Su enérgico repudio a una nueva saga de despidos sin causa formalmente expresada a los trabajadores de Radio Nacional:

Pablo Ferrero (La Pampa) – Elena Corvalán (Salta)– Jorge Ramirez (Rosario) – Ernesto Espeche (Mendoza)– Maria Eugenia Cisneros (Córdoba)– Ariel Loreto (Ushuaia)– Omar Turconi (Bahia Blanca) – Ramiro Rearte (Tucumán) – Federico Sanchez (Zapala) – Lorenzo Hernandez (Río Turbio) – Itumelia Torres (Iguazú) – Carlos Mendez Bogado (Las Lomitas) – Verónica Sesin (Santiago del Estero) – Sebastian Abraham (SS de Jujuy)– Martin Illanez (La Rioja) – Wences Rubio (San Luis) – Carlos Echeverría (Bariloche) – Matías Ciampini (Neuquén) – Pablo Zamorano (Ing Jacobacci) – Horacio Ghittoni (Paso de los Libres) – Claudia Rus (Mendoza LV8).

Estos despidos sin causa pueden presumiblemente motivarse en razones políticas y sumado a ello resultan irregulares dado que fueron dispuestos por Miguel Pereira, presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA) sin el aval del directorio de RTA.

Hechos de estas características configuran una grave violación al derecho a la libertad de expresión, como así también vulnera la garantía de la pluralidad de voces y el derecho a la información de la ciudadanía.

Señor presidente:

El 12 de abril de 2017 se materializó una nueva serie de despidos en Radio Nacional, en una resolución firmada por Miguel Pereira, presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), pero son responsables también el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi y la directora ejecutiva de Radio Nacional Ana Guerschenson. La resolución rubricada por Pereira es de por sí irregular, ya que fue tomada en forma personal y sin el aval del directorio de RTA, tal como establece la legislación. Esta decisión de Pereira establece la rescisión de los contratos de los trabajadores que se desempeñaron como directores de diversas emisoras de Radio Nacional distribuidas en todo el país, sin identificar motivo ni justificación para esta decisión. Estos ex directores de las emisoras ya habían sido desplazados de sus cargos, muchos de ellos nombrados por concurso, y desempeñaban distintas tareas en sus respectivas radios hasta que no se les permitió la entrada y comenzaron a recibir telegramas de despido.

El listado de despidos consta en el anexo de a resolución firmada por Pereira e incluye los siguientes trabajadores: Pablo Ferrero (La Pampa) – Elena Corvalán (Salta)– Jorge Ramirez (Rosario) – Ernesto Espeche (Mendoza)– Maria Eugenia Cisneros (Córdoba)– Ariel Loreto (Ushuaia)– Omar Turconi (Bahia Blanca) – Ramiro Rearte (Tucumán) – Federico Sanchez (Zapala) – Lorenzo Hernandez (Río Turbio) – Itumelia Torres (Iguazú) – Carlos Mendez Bogado (Las Lomitas) – Verónica Sesin (Santiago del Estero) – Sebastian Abraham (SS de Jujuy)– Martin Illanez (La Rioja) – Wences Rubio (San Luis) – Carlos Echeverría (Bariloche) – Matías Ciampini (Neuquén) – Pablo Zamorano (Ing Jacobacci) – Horacio Ghittoni (Paso de los Libres) – Claudia Rus (Mendoza LV8). Los trabajadores denunciaron que “es una verdadera lista negra diseñada para castigar a quienes adscriben a ideas o valores diferentes a las de la alianza gobernante, y para disciplinar al resto de los trabajadores y trabajadoras. Esas listas fueron confeccionadas desde la conciencia del peor revanchismo, al estilo de épocas oscuras que parecen regresar.”

En su comunicado, los trabajadores advirtieron: “estos despidos vienen a sumarse a una serie de acciones llevadas adelante por las actuales autoridades que han provocado un desmantelamiento de las radios púbicas de todo el país, no solo en la infraestructura (que tanto costó recuperar después de años de olvido), sino también en los contenidos. Así, mientras se habla de federalismo y de respeto por las voces locales, las emisoras del resto del país han sido obligadas a emitir programación local solo por una frecuencia, dado que la otra debe retransmitir a LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. El vaciamiento de los medios públicos toma la forma de un plan sistemático. Achicaron las horas de producción propia, perforaron el piso de calidad artística de los contenidos, restringieron la participación de los oyentes y en muchos casos reubicaron a los trabajadores en tareas aleatorias que no guardan relación con su formación profesional. El despido de personal, en ese contexto, es un punto de llegada de una política fríamente organizada más que un hecho caprichoso o desafortunado”.

Claramente no se trata de cuestiones profesionales. El propio Lombardi publicó una nota donde asegura que hay “capas geológicas” en el Estado y afirma: “Algunos de los anteriores directores pretendieron quedarse y engrosar la planta de la radio utilizando argucias legales: una nueva capa geológica. No sucederá: Hemos decidido la cesantía de todos los directores políticos incorporados por la administración anterior”. No hay ninguna mención a su capacidad profesional, al cumplimiento de sus tareas, a su idoneidad, a los concursos que muchos de ellos ganaron, a su formación. Se trata, como reconoce Lombardi, de despidos por haber sido parte de la gestión anterior de Radio Nacional. Se trata, en definitiva, de despidos por motivos ideológicos.

No es la primera vez que sucede esto en Radio Nacional. Desde el desembarco de la nueva gestión hubo decenas de despidos, especialmente de periodistas, cuya motivación también fue que no compartían las ideas políticas del Gobierno actual.

Este tipo de prácticas son inaceptables en una sociedad democrática. Atentan contra la libertad de expresión, cercenan el derecho al trabajo y vulneran el derecho a la información.

En vistas a que el derecho a la libertad de expresión y su diversidad, como así también al derecho de la ciudadanía a recibir información plural se encuentra en grave peligro como puede desprenderse de los hechos aquí descriptos, solicito a mis pares que acompañen con este proyecto.