Ana Carolina Gaillard
Diputada de la Nación
UNIÓN POR LA PATRIA
Período: 10/12/2021 - 09/12/2025
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 0208-D-2016
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS DESPIDOS MASIVOS DE EMPLEADOS PUBLICOS REALIZADOS EN EL ESTADO NACIONAL.
Fecha: 02/03/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 2
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a
fin de solicitar que a través del Ministerio de Modernización de la Nación, o el
organismo que estime pertinente, brinde ante esta Honorable Cámara de
Diputados de la Nación información precisa y detallada sobre los siguientes puntos
vinculados a los despidos masivos de empleados públicos realizados en el Estado
Nacional:
1. Informe cuantos trabajadores han sido
desvinculados en la administración pública nacional centralizada y/o descentralizada,
universidades nacionales, empresas y sociedades del Estado, ya sea por cesantía, jubilación,
exoneración o no renovación de sus contratos desde el 11 de diciembre de 2015.
2. Describa el procedimiento llevado en cada
caso para desvincular trabajadores estatales, indicando si se realizaron auditorias previas a
las cesantías, si se instruyeron sumarios previos al respecto y si existió participación de los
sindicatos en dichos procedimientos.
3. Informe si se les dio a los empleados
públicos afectados la oportunidad de ejercer su derecho de defensa de manera previa a las
cesantías decretadas a través del sumario correspondiente.
4. Informe si se han efectuado nuevos
nombramientos de empleados públicos en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional,
organismos descentralizados y empresas estatales a partir del 11 de diciembre de 2015. En
caso afirmativo indique cuantos nombramientos se han efectuado, en qué áreas, y cuál es el
criterio de selección de dichos funcionarios.
5. Informe la cantidad de empleados que
tienen previsto cesantear en el año 2016, detallando áreas en que revisten dichos empleados
y el criterio para la selección de los trabajadores a desvincular.
6. Informe si se han efectuado
reincorporaciones de empleados cesanteados indicando la cantidad de empleados
reincorporados y las áreas en que lo hicieron.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este proyecto de resolución, que
está motivado por la preocupación que ha generado la ola de despidos masivos de
empleados públicos estatales, se solicita información sobre el número total de despidos
realizados desde que asumió el presidente Mauricio Macri.
Este proyecto se enmarca en las potestades
que tienen los Diputados para requerir informes y explicaciones por escrito a uno o más
ministros del Poder Ejecutivo y juntamente con ellos la de los secretarios de Estado,
conforme lo establecido en el Art. 100, inc. 11 de la Constitución Nacional y los Arts. 117
y 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Es importante contar con información precisa
sobre la política de cesantías masivas implementadas tanto en la administración pública
nacional, como en el Poder Legislativo, para articular la defensa de los trabajadores ante tan
arbitrarios embates que afectan sus fuentes de vida como así también el bienestar
general.
Causan perplejidad los argumentos
esgrimidos por el Gobierno Nacional, que valiéndose de burdas maniobras de marketing
político y ayudados por el aparato de propaganda de los medios de información
monopólicos, trata de generar un consenso en la opinión pública que justifique la perdida
de los trabajos por parte de los empleados públicos estatales.
Para ello, se trata de instalar de manera cínica
y perversa pero carente de fundamento racional válido, que hay muchos empleados que
cobran un sueldo y no trabajan; que las plantas de personal están sobredimensionadas; que
el gasto en personal aumentó de manera excesiva y que el ingreso al Estado estuvo marcado
por la politización y no la idoneidad.
En el primer caso, observamos que en vez de
que el gobierno fiscalice el estricto cumplimiento de las obligaciones laborales de sus
empleados, se ha dedicado a realizar una feroz persecución ideológica que ha llegado a
extremos dignos de los peores gobiernos autoritarios que recordamos.
Resulta pertinente efectuar un análisis crítico
y con algún andamiaje empírico sobre los otros tres supuestos en los que descansa la purga
que lleva a cabo el gobierno nacional.
Siguiendo a Abal Medina y
Gilio: "Para responder si hay muchos empleados públicos debemos hacer dos
comparaciones. La primera es con otros países y la segunda con el pasado.
El empleo público en
Argentina como proporción de la fuerza laboral se encuentra por encima del promedio de
América latina, pero muy por debajo del promedio de los países desarrollados. Los
trabajadores del sector público argentino (sumados los tres niveles de gobierno, nacional,
provincial y municipal) representan el 17 por ciento del total de empleados del país. Un
porcentaje muy similar al de Uruguay (15), EE.UU.(16) o Reino Unido (18). Pero muy por
debajo de Francia (22), Canadá (20) y Suecia (28).
Asimismo, si miramos hacia
atrás veremos que la planta de personal permanente y contratado del Poder Ejecutivo
creció un 63 por ciento en el transcurso de estos últimos doce años. Pasando de 252.642
en 2003 a 410.562 en 2015. Este crecimiento que podría verse como muy significativo se
relativiza si lo comparamos con la evolución del mercado de trabajo privado. En el mismo
período el empleo privado (formal e informal) aumentó un 65 por ciento.
La tercera cuestión hace
referencias a un supuesto exceso de gastos en personal. Al repasar las remuneraciones del
gobierno, vemos que las mismas constituyeron en 2015 el 10,7 por ciento de los gastos
financiados por el Presupuesto Nacional. Las erogaciones en personal durante el año que
pasó resultan sensiblemente menores a lo gastado durante el menemismo. Entre 1993 y
1999, períodos que en teoría fueron fiscalmente más "responsables", el gobierno de
Menem destinó un 16 por ciento de sus gastos en pagar sueldos.
El último punto, y quizás el
más sensible, es el del supuesto enquistamiento de partidarios del anterior gobierno en la
planta de empleados. En ciencia política, la politización del empleo público es conocida
como spoils system. Entendido esto como la práctica por la cual los gobernantes
distribuyen entre sus propios simpatizantes cargos y puestos institucionales. Muchos países
desarrollados han revertido este controversial fenómeno con un remedio muy eficaz: la
institucionalización de concursos abiertos para acceder a la carrera administrativa.
En los últimos años, la
administración pública nacional ha vivido un vigoroso y silencioso (o invisibilizado)
proceso de profesionalización de su plantel. En lo que representa una de las mayores
transformaciones estatales de la era democrática, el gobierno realizó entre 2011-2015
unas 16.822 convocatorias a cobertura de vacantes del Sistema Nacional de Empleo
Público. Para tener una dimensión de lo hecho, los concursos convocados entre 1993 y
2010 apenas alcanzaron las 9862 posiciones. Fijemos el dato: en cuatro años se realizaron
70 por ciento más de concursos que en los anteriores 18." (1)
Observamos con
preocupación que el gobierno para cesantear estatales muestra tres pasos: "el
primero es el despido, en muchos casos masivo; el segundo, si hay resistencia, es
armar alguna instancia de "revisión" con la promesa de enmendar eventuales
errores. En los lugares de trabajo donde el nivel de conflicto se vuelve
inmanejable, ofrecen a los despedidos renovarles los contratos por tres meses,
plazo en el que evaluarán quiénes mantienen su empleo" (2)
El sostén normativo de este esquema
es el decreto en que el presidente ordenó a los ministros, secretarios y autoridades
de todo el Estado a "revisar" los concursos y selección de personal de los últimos
tres años, valiéndose para ello de la ley de regulación de empleo público (Ley
25.164) que "establece que toda designación efectuada en violación a la normativa
vigente podrá ser declarada nula".
Se justifica así la "revisión del empleo
público" con el argumento de que se debe controlar la "idoneidad" del personal a
fin de tener un Estado eficiente encubriendo una purga ideológica y el
achicamiento del estado. En la práctica, la ejecución de la purga por parte de los
funcionarios de Cambiemos, está obviando los controles de idoneidad e incluso los
de si la gente iba a o no a trabajar. No hubo evaluaciones de capacidad, ni de
asistencia. Es decir, primero se cesantea y si se genera repercusión pública del
conflicto se revisa.
Es de nuestra opinión que si el objetivo del
nuevo gobierno es mejorar el desempeño de los empleados públicos existen otros
procedimientos que tienen el objetivo de detectar y sancionar irregularidades, sin la
necesidad de cesantear, de forma indiscriminada y masiva, a empleados que cumplen
diariamente sus funciones.
A su vez, el argumento de que "son todos
ñoquis" no es más que una generalización infundada que constituye una ofensa pública y
una estigmatización hacia el conjunto de los trabajadores. Advertimos que esta práctica ha
sido desplegada de manera sistemática por el gobierno macrista, que se ha valido
arteramente del marketing político para ocultar o desviar el foco de atención de las medidas
regresivas, antipopulares, ilegales e inconstitucionales que se han implementado en los
últimos meses.
La agenda para fortalecer la administración
pública no tiene que ver con desarmar los avances producidos. Es imposible que se mejore
la calidad de los servicios y los bienes públicos achicando el estado y reduciendo
dotaciones de personal. Dicha receta, como lo demuestra toda la experiencia internacional,
no ha redundado en mejores políticas públicas, sino que, por el contrario, se ha constituido
en una peligrosa brecha que posibilita el avance despiadado del mercado sobre los derechos
de los trabajadores lo que acarrea las nefastas consecuencias que ya todos conocemos.
El panorama es complicado, por ello es que
solicitamos se nos brinde la información solicitada a fin de poder ejercer el tan pregonado
"dialogo" en que basó su campaña el actual presidente para que podamos dar una discusión
seria sobre el rol del empleo público y las trágicas consecuencias que conlleva el
avasallamiento de los derechos de los trabajadores.
En la nueva Argentina el trabajo no debe ser
un privilegio en el que la cesantía de funcionarios, obviando los procedimientos de la ley
(por decreto simple), sea el procedimiento de disciplinamiento social habitual. A su vez
producen este efecto es imitado en el sector privado que ya comenzó a despedir
trabajadores.
El Poder Ejecutivo desde la lamentable y
desdichada política enmascarada en la "modernización", "ajuste" y "achicamiento del
estado", sólo contribuirá a aniquilar los diferentes mercados productivos, reduciéndolos a
su mínima expresión y trayendo como consecuencia pobreza, desocupación y pérdida de
esperanza en amplios sectores de la población.
Llamamos la atención reiteradamente sobre la
situación pero el gobierno nacional ha permanecido obstinado en sus posturas irreductibles,
perniciosas y autoritarias. Hoy esta iniciativa parlamentaria tiene que ver no sólo a los
despidos masivos en el estado, sino que vislumbra además un oscuro porvenir para los
trabajadores del ámbito privado. Ello repercute en las familias de los trabajadores que dejan
de percibir un salario mensual para tornar a una situación de desazón, incertidumbre y
adversidad que los obligará a salir a la calle a reclamar por sus derechos quedando a merced
de la represión, tal como ya se ha visto en La Plata y con los trabajadores de la empresa
Cresta Roja.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares a fin de aprobar este nuevo pedido de informes.
Firmante | Distrito | Bloque |
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BARRETO, JORGE RUBEN | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
CARLOTTO, REMO GERARDO | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
GAILLARD, ANA CAROLINA | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
SEMINARA, EDUARDO JORGE | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
GERVASONI, LAUTARO | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
CASTRO, SANDRA DANIELA | SAN JUAN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
GARRE, NILDA CELIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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