Expresar su preocupación ante el desmantelamiento del Hospital Nacional Alejandro Posadas del Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, por parte de sus autoridades, a través del recorte de la plantilla de profesionales y empleados, lo que impacta de manera directa en la calidad de las prestaciones y ámbitos de asistencia de este centro de salud, impidiendo garantizar el libre acceso a la salud pública.

Señor presidente:

Como es de público conocimiento, el Hospital Posadas viene sufriendo un fuerte deterioro de su capacidad para garantizar el libre acceso a la salud pública, en razón de que las nuevas autoridades vienen implementando una política de desmantelamiento en distintas áreas, a través de los despidos de gran parte de su personal.

Efectivamente, de los 640 despedidos del hospital, 126 corresponden al área de limpieza, 7 a Derechos Humanos, 5 a mantenimiento, 50 al área de facturación, 114 de vigilancia y otros tantos de áreas como cerrajería, lavandería, sanitario, patrimonio, etc. Como se evidencia claramente, todos sectores sumamente sensibles para el correcto funcionamiento del Hospital, que garantice el acceso a la salud pública.

Es claro señor presidente, que el objetivo de esta reducción de personal no es otro que el de achicar el presupuesto destinado a salarios e insumos, lo que sin dudas perjudica el normal funcionamiento de la institución en su conjunto. Ante este escenario, queda al descubierto la clara intencionalidad de llevar adelante un proceso de tercerización con empresas privadas para la gestión de algunas de las áreas mencionadas, como seguridad y limpieza.

Cabe resaltar nuevamente, que estos servicios son fundamentales para que pueda garantizarse el derecho a la salud de los miles de pacientes que a diario concurren al Hospital. Este derecho, es parte fundamental de los derechos humanos y de lo que entendemos por una vida digna. Su materialización depende entre otras cosas del acceso a una atención integral de salud. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar la disponibilidad de recursos humanos suficientes, así como la calidad de los establecimientos, servicios, equipamiento e insumos de salud, los cuales deberán ser también apropiados para el personal y sus condiciones laborales. Es por ello que un modelo de atención basado en el sistema público de salud no puede ser considerado desde criterios de rentabilidad económica, ni valoraciones sobre costos y beneficios monetarios o financieros.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que el derecho a la salud es inalienable, y es aplicable a todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial. Para que las personas puedan ejercer este derecho, se debe considerar como una mejora continua de sus condiciones de existencia, para sí y su familia.

Para lograr esto, el Estado es el encargado de garantizar el libre acceso a los servicios de salud pública de todos los habitantes, lo que implica, no sólo contar con profesionales médicos, sino también con trabajadores en todas las áreas necesarias para el correcto funcionamiento de una institución de salud. Es por esto que la situación actual del Hospital Posadas nos genera una gran preocupación, en la medida que la misma afecta el acceso a la salud pública de calidad por parte de la población.

Por lo expuesto, solicito a los y las legisladoras, nos acompañen con su voto.