Expresar su más enérgico repudio y preocupación ante el accionar de las Fuerzas de Seguridad contra Movilización Nacional en reclamo de la reincorporación de trabajadores bancarios despedidos organizada por la Asociación Bancaria el día 1 de Marzo de 2016.

Exigir al Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo competente, a dar las explicaciones pertinentes y a iniciar las acciones que correspondan para determinar las responsabilidades en los hechos acaecidos.

Señor presidente:

El 1 de Marzo miles trabajadores agrupados en La Bancaria marcharon al Congreso de la Nación, donde el presidente Mauricio Macri se encontraba realizando la apertura de sesiones ordinarias, en reclamo por despidos en el Banco Central de la República Argentina. Durante esta manifestación, que es comprobable que no fue repentina ni anónima, ya que fue votada previamente en las distintas seccionales y convocadas públicamente por distintos medios por parte de la conducción sindical, fueron interceptados y reprimidos brutalmente por las fuerzas de seguridad.

En ese orden y atentos a la información brindada es que venimos a expresar nuestro más profundo rechazo y preocupación ante este tipo de reacciones desmedidas por parte de las fuerzas de seguridad que, desgraciadamente, se han convertido en una constante que no está exenta de expresiones de aliento por parte de algunos sectores políticos y desde las autoridades del gobierno nacional. Observemos acaso el reciente anuncio por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación de un Protocolo de Seguridad para manifestaciones públicas, donde se evidencia uno de los peores de los cambios en política social, que no conducen ni al dialogo ni a la negociación, sino que habilita de forma arbitraria e inmediata la aplicación de la fuerza ante el reclamo, ampliando las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social.

Lo más grave es que este tipo de situaciones se da en un contexto dónde no sólo los trabajadores del sector bancario sino el conjunto de la fuerza laboral de nuestro país se ve agredida diariamente en sus derechos. Se hace evidente que existe una decisión política por parte de las autoridades de disciplinamiento de los trabajadores que tiene que ver no solo por las vísperas de la apertura de la discusión paritaria para el año 2016 sino también con el modelo económico de ajuste y achicamiento del rol del estado que quieren implementar, atacando de forma directa los intereses del pueblo. Estas medidas se disponen en el marco general que intenta poner en práctica un modelo que intente reordenar el esquema de relaciones construido con tanto esfuerzo en los años previos entre las representaciones del capital y el trabajo.

Entendemos que la intención no es modernizar como dicen algunos, ni optimizar el funcionamiento del Estado. El verdadero propósito es todo lo opuesto: restarle la fuerza que ha adquirido lo público en los últimos años, para facilitar la preponderancia del capital privado a través de prácticas y manuales confeccionados que importan conductas discriminatorias, sin tener en cuenta las tareas que cumplen, ni el impacto negativo que producen en la población. Una muestra clara de ello es el desmembramiento de los sectores claves en los que trabajaban los cesanteados bancarios, que vistas a la luz de las políticas económicas que se están llevando adelante torna evidente el allanamiento hacia un camino de impunidad financiera por parte de los sectores de poder más concentrados de nuestro país. La desregulación de las tasas, la destrucción del sistema de control dentro del Banco Central van en ese sentido. De allí la importancia de las medidas de fuerza llevadas adelante por los trabajadores, que no solo han sido en defensa de sus puestos de trabajo, sino también para limitar políticas de ajuste y precarización que desde el directorio de la entidad contralor del sistema bancario nacional se quieren alentar y sobre el cual buscan construir un sistema financiero al servicio de intereses extranjeros y de la especulación financiera más ruinosa para la economía de nuestro país.

Un ejemplo de lo descripto anteriormente se dio cuando el Directorio del BCRA decidió despedir a parte del personal que se desempeñaba en la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos. Dicha oficina, entre otras tareas, fue la encargada de abrir los archivos del Banco Central de la última dictadura cívico militar y poner a disposición de la Justicia actas secretas, legajos y versiones taquigráficas de las reuniones de directorio realizadas en aquella época. Ese material contribuyó a investigaciones sobre la deuda externa y diversos delitos económicos, como la liquidación del Banco de Hurlingham, la causa Papel Prensa, el caso Iacarino y el robo de la empresa Makentor, dedicada a la obra pública en Córdoba. Desarticular las tareas que desde esta repartición del BCRA se llevaban adelante, en muchos casos por mandato de la Justicia que investiga delitos de lesa humanidad, ha sido una prioridad para las nuevas autoridades del BCRA. La sospecha que detrás de esta reforma se intenten dilatar procesos judiciales por delitos de lesa humanidad es certera. Los despidos efectuados dejan prácticamente sin personal al área correspondiente a colaborar en estas investigaciones.

Estas implicanciones dejan a las claras la búsqueda de silenciar las demandas que contrarrestan el cinismo del discurso presidencial, poniendo sobre el tapete los reclamos contra el ajuste. Sin duda la intención política es clara: lisa y llanamente la criminalización de la protesta poniendo el derecho a la circulación por encima de otros derechos constitucionales tales como el derecho a trabajar, la libertad de manifestar y de expresión. Vemos con mucha preocupación esta combinación de despidos sin ninguna justificación o criterio cualitativo y represión.

La actualidad social y laboral agravada por el cuadro recesivo producto de las políticas oficialistas, donde cada puesto de trabajo parece estar en discusión, nos impone como deber a los representantes del pueblo de la Nación: En primer lugar, repudiar este accionar violento contra los trabajadores que reclaman ante los despidos masivos e indiscriminados llevados adelante por la actual gestión en clara contradicción con la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, las leyes de nuestra Nación y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en segundo, reclamar que las autoridades involucradas reviertan estas medidas y se dirijan a este cuerpo con las explicaciones del caso.

Para finalizar, estamos convencidos que criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta conduce a una restricción innecesaria de las libertades democráticas y a una aplicación ilegítima del derecho penal.

Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de resolución.