Expresar preocupación ante el despido injustificado de 60 (sesenta) trabajadores en la Unidad de Investigación Financiera, y por el vaciamiento de áreas fundamentales de dicho organismo que tiene a cargo la prevención y el combate de manera integral del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

Ante ello se solicita al Poder Ejecutivo arbitre las medidas conducentes a reincorporar a todos los trabajadores que fueran despedidos.

Señor presidente:

El día lunes 22 de febrero 60 (sesenta) trabajadores y trabajadoras fueron despedidos sin causa justificada de la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos proveniente de delitos.

Las desvinculaciones mencionadas se suman a los miles de despidos que se vienen llevando a cabo en todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional y que tienen entre sus objetivos el desmantelamiento del Estado.

El asunto reviste gravedad y resulta especialmente preocupante el despido arbitrario de trabajadores que han impulsado investigaciones muy trascendentes: Papel Prensa es ejemplo de ello. Asimismo son los trabajadores que participaron en operativos en casos de Trata de Persona (Caso Marita Verón), casos de apropiación de bienes de desaparecidos en la dictadura y casos de congelamiento de fondos de terroristas de Estado que se encuentran prófugos de la justicia. Estos últimos supuestos resultaban de vital importancia para alcanzar la verdad y justicia en casos de complicidad civil durante el terrorismo de Estado.

A lo expuesto anteriormente, se suman el recorte de funciones centrales a la UIF y el desmantelamiento de áreas vitales. Es muy preocupante que se le hayan asignado funciones ejecutivas a Juan Felix Marteau, denunciado por lavado de dinero; y a Celeste Plee, apoderada de MASVENTAS SA., abogada defensora del Banco HSBC ante la UIF. Sistemáticamente se desvinculó a la mayoría de los trabajadores del área de supervisión y en la actualidad cuenta con solo 6 de ellos para supervisar a más de 45 mil sujetos obligados. También fueron desvinculados analistas contables de amplia capacidad y larga antigüedad en el organismo, que investigaban casos relacionados con estos grupos económicos.

La pérdida de estas áreas de trabajo y de sus expertos favorece la impunidad de casos de delincuencia organizada, dejando a la sociedad a merced del narcotráfico y favoreciendo operatorias financieras ilícitas y a gran escala.

Entre los expertos despedidos, cabe destacar el caso de la Dra. María Celeste Schiaffino, trabajadora del organismo desde el año 2001, considerada una de las abogadas mejor calificada del país en prevención del lavado de dinero. La Dra. Schiaffino era la apoderada del organismo en las causas contra el Banco HSBC, CLARIN, MASVENTAS S.A., entre otras. Su desvinculación responde a una política clara de interrumpir y no avanzar con esas causas.

La política de despidos llevada a cabo en la Unidad de Información Financiera y su actual vaciamiento se corresponde con la irregular designación de su Presidente Mariano Federici y su Vice Eugenia Talerico, quienes pese a la innumerable cantidad de impugnaciones realizadas por ONGs, Diputados y Diputadas, y ciudadanos en general; fundadas en serios conflictos de intereses y graves incompatibilidades para el ejercicio de la función; fueron ratificados mediante el Decreto N° 233/2016.

Las impugnaciones mencionadas, unas de las cuales presenté en mi carácter de Diputada Nacional, se fundaban en que su Presidente Mariano Federici integra la Fundación FININT, asociado a Juan Felix Marteau, el mayor lobista y defensor de bancos y corporaciones del país, acusado de lavado de dinero. En cuanto a su Vice Talerico, las razones del rechazo son igualmente serias. Ella representó al Banco HSBC, entidad financiera acusada de haber permitido la fuga de 3.500 millones de dólares en 4.040 cuentas, en sumarios iniciados por la UIF, además de haber representado intereses contrarios a la UIF en casos judiciales en que se investiga lavado de activos. Lo expuesto pone en evidencia las incompatibilidades que presentan los funcionarios designados en contradicción con Ley de Ética en la Función Pública, porque en lo específico, el organismo que debería cumplir el rol de neutralizar los fondos que provienen de delitos graves como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas o la evasión impositiva a gran escala, hoy se encuentra a cargo de funcionarios que han defendido a personas y empresas sospechadas de cometer esos delitos.

La situación actual de la UIF y los masivos despidos tendrán como consecuencia que dicho Organismo no pueda cumplir con su cometido eficazmente en causas ante la justicia de pública relevancia y en las que actúa como querellante. Expresamente, peligrará la continuidad de causas seguidas contra JP Morgan, HSBC, Clarín, BNP y MASVENTAS S.A., en tanto Federici y Talerico han sido parte interesada en tales casos.

Por todo ello, invito a los señores y señoras diputados y diputadas a acompañar el presente proyecto en pos de adoptar una posición activa contra la política de despidos discriminatorios por parte del Estado Nacional en la UIF y cuya consecuencia se refleja en atentar contra el correcto desempeño y la efectiva lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo