a una joven de 27 años conocida con el apodo de “Belén”, a quien se acusó sin prueba alguna de practicarse un aborto y cometer un “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por la alevosía”. Rechazar la sistemática violación a los derechos humanos de esta joven, particularmente de su derecho a la salud, a permanecer libre de torturas y malos tratos, a la confidencialidad y al debido proceso, de las que fue objeto desde el momento de su internación en el Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán, el pasado 21 de marzo de 2014, cuando además fue detenida preventivamente.

Solidarizarse con el reclamo de las organizaciones que exigen la nulidad del injusto proceso del que fuera objeto la joven condenada, así como su inmediata excarcelación.

Expresar su interés de que la Cámara de Diputados de la Nación aborde sin más dilaciones el tratamiento del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, presentado ya cinco veces consecutivas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto expresar el repudio de esta Cámara a la decisión de la justicia tucumana de condenar sin prueba alguna a una joven de 27 años conocida a través de distintos medios con el apodo de “Belén”.

Al respecto, destacamos que tras haber sido internada en 2014 en un hospital de la provincia de Tucumán, y luego de 2 años y un mes presa sin condena la joven -cuya identidad se preserva- fue acusada, juzgada y condenada a 8 años de prisión, a través del fallo emitido el pasado 19 de abril por la Sala III de la Cámara Penal de esta provincia, que integran Dante Ibañez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas.

Como señalan distintos medios, Belén llegó a la Guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda de San Miguel de Tucumán en la madrugada del 21 de marzo de 2014. Lo hizo buscando asistencia por los fuertes dolores abdominales que sufría, ya con antecedentes médicos de problemas vesiculares y peritonitis. Como consta en su historia clínica, allí le administraron un calmante por vía oral y fue derivada al Servicio de Ginecología a causa del abundante sangrado.

Desde la cárcel, Belén relató luego que desde el momento mismo de su derivación comenzaron “las sospechas”, las llamadas a la Guardia Policial y hasta las acusaciones sobre “qué se había hecho”, motivo por el cual comenzó a sentirse maltratada.

En una entrevista concedida a la Agencia de Prensa Alternativa (APA), Belén también relata que una vez en Servicio de Ginecología del Hospital Avellaneda fue atendida por una enfermera que la interrogó insistentemente, acusándola de haberse provocado la hemorragia que sufría. La joven también informa que estando allí, un médico le informó en un primer momento que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 20 semanas. Belén le informó que desconocía estar embarazada, afirmación que repitió en todas y cada una de sus declaraciones.

Tras estos hechos, y tal como consta en el expediente judicial, personal del hospital acudió a los baños del nosocomio “a la búsqueda del producto que habría expulsado” la paciente. Con contradicciones, el personal afirma que en el baño del hospital encontraron un feto, el que automáticamente fue señalado por médicos/as, policías y funcionarios judiciales como “hijo” de Belén. Sin embargo, no existe prueba alguna sobre la veracidad de este dato y en ningún momento de la investigación judicial se realizó siquiera un estudio de ADN que demuestre su relación con el feto hallado.

Como si esto fuera poco, Belén también declaró ante los jueces que “un enfermero me trajo el feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía eso no es mío y me decía ‘mirá, este es tu hijo’”. Durante el juicio, Belén también relató que cuando despertó del legrado se encontró rodeada por varios policías que la inspeccionaban en sus partes íntimas, procedimientos todos ellos que son considerados por los tratados de derecho internacional como formas de torturas y tratos degradantes.

Como señala la abogada defensora de Belén, Soledad Deza, quien integra asimismo la organización Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina, estos tratados sostienen entre otras cosas que “toda mujer que llega con un aborto en curso o que tiene un aborto como Belén en un hospital, sea provocado o espontáneo, está protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente que impide a todo el equipo de salud denunciarla”. En ese mismo sentido se pronuncia también, por citar un ejemplo, el informe presentado en 2013 por el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, de la Comisión contra la Tortura de la ONU.

Pese a ello, tal como consta en la propia historia clínica de Belén, las intervenciones policiales y judiciales fueron lo que más abundaron dentro de esa relación médico paciente, en otra clara muestra de que los derechos que la asistían desde el primer momento fueron violados sistemáticamente. A este hecho se añade el dato tampoco menor de que la investigación con que la justicia buscó determinar el tiempo de gestación del feto hallado, también presenta graves contradicciones, con declaraciones que van desde menos de 12 semanas de gestación hasta 32 semanas y sin que ningún profesional, de todos los intervinientes, pudiera justificar en qué criterio se basaron sus apreciaciones.

Cabe agregar que, aunque no existen pruebas que vinculen a Belén con el feto encontrado en el baño del hospital, ni tampoco pruebas que demuestren que la joven se haya causado un aborto, la causa por la que fue condenada a 8 años de prisión se inició primero bajo la acusación de aborto y se re-caratuló después como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”.

En este sentido, destacamos que como denuncian diversas organizaciones de mujeres y de los derechos humanos de todo el país, el fallo emitido por la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán da cuenta nuevamente de que existe una poderosa alianza que recae con impunidad sobre los cuerpos y las vidas de miles de mujeres jóvenes y pobres que, como Belén, no han tenido siquiera el derecho elemental a acceder a la salud ni a la justicia. Del mismo modo, destacamos que, como señala en un comunicado reciente la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, es imperioso luchar por la “excarcelación inmediata de ‘Belén’ hasta tanto haya condena firme”, a la par que exigir “que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revise en Casación la condena y deje sin efecto la sentencia” de la que fue objeto la joven.

Al mismo tiempo, señalamos que es de urgente importancia que la Cámara de Diputados de la Nación aborde sin más dilaciones el tratamiento del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, presentado ya cinco veces consecutivas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de igual manera que advertimos que cada día que pasa al menos una mujer sigue muriendo por la criminalización y la clandestinidad de esta práctica.

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.