"Expresar rechazo y preocupación frente a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de emitir una Orden Ejecutiva por la que declara "emergencia nacional respecto de la amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos que supone la situación en Venezuela", por considerarla una amenaza a la soberanía nacional de un país independiente y un riesgo para la paz en el continente americano."

Señor presidente:

el día 8 de marzo de 2015 el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió la Orden Ejecutiva 13692 donde encuentra que "la situación en Venezuela, incluyendo la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de los opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y los derechos humanos, violaciones y abusos en respuesta a protestas contra el gobierno, y la detención arbitraria de manifestantes contra el gobierno, así como la presencia exacerbada de la corrupción pública, constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos".

En función de lo anterior el gobierno norteamericano decidió declarar una emergencia nacional para hacerle frente, lo que entró en vigencia a partir del 9 de marzo de 2015.

Motiva la presente declaración expresar nuestro más contundente rechazo y preocupación ante dicha decisión del gobierno norteamericano por considerarla extraña, inadmisible y atentatoria a la soberanía de la hermana República Bolivariana de Venezuela al ser una clara intromisión de un Estado extranjero en los asuntos internos de dicho país.

El Presidente Barack Obama, fundamenta la decisión política de esa declaración en cuestiones como: la situación en Venezuela, que se persiguen y reprimen a opositores políticos, que hay restricciones a la libertad de prensa, que el gobierno produce violaciones y abusos a los derechos humanos, así como lo que califican de presencia exacerbada de la corrupción pública.

Queda claro que esas calificaciones de la situación por la que estaría atravesando Venezuela suponen una mirada particular e interesada sobre hechos internos de un país soberano.

Es interesante esta preocupación, porque es la expresión del más evidente y caprichoso doble estándar que tiene la principal potencia respecto a la cuestión de los derechos humanos.

Hay que recordar que Estados Unidos suspendió la aplicación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internaacional de La Haya para juzgar a autores de delitos de lesa humanidad y que todavía no ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos (el Pacto de San José de Costa Rica), ni el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático, ni la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; ni la convención sobre los Derechos del niño; ni contra la prostitución y pornografía infantil; ni el convenio relativo a libertad sindical, negociación colectiva y sobre edad mínima para el empleo; ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ni la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; ni el convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, ni el convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, ni el tratado de ONU sobre la prohibición completa de los ensayos nucleares. A su vez no firmó el Protocolo del Pacto Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte; la convención internacional contra el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de mercenarios; el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

Frente a esta potencia bélica no se entiende cuál es la "inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos" que los hechos internos de Venezuela implican. Resulta absurdo e inaceptable que el presidente de los Estado Unidos pueda llegar a la conclusión de considerar a un estado soberano como el de Venezuela, como una amenaza a su seguridad nacional.

América es un continente de paz. Aquí no hay confrontación bélica por cuestiones nacionales, étnicas ni religiosos. Es un continente que está avanzando por un lento pero sostenido proceso de integración no sólo de las economías sino principalmente de los pueblos.

La política exterior estadounidense hacia el continente es claramente imperial, que responde a la doctrina del destino manifiesto, donde se relativiza la soberanía y la autodeterminación en función a sus propios intereses. "América para los americanos", dijo el ex presidente norteamericano James Monroe en 1823 (lo que se denomina doctrina Monroe) y es la concepción básica de esa política exterior, al considerar que América del Sur era el patio trasero de la América del Norte y que los EE.UU eran un tutor, un gendarme que impediría cualquier intromisión de cualquier potencia europea en el continente, lo que en el fondo quiere decir que son ellos los únicos que sí pueden hacerlo, lo que de hecho mantuvieron inalterable (salvo períodos excepcionales), al menos hasta el inicio del Siglo XXI.

En este nuevo tiempo histórico abierto en el continente con la llegada de Hugo Chávez al gobierno venezolano, de Néstor Kirchner en el de Argentina y de Luis Inacio Lula Da Silva en Brasil por primera vez desde nuestras independencias, nuestros países dejamos de vernos como competencia y amenaza potencial en última instancia, para emprender acciones colectivas y proyectos comunes, incluso, más allá del signo político de los diferentes gobiernos de la región.

No fue casualidad que a partir de ese momento nacieran organismos supranacionales que por primera vez asumieran la necesidad de agruparnos por iniciativa propia y en defensa de nuestros propios intereses y no tanto en virtud de referir a aquella tutela. La UNASUR, la CELAC, el ALBA, el PARLATINO, el PARLASUR así como también el cambio de mirada hacia dentro del propio MERCOSUR, son ejemplos de este cambio que nos aumentó los márgenes de autonomía para la decisión en nuestros países.

En 1945, la Carta de las Naciones Unidas proclamó un derecho colectivo, cuyo titular son los pueblos, "el respeto por el principio de la igualdad de derechos y la libre determinación", garantizando así uno de los propósitos básicos de toda la comunidad internacional, dando el puntapié inicial a la idea de que los pueblos, como soberanos, tienen derecho a decidir sobre sus asuntos políticos y sociales y disponer sobre la futura condición de su país sin injerencias de gobiernos extranjeros.

Estamos convencidos de que la integración y la unión suramericana es una herramienta necesaria para avanzar en el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, pero también tenemos la fuerte convicción de que únicamente en una comunidad política surgida como la consecuencia del derecho a la libre determinación es que puede existir una situación de auténtico y real respeto a todos los derechos humanos de los pueblos, axioma indiscutido de la política internacional.

En ese sentido es que aunamos nuestros esfuerzos para frenar este intento intervencionista, ilegal y antidemocrático por parte de EEUU, que desconociendo la voluntad popular, expresada tanto en las elecciones nacionales como en las locales, se arroga el derecho absurdo e injusto de acusar un a un gobierno elegido por el voto popular, buscando generar de manera intencionada inestabilidad y desasosiego en la región.

Por último, resulta necesario redoblar nuestro apoyo a la Patria Grande, nucleada en UNASUR y CELAC y actuar en defensa de uno de sus miembros. Por ello, afirmamos nuestra más férrea voluntad de luchar por salvaguardar la soberanía de los pueblos latinoamericanos y preservar la democracia de la región, de manera de garantizar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos aquellos países han luchado por la emancipación y que hoy no se arrodillan ni rinden pleitesías a nadie.

Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares acompañen esta declaración.