ARTICULO 1º - Establécese que quedan sin efecto todas las modificaciones en las tarifas establecidas desde el 1 de enero de 2016, en los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, transporte y distribución de gas, agua potable y desagües cloacales ; transporte público automotor y ferroviario de pasajeros y las concesiones viales con cobro a usuarios.

ARTICULO 2º - La Comisión Bicameral creada por el artículo 20° de la Ley N° 25.561 convocará a audiencias públicas en el marco de lo dispuesto por el artículo 9° de la citada Ley,

ARTICULO 3° - El Congreso Nacional determinará, una vez publicadas las conclusiones de esas audiencias, las pautas a aplicar en la renegociación de contratos de obras y servicios públicos en el marco de la Emergencia Pública vigente por Ley N° 27.200.

ARTICULO 4º - La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. Derogase toda otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto.

ARTICULO 5° - La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial.

ARTICULO 6° - De forma.

Señor presidente:

Los aumentos de tarifas dispuestos por el Poder Ejecutivo a partir de enero de 2016 constituyen un brutal "tarifazo" que afecta gravemente a los usuarios, por lo cual es urgente y necesario que el Congreso lo deje sin efecto en uso de facultades que le son propias.

Cabe señalar que el "tarifazo" injustificado y contrario a lo establecido en las normas vigentes en la materia, se produce cuando más de cien mil trabajadores han sido despedidos, en gran parte por el propio Poder Ejecutivo y también en el ámbito privado como consecuencia de los problemas económicos causados por la desacertada política aplicada desde el 10 de diciembre de 2015.

En efecto, el gobierno del Presidente Macri causó en sólo cien días, que haya un millón cuatrocientos mil nuevos pobres, tal como lo señala el último relevamiento realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA(Universidad Católica Argentina).

Pero además, como consecuencia del "tarifazo" corren serio riesgo las actividades desarrolladas por innumerable cantidad de Pymes y cientos de miles de puestos de trabajo, tal como lo señaló el secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco, que advirtió que si el Gobierno no toma medidas rápidas, se pueden perder hasta"200 mil puestos de trabajo en el sector, y aseguró que en el Ministerio de Energía "se quieren suicidar" con los recientes incrementos de tarifas.

Esto puede y debe ser evitado. Es útil recordar que a partir de la sanción de la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos de obras y servicios públicos, estableciendo en el Artículo 8° que deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y por último, 5) la rentabilidad de las empresas.

Asimismo, en el artículo 9° se indicó que lo dispuesto en ningún caso autorizará a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

Como consecuencia de ello, en el año 2003, se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, ámbito en el cual se ha tratado la cuestión con participación de todas las partes interesadas, incluyendo la realización de audiencias públicas en forma previa a cualquier toma de decisión que afecte a los usuarios.

Este mecanismo, aceptado pacíficamente por las empresas concesionarias, permitió, durante los años transcurridos desde entonces, resguardar el interés de los usuarios y la competitividad de la economía.

Sin embargo, a partir de enero de 2016, el Poder Ejecutivo dispuso aumentos de tarifas brutales por sus porcentajes, totalmente injustificados y sin realizar audiencias públicas previamente, incumpliendo las normas vigentes y con evidente desprecio por la situación de los usuarios afectados y total desinterés respecto de las consecuencias en la competitividad de la economía de este verdadero "tarifazo".

Por tales motivos, es necesario que el Congreso, en uso de facultades que le son propias, deje sin efecto todas las modificaciones en las tarifas establecidas desde el 1 de enero de 2016, en los servicios públicos de Energía Eléctrica, Gas Natural, Agua potable y Cloacas; Transporte público automotor y Ferroviario de Pasajeros y las concesiones viales con cobro a usuarios.

Asimismo, proponemos que la Comisión Bicameral creada por el artículo 20° de la Ley N° 25.561 convoque a audiencias públicas en el marco de lo dispuesto por el artículo 9° de la citada Ley, y que Congreso Nacional determine, una vez publicadas las conclusiones de esas audiencias, las pautas a aplicar en la renegociación de contratos de obras y servicios públicos en el marco de la Emergencia Pública vigente por Ley N° 27.200.

A efectos de resguardar el interés general se establece que la ley será de orden público y por lo tanto ninguna persona podrá alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos, como así también la derogación de toda otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto.

Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.