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VIVIENDA Y ORDENAMIENTO URBANO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 145
Jefe CPN. MAMBRIN RAMONA LUCIA
Miércoles 12.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2136 Internos 2136/34
cvyourbano@hcdn.gob.ar
- VIVIENDA Y ORDENAMIENTO URBANO
Reunión del día 29/06/2010
- .
INVITADOS
- arquitecto Luis Bontempo Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.
En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de junio de 2010, a la hora 10 y 25:
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Doy inicio a la reunión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano.
En primer lugar, en mi función de presidente, quiero agradecer la presencia en esta reunión del arquitecto Luis Bontempo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, y a todos sus asesores, así como también a los señores diputados.
Esta convocatoria estaba prevista en un tiempo diferente al de hoy pero, de cualquier manera, creo que el objetivo es que todos los diputados podamos interiorizarnos sobre la iniciativa del gobierno nacional y los futuros programas. Además, puntualmente el señor subsecretario fue invitado a fin de que nos plantee la realidad de los programas federales de vivienda.
Si les parece, podríamos establecer la mecánica de esta reunión a los fines de que se desarrolle de forma ordenada y para que realmente sea eficaz.
Los señores diputados han elevado al arquitecto Bontempo más de 50 preguntas, 51 para ser preciso, y él las ha respondido, según conversábamos recién. Como hay muchas inquietudes que se reiteran, ha tratado de compactarlas y desarrollar la actividad de su área. Si ustedes están de acuerdo, creo que podemos escucharlo y después, si queda alguna duda, volver a preguntar.
Tiene la palabra el arquitecto Bontempo.
En primer lugar, en mi función de presidente, quiero agradecer la presencia en esta reunión del arquitecto Luis Bontempo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, y a todos sus asesores, así como también a los señores diputados.
Esta convocatoria estaba prevista en un tiempo diferente al de hoy pero, de cualquier manera, creo que el objetivo es que todos los diputados podamos interiorizarnos sobre la iniciativa del gobierno nacional y los futuros programas. Además, puntualmente el señor subsecretario fue invitado a fin de que nos plantee la realidad de los programas federales de vivienda.
Si les parece, podríamos establecer la mecánica de esta reunión a los fines de que se desarrolle de forma ordenada y para que realmente sea eficaz.
Los señores diputados han elevado al arquitecto Bontempo más de 50 preguntas, 51 para ser preciso, y él las ha respondido, según conversábamos recién. Como hay muchas inquietudes que se reiteran, ha tratado de compactarlas y desarrollar la actividad de su área. Si ustedes están de acuerdo, creo que podemos escucharlo y después, si queda alguna duda, volver a preguntar.
Tiene la palabra el arquitecto Bontempo.
SR. BONTEMPO Buenos días a todos los señores diputados presentes, miembros de la Comisión de Vivienda. Deseo agradecer la invitación tanto a las autoridades de la comisión como a los señores diputados presentes.
He venido acompañado por el equipo de trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda porque, en realidad, pensar que la Subsecretaría construye nada más que casas, que además las construye, creemos que es casi un reduccionismo. El objetivo de la creación de la Subsecretaría es trabajar sobre el déficit habitacional y el mejoramiento de la calidad de vida del hábitat de las personas.
Las metas del milenio y los informes de la ONU dicen que en 2050 el 90 por ciento de la población va a vivir en ciudades, que en América Latina ya el 70 por ciento de la población está viviendo en ciudades y que va a seguir existiendo una fuerte migración. Además, se trata de una migración con aumento poblacional, porque no es algo estático, sino que se da un crecimiento exponencial y ese porcentaje es cada vez mayor debido a que aumenta la cantidad de gente que nace y se va a ir trasladando.
En función de eso, el desafío de una política de desarrollo urbano y de vivienda en la Argentina y en el mundo es una de las cosas que más están preocupando a todas las sociedades. De hecho, se ha realizado hace poco en Brasil, Río de Janeiro, en el mes de marzo, un foro mundial de urbanismo que congregó a más de 50 mil especialistas. Justamente allí se ha abordado con mayor profundidad el tema llegando a conclusiones que realmente son estremecedoras por el nivel de pobreza y la dificultad del acceso a la ciudad por parte de mucha gente pero, por otro lado, son alentadoras, debido a la cantidad de gente, funcionarios y personas de ONGs que están trabajando al respecto y les preocupa muchísimo.
Volviendo a la Argentina y al tema que nos ocupa, es bueno hablar de lo que sucedió y de lo que sigue ocurriendo.
Por otra parte, traté de agrupar y redactar una respuesta para las preguntas parecidas, comprendiéndolas a todas para hilar el relato. En todo caso, si queda algo sin contestar, luego de mi exposición los señores diputados podrán repreguntar y trataré de ser lo más preciso posible.
Quiero comentarles que como la subsecretaría engloba una diversidad de acciones, vine con mi equipo para que en caso de ser necesario, ellos puedan responder puntualmente acerca de los distintos programas. Sin embargo, si tampoco fuera posible, porque no tenemos el dato preciso, asumimos el compromiso de hacerlo por escrito a la brevedad.
Entonces, respondiendo a las preguntas, en 1972 se sancionó la ley 19.929, que da creación al posteriormente llamado Fonavi. Y específicamente en 1977 se sancionó la ley 21.581, de creación del Fonavi. A partir de los aportes patronales y de los provenientes de los empleados activos en relación de dependencia, esta ley posibilitaba la construcción de viviendas en las provincias en función de un coeficiente repartidor. En principio se trató de una ley simple y luego de una ley convenio.
En 1991 se eliminaron los aportes patronales y se creó la ley del Fondo Nacional de la Vivienda, para cuya aplicación estaba prevista la creación de institutos autárquicos de vivienda en cada una de las jurisdicciones del país y en la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento no era autónoma.
En consecuencia, se creó la Comisión Nacional de la Vivienda, porque esos fondos provenientes de los aportes de los empleados debían ser manejados por un ente autárquico. Y el Estado se comprometió con un fondo de garantía de 75 millones de pesos mensuales, en caso de que el aporte realizado no alcanzara ese valor. Es decir que si el aporte era menor, el Estado ponía la diferencia hasta llegar a los 75 millones y si el aporte era mayor, la cifra no se alteraba. Y al respecto, en concepto de coparticipación del Fonavi, había alrededor de 900 millones de pesos anuales.
Luego ocurrieron varias cosas, entre ellas, se cambió el origen de los fondos de combustibles sólidos y líquidos a combustibles líquidos solamente, lo que implicó un 42 por ciento de reducción. De todos modos el fondo de garantía continuó.
En 1999, a raíz de un pacto fiscal y de un convenio que se firmó con las provincias, que luego se transformó en ley, desapareció el 50 por ciento del fondo específico para la vivienda y se dejó libre disponibilidad a las jurisdicciones provinciales. Además se quitó el fondo de garantía. Es decir que el Estado ya no tenía la obligación de aportar hasta llegar a la suma de 75 millones, si la recaudación por el impuesto que generaba este fondo nacional de la vivienda fuera más bajo.
En 2002 se firmó un pacto interestadual por el cual el otro 50 por ciento del Fonavi también quedaba sujeto a una libre disponibilidad.
Es decir que podemos afirmar que en 2002 desapareció el instrumento que generaba una política de vivienda federal. Ese es el escenario con que nos encontramos en 2003, donde el recurso no tenía garantía, era lo que había; una vez que se sacó la garantía nunca se llegó a los 900 millones de pesos porque siempre se recaudó menos.
Además había libre disponibilidad de recursos, por lo tanto -y no estoy haciendo un juicio de valor, sino una descripción- los gobernadores utilizaron esos recursos para otras necesidades que consideraban más perentorias -estamos hablando de 2002, no hace tanto-, y todos recordamos lo que pasaba.
En consecuencia, desapareció la política de vivienda y al desaparecer la política de vivienda en ese concepto, que era lo único que había, no tenía demasiado sentido la Subsecretaría de Vivienda como tal, porque qué fondo se iba a auditar si no se construían viviendas; esta es la realidad y así es como nosotros arrancamos.
Sobre esa ley FONAVI quiero decir dos cosas: sigue vigente y también sigue vigente la libre disponibilidad de los recursos por parte de las jurisdicciones, pero gracias a Dios y a la marcha de la economía del país, la mayoría de las provincias están utilizando hoy este recurso FONAVI para apalancar la política de vivienda, conjuntamente con el Estado nacional dentro de los programas federales, a veces como contrapartida, a veces como apoyo logístico y a veces como compra de tierra.
Pero hay una cosa fundamental que dice la ley FONAVI en su artículo 12 -esto quiero que quede en claro, porque en los medios salieron algunas cosas sobre la responsabilidad del Estado nacional en las adjudicaciones de las viviendas-, que es que "Las viviendas que se construyan con financiamiento total o parcial del Fondo Nacional de la Vivienda serán asignadas por los respectivos organismos ejecutores a familias de recursos insuficientes según se lo define en el artículo 7º de la presente ley."
En el artículo 16 de la ley dice: "Es responsabilidad de las jurisdicciones provinciales la selección de los adjudicatarios." Es cierto que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación tiene auditorías, pero son estadísticas -no son auditorías personalizadas- porque necesita controlar el movimiento del déficit habitacional.
Y para esto se requieren datos estadísticos de las jurisdicciones provinciales, como la cantidad de personas que están viviendo en casas de dos, tres o cuatro dormitorios, qué operatorias lanzó cada una de las provincias para cubrir su déficit, qué tipo de construcciones se están llevando adelante, cómo están tratando el tema de los discapacitados, de qué manera están reduciendo el déficit y también de qué manera están cobrando o recuperando la inversión.
Ustedes saben que el Estado nacional concurre a las jurisdicciones como subsidio en la política de vivienda, genera patrimonio en las provincias y las provincias adjudican en venta y cobran; esto forma parte de sus ingresos y de su patrimonio para volver a dar una vuelta más sobre el recurso y generar mayor cantidad de viviendas.
Estas eran dos preguntas que me habían hecho, que creo que tenían relación. Había una pregunta del diputado Fernández sobre si se encontraba en vigencia la ley FONAVI. Y el otro tema es cuál es el desembolso que se ha realizado a la fecha en cada provincia.
Al 31 de mayo de 2010 -que es la fecha que nosotros tenemos- llevamos una transferencia automática de 810 millones de pesos. Si quieren lo puedo discriminar por provincia en números redondos en millones de pesos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10; Buenos Aires, 117; Catamarca, 17; Córdoba, 45; Corrientes, 40; Chaco, 37; Chubut, 25; Entre Ríos, 31; Formosa, 32; Jujuy, 24; La Pampa, 16; La Rioja, 16; Mendoza, 32; Misiones, 38; Neuquén, 34; Río Negro, 36; Salta, 32; San Juan, 29; San Luis, 29; Santa Cruz, 25; Santa Fe, 45; Santiago del Estero, 34; Tucumán, 34; y Tierra del Fuego, 21.
Esto representa medianamente la evolución del Fonavi.
El año 2003 lo tenemos reflejado en este gráfico, donde esta curva ascendente bastante marcada se debe justamente a una mayor actividad económica. Como decía anteriormente, el Fonavi se nutre de un recurso proveniente de los combustibles líquidos. Evidentemente hay un mayor consumo de combustible, y a pesar de no estar el fondo de garantía de 75 millones, el año pasado hubo 1.530 millones de pesos de transferencia a las provincias, y para este año se proyectan 1.850 millones.
Por otro lado, se formularon once preguntas acerca del estado de situación de los programas de vivienda. Y creo que el funcionamiento de los programas es uno de los temas que más interesa a los señores diputados. Asimismo, este tipo de medidas es el leit motiv de la subsecretaría.
Acerca de nuestra página web, quiero aclararles que la información está atrasada al mes de septiembre en forma involuntaria. No sé si saben, pero nuestras oficinas estaban en el edificio del Correo Central, donde ahora se está construyendo el edificio del Bicentenario.
Como en noviembre nos dijeron que nos teníamos que mudar, empezamos a juntar las cosas y a desconectar las redes. De todos modos en realidad la carga de la información tiene un atraso de 60 días, producto de que no es automática, ya que deben enviarla las provincias. Y para no dejar la página en blanco, dejamos la información a septiembre.
Es cierto que esos datos estaban atrasados. Pero ahora estamos en otro edificio y en muy poquito tiempo la información será accesible a todo el mundo a través de nuestra página web.
Antes de pasar a desarrollar el avance de los programas de vivienda de marzo de 2003 a marzo de 2010, quiero hacer una aclaración porque a veces este aspecto se presta a controversias. Nosotros hablamos técnicamente de soluciones habitacionales y siempre surge la discusión acerca de por qué sumamos soluciones habitacionales y viviendas, si no son lo mismo. Lo hacemos porque el déficit se toma en los hogares, y los hogares deficitarios pueden estar en viviendas nuevas o en viviendas en terminación.
Cuando hablamos de soluciones habitacionales estamos trabajando técnicamente sobre el déficit de hogares. Se trata de un dato surgido del censo de viviendas realizado cada diez años.
El censo no refleja las soluciones habitacionales ni las viviendas, sino los hogares. Y para dar un contenido técnico, en nuestra jerga hablamos de soluciones habitacionales. El objetivo de nuestra subsecretaría es achicar el déficit. Al respecto quiero comentarles que a la fecha se terminaron 510 mil y están en ejecución otras 233 mil. Además hay 72 mil soluciones habitacionales que pasaron la presentación de la demanda y están en trámite de valuación, llamado a licitación, etcétera. Es decir que están por iniciarse y tienen carácter legal. No se trata solamente de querer hacer tantas casas, sino de que ya se están tramitando en la subsecretaría.
Eso suma 807 mil soluciones habitacionales y abarca un universo de más o menos 3.600.000 beneficiarios. Si tomamos en particular el tópico de viviendas, tenemos terminadas 273 mil y hay en ejecución 130.273. Además, existe un universo a iniciar de 40 mil, tenemos mejoramientos terminados por 228 mil, en ejecución 102 mil y a iniciar 32 mil. Estas cifras dan 807 mil soluciones habitacionales.
Estoy hablando de números redondos para entender el Programa Federal I y el Programa Federal II, de otro modo no se va a comprender por qué no se cumple con un programa de 120 mil viviendas si la suma dice que hay 800 mil terminadas. ¿Qué es esto? ¿No se cumple uno y se sobre cumplió en otro?
La realidad es que, desaparecido el Fonavi como elemento generador de política de vivienda por la libre disponibilidad de los recursos y ante la necesidad de empezar a generar una política que primero atacara el déficit y después contuviera el reclamo, el gobierno nacional allá por 2003 relanza un programa que estaba en ejecución y estaba parado y otro programa que estaba en carpeta y no se había puesto en ejecución, que forman el programa Reactivación I y Reactivación II.
En el Programa Reactivación I el Estado nacional invertía el 30 por ciento del valor de la vivienda y los Estados provinciales el 70 por ciento. Esto actuaba sobre obras que estaban paralizadas. No es que el Estado provincial ponía el 70 por ciento sino que la obra se había parado al 70 por ciento y necesitaba plata, y entonces el Estado nacional concurrió a solucionar esto. Después sale el programa Reactivación II, donde el porcentaje de intervención de cada una de las jurisdicciones, nacional y provincial, es del 50 por ciento por cada parte.
Inmediatamente se lanzan dos programas, primero el que se llamó Techo y Trabajo y hoy se denomina Programa Federal de Emergencia Habitacional, que es el programa de cooperativas. Era un programa que apuntaba más a la contención social -estábamos con 23 por ciento de desocupación- que a la construcción masiva de viviendas. O sea que utilizaba la construcción de viviendas, que dentro de la obra pública comprende la construcción, la vivienda, las obras de arquitectura en general y la vivienda en particular. Es la actividad que más cantidad de mano de obra y trabajo genera. Para que tengan una idea, la construcción de vivienda involucra a 60 gremios, entre puestos directos e indirectos. Es decir que se lanza este programa con esos dos objetivos y se genera un programa de cooperativa, que tenía como objeto crear 800 cooperativas y crear 6 mil viviendas en todo el país. En realidad, no era en todo el país sino en aquellas jurisdicciones que habían firmado el convenio. A poco tiempo de eso se crea el Programa de Solidaridad Habitacional, que genera la construcción y financiamiento de 21 mil viviendas en las provincias del NOA y del NEA, las provincias que históricamente habían sido más postergadas y que estaban en peor situación.
Para que se tenga una idea de lo que estoy diciendo, el NOA y el NEA tienen 25 por ciento de la población del país y participan en casi 7 por ciento del PBI, en realidad, participaban en ese momento. Por lo tanto, existía una desinversión brutal y nosotros, con el poco recurso que existía en ese momento, lanzamos este programa que tenía que ver con construcciones en el NOA y en el NEA y con algunas particularidades; se trataba de un programa de licitaciones.
Las empresas debían contratar y capacitar a un porcentaje de jefas y jefes de hogar y no podía tratarse de más de 50 viviendas, justamente para inducir la creación, el apalancamiento o el arranque de las empresas pymes.
No queríamos ni queremos, tal vez por una cuestión doctrinaria, trabajar con grandes empresas que construyen grandes planes de vivienda.
Cuando en el año 2005 la política económica se acomodó un poco, se lanzó con 120 mil unidades de vivienda el Programa Federal de Construcción de Viviendas. Este programa no se ejecutó por el sistema Fonavi, porque muchas provincias se quejaban de que era anticuado y no reflejaba la realidad. Este acuerdo se logró por consenso en el Consejo Nacional de la Vivienda, donde se trabajaron algunos índices, como ser la encuesta permanente de hogares, las NBI, el crecimiento poblacional de cada provincia y el crecimiento histórico vegetativo de las pymes. Con esa información se acordó un coeficiente repartidor, que fue aprobado por el Consejo Nacional de Vivienda, ente asesor de la subsecretaría con asesoramiento no vinculante, creado por la ley Fonavi.
Nosotros establecimos una mecánica de trabajo a ese organismo que representa a la totalidad de las jurisdicciones del plan, planificando reuniones trimestrales, tal como establece el reglamento, en las cuales consideramos los temas, y hasta el momento siempre nos pusimos de acuerdo en las decisiones tomadas en política de vivienda.
Reitero que no somos los constructores. Es muy claro el convenio marco que se firma con todas las provincias en lo referido a la construcción de estas viviendas, mediante el que financiamos un monto máximo y a la vez permitimos una superficie mínima por vivienda, calculada de acuerdo con los parámetros de calidad y los coeficientes de habitabilidad.
La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales depende de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y la Dirección de Tecnología y Producción, dependiente de la primera, fija los coeficientes o los parámetros de calidad de los materiales y les otorga el certificado de aptitud técnica. Por tal motivo, tenemos la obligación de decir con qué materiales queremos que se construya la vivienda y a la vez debemos contar con el certificado de aptitud técnica.
Asimismo quiero comentarles que la superficie está dada por el estándar mínimo de habitabilidad de cada una de las viviendas. No está permitida la construcción de una vivienda que tenga menos de dos dormitorios.
Por supuesto, esto a la vez depende de las leyes de cada jurisdicción o de las ordenanzas de cada ciudad. Y señalo esto porque las ciudades tienen códigos de edificación y algunas provincias tienen leyes de uso del suelo u otras relativas al tipo de construcción permitida.
Entonces nosotros damos los lineamientos y son las jurisdicciones provinciales las que en definitiva fijan el modo de hacerlo, porque al no construir nosotros, estamos sujetos a las leyes provinciales.
Fíjense que la Secretaría de Obras Públicas, de la cual esta Subsecretaría depende, tiene el 80 por ciento de sus obras descentralizadas y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene el ciento por ciento de sus obras descentralizadas. Esto significa que no somos el comitente de nada. Nos manejamos con la ley Fonavi y los distintos artículos de nuestros convenios marco establecen la responsabilidad de adjudicación y selección de los adjudicatarios del comitente con las provincias.
Por supuesto los convenios marco fueron firmados por todo los gobernadores en su momento. Además, en un anexo también se fijaba el costo y la superficie de la vivienda.
En mayo de 2005 -si no me equivoco- se firmó una resolución en el Consejo Nacional de la Vivienda donde se definió cerrar el Programa Federal I de construcciones por 120 mil viviendas. En realidad en ese momento teníamos en construcción y comprometidas algunas viviendas, pero no había ninguna terminada porque recién había empezado -se firma en abril de 2004 y esta disposición es de abril o mayo de 2005.
Es decir, en ese año todavía no se había terminado nada pero había que cerrarlo. ¿Por qué? Debíamos empezar el Programa Plurianual de Construcción de Viviendas, que permitía el financiamiento de 300 mil viviendas.
El Estado nacional se comprometía -como se comprometió con el Plan Federal I- a financiar en cada una de las jurisdicciones la construcción de un total de 300 mil viviendas, de acuerdo con el cupo que había sido determinado por el Consejo Nacional de la Vivienda.
El convenio marco tiene otro párrafo que dice que se iba a empezar a implementar en la medida en que se termine o que se vaya terminando el Programa Federal I en cada jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que si una determinada jurisdicción tenía que construir 5.000 viviendas con el Federal I, hasta que no termine esas viviendas no puede iniciar el Federal II.
Esto tenía como objetivo no generar migraciones internas de trabajadores de la construcción, porque si en una provincia están trabajando a full y en la otra no están trabajando, los trabajadores se van a mudar.
Ustedes saben que los trabajadores de la construcción trabajan donde está la obra, no son trabajadores de fábrica que van todos los días al mismo lugar, y también saben de las grandes migraciones que tenemos de ciudadanos de otros países que vienen a trabajar acá, fundamentalmente chilenos, paraguayos y bolivianos que trabajan en la construcción.
Les doy un dato, por ejemplo, en Moreno vive el 25 por ciento de los albañiles del país; de la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, salen a trabajar a distintos lugares. Es un dato curioso, pero están concentrados ahí, y entonces no es bueno este tipo de migraciones.
Nosotros habíamos desarrollado un programa que era abarcativo y queríamos que se mantuviera en todas las provincias por igual, pero además había otra cuestión. Con el FONAVI con libre disponibilidad, con un programa de 120 mil viviendas que estaba en ejecución y que prácticamente estaba comprometido, las Cámaras de la construcción de cada una de las provincias, los proveedores de insumos, los fabricantes de elementos y la UOCRA se preguntaban: "¿Y después de esto, qué? Terminan las 120 mil viviendas y de nuevo la nada".
Les cuento un caso testigo: el problema de la loza blanca -quizás lo hemos discutido en algún momento con el diputado Katz. Ferrum no prendía el segundo horno de cerámica porque sale un dineral y pensaban qué iba a pasar si no se construían más viviendas y se cortaba el trabajo.
Entonces, el Consejo Nacional de la Vivienda lanzó este cierre del programa con todo comprometido y puesto en ejecución, y para cerrar se permitió sobrecupos en algunas provincias -después lo voy a explicar, porque también tiene que ver con alguna pregunta que habla sobre el atraso de las obras.
En esa resolución se dijo que los cupos no se perdían, sino que pasaban al programa siguiente y se dio un claro signo de previsibilidad, se dijo: "Está el dinero y hay un programa plurianual para continuar, por lo tanto, muchachos prendan el segundo horno,... -ese sería el mensaje chabacano-...pónganse a trabajar que hay más trabajo".
En ese contexto actualmente tenemos -y es bueno decirlo- proyectos del Programa Federal I que no están terminados, que son aquellos grandes complejos habitacionales que no se hacen en seis meses o un año.
Por ejemplo, para cerrar este programa en Tucumán se comenzó a financiar el proyecto Lomas de Tafí, que comprende a 3.600 viviendas con su debida infraestructura.
Para que se den una idea de la dimensión, para tener agua en este emprendimiento, que está pegado a Gran Tucumán, hay que traer un acueducto desde el dique Cabra Corral. Nosotros estamos financiando esta obra de alrededor de 10 kilómetros, si no me equivoco. Para ello hay que hacer los pavimentos, las cloacas, las conexiones eléctricas y poner nexos por todos lados; no se trata solamente de la construcción de viviendas.
Por otra parte, mediante el Plan Federal I estamos construyendo 2 mil viviendas en General Rodríguez, un sitio con planta de tratamiento de líquidos cloacales, pozo de captación de agua, pavimento y transformadores de luz eléctrica para generar fuerza motriz e iluminar al barrio. Allí van a vivir 2 mil familias, lo que representa cerca de 10 mil personas. La construcción de toda esa infraestructura lleva a que el barrio no esté terminado; sin embargo, la obra se esté ejecutando.
En el Gran Buenos Aires suceden estas cosas. También puedo mencionarles que en Esteban Echeverría hay un barrio de 1.990 viviendas, que están terminadas en un 98 por ciento.
Ocurre que la demanda se cualifica y mientras la obra está en ejecución, se solicitan otras cosas y nosotros las vamos completando. A veces se trata de adicionales de la propia obra y es cierto que la obra no está concluida.
Por otra parte, quiero comentarles que ayer inauguramos 66 viviendas en Berazategui, de un barrio que tendrá en total 742, habiéndose entregado anteriormente 250. Y cuando uno mira la planilla, la licitación se refiere a 742 viviendas, las cuales están terminadas en un 80 por ciento. De todas maneras la realidad es que hay 300 y pico de familias viviendo allí, que no se contabilizan en la tablita como obra terminada sino parcialmente terminada. Entonces el objetivo de que la gente ya esté viviendo se está cumpliendo y además la infraestructura está terminada.
A veces hay que cambiar los planes de trabajo, no es que las obras se atrasen. La jurisdicción municipal o provincial decide junto con la empresa, a mi entender con muy buen criterio, primero hacer funcionar las cosas y después seguir con lo restante. Estas son las cuestiones por las cuales podemos encontrarnos con algunas obras no finalizadas del Plan Federal I.
Sobre el mismo tema quiero comentarles que hay cerca de un 0,7 por ciento de las obras que están con muy bajo ritmo de ejecución o paralizadas por razones ajenas al propio plan.
Por ejemplo, está el caso de una empresa con muchísimas viviendas para construir -se trata de pequeñas licitaciones pero en gran número- que se fundió. Se murió el dueño, los hijos continuaron a cargo de la empresa y la fundieron. Esto no tiene nada que ver con los planes, pero esas obras requieren de todo un trámite legal de la jurisdicción para volver a estar en marcha. Y estamos siguiendo el caso.
Por otra parte, en una obra en La Matanza ocurrió lo mismo. Y en el interior del país ese porcentaje de obras paralizadas es prácticamente ínfimo, no llega al 0,3 por ciento. En realidad en las obras donde hay un mayor compromiso el porcentaje es pequeño, ya que en 800 mil soluciones habitaciones, estamos hablando de 6 mil, y aunque no es un número menor, estamos solucionando los inconvenientes que se presentan.
Esa tarea debe realizarla la jurisdicción, que es el comitente, con su contratista porque para eso firmaron un contrato. Nosotros no firmamos un contrato con la empresa, sino que ayudamos a que las cosas se solucionen. ¿Y cómo se logra? Con leyes y reglamentos provinciales, no con leyes nacionales, porque nosotros financiamos la construcción en cada jurisdicción y trabajamos sobre ella.
Fíjense una cosa que dije al pasar, en el sentido de completar los cupos de los programas, pero que quizás sirva para entender mejor el funcionamiento de estos convenios y programas. El programa de emergencia habitacional debía construir, de acuerdo con el convenio, 6 mil viviendas, tiene construidas y terminadas 15 mil y hay 5 mil más en ejecución.
Ante el programa de cooperativas, que había surgido como un programa chiquitito y que nosotros llamamos "nuestro buque insignia", porque era nuestro primer programa y fue con lo que arrancamos, ¿cómo es que si tenía que hacer 5 mil hizo 15 mil y si tenía que hacer 120 mil hizo 110 mil viviendas? Sucede que la política federal de vivienda es una sola, nosotros trabajamos y los programas son tan amplios que cada jurisdicción nos solicita lo que su gente necesita. Se abrieron programas aborígenes, subprogramas para vivienda rural, subprogramas para terminación de viviendas de conjuntos habitacionales existentes y subprogramas con municipios.
En la provincia de Buenos Aires teníamos el problema, en cuanto al control, que pasaban seis meses desde de la firma del contrato hasta la puesta en marcha, porque tiene que dar la vuelta por los organismos correspondientes. Entonces, los precios se atrasaban y todo lo que se pactaba con seis meses de antelación después quedaba atrasado y se requería hacer modificaciones y adendas. Entonces, hicimos un subprograma que está absolutamente controlado por el Superior Tribunal de Cuentas de la provincia, pero que tiene un control ex post, lo que nos permitió manejar otro ritmo en las licitaciones.
Todo eso suma a la política de vivienda. Tanto es así que, al requerimiento de la SIGEN en su momento, nosotros le dimos una vuelta más de tuerca, transformando estos convenios en programas presupuestarios. Hoy podemos decir que la política de vivienda en la Argentina es una política de Estado, porque está en el presupuesto.
Aparecieron los programas Federal I, Federal II y el subprograma de Villas pero, en realidad, desaparecieron el programa 42, que es el Promeba y Prosofa, dos programas concretos. Lo mismo sucedió con el programa 43, llamado Techo Digno, que en realidad engloba la política de vivienda propiamente dicha, la que construye casas, lo que sería el Programa Federal I y Programa Federal II. El Programa 44, que tiene que ver con el mejoramiento de vivienda y con el Promhib. El programa 45, de fortalecimiento comunitario de hábitat, incluye las emergencias habitacionales, climáticas, viviendas de comunidades aborígenes y viviendas rurales. El programa 46, que era un subprograma de los programas federales y que hoy es la urbanización de villas y asentamiento precarios, abarca, por supuesto, las acciones en villas y asentamientos precarios y está concentrado, por una decisión política, en un 80 u 85 por ciento en acciones en el conurbano bonaerense, sobre las cuencas del Matanza Riachuelo y sobre las cuencas del Reconquista.
Dentro del grupo de preguntas que me enviaron hay una referida a si se realizan auditorías sobre la calidad de las viviendas. Se realizan auditorías sobre las viviendas y hay una dirección que audita las cuentas y las obras, no audita a la empresa, audita al comitente, la jurisdicción. Nosotros no tenemos nada que ver con la empresa, de hecho hay obras que no se hacen por empresa, sino por administración. Cuando auditamos y vemos errores de construcción, suspendemos los pagos al comitente hasta que solucione esta situación. Esto no es muy común porque en realidad los institutos de vivienda tienen un expertise muy grande en la construcción de viviendas, pero a veces sucede que hay algún defecto o problema y si nosotros lo vemos en la auditoría, suspendemos los pagos hasta que salgan.
A pesar de que todos los ingresos van a cuentas especiales y no se pueden utilizar, salvo para pagar los certificados de obra, tal como está establecido, auditamos las cuentas para ver si efectivamente los dineros públicos se están destinando al fin preestablecido. Y el año pasado, si no me equivoco, auditamos 44.554 viviendas, haciendo un muestreo en todo el país.
Anteriormente respondí acerca de las viviendas terminadas; sin embargo, hay otra pregunta que se refiere específicamente a la cantidad por jurisdicción.
En consecuencia, les leo las cifras de viviendas terminadas por provincias: Buenos Aires, 50.462; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4.220; Catamarca, 6.753; Chaco, 14.339; Chubut, 8.711; Córdoba, 12.969; Corrientes, 9.907; Entre Ríos, 9.048; Formosa, 9.860; Jujuy, 11.136; La Pampa, 5.824; La Rioja, 8.480; Mendoza, 16.728; Misiones, 16.310; Neuquén, 3.646; Río Negro, 5.650; Salta, 12.207; San Juan, 12.791; San Luis, 6.543; Santa Cruz, 6.582; Santa Fe, 16.941; Santiago del Estero, 14.993; Tierra del Fuego 1.878; y Tucumán, 7.649. Eso da la cantidad que señalé al principio de mi exposición de 273.600 viviendas terminadas. Y en ejecución hay 130.273 viviendas. Si quieren les leo la distribución de las viviendas en ejecución, pero ustedes solamente consultaron acerca del número de viviendas terminadas. Además hay 40 mil viviendas a iniciarse. Y el total de viviendas es de 444 mil.
Asimismo se formuló una pregunta similar acerca de los mejoramientos terminados por provincias. Paso a detallar: Buenos Aires, 17.758; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28; Catamarca, 101; Chaco, 1.300; Chubut, 391; Córdoba, 432; Corrientes, 2.289; Entre Ríos, 2.588; Formosa, 2.545; Jujuy, 1.014; La Pampa, 121; La Rioja, 2.345; Mendoza, 1.105; Misiones, 326; Neuquén, 1.549; Río Negro, 530; Salta, 310; Santa Cruz, 50; Santa Fe, 3.450; Santiago del Estero, 551; y Tucumán, 2.731. Estas cifras se refieren al programa Mejor Vivir solamente por empresas, ya que el dato que brindé del mismo programa en general es muchísimo mayor.
Cuando nos referimos a soluciones habitacionales, hubo 228 mil mejoramientos terminados, producto de los otros programas, que también se encargan de lo mismo.
Acerca del fortalecimiento de las políticas habitacionales, el presupuesto para 2003 fue de 1.249 millones de pesos y el aprobado el año pasado para el 2009 fue de 6.825 millones de pesos.
En esta gráfica vemos la evolución. Acá se trabajaba exclusivamente con Fonavi mediante la política de vivienda, y a partir de los programas federales aparece esta curva que sube desde los 700 millones de pesos, que fue lo último que pagó Fonavi, a los 6.825 millones, que es el presupuesto del año pasado.
En cuanto a las soluciones habitacionales terminadas, pueden observar un gráfico que tiene algunos altibajos relacionados con la crisis del país -hay un pico en 1985 y otro en 2002; en 2004 teníamos 24 mil viviendas y a partir de ahí empezamos a crecer llegando a 2009 con la terminación de 111 mil soluciones habitacionales.
En realidad como país nos encontramos en una disyuntiva. No creo que vayamos a tener -quizás me equivoque- 800 mil o un millón de obreros de la construcción. Me parece que no se llegará a eso, y hay 400 mil obreros de la construcción; tampoco vamos a tener una superproducción de ladrillos, cemento ni empresas para que tripliquen la cantidad de trabajo.
Digo que estamos en una disyuntiva porque el país tiene capacidad de tener en construcción -no de terminar- un promedio de entre 100 mil y 120 mil soluciones habitacionales por año. Para que ello crezca evidentemente hay que dar un salto cualitativo y para esto se necesita generar la construcción de otra manera.
Nuestros equipos de investigación están trabajando sobre sistemas constructivos industrializados, algo que repele un poco a la sociedad, pero evidentemente ustedes saben que el parque de empresas constructoras del país no son fábricas, son obradores, terrenos abiertos donde están amontonados algunos materiales y las máquinas, y si queremos atacar más fuertemente el déficit, en algún momento vamos a tener que producir viviendas industrializadas, como se está haciendo en todo el mundo. Estamos trabajando y sería bueno seguir ahondando en esto.
Nosotros somos receptivos a escuchar otras voces porque nos parece que es lo que se viene; en muchos países ya no se encofra más con madera, acá cada vez se encofra menos con madera, porque es mucho trabajo hacer un edificio de madera para llenarlo de hormigón y luego desarmar el edificio de madera, y sobre todo cuando hablamos del cuidado del ambiente que tanto nos preocupa; eso era para cuando la construcción tenía otra escala.
Por otro lado, tenemos un grupo de preguntas que tienen que ver con los criterios para la asignación de fondos, el criterio de selección de beneficiarios, plazos de amortización de vivienda, el recupero de las cuotas, qué actitud va a tomar el gobierno nacional con los barrios que están lentos -acá dice "paralizados"-, qué actitud va a tomar el gobierno nacional con los barrios del Plan Federal II, que no han comenzado las obras. Hay una serie de preguntas que voy a tratar de contestar.
Los criterios para la asignación de los fondos destinados a la distribución de los planes surgen de dos cuestiones: primero, del coeficiente repartidor que, a pesar de que los convenios dejaron de existir, lo seguimos manteniendo hasta que las provincias decidan cambiarlos en el seno del Consejo Nacional de la Vivienda; hasta ahora esto se mantiene. Pero además hay otra cuestión, porque a partir de que desaparecieron los convenios se trabaja a demanda, y no a cualquier demanda. No puede venir por ejemplo mi provincia -Santa Cruz- a decir "quiero construir 100 mil viviendas", porque los coeficientes de NBI, de déficit habitacional, etcétera y el sentido común dicen que ahí no se pueden construir 100 mil viviendas, se puede construir hasta una determinada cantidad.
Entonces, como además eso se ve en el seno del Consejo Nacional de la Vivienda, se trata de utilizar el sentido común y manejar las variables científicas que tenemos a mano como la Encuesta Permanente de Hogares, en este momento el Censo de 2001 y las proyecciones técnicas profesionales en función del 2010.
Acá también me quiero detener en la cuestión del déficit habitacional, que es un tema del que se habla y se dice de muchas maneras.
El déficit habitacional es lo que el censo determina cuando una familia sufre algún inconveniente. Puede ser que no tenga casa, que tenga una casa hermosa pero con hacinamiento, que tenga una casa muy fea con hacinamiento, que tenga una casa irrecuperable o que tenga una casa recuperable. Más o menos ese es el panorama.
En el censo del 2001 ese universo llegaba a 2.800.000 hogares, si tomábamos todas las variables. ¿Y qué fue lo que pasó? En realidad históricamente el Estado brinda algún tipo de atención al 50 por ciento de la población deficitaria. Sin embargo, luego de la aplicación de políticas absolutamente recesivas y la casi desaparición de la política de vivienda, la base de esa pirámide que históricamente era del 50 por ciento se amplió generando más demanda de algún tipo de ayuda del Estado.
Actualmente estamos trabajando en el primer y segundo quintil de la demanda con programas sociales y a la vez estamos tratando de lanzar otros con la ayuda de las provincias y el apalancamiento del recurso Fonavi, que contiene algunos programas destinados a una clase media baja.
Quiero explicarles que el déficit se conforma por el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo.
El déficit cuantitativo se refiere a la construcción de viviendas nuevas y tiene que ver con aquellas personas que no tienen vivienda o cuya construcción es irrecuperable por estar hecha con materiales que no se pueden recuperar, como ser cartón, chapa, plástico o mampostería que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad o sustentabilidad. También puede suceder que esté hecha con paredes de 15 o con ladrillo de canto, lo que es irrecuperable y forma parte del déficit cuantitativo, que representa entre el 30 y el 35 por ciento del déficit total.
Por otra parte, el déficit cualitativo es aquel que tiene que ver con las viviendas que son recuperables de alguna manera, pero que sin embargo tienen algún problema, ya sea el baño afuera, la falta de revestimiento o hacinamiento, o sea más de dos personas o dos personas de distinto sexo en un mismo cuarto. Este requisito de hábitat lo fijan la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas.
Respondiendo a otra pregunta, quiero señalar que el gran déficit es el cualitativo y está entre el 60 y el 65 por ciento, y hacia allí tenemos que dirigirnos. Se trata de asentamientos, no villas, de mampostería, que están bien construidos pero no terminados. Son aquellos barrios que en nuestra época eran los barrios Calmar o los barrios en los que la gente hizo lo que pudo y llegó hasta ahí, a veces completó su casa, pero después tuvo más hijos y le quedó chica. Realmente ese es el déficit habitacional de la Argentina, que tiene un parque de alrededor de 10 millones de viviendas.
A través del resultado de la Encuesta Permanente de Hogares, que no refleja a la totalidad del país, porque se hace en los grandes centros urbanos y muestra al 70 por ciento de la población nacional, podemos ver en este gráfico que en la categoría 1 aumentó en un 14 por ciento la cantidad de viviendas que salieron del déficit. Es decir que hubo una disminución de viviendas que salieron del déficit, marcadas en esta línea casi imperceptible, que se empezaron a terminar.
Nos estamos enfocando en esa tarea y en los asentamientos y villas del mayor distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires y el área del conurbano.
Ya comenté los criterios de selección de los beneficiarios. Los tiene que hacer el ente autárquico en la provincia, para eso está la ley. En todo caso, como es cabeza de ley, puede delegarlo a través de un convenio hacia una jurisdicción menor, pero siempre es el responsable. Porque las viviendas, las construya quien las construya o si las financia el Estado nacional, forman parte del patrimonio provincial y se adjudican en venta. Nosotros vamos como subsidio y agrandamos el patrimonio provincial y jurisdiccional. Se adjudican en cascada y cada adjudicatario debe pagar una cuota sobre esa vivienda, se hace una hipoteca y una vez que las cuotas se terminan de pagar, se levanta la hipoteca y el propietario adquiere el derecho real sobre la propiedad.
Con respecto a una pregunta que habla del recupero de las cuotas, quiero decir que ya la respondí. Lo recupera la provincia. Las operadoras del Plan Federal están basadas -hay otras preguntas que tienen alguna similitud- en el Fonavi y han tomado sus criterios. Normalmente se dan 300 cuotas, la ley Fonavi habla de 300 cuotas por vivienda del costo de la vivienda, no hay precio. Es costo puro, descontando las infraestructuras; es decir que las infraestructuras no se le cobran al adjudicatario, sino que se le cobra el costo de la vivienda. En algunos casos se pueden dar 15 años más de plazo, pero la jurisdicción tiene la potestad de generar comodatos, subsidios o cualquier tipo de operatoria que tenga que ver con la población que va a asistir.
Nosotros en este momento, como decía, estamos financiando viviendas para el primero y segundo quintil de la demanda. A veces hay gente que no tiene trabajo y, por lo tanto, no puede pagar la cuota pero sí necesita la casa. Para nosotros primero es la casa, para que esa familia viva bien, los hijos no tienen la culpa y no tienen que sufrir la falta de trabajo de los padres. Entonces, que tengan la casa y que sea la jurisdicción la que prorrogue el cobro de cuotas hasta que consiga trabajo. Después hará un comodato o la manera legal que tenga de poder hacerlo.
La siguiente pregunta se refiere a si se ha previsto la construcción de infraestructura. La respuesta es sí. Las viviendas se entregan con toda la infraestructura y además tenemos un subprograma que se llama Infraestructura, porque a veces donde se construye el barrio los nexos de conexión están lejos. Aquí se da lo que hablaba hace un rato sobre el agua en Lomas de Tafí.
Con ese programa de infraestructura nosotros pagamos el nexo de conexión. En esto trabajamos con el ENOSA en todo el país y con AySA o ARBA en la provincia de Buenos Aires, porque no podemos hacer una planta de tratamiento donde a nosotros se nos ocurra, ya que hay planes maestros en los que otros organismos tienen la responsabilidad. Nosotros nos sometemos a ellos para que nos digan qué obras son las que tenemos que hacer, de qué manera y en qué tiempo se va a solucionar.
En algunos casos, por ejemplo en Tierra del Fuego, tenemos una planta de tratamiento de líquidos cloacales móviles. Sucede que el barrio está terminado y la obra de la planta definitiva de cloacas tarda dos años más, entonces la provincia financió con sus recursos dos plantas de tratamiento móviles para poder hacer que las 480 familias puedan utilizar la vivienda, ya que no tenían cloacas.
Hay otra pregunta referida a si se ha previsto la construcción de escuelas, hospitales y centros comerciales. Primero nosotros trabajamos con declaraciones juradas. Nosotros no lo diseñamos ni lo corregimos pero sí vemos lo que en la jerga se llama lay out o plano general y en los grandes proyectos decimos que los espacios tienen que estar reservados para equipamiento comunitario ocupacional, comercial, de salud. Como todas las cosas suceden en las intendencias, puede pasar que el intendente diga. "No me hace falta dejar acá un terreno para el hospital porque el hospital que puede atender esa demanda está a cinco o seis cuadras, tengo buen acceso, líneas de colectivos, etcétera. Entonces, no dejen espacio para hospital sino para lugar verde, esparcimiento, etcétera".
Entre paréntesis quiero señalar que los espacios comunes son la dificultad de acceso más grande del pobre en el mundo que vivimos. Nadie da bolilla a los espacios verdes.
Acerca de si se han aplicado sanciones a empresas constructoras por incumplimiento, nosotros no lo hacemos. Ustedes saben que en el caso de la obra pública el comitente tiene un libro de órdenes y la empresa tiene un libro de pedido de empresa que se hace por triplicado. Y cuando hay defectos o vicios de construcción se aplican sanciones y multas. Ello figura en el contrato de obra y en el pliego de especificaciones técnicas y de condiciones generales. No forma parte del financiamiento.
Cuando detectamos alguna anomalía -casi siempre son técnicas-, suspendemos los pagos al comitente hasta que el inconveniente se solucione.
Otra pregunta se refiere a la provisión de los terrenos. Nosotros estamos vedados de comprar terrenos. La subsecretaría no compra tierra ni provee terrenos; sí puede hacerlo el Estado nacional, si tiene terrenos ociosos y firma algún convenio para tal fin. Pero nosotros no pagamos terrenos; ellos deben ser aportados por la jurisdicción de la manera que sea. Lo que sí estipulamos son los parámetros, ya que no puede tratarse de cualquier terreno. No vamos a invertir dinero en una laguna. Necesitamos que cada jurisdicción provea el certificado de aptitud técnica del terreno y el certificado de construcción porque a veces por el código de edificación no se puede construir el tipo de vivienda que desea la empresa o que figura en el proyecto presentado.
En algunas provincias los proyectos de vivienda se hacen por concurso de sociedades de arquitectos y a veces se proponen construcciones que no cumplen totalmente con las reglamentaciones. Me refiero básicamente al certificado de aptitud técnica, al certificado de soporte de terreno para que no sea de relleno y después no se pueda arreglar y al certificado de inundabilidad. Eso es lo que auditamos, pero no financiamos la compra de terrenos.
A lo mejor vieron casos de licitaciones en algunas provincias con terreno a valor cero. Eso significa que la empresa aporta el terreno, pero nosotros no lo pagamos. O sea, lo paga la jurisdicción o la empresa lo asume como costo porque le interesa más la construcción que el valor del terreno, que puede ser ínfimo.
Considerando este tema, tenemos que tener en cuenta de que además de Subsecretaría de Vivienda somos de Desarrollo Urbano, entonces debemos contemplar que los terrenos no sean un negocio inmobiliario de las empresas. Es decir que debido al bajo costo no estén ubicados en cualquier lugar, porque eso significa un serio problema social y económico para las personas que lo habitarán.
Si yo traslado a una persona del primero o segundo quintil de la demanda a 5 kilómetros de distancia de la ciudad, le estoy generando un gasto en colectivo para ir a trabajar, llevar los chicos a la escuela, ir al hospital y comprar lo que necesite. Entonces tiene que analizarse todo este tipo de cosas. Además a veces hay que abrirle los ojos al intendente porque también se genera un mayor gasto de recolección de residuos y de mantenimiento de ese barrio satélite. Entonces el único que gana es quien pone la tierra a muy bajo costo, ya que la vivienda vale lo mismo en el Sahara que al lado de una ciudad. En esta cuestión también ponemos el ojo, porque genera estos efectos negativos.
También tenemos que ver el tamaño de las infraestructuras existentes, porque a muy corto plazo el 90 por ciento de la población va a vivir en la ciudad. En consecuencia, nos encontramos con un choque entre la ciudad existente y la ciudad anillo que se va creando.
Por ejemplo, España tiene un serio problema porque hay ciudades de más de mil años y por eso tal vez no puede perforar para hacer líneas de subte y además se complica el transporte mediante las líneas de colectivo.
Están hablando de ciudades policéntricas; además el transporte genera monóxido de carbono y eso contribuye al calentamiento global y a toda una cadena de cosas. Todo va a pasar en la ciudad: la ciudad va a ser la que albergue a la gente pero también va a ser la que genere todo lo malo, si no se controla y se cuida el ambiente. Esto es con respecto al funcionamiento de los programas.
Hay cuatro preguntas que tienen que ver con superficies y costos. Se refieren a cuáles son los costos estimados de construcción de cada vivienda en los casos de los planes I y II, la superficie construida, la superficie de terreno autorizada para cada vivienda, el monto promedio de construcción por metro cuadrado para el plan II y qué obras se incluye y el costo estimado de cada vivienda.
Cuando salió el Plan Federal I hicimos una divisional de costo en la Patagonia -de La Pampa hacia el Sur-, donde el costo de la vivienda iba aumentando en valor y también en superficie por una cuestión estrictamente climática. En las zonas frías la gente necesita una casa un poco más grande porque desarrolla más actividades de su vida cotidiana dentro de la casa y además por una cuestión de fletes, porque no se producen los elementos y básicamente hay que traerlos del Norte.
En el Consejo Nacional de la Vivienda se tuvo en cuenta eso en el Federal I. También se tuvo en cuenta en el área Metropolitana y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un mayor valor producto de la gran densidad, la falta de terrenos y que la construcción prácticamente se desarrolla en propiedad horizontal.
Cuando se construye una casa en planta baja se hace por un determinado costo, porque prácticamente no se necesita estructura resistente, pero cuando se necesita desarrollar una vivienda en propiedad horizontal -no estamos hablando de vivienda de alta densidad pero estamos hablando de planta baja con dos o tres pisos, de acuerdo con el proyecto- necesito una estructura resistente, escaleras, espacios comunes que no tiene la casa individual, que evidentemente si no se considera es imposible que se pueda llevar adelante por el mismo valor.
En el segundo convenio agregamos a pedido de las provincias que están sobre la cordillera -de Mendoza hacia el Norte, es decir, las provincias de Cuyo y otras-, un adicional por zona sísmica. Entonces, también hubo un valor diferenciado en la misma superficie por zona sísmica porque evidentemente la estructura resistente tiene que ser otra y tiene otro costo.
El primer programa tenía una superficie de 44 metros cuadrados y el segundo programa tiene una superficie de 55 metros cuadrados. Además, en los convenios obligamos a construir el 5 por ciento de las viviendas de cada licitación -si existiera la demanda- para discapacitados; eso está establecido, y pagamos un diferencial de un 10 por ciento en esas viviendas porque son viviendas distintas si son discapacitados motrices porque tienen puertas más grandes, ambientes más grandes, el baño es distinto, etcétera.
En la última reunión del Consejo Federal de la Vivienda que se llevó a cabo el viernes pasado en Entre Ríos también se definió que cada jurisdicción haga un relevamiento de las discapacidades que existen en esos barrios que se van a hacer porque no siempre la discapacidad es motora.
El valor más alto que pagamos -financiamos, en realidad- está dado en Tierra del Fuego; se trata de una casa de 60 metros cuadrados y su valor es de 225.800 pesos.
Este valor es al mes cuatro y es la última vez, porque no se hace todos los meses, sino al saltar el gatillo del decreto 2.925. Este es el valor de la vivienda más la infraestructura y no el nexo.
El valor promedio de la vivienda de 55 metros cuadrados sin ningún tipo de adicional en todo el país es de 104.400 pesos, salvo en la Patagonia donde es de 60 metros cuadrados. Como señalé anteriormente, éste es el monto máximo que la subsecretaría financia por vivienda, lo que no quita que la jurisdicción agregue una contraparte que tiene que estar definida al momento de la no objeción que damos para hacer un pari passu. O sea que no la puede poner al final, sino que tiene que acompañar el certificado para asegurarnos que las cosas se terminen. Porque por ejemplo si la contraparte hace el techo, primero vamos a hacer todas las casas, pero si después no está la plata de la contraparte, todas quedarán sin techo. Entonces esa contraparte tiene que estar definida y formar parte del costo de la vivienda y por supuesto de la licitación.
Hay otro grupo de preguntas que tiene que ver con el circuito administrativo y los motivos por los cuales están atrasados los pagos de las certificaciones y subejecutadas obras de los planes I y II. Además se solicita indicar cuál es el último pago de certificado efectuado en cada una de las obras.
Acerca de los certificados atrasados, se puede ver la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Nosotros no emitimos los certificados sino que la jurisdicción se encarga de ello. Pero sí procesamos todos los certificados que llegan de la manera que fuera.
Ocurre que generalmente la jurisdicción no trae los certificados del día 1 al 5, sino que lo hace en cualquier momento. A veces por cuestiones operativas junta certificados y manda tres o cuatro juntos.
Entonces, por un lado tenemos que pagar una cuota presupuestaria fija establecida por el Ministerio de Economía. Y por el otro no podemos pagar más que esa suma y consecuentemente tampoco podemos iniciar más viviendas. Esto es un engranaje que va enganchando a las viviendas en ejecución con las viviendas a iniciar, al presupuesto nacional y a los otros conceptos a pagar que forman parte del equipamiento urbano y de los otros programas.
En principio en la administración pública lo normal es pagar certificados a los 60 días de recibidos. Este es más o menos el flujograma del circuito de expedientes que a mi criterio también es una asignatura pendiente porque hay que dar muchos pasos. Aunque por supuesto este procedimiento asegura la calidad del pago; no estoy diciendo que no controlen, pero a lo mejor se podría hacer de otra manera más rápida.
Reitero que los expedientes se pagan a los 60 días. Y esto las empresas constructoras lo saben. Además las provincias a veces adelantan parte del certificado y otras no, porque una vez que se arma la cadena o el circuito -como se dice vulgarmente-, el pago realizado cada 60 días se refleja cada 30. Entonces estamos pagando a 60 días pero se cobra cada 30 días.
Acerca de los motivos por los cuales las obras están subejecutadas, quiero señalar que básicamente no tenemos ese tipo de obras. Se trata un poco de lo que yo decía acerca de que hay un 0,7 por ciento de obras paralizadas o subejecutadas. Y lo que hacemos en esos casos es parar los pagos hasta que la obra se ponga al día. No quiero que se interprete mal, si tengo que hacer la obra de viviendas y llegué al 90 por ciento y solamente falta la pintura y la colocación de los artefactos sanitarios, voy con la infraestructura necesaria para que queden habilitadas en un 70 por ciento. Pero si yo fuera empresario -y eso es lo que hacen- paro la obra de la vivienda y me dedico a la infraestructura.
Porque si yo pinto y pongo los artefactos, lo más probable es que roben los artefactos o que usurpen la casa. Paro la obra de vivienda y le doy infraestructura para terminar las dos cosas.
Cuando observamos que hay una obra de vivienda que hace cuatro meses que tiene un certificado clavado en el 80 por ciento, vamos a hacer la auditoría. Cuando sucede esto hacemos una auditoria, vemos a la gente trabajando en infraestructura y parando la obra de vivienda, a veces recomendado por el intendente, por el gobernador, por el presidente del Instituto de Vivienda, según quien sea, pero esto es lo que pasa.
Entendemos que hay que terminar las dos cuestiones juntas, porque si no se corre un serio riesgo de usurpación. Está claro, sale en las noticias, se ve qué es lo que pasa y hay mucha presión al respecto. A veces es normal y a veces es inducida, pero hay presión. Entonces, lo dije, hay 0,7 por ciento de vivienda paralizada, algunas obras paralizadas por motivos ajenos a la Subsecretaría y otras por ese tipo de motivos. Además, algunas viviendas están subejecutadas, muy pocas, porque el empresario se empezó a dedicar a otra cosa y hay que perseguirlo para que termine o hacer algo para que la jurisdicción lo obligue a terminar la obra.
Nosotros estamos en el gobierno, en esta Subsecretaría, para financiar la construcción de viviendas, entonces queremos que las obras se terminen de la mejor manera posible, lo más rápido posible y con la ayuda de todos.
El señor diputado Gribaudo ha realizado una pregunta que se refiere a indicar en cada una de las obras cuál ha sido el último pago de certificado efectuado. Esto es muy difícil de contestar porque nosotros hemos pagado el certificado que entró el último mes. Ahora procesamos 11 mil expedientes por año pero hay obras que no arrancaron, las obras no arrancaron todas el mismo día, entonces tengo obras con el certificado número 20, otras con el certificado número 8 y otras con el 40. Como el universo es tan grande, a mi entender, para contestarle hubiéramos tenido que traer un mamotreto de hojas que me parece no hace a la cuestión. Sí puedo decir que nosotros procesamos lo que entra a la Subsecretaría por certificado, tenemos alrededor de 100 mil viviendas en ejecución a un promedio de 50 viviendas por obra y eso da el número de certificados. En realidad, es el número de certificados y no son tantos expedientes. Si bien hay un solo expediente por provincia, esa división da números, pero es grande. Eso es lo que procesamos como certificado de vivienda además de los certificados de las otras obras.
Hay otra pregunta que tiene que ver con cómo funciona el circuito administrativo para poder llegar a la construcción de viviendas. Una vez determinados los cupos, existe la presentación por parte de la jurisdicción de un proyecto. No se presenta un proyecto de arquitectura con los planos, sino que se presenta un proyecto de acuerdo con el convenio, con los parámetros que nosotros fijamos, es decir, planta máxima, superficie mínima y el lay out para ver qué es lo que contempla el proyecto.
Se analiza y se estudia y si está aprobado se le da a la jurisdicción lo que se llama la no objeción técnica. Esta no objeción técnica es lo que permite a la jurisdicción iniciar el proyecto licitatorio. Se inicia el proceso licitatorio de acuerdo con sus leyes, ley de obra pública provincial o las ordenanzas que regulen el ejercicio. Una vez que se licitó y se preadjudicó nos mandan la preadjudicación, y si cumple con los parámetros que establecemos -la empresa tiene capacidad técnico financiera para hacer la obra, los precios son los que nosotros financiamos, el proyecto está de acuerdo al objeto de la licitación y además tenemos un dictamen de la jurisdicción en el sentido de que es así- nosotros otorgamos la no objeción financiera para que se pueda firmar el contrato entre la empresa y la jurisdicción, es decir entre las partes.
Una vez firmado el contrato y cumplidas todas las garantías necesarias de acuerdo con la ley, se firma un convenio particular entre la jurisdicción y la subsecretaría, que es lo que conforma el expediente de pago.
Con ese expediente de pago se inicia el circuito para comenzar a financiar la obra. Hay un anticipo financiero de un 15 por ciento y luego hay certificados acotados de acuerdo con el plan de trabajo presentado por la empresa. Ahí es donde nos fijamos si hay subejecución.
Con respecto a la subejecución, también es bueno decir algo que se me escapó y que normalmente ocurre en algunas provincias. Por ejemplo, si en enero firmo un contrato de obra con Tierra del Fuego, voy a tener dos meses de construcción y luego un receso durante cinco meses por la veda invernal. La veda contempla que los plazos no se trasladen a la obra, o sea que no está en mora, pero quien mira la planilla dice: esta obra está parada hace seis meses. Pero no es así; está en veda, no está parada. Y como esas hay otras cuestiones en las que los números no reflejan exactamente la realidad de cada jurisdicción.
Hay otra pregunta acerca cuánto se ha transferido a las provincias al día de hoy en concepto de todos los programas. Y respondo señalando que estamos en 1.620 millones de pesos, más los 810 del Fonavi del mes pasado y que esas cifran están dentro de la curva normal.
Si uno hace la referencia estadística para atrás, en el hemisferio sur tenemos el problema de que las fiestas son en verano, es decir que en la época en que podría haber mayor actividad en la construcción, la gente se toma vacaciones. Entonces hay menor producción de mano de obra. Los certificados globales del mes de febrero siempre son mucho más flacos y se empieza a recomponer la situación a partir de febrero o marzo. Ahí la curva se recupera para cumplir con el presupuesto a partir de julio o agosto, que es lo que está ocurriendo actualmente.
El mes pasado pagamos 310 millones y este mes pagaremos alrededor de 360 millones; siempre sucede así.
Ahora pasaré a detallar la tasa de ejecución del presupuesto original de parte de la subsecretaría: en 2003 el 92,30 por ciento, en 2004 el 96,30 por ciento, en 2005 el 99,23 por ciento, en 2006 el 99,56 por ciento, en 2007 el 99,38 por ciento, en 2008 el 99,49 por ciento, y en 2009 el 99,56 por ciento. Les aclaro que el gasto administrativo de la Subsecretaría de Vivienda no llega al 1 por ciento de la inversión que nosotros volcamos al mejoramiento de la calidad de vida. Aproximadamente un 0,6 por ciento se destina a pagos de sueldos, viáticos, movilidad, telefonía, etcétera.
Por otro lado, se hizo una pregunta sobre la ley Fonavi, que creo que ya respondí al principio de mi exposición. Cualquier duda al respecto, luego podemos actualizar la información.
Hay otras inquietudes que solicitan especificar qué empresas constructoras están participando en la construcción de viviendas en la etapa I y II, y detallar cuáles fueron las empresas ganadoras de la licitación. Asimismo hay otra similar que pide el listado actualizado de las empresas adjudicatarias de las licitaciones y otra más que solicita el listado actualizado de las empresas adjudicatarias de las licitaciones para el mejoramiento de la actividad.
Nosotros estamos trabajando -en realidad las jurisdicciones trabajan y nosotros financiamos la construcción de viviendas, porque en la jerga también se comete el error de decirlo al revés- en todo el país con 1.699 empresas. Las empresas son todas pymes, no trabajamos con empresas grandes, y las empresas que más inciden normalmente participan de la masa en cada provincia; por supuesto, las provincias que tienen mayor densidad y mayor parque empresario dividen por más. Es decir, si uno toma la provincia de Buenos Aires se va a encontrar con que cada empresa participa del 1, 2 o 3 por ciento de la masa de viviendas que se están construyendo. Si uno va a provincias con menor densidad va a haber menor parque empresario, participan todas pero esa torta se divide entre menos; entonces, participan del 10, 12, 13 por ciento del paquete. Ese es más o menos el ranking, no creo que haga falta leer las 1.700 empresas; se las puedo hacer llegar.
Las licitaciones más grandes están en el conurbano bonaerense, son de 300 o 400 viviendas y cuando hablamos de barrios de 2.000 viviendas, se trata de varias licitaciones que confluyen en ese barrio.
En cuanto a mejoramientos tenemos una dispersión mayor porque los programas estaban pensados en empresas mucho más chicas; son empresas familiares que toman obras de mucho menor valor. Imagínense que el costo de una vivienda es de 100 mil pesos y el costo de un mejoramiento es de 30 mil. Por lo tanto, quien hace diez mejoramientos adquiere una obra de 300.000 pesos y quien hace una obra de diez casas tiene una obra por 1 millón de pesos. Esa es la relación.
Buenos Aires tiene trabajando 239 empresas, la Ciudad de Buenos Aires tiene 13; Catamarca, 48; Chaco, 55; Chubut, 52; Córdoba, 54; Corrientes, 40; Entre Ríos, 71; Formosa, 66; Jujuy, 49; La Pampa, 43; La Rioja, 44; Mendoza, 93; Misiones, 82; Neuquén, 18; Río Negro, 24; Salta, 47; San Juan, 48; Santa Cruz, 20; Santa Fe, 59; Santiago del Estero, 60; Tierra del Fuego, 26 y Tucumán, 53.
Estos números también tienen que ver con una cuestión geográfica. Entre Ríos tiene muchas empresas porque tiene 300 comunas, hay una dispersión muy grande de municipios; no digo que en cada municipio haya una empresa, pero está más repartida la población. En Santa Cruz hay 14 ciudades, por lo tanto, el parque empresario está concentrado en una o dos ciudades, el resto es antieconómico.
Además hay lugares donde no llega el mercado, esto también es cierto. Se nos había presentado un caso con el Federal I en La Rioja donde se había llamado a licitación para veinte viviendas y al tercer llamado no se presentaba nadie, porque el problema era que había que subir los materiales por una huella y no subían camiones ni camionetas. Por lo tanto, donde no llega el mercado nosotros habilitamos que las obras se hagan por administración. Se hace con la provincia, pero ésta cede esta potestad al municipio y los municipios chicos normalmente construyen por administración grupos de cinco, diez o quince viviendas.
También tenemos habilitados otros programas -además de los de emergencia, como el ex PROPASA, que construye otro tipo de viviendas, que son subsidio puro y que se construyen de otra manera. Tiene que ver con los certificados y es un programa que adelanta a la firma del convenio el 50 por ciento del valor de la obra y el otro 50 por ciento cuando la obra está por terminar. Se hacen de a cinco o diez viviendas básicas y se realizan porque no hay mercado ni empresas; a veces se hacen por autoconstrucción y en municipios o comunas de quinientos o mil habitantes.
Ahora hay muchísimo trabajo, tenemos esas 1.699 empresas trabajando en esto, pero en el marco de la obra pública, de la Secretaría de Obras Públicas, hay 23 mil.
Nadie quiere ir a un paraje medio desolado a construir cinco viviendas, pudiéndolo hacer cerca de su casa, de los proveedores de insumos y llegando por asfalto. Esta es la realidad del país en el que vivimos.
Respondiendo a otra pregunta, en 2008 la UOCRA llegó a tener 419 mil obreros de la construcción, mientras que en 2003 tenía 159 mil. Habíamos comenzado con 70 mil, pasamos a 159 mil y terminamos con 419 mil en 2008.
El último grupo de preguntas que tengo anotadas se refiere a las funciones de la Secretaría de Vivienda y de los institutos en el marco de las normas federales. Asimismo se consulta si se mejoró el resultado entre la ecuación de inversión y las viviendas terminadas. Además se solicita información sobre las políticas que se están llevando a cabo a fin de satisfacer el déficit habitacional de los sectores medios.
Por otra parte me preguntan si considero que las viviendas se enmarcan dentro de los parámetros de la obra pública y si son correctas las políticas aplicadas generalmente relativas al subsidio de la oferta. Y también me solicitan la actualización de la información contenida en la página web. Este último punto es un compromiso asumido y espero que dentro de los próximos 15 días esté solucionado.
Contestando a estas preguntas, creemos que hemos fortalecido muchísimo la función de auditar, que antes no existía en la Subsecretaría de Vivienda, ya que el programa Fonavi tenía libre disponibilidad de recursos, y en consecuencia no había qué auditar.
Cuando se llegaba a un lugar, el intendente decía: con esto pagué los sueldos. ¿Entonces qué íbamos a auditar? ¿El pago de sueldos? Consecuentemente no auditábamos nada. De ahí a la situación actual creo que hemos avanzado muchísimo y que los institutos de vivienda también lo han hecho, porque están preparados para licitar 200 viviendas por año, con un prototipo y una carga de viviendas que no influía sobre la ciudad existente. Por lo tanto, entonces había muy pocas cosas para analizar.
A caballo de estos convenios, firmamos dos que tienen mucho que ver con estas preguntas. En 2004 firmamos un convenio de optimización del recupero de cuotas para los institutos. ¿Qué significaba este convenio? El financiamiento para que los institutos lograran las herramientas necesarias para mejorar la recaudación. Y este financiamiento lo lograron quienes lo tomaron en serio.
Por ejemplo, hoy nos está acompañando el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda, presidente del Instituto de Misiones y delegado de la soberanía. Misiones recupera en cuotas el 86 por ciento de la inversión de las viviendas que estamos construyendo.
También está el caso de otras provincias que recaudan menos y de otras que todavía no pueden dilucidar cuál es el parque de viviendas que tienen. Son cuestiones variopintas. Sin embargo, todos están trabajando, han comprado equipo GPS, software, hardware y han gastado el dinero en publicidad, en trípticos y en dípticos. Todo ello ha dado muy buenos resultados porque se han visto mejoras.
Además hemos firmado otro convenio para la optimización de las áreas de desarrollo urbano en cada instituto de vivienda porque en algunos casos no existía. Asimismo estamos propiciando que se mire a la ciudad en toda su magnitud porque al hacerlo podemos interrelacionar a los seres humanos que allí viven. Si contamos con transportes y agua segura, y a la vez cumplimos con las metas del milenio y con una serie de cuestiones que ha asumido el Estado y la sociedad toda, mejoraremos la calidad de vida de todos los habitantes.
Creemos que este proceso funciona porque la ONU, en el análisis de hábitat de las ciudades, ha distinguido primero a la República Argentina como el país que más trabajó para achicar la cantidad de viviendas en villas; luego a Colombia y a República Dominicana.
Esto está dicho y ha sido presentado a nivel mundial en el último foro de Brasil. Nos llena de satisfacción y nos lleva a redoblar el esfuerzo para seguir.
Antes de que saliera el ACUMAR, habíamos firmado dos convenios, uno de la cuenca Matanza-Riachuelo y otro de la cuenca Reconquista, donde veníamos trabajando desde hace unos cuantos años. Ahí es donde pueden ver una subejecución de viviendas, porque nosotros no hacemos erradicación de villas, sino urbanización de villas.
En el conurbano la mayoría de las villas son muy viejas y la gente hace muchísimo tiempo que vive ahí, tiene toda su vida de relación ahí, su trabajo cerca, sus parientes cerca, quien le cuide al hijo cuando va a trabajar, etcétera. Entonces, erradicar significa -además que generalmente es gente que ha venido de otro lado-, generar directamente un terrible daño social y sobre la persona que no queremos generar.
Entonces, esto de urbanizar y del esponjamiento hace que vayamos de a poco con un convenio como el de La Cava con 1.680 viviendas. Tenemos ejecutadas 800 y cada vez cuesta más porque tenemos que ir ganándole terreno a La Cava para poder construir viviendas nuevas.
Quien mire la obra La Cava va a descubrir que hace cuatro años que no se terminan esas 1.680 viviendas, pero el que nombré es uno de los motivos por los cuales no se terminan. Podríamos haber comprado un terreno en otra provincia, lo limpiábamos, hacíamos las 1.680 casas en un año y medio y trasladábamos a todos los habitantes de La Cava. Pero ese no es el criterio de este gobierno, nuestro programa es de urbanización en el lugar, siempre que se pueda.
En el ACUMAR no estamos urbanizando en el lugar porque tenemos que sacar a la gente de al lado de las márgenes del río contaminado, pero lo que hacemos es trasladarla al terreno más cercano y que menos conflictos le traiga a cada uno de los habitantes.
El gobierno ha considerado que la vivienda se enmarca en la obra pública y la primera medida que tomó el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner fue cuando con la ley de ministerio trasladó toda la política de vivienda a la Secretaría de Obras Públicas, porque estábamos convencidos de que la construcción de viviendas iba a apalancar la generación de mano de obra, la generación del mercado interno y la posibilidad de poner al país a trabajar lo más rápido posible; y esto se lograba con viviendas. Además, la vivienda forma parte de la obra pública, porque no es solamente vivienda, sino que es vivienda más su infraestructura y todo su equipamiento.
Entonces, creemos que es una parte importante, los programas de vivienda han influido casi en 3 puntos del PBI en su curva más alta, en 2007 -del PBI de ese momento, porque sigue creciendo, no sé si ahora es el 3 o menos, pero en valores absolutos sigue siendo el mismo.
Para terminar, quiero contarles que además de esta política de vivienda tenemos estos dos programas que anuncié, que son el PROMEBA y el PROSOFA con un crédito del Banco Mundial. Estamos negociando el PROMEBA III, y el PROMEBA II es con un crédito de 1.000 millones de dólares.
El PROMEBA I fue con un crédito de 350 millones de dólares firmado en 1997. Al 2003 estaba comprometido el 48 por ciento, de 2003 a 2005 se terminó de ejecutar todo y creamos el PROMEBA II por 1.000 millones de dólares, que es un crédito CLIP que va en etapas de 390 millones; ahora estamos negociando la segunda etapa.
El primer PROMEBA tenía como condición que las provincias debían poner una contraparte; por lo tanto, aquellas provincias más pobres no podían ingresar porque su Legislatura no le aprobaba el endeudamiento en dólares porque no tenían con qué.
El PROMEBA II lo hicimos con el ciento por ciento de devolución por parte del gobierno nacional para que todo el país pudiera participar de la construcción de esto.
PROMEBA es el Programa de Mejoramiento de Barrios, es un abordaje integral sobre los barrios más carenciados.
Se trata de un programa a 25 años y en un año y medio ya hemos comprometido los primeros 350 millones de dólares.
Asimismo la semana pasada estuvimos negociando con la gente del BID y como resultado positivo obtuvimos otros 300 millones para el segundo tramo. De todos modos, tenemos un problema con el BID ya que aparentemente no tiene liquidez y por eso tenemos que esperar un poco para que nos pueda empezar a enviar el segundo desembolso.
Por otra parte, el programa Promhib II, que en 2003 contaba con un presupuesto de 10 millones de pesos y actualmente cuenta con 180 millones de pesos, se destina a obras de equipamiento urbano, cordones, cunetas, plazas, es decir, aquellas obras que hoy no pueden hacer. Se trata de subsidio puro; podrían hacerlo si el país fuera otro y si no se hubiese roto el período democrático. Creo que de ese modo estaríamos en mejores condiciones. Pero tenemos la necesidad de realizar todas aquellas obras de equipamiento urbano y comunitario que se demandan.
Para finalizar, quiero decir al señor presidente de la comisión, a los vicepresidentes, a los secretarios y a los señores diputados que cuando lo deseen están invitados a recorrer las oficinas de la Subsecretaría de Ordenamiento Urbano y Vivienda para conocer cómo se trabaja y hacia dónde vamos. Contamos con un plantel es de 430 personas y un presupuesto de 6 mil millones de pesos provenientes de la Fuente 11 del Tesoro nacional y además con fondos extrapresupuestarios por alrededor de 5 mil millones de pesos más. Esa es la inversión que debemos ejecutar este año por decisión de la Secretaría de Obras Públicas, el ministerio y por supuesto de la presidenta de la Nación, quien todos los días nos impulsa a redoblar el esfuerzo para continuar llevando adelante esta política.
He venido acompañado por el equipo de trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda porque, en realidad, pensar que la Subsecretaría construye nada más que casas, que además las construye, creemos que es casi un reduccionismo. El objetivo de la creación de la Subsecretaría es trabajar sobre el déficit habitacional y el mejoramiento de la calidad de vida del hábitat de las personas.
Las metas del milenio y los informes de la ONU dicen que en 2050 el 90 por ciento de la población va a vivir en ciudades, que en América Latina ya el 70 por ciento de la población está viviendo en ciudades y que va a seguir existiendo una fuerte migración. Además, se trata de una migración con aumento poblacional, porque no es algo estático, sino que se da un crecimiento exponencial y ese porcentaje es cada vez mayor debido a que aumenta la cantidad de gente que nace y se va a ir trasladando.
En función de eso, el desafío de una política de desarrollo urbano y de vivienda en la Argentina y en el mundo es una de las cosas que más están preocupando a todas las sociedades. De hecho, se ha realizado hace poco en Brasil, Río de Janeiro, en el mes de marzo, un foro mundial de urbanismo que congregó a más de 50 mil especialistas. Justamente allí se ha abordado con mayor profundidad el tema llegando a conclusiones que realmente son estremecedoras por el nivel de pobreza y la dificultad del acceso a la ciudad por parte de mucha gente pero, por otro lado, son alentadoras, debido a la cantidad de gente, funcionarios y personas de ONGs que están trabajando al respecto y les preocupa muchísimo.
Volviendo a la Argentina y al tema que nos ocupa, es bueno hablar de lo que sucedió y de lo que sigue ocurriendo.
Por otra parte, traté de agrupar y redactar una respuesta para las preguntas parecidas, comprendiéndolas a todas para hilar el relato. En todo caso, si queda algo sin contestar, luego de mi exposición los señores diputados podrán repreguntar y trataré de ser lo más preciso posible.
Quiero comentarles que como la subsecretaría engloba una diversidad de acciones, vine con mi equipo para que en caso de ser necesario, ellos puedan responder puntualmente acerca de los distintos programas. Sin embargo, si tampoco fuera posible, porque no tenemos el dato preciso, asumimos el compromiso de hacerlo por escrito a la brevedad.
Entonces, respondiendo a las preguntas, en 1972 se sancionó la ley 19.929, que da creación al posteriormente llamado Fonavi. Y específicamente en 1977 se sancionó la ley 21.581, de creación del Fonavi. A partir de los aportes patronales y de los provenientes de los empleados activos en relación de dependencia, esta ley posibilitaba la construcción de viviendas en las provincias en función de un coeficiente repartidor. En principio se trató de una ley simple y luego de una ley convenio.
En 1991 se eliminaron los aportes patronales y se creó la ley del Fondo Nacional de la Vivienda, para cuya aplicación estaba prevista la creación de institutos autárquicos de vivienda en cada una de las jurisdicciones del país y en la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento no era autónoma.
En consecuencia, se creó la Comisión Nacional de la Vivienda, porque esos fondos provenientes de los aportes de los empleados debían ser manejados por un ente autárquico. Y el Estado se comprometió con un fondo de garantía de 75 millones de pesos mensuales, en caso de que el aporte realizado no alcanzara ese valor. Es decir que si el aporte era menor, el Estado ponía la diferencia hasta llegar a los 75 millones y si el aporte era mayor, la cifra no se alteraba. Y al respecto, en concepto de coparticipación del Fonavi, había alrededor de 900 millones de pesos anuales.
Luego ocurrieron varias cosas, entre ellas, se cambió el origen de los fondos de combustibles sólidos y líquidos a combustibles líquidos solamente, lo que implicó un 42 por ciento de reducción. De todos modos el fondo de garantía continuó.
En 1999, a raíz de un pacto fiscal y de un convenio que se firmó con las provincias, que luego se transformó en ley, desapareció el 50 por ciento del fondo específico para la vivienda y se dejó libre disponibilidad a las jurisdicciones provinciales. Además se quitó el fondo de garantía. Es decir que el Estado ya no tenía la obligación de aportar hasta llegar a la suma de 75 millones, si la recaudación por el impuesto que generaba este fondo nacional de la vivienda fuera más bajo.
En 2002 se firmó un pacto interestadual por el cual el otro 50 por ciento del Fonavi también quedaba sujeto a una libre disponibilidad.
Es decir que podemos afirmar que en 2002 desapareció el instrumento que generaba una política de vivienda federal. Ese es el escenario con que nos encontramos en 2003, donde el recurso no tenía garantía, era lo que había; una vez que se sacó la garantía nunca se llegó a los 900 millones de pesos porque siempre se recaudó menos.
Además había libre disponibilidad de recursos, por lo tanto -y no estoy haciendo un juicio de valor, sino una descripción- los gobernadores utilizaron esos recursos para otras necesidades que consideraban más perentorias -estamos hablando de 2002, no hace tanto-, y todos recordamos lo que pasaba.
En consecuencia, desapareció la política de vivienda y al desaparecer la política de vivienda en ese concepto, que era lo único que había, no tenía demasiado sentido la Subsecretaría de Vivienda como tal, porque qué fondo se iba a auditar si no se construían viviendas; esta es la realidad y así es como nosotros arrancamos.
Sobre esa ley FONAVI quiero decir dos cosas: sigue vigente y también sigue vigente la libre disponibilidad de los recursos por parte de las jurisdicciones, pero gracias a Dios y a la marcha de la economía del país, la mayoría de las provincias están utilizando hoy este recurso FONAVI para apalancar la política de vivienda, conjuntamente con el Estado nacional dentro de los programas federales, a veces como contrapartida, a veces como apoyo logístico y a veces como compra de tierra.
Pero hay una cosa fundamental que dice la ley FONAVI en su artículo 12 -esto quiero que quede en claro, porque en los medios salieron algunas cosas sobre la responsabilidad del Estado nacional en las adjudicaciones de las viviendas-, que es que "Las viviendas que se construyan con financiamiento total o parcial del Fondo Nacional de la Vivienda serán asignadas por los respectivos organismos ejecutores a familias de recursos insuficientes según se lo define en el artículo 7º de la presente ley."
En el artículo 16 de la ley dice: "Es responsabilidad de las jurisdicciones provinciales la selección de los adjudicatarios." Es cierto que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación tiene auditorías, pero son estadísticas -no son auditorías personalizadas- porque necesita controlar el movimiento del déficit habitacional.
Y para esto se requieren datos estadísticos de las jurisdicciones provinciales, como la cantidad de personas que están viviendo en casas de dos, tres o cuatro dormitorios, qué operatorias lanzó cada una de las provincias para cubrir su déficit, qué tipo de construcciones se están llevando adelante, cómo están tratando el tema de los discapacitados, de qué manera están reduciendo el déficit y también de qué manera están cobrando o recuperando la inversión.
Ustedes saben que el Estado nacional concurre a las jurisdicciones como subsidio en la política de vivienda, genera patrimonio en las provincias y las provincias adjudican en venta y cobran; esto forma parte de sus ingresos y de su patrimonio para volver a dar una vuelta más sobre el recurso y generar mayor cantidad de viviendas.
Estas eran dos preguntas que me habían hecho, que creo que tenían relación. Había una pregunta del diputado Fernández sobre si se encontraba en vigencia la ley FONAVI. Y el otro tema es cuál es el desembolso que se ha realizado a la fecha en cada provincia.
Al 31 de mayo de 2010 -que es la fecha que nosotros tenemos- llevamos una transferencia automática de 810 millones de pesos. Si quieren lo puedo discriminar por provincia en números redondos en millones de pesos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10; Buenos Aires, 117; Catamarca, 17; Córdoba, 45; Corrientes, 40; Chaco, 37; Chubut, 25; Entre Ríos, 31; Formosa, 32; Jujuy, 24; La Pampa, 16; La Rioja, 16; Mendoza, 32; Misiones, 38; Neuquén, 34; Río Negro, 36; Salta, 32; San Juan, 29; San Luis, 29; Santa Cruz, 25; Santa Fe, 45; Santiago del Estero, 34; Tucumán, 34; y Tierra del Fuego, 21.
Esto representa medianamente la evolución del Fonavi.
El año 2003 lo tenemos reflejado en este gráfico, donde esta curva ascendente bastante marcada se debe justamente a una mayor actividad económica. Como decía anteriormente, el Fonavi se nutre de un recurso proveniente de los combustibles líquidos. Evidentemente hay un mayor consumo de combustible, y a pesar de no estar el fondo de garantía de 75 millones, el año pasado hubo 1.530 millones de pesos de transferencia a las provincias, y para este año se proyectan 1.850 millones.
Por otro lado, se formularon once preguntas acerca del estado de situación de los programas de vivienda. Y creo que el funcionamiento de los programas es uno de los temas que más interesa a los señores diputados. Asimismo, este tipo de medidas es el leit motiv de la subsecretaría.
Acerca de nuestra página web, quiero aclararles que la información está atrasada al mes de septiembre en forma involuntaria. No sé si saben, pero nuestras oficinas estaban en el edificio del Correo Central, donde ahora se está construyendo el edificio del Bicentenario.
Como en noviembre nos dijeron que nos teníamos que mudar, empezamos a juntar las cosas y a desconectar las redes. De todos modos en realidad la carga de la información tiene un atraso de 60 días, producto de que no es automática, ya que deben enviarla las provincias. Y para no dejar la página en blanco, dejamos la información a septiembre.
Es cierto que esos datos estaban atrasados. Pero ahora estamos en otro edificio y en muy poquito tiempo la información será accesible a todo el mundo a través de nuestra página web.
Antes de pasar a desarrollar el avance de los programas de vivienda de marzo de 2003 a marzo de 2010, quiero hacer una aclaración porque a veces este aspecto se presta a controversias. Nosotros hablamos técnicamente de soluciones habitacionales y siempre surge la discusión acerca de por qué sumamos soluciones habitacionales y viviendas, si no son lo mismo. Lo hacemos porque el déficit se toma en los hogares, y los hogares deficitarios pueden estar en viviendas nuevas o en viviendas en terminación.
Cuando hablamos de soluciones habitacionales estamos trabajando técnicamente sobre el déficit de hogares. Se trata de un dato surgido del censo de viviendas realizado cada diez años.
El censo no refleja las soluciones habitacionales ni las viviendas, sino los hogares. Y para dar un contenido técnico, en nuestra jerga hablamos de soluciones habitacionales. El objetivo de nuestra subsecretaría es achicar el déficit. Al respecto quiero comentarles que a la fecha se terminaron 510 mil y están en ejecución otras 233 mil. Además hay 72 mil soluciones habitacionales que pasaron la presentación de la demanda y están en trámite de valuación, llamado a licitación, etcétera. Es decir que están por iniciarse y tienen carácter legal. No se trata solamente de querer hacer tantas casas, sino de que ya se están tramitando en la subsecretaría.
Eso suma 807 mil soluciones habitacionales y abarca un universo de más o menos 3.600.000 beneficiarios. Si tomamos en particular el tópico de viviendas, tenemos terminadas 273 mil y hay en ejecución 130.273. Además, existe un universo a iniciar de 40 mil, tenemos mejoramientos terminados por 228 mil, en ejecución 102 mil y a iniciar 32 mil. Estas cifras dan 807 mil soluciones habitacionales.
Estoy hablando de números redondos para entender el Programa Federal I y el Programa Federal II, de otro modo no se va a comprender por qué no se cumple con un programa de 120 mil viviendas si la suma dice que hay 800 mil terminadas. ¿Qué es esto? ¿No se cumple uno y se sobre cumplió en otro?
La realidad es que, desaparecido el Fonavi como elemento generador de política de vivienda por la libre disponibilidad de los recursos y ante la necesidad de empezar a generar una política que primero atacara el déficit y después contuviera el reclamo, el gobierno nacional allá por 2003 relanza un programa que estaba en ejecución y estaba parado y otro programa que estaba en carpeta y no se había puesto en ejecución, que forman el programa Reactivación I y Reactivación II.
En el Programa Reactivación I el Estado nacional invertía el 30 por ciento del valor de la vivienda y los Estados provinciales el 70 por ciento. Esto actuaba sobre obras que estaban paralizadas. No es que el Estado provincial ponía el 70 por ciento sino que la obra se había parado al 70 por ciento y necesitaba plata, y entonces el Estado nacional concurrió a solucionar esto. Después sale el programa Reactivación II, donde el porcentaje de intervención de cada una de las jurisdicciones, nacional y provincial, es del 50 por ciento por cada parte.
Inmediatamente se lanzan dos programas, primero el que se llamó Techo y Trabajo y hoy se denomina Programa Federal de Emergencia Habitacional, que es el programa de cooperativas. Era un programa que apuntaba más a la contención social -estábamos con 23 por ciento de desocupación- que a la construcción masiva de viviendas. O sea que utilizaba la construcción de viviendas, que dentro de la obra pública comprende la construcción, la vivienda, las obras de arquitectura en general y la vivienda en particular. Es la actividad que más cantidad de mano de obra y trabajo genera. Para que tengan una idea, la construcción de vivienda involucra a 60 gremios, entre puestos directos e indirectos. Es decir que se lanza este programa con esos dos objetivos y se genera un programa de cooperativa, que tenía como objeto crear 800 cooperativas y crear 6 mil viviendas en todo el país. En realidad, no era en todo el país sino en aquellas jurisdicciones que habían firmado el convenio. A poco tiempo de eso se crea el Programa de Solidaridad Habitacional, que genera la construcción y financiamiento de 21 mil viviendas en las provincias del NOA y del NEA, las provincias que históricamente habían sido más postergadas y que estaban en peor situación.
Para que se tenga una idea de lo que estoy diciendo, el NOA y el NEA tienen 25 por ciento de la población del país y participan en casi 7 por ciento del PBI, en realidad, participaban en ese momento. Por lo tanto, existía una desinversión brutal y nosotros, con el poco recurso que existía en ese momento, lanzamos este programa que tenía que ver con construcciones en el NOA y en el NEA y con algunas particularidades; se trataba de un programa de licitaciones.
Las empresas debían contratar y capacitar a un porcentaje de jefas y jefes de hogar y no podía tratarse de más de 50 viviendas, justamente para inducir la creación, el apalancamiento o el arranque de las empresas pymes.
No queríamos ni queremos, tal vez por una cuestión doctrinaria, trabajar con grandes empresas que construyen grandes planes de vivienda.
Cuando en el año 2005 la política económica se acomodó un poco, se lanzó con 120 mil unidades de vivienda el Programa Federal de Construcción de Viviendas. Este programa no se ejecutó por el sistema Fonavi, porque muchas provincias se quejaban de que era anticuado y no reflejaba la realidad. Este acuerdo se logró por consenso en el Consejo Nacional de la Vivienda, donde se trabajaron algunos índices, como ser la encuesta permanente de hogares, las NBI, el crecimiento poblacional de cada provincia y el crecimiento histórico vegetativo de las pymes. Con esa información se acordó un coeficiente repartidor, que fue aprobado por el Consejo Nacional de Vivienda, ente asesor de la subsecretaría con asesoramiento no vinculante, creado por la ley Fonavi.
Nosotros establecimos una mecánica de trabajo a ese organismo que representa a la totalidad de las jurisdicciones del plan, planificando reuniones trimestrales, tal como establece el reglamento, en las cuales consideramos los temas, y hasta el momento siempre nos pusimos de acuerdo en las decisiones tomadas en política de vivienda.
Reitero que no somos los constructores. Es muy claro el convenio marco que se firma con todas las provincias en lo referido a la construcción de estas viviendas, mediante el que financiamos un monto máximo y a la vez permitimos una superficie mínima por vivienda, calculada de acuerdo con los parámetros de calidad y los coeficientes de habitabilidad.
La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales depende de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y la Dirección de Tecnología y Producción, dependiente de la primera, fija los coeficientes o los parámetros de calidad de los materiales y les otorga el certificado de aptitud técnica. Por tal motivo, tenemos la obligación de decir con qué materiales queremos que se construya la vivienda y a la vez debemos contar con el certificado de aptitud técnica.
Asimismo quiero comentarles que la superficie está dada por el estándar mínimo de habitabilidad de cada una de las viviendas. No está permitida la construcción de una vivienda que tenga menos de dos dormitorios.
Por supuesto, esto a la vez depende de las leyes de cada jurisdicción o de las ordenanzas de cada ciudad. Y señalo esto porque las ciudades tienen códigos de edificación y algunas provincias tienen leyes de uso del suelo u otras relativas al tipo de construcción permitida.
Entonces nosotros damos los lineamientos y son las jurisdicciones provinciales las que en definitiva fijan el modo de hacerlo, porque al no construir nosotros, estamos sujetos a las leyes provinciales.
Fíjense que la Secretaría de Obras Públicas, de la cual esta Subsecretaría depende, tiene el 80 por ciento de sus obras descentralizadas y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene el ciento por ciento de sus obras descentralizadas. Esto significa que no somos el comitente de nada. Nos manejamos con la ley Fonavi y los distintos artículos de nuestros convenios marco establecen la responsabilidad de adjudicación y selección de los adjudicatarios del comitente con las provincias.
Por supuesto los convenios marco fueron firmados por todo los gobernadores en su momento. Además, en un anexo también se fijaba el costo y la superficie de la vivienda.
En mayo de 2005 -si no me equivoco- se firmó una resolución en el Consejo Nacional de la Vivienda donde se definió cerrar el Programa Federal I de construcciones por 120 mil viviendas. En realidad en ese momento teníamos en construcción y comprometidas algunas viviendas, pero no había ninguna terminada porque recién había empezado -se firma en abril de 2004 y esta disposición es de abril o mayo de 2005.
Es decir, en ese año todavía no se había terminado nada pero había que cerrarlo. ¿Por qué? Debíamos empezar el Programa Plurianual de Construcción de Viviendas, que permitía el financiamiento de 300 mil viviendas.
El Estado nacional se comprometía -como se comprometió con el Plan Federal I- a financiar en cada una de las jurisdicciones la construcción de un total de 300 mil viviendas, de acuerdo con el cupo que había sido determinado por el Consejo Nacional de la Vivienda.
El convenio marco tiene otro párrafo que dice que se iba a empezar a implementar en la medida en que se termine o que se vaya terminando el Programa Federal I en cada jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que si una determinada jurisdicción tenía que construir 5.000 viviendas con el Federal I, hasta que no termine esas viviendas no puede iniciar el Federal II.
Esto tenía como objetivo no generar migraciones internas de trabajadores de la construcción, porque si en una provincia están trabajando a full y en la otra no están trabajando, los trabajadores se van a mudar.
Ustedes saben que los trabajadores de la construcción trabajan donde está la obra, no son trabajadores de fábrica que van todos los días al mismo lugar, y también saben de las grandes migraciones que tenemos de ciudadanos de otros países que vienen a trabajar acá, fundamentalmente chilenos, paraguayos y bolivianos que trabajan en la construcción.
Les doy un dato, por ejemplo, en Moreno vive el 25 por ciento de los albañiles del país; de la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, salen a trabajar a distintos lugares. Es un dato curioso, pero están concentrados ahí, y entonces no es bueno este tipo de migraciones.
Nosotros habíamos desarrollado un programa que era abarcativo y queríamos que se mantuviera en todas las provincias por igual, pero además había otra cuestión. Con el FONAVI con libre disponibilidad, con un programa de 120 mil viviendas que estaba en ejecución y que prácticamente estaba comprometido, las Cámaras de la construcción de cada una de las provincias, los proveedores de insumos, los fabricantes de elementos y la UOCRA se preguntaban: "¿Y después de esto, qué? Terminan las 120 mil viviendas y de nuevo la nada".
Les cuento un caso testigo: el problema de la loza blanca -quizás lo hemos discutido en algún momento con el diputado Katz. Ferrum no prendía el segundo horno de cerámica porque sale un dineral y pensaban qué iba a pasar si no se construían más viviendas y se cortaba el trabajo.
Entonces, el Consejo Nacional de la Vivienda lanzó este cierre del programa con todo comprometido y puesto en ejecución, y para cerrar se permitió sobrecupos en algunas provincias -después lo voy a explicar, porque también tiene que ver con alguna pregunta que habla sobre el atraso de las obras.
En esa resolución se dijo que los cupos no se perdían, sino que pasaban al programa siguiente y se dio un claro signo de previsibilidad, se dijo: "Está el dinero y hay un programa plurianual para continuar, por lo tanto, muchachos prendan el segundo horno,... -ese sería el mensaje chabacano-...pónganse a trabajar que hay más trabajo".
En ese contexto actualmente tenemos -y es bueno decirlo- proyectos del Programa Federal I que no están terminados, que son aquellos grandes complejos habitacionales que no se hacen en seis meses o un año.
Por ejemplo, para cerrar este programa en Tucumán se comenzó a financiar el proyecto Lomas de Tafí, que comprende a 3.600 viviendas con su debida infraestructura.
Para que se den una idea de la dimensión, para tener agua en este emprendimiento, que está pegado a Gran Tucumán, hay que traer un acueducto desde el dique Cabra Corral. Nosotros estamos financiando esta obra de alrededor de 10 kilómetros, si no me equivoco. Para ello hay que hacer los pavimentos, las cloacas, las conexiones eléctricas y poner nexos por todos lados; no se trata solamente de la construcción de viviendas.
Por otra parte, mediante el Plan Federal I estamos construyendo 2 mil viviendas en General Rodríguez, un sitio con planta de tratamiento de líquidos cloacales, pozo de captación de agua, pavimento y transformadores de luz eléctrica para generar fuerza motriz e iluminar al barrio. Allí van a vivir 2 mil familias, lo que representa cerca de 10 mil personas. La construcción de toda esa infraestructura lleva a que el barrio no esté terminado; sin embargo, la obra se esté ejecutando.
En el Gran Buenos Aires suceden estas cosas. También puedo mencionarles que en Esteban Echeverría hay un barrio de 1.990 viviendas, que están terminadas en un 98 por ciento.
Ocurre que la demanda se cualifica y mientras la obra está en ejecución, se solicitan otras cosas y nosotros las vamos completando. A veces se trata de adicionales de la propia obra y es cierto que la obra no está concluida.
Por otra parte, quiero comentarles que ayer inauguramos 66 viviendas en Berazategui, de un barrio que tendrá en total 742, habiéndose entregado anteriormente 250. Y cuando uno mira la planilla, la licitación se refiere a 742 viviendas, las cuales están terminadas en un 80 por ciento. De todas maneras la realidad es que hay 300 y pico de familias viviendo allí, que no se contabilizan en la tablita como obra terminada sino parcialmente terminada. Entonces el objetivo de que la gente ya esté viviendo se está cumpliendo y además la infraestructura está terminada.
A veces hay que cambiar los planes de trabajo, no es que las obras se atrasen. La jurisdicción municipal o provincial decide junto con la empresa, a mi entender con muy buen criterio, primero hacer funcionar las cosas y después seguir con lo restante. Estas son las cuestiones por las cuales podemos encontrarnos con algunas obras no finalizadas del Plan Federal I.
Sobre el mismo tema quiero comentarles que hay cerca de un 0,7 por ciento de las obras que están con muy bajo ritmo de ejecución o paralizadas por razones ajenas al propio plan.
Por ejemplo, está el caso de una empresa con muchísimas viviendas para construir -se trata de pequeñas licitaciones pero en gran número- que se fundió. Se murió el dueño, los hijos continuaron a cargo de la empresa y la fundieron. Esto no tiene nada que ver con los planes, pero esas obras requieren de todo un trámite legal de la jurisdicción para volver a estar en marcha. Y estamos siguiendo el caso.
Por otra parte, en una obra en La Matanza ocurrió lo mismo. Y en el interior del país ese porcentaje de obras paralizadas es prácticamente ínfimo, no llega al 0,3 por ciento. En realidad en las obras donde hay un mayor compromiso el porcentaje es pequeño, ya que en 800 mil soluciones habitaciones, estamos hablando de 6 mil, y aunque no es un número menor, estamos solucionando los inconvenientes que se presentan.
Esa tarea debe realizarla la jurisdicción, que es el comitente, con su contratista porque para eso firmaron un contrato. Nosotros no firmamos un contrato con la empresa, sino que ayudamos a que las cosas se solucionen. ¿Y cómo se logra? Con leyes y reglamentos provinciales, no con leyes nacionales, porque nosotros financiamos la construcción en cada jurisdicción y trabajamos sobre ella.
Fíjense una cosa que dije al pasar, en el sentido de completar los cupos de los programas, pero que quizás sirva para entender mejor el funcionamiento de estos convenios y programas. El programa de emergencia habitacional debía construir, de acuerdo con el convenio, 6 mil viviendas, tiene construidas y terminadas 15 mil y hay 5 mil más en ejecución.
Ante el programa de cooperativas, que había surgido como un programa chiquitito y que nosotros llamamos "nuestro buque insignia", porque era nuestro primer programa y fue con lo que arrancamos, ¿cómo es que si tenía que hacer 5 mil hizo 15 mil y si tenía que hacer 120 mil hizo 110 mil viviendas? Sucede que la política federal de vivienda es una sola, nosotros trabajamos y los programas son tan amplios que cada jurisdicción nos solicita lo que su gente necesita. Se abrieron programas aborígenes, subprogramas para vivienda rural, subprogramas para terminación de viviendas de conjuntos habitacionales existentes y subprogramas con municipios.
En la provincia de Buenos Aires teníamos el problema, en cuanto al control, que pasaban seis meses desde de la firma del contrato hasta la puesta en marcha, porque tiene que dar la vuelta por los organismos correspondientes. Entonces, los precios se atrasaban y todo lo que se pactaba con seis meses de antelación después quedaba atrasado y se requería hacer modificaciones y adendas. Entonces, hicimos un subprograma que está absolutamente controlado por el Superior Tribunal de Cuentas de la provincia, pero que tiene un control ex post, lo que nos permitió manejar otro ritmo en las licitaciones.
Todo eso suma a la política de vivienda. Tanto es así que, al requerimiento de la SIGEN en su momento, nosotros le dimos una vuelta más de tuerca, transformando estos convenios en programas presupuestarios. Hoy podemos decir que la política de vivienda en la Argentina es una política de Estado, porque está en el presupuesto.
Aparecieron los programas Federal I, Federal II y el subprograma de Villas pero, en realidad, desaparecieron el programa 42, que es el Promeba y Prosofa, dos programas concretos. Lo mismo sucedió con el programa 43, llamado Techo Digno, que en realidad engloba la política de vivienda propiamente dicha, la que construye casas, lo que sería el Programa Federal I y Programa Federal II. El Programa 44, que tiene que ver con el mejoramiento de vivienda y con el Promhib. El programa 45, de fortalecimiento comunitario de hábitat, incluye las emergencias habitacionales, climáticas, viviendas de comunidades aborígenes y viviendas rurales. El programa 46, que era un subprograma de los programas federales y que hoy es la urbanización de villas y asentamiento precarios, abarca, por supuesto, las acciones en villas y asentamientos precarios y está concentrado, por una decisión política, en un 80 u 85 por ciento en acciones en el conurbano bonaerense, sobre las cuencas del Matanza Riachuelo y sobre las cuencas del Reconquista.
Dentro del grupo de preguntas que me enviaron hay una referida a si se realizan auditorías sobre la calidad de las viviendas. Se realizan auditorías sobre las viviendas y hay una dirección que audita las cuentas y las obras, no audita a la empresa, audita al comitente, la jurisdicción. Nosotros no tenemos nada que ver con la empresa, de hecho hay obras que no se hacen por empresa, sino por administración. Cuando auditamos y vemos errores de construcción, suspendemos los pagos al comitente hasta que solucione esta situación. Esto no es muy común porque en realidad los institutos de vivienda tienen un expertise muy grande en la construcción de viviendas, pero a veces sucede que hay algún defecto o problema y si nosotros lo vemos en la auditoría, suspendemos los pagos hasta que salgan.
A pesar de que todos los ingresos van a cuentas especiales y no se pueden utilizar, salvo para pagar los certificados de obra, tal como está establecido, auditamos las cuentas para ver si efectivamente los dineros públicos se están destinando al fin preestablecido. Y el año pasado, si no me equivoco, auditamos 44.554 viviendas, haciendo un muestreo en todo el país.
Anteriormente respondí acerca de las viviendas terminadas; sin embargo, hay otra pregunta que se refiere específicamente a la cantidad por jurisdicción.
En consecuencia, les leo las cifras de viviendas terminadas por provincias: Buenos Aires, 50.462; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4.220; Catamarca, 6.753; Chaco, 14.339; Chubut, 8.711; Córdoba, 12.969; Corrientes, 9.907; Entre Ríos, 9.048; Formosa, 9.860; Jujuy, 11.136; La Pampa, 5.824; La Rioja, 8.480; Mendoza, 16.728; Misiones, 16.310; Neuquén, 3.646; Río Negro, 5.650; Salta, 12.207; San Juan, 12.791; San Luis, 6.543; Santa Cruz, 6.582; Santa Fe, 16.941; Santiago del Estero, 14.993; Tierra del Fuego 1.878; y Tucumán, 7.649. Eso da la cantidad que señalé al principio de mi exposición de 273.600 viviendas terminadas. Y en ejecución hay 130.273 viviendas. Si quieren les leo la distribución de las viviendas en ejecución, pero ustedes solamente consultaron acerca del número de viviendas terminadas. Además hay 40 mil viviendas a iniciarse. Y el total de viviendas es de 444 mil.
Asimismo se formuló una pregunta similar acerca de los mejoramientos terminados por provincias. Paso a detallar: Buenos Aires, 17.758; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28; Catamarca, 101; Chaco, 1.300; Chubut, 391; Córdoba, 432; Corrientes, 2.289; Entre Ríos, 2.588; Formosa, 2.545; Jujuy, 1.014; La Pampa, 121; La Rioja, 2.345; Mendoza, 1.105; Misiones, 326; Neuquén, 1.549; Río Negro, 530; Salta, 310; Santa Cruz, 50; Santa Fe, 3.450; Santiago del Estero, 551; y Tucumán, 2.731. Estas cifras se refieren al programa Mejor Vivir solamente por empresas, ya que el dato que brindé del mismo programa en general es muchísimo mayor.
Cuando nos referimos a soluciones habitacionales, hubo 228 mil mejoramientos terminados, producto de los otros programas, que también se encargan de lo mismo.
Acerca del fortalecimiento de las políticas habitacionales, el presupuesto para 2003 fue de 1.249 millones de pesos y el aprobado el año pasado para el 2009 fue de 6.825 millones de pesos.
En esta gráfica vemos la evolución. Acá se trabajaba exclusivamente con Fonavi mediante la política de vivienda, y a partir de los programas federales aparece esta curva que sube desde los 700 millones de pesos, que fue lo último que pagó Fonavi, a los 6.825 millones, que es el presupuesto del año pasado.
En cuanto a las soluciones habitacionales terminadas, pueden observar un gráfico que tiene algunos altibajos relacionados con la crisis del país -hay un pico en 1985 y otro en 2002; en 2004 teníamos 24 mil viviendas y a partir de ahí empezamos a crecer llegando a 2009 con la terminación de 111 mil soluciones habitacionales.
En realidad como país nos encontramos en una disyuntiva. No creo que vayamos a tener -quizás me equivoque- 800 mil o un millón de obreros de la construcción. Me parece que no se llegará a eso, y hay 400 mil obreros de la construcción; tampoco vamos a tener una superproducción de ladrillos, cemento ni empresas para que tripliquen la cantidad de trabajo.
Digo que estamos en una disyuntiva porque el país tiene capacidad de tener en construcción -no de terminar- un promedio de entre 100 mil y 120 mil soluciones habitacionales por año. Para que ello crezca evidentemente hay que dar un salto cualitativo y para esto se necesita generar la construcción de otra manera.
Nuestros equipos de investigación están trabajando sobre sistemas constructivos industrializados, algo que repele un poco a la sociedad, pero evidentemente ustedes saben que el parque de empresas constructoras del país no son fábricas, son obradores, terrenos abiertos donde están amontonados algunos materiales y las máquinas, y si queremos atacar más fuertemente el déficit, en algún momento vamos a tener que producir viviendas industrializadas, como se está haciendo en todo el mundo. Estamos trabajando y sería bueno seguir ahondando en esto.
Nosotros somos receptivos a escuchar otras voces porque nos parece que es lo que se viene; en muchos países ya no se encofra más con madera, acá cada vez se encofra menos con madera, porque es mucho trabajo hacer un edificio de madera para llenarlo de hormigón y luego desarmar el edificio de madera, y sobre todo cuando hablamos del cuidado del ambiente que tanto nos preocupa; eso era para cuando la construcción tenía otra escala.
Por otro lado, tenemos un grupo de preguntas que tienen que ver con los criterios para la asignación de fondos, el criterio de selección de beneficiarios, plazos de amortización de vivienda, el recupero de las cuotas, qué actitud va a tomar el gobierno nacional con los barrios que están lentos -acá dice "paralizados"-, qué actitud va a tomar el gobierno nacional con los barrios del Plan Federal II, que no han comenzado las obras. Hay una serie de preguntas que voy a tratar de contestar.
Los criterios para la asignación de los fondos destinados a la distribución de los planes surgen de dos cuestiones: primero, del coeficiente repartidor que, a pesar de que los convenios dejaron de existir, lo seguimos manteniendo hasta que las provincias decidan cambiarlos en el seno del Consejo Nacional de la Vivienda; hasta ahora esto se mantiene. Pero además hay otra cuestión, porque a partir de que desaparecieron los convenios se trabaja a demanda, y no a cualquier demanda. No puede venir por ejemplo mi provincia -Santa Cruz- a decir "quiero construir 100 mil viviendas", porque los coeficientes de NBI, de déficit habitacional, etcétera y el sentido común dicen que ahí no se pueden construir 100 mil viviendas, se puede construir hasta una determinada cantidad.
Entonces, como además eso se ve en el seno del Consejo Nacional de la Vivienda, se trata de utilizar el sentido común y manejar las variables científicas que tenemos a mano como la Encuesta Permanente de Hogares, en este momento el Censo de 2001 y las proyecciones técnicas profesionales en función del 2010.
Acá también me quiero detener en la cuestión del déficit habitacional, que es un tema del que se habla y se dice de muchas maneras.
El déficit habitacional es lo que el censo determina cuando una familia sufre algún inconveniente. Puede ser que no tenga casa, que tenga una casa hermosa pero con hacinamiento, que tenga una casa muy fea con hacinamiento, que tenga una casa irrecuperable o que tenga una casa recuperable. Más o menos ese es el panorama.
En el censo del 2001 ese universo llegaba a 2.800.000 hogares, si tomábamos todas las variables. ¿Y qué fue lo que pasó? En realidad históricamente el Estado brinda algún tipo de atención al 50 por ciento de la población deficitaria. Sin embargo, luego de la aplicación de políticas absolutamente recesivas y la casi desaparición de la política de vivienda, la base de esa pirámide que históricamente era del 50 por ciento se amplió generando más demanda de algún tipo de ayuda del Estado.
Actualmente estamos trabajando en el primer y segundo quintil de la demanda con programas sociales y a la vez estamos tratando de lanzar otros con la ayuda de las provincias y el apalancamiento del recurso Fonavi, que contiene algunos programas destinados a una clase media baja.
Quiero explicarles que el déficit se conforma por el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo.
El déficit cuantitativo se refiere a la construcción de viviendas nuevas y tiene que ver con aquellas personas que no tienen vivienda o cuya construcción es irrecuperable por estar hecha con materiales que no se pueden recuperar, como ser cartón, chapa, plástico o mampostería que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad o sustentabilidad. También puede suceder que esté hecha con paredes de 15 o con ladrillo de canto, lo que es irrecuperable y forma parte del déficit cuantitativo, que representa entre el 30 y el 35 por ciento del déficit total.
Por otra parte, el déficit cualitativo es aquel que tiene que ver con las viviendas que son recuperables de alguna manera, pero que sin embargo tienen algún problema, ya sea el baño afuera, la falta de revestimiento o hacinamiento, o sea más de dos personas o dos personas de distinto sexo en un mismo cuarto. Este requisito de hábitat lo fijan la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas.
Respondiendo a otra pregunta, quiero señalar que el gran déficit es el cualitativo y está entre el 60 y el 65 por ciento, y hacia allí tenemos que dirigirnos. Se trata de asentamientos, no villas, de mampostería, que están bien construidos pero no terminados. Son aquellos barrios que en nuestra época eran los barrios Calmar o los barrios en los que la gente hizo lo que pudo y llegó hasta ahí, a veces completó su casa, pero después tuvo más hijos y le quedó chica. Realmente ese es el déficit habitacional de la Argentina, que tiene un parque de alrededor de 10 millones de viviendas.
A través del resultado de la Encuesta Permanente de Hogares, que no refleja a la totalidad del país, porque se hace en los grandes centros urbanos y muestra al 70 por ciento de la población nacional, podemos ver en este gráfico que en la categoría 1 aumentó en un 14 por ciento la cantidad de viviendas que salieron del déficit. Es decir que hubo una disminución de viviendas que salieron del déficit, marcadas en esta línea casi imperceptible, que se empezaron a terminar.
Nos estamos enfocando en esa tarea y en los asentamientos y villas del mayor distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires y el área del conurbano.
Ya comenté los criterios de selección de los beneficiarios. Los tiene que hacer el ente autárquico en la provincia, para eso está la ley. En todo caso, como es cabeza de ley, puede delegarlo a través de un convenio hacia una jurisdicción menor, pero siempre es el responsable. Porque las viviendas, las construya quien las construya o si las financia el Estado nacional, forman parte del patrimonio provincial y se adjudican en venta. Nosotros vamos como subsidio y agrandamos el patrimonio provincial y jurisdiccional. Se adjudican en cascada y cada adjudicatario debe pagar una cuota sobre esa vivienda, se hace una hipoteca y una vez que las cuotas se terminan de pagar, se levanta la hipoteca y el propietario adquiere el derecho real sobre la propiedad.
Con respecto a una pregunta que habla del recupero de las cuotas, quiero decir que ya la respondí. Lo recupera la provincia. Las operadoras del Plan Federal están basadas -hay otras preguntas que tienen alguna similitud- en el Fonavi y han tomado sus criterios. Normalmente se dan 300 cuotas, la ley Fonavi habla de 300 cuotas por vivienda del costo de la vivienda, no hay precio. Es costo puro, descontando las infraestructuras; es decir que las infraestructuras no se le cobran al adjudicatario, sino que se le cobra el costo de la vivienda. En algunos casos se pueden dar 15 años más de plazo, pero la jurisdicción tiene la potestad de generar comodatos, subsidios o cualquier tipo de operatoria que tenga que ver con la población que va a asistir.
Nosotros en este momento, como decía, estamos financiando viviendas para el primero y segundo quintil de la demanda. A veces hay gente que no tiene trabajo y, por lo tanto, no puede pagar la cuota pero sí necesita la casa. Para nosotros primero es la casa, para que esa familia viva bien, los hijos no tienen la culpa y no tienen que sufrir la falta de trabajo de los padres. Entonces, que tengan la casa y que sea la jurisdicción la que prorrogue el cobro de cuotas hasta que consiga trabajo. Después hará un comodato o la manera legal que tenga de poder hacerlo.
La siguiente pregunta se refiere a si se ha previsto la construcción de infraestructura. La respuesta es sí. Las viviendas se entregan con toda la infraestructura y además tenemos un subprograma que se llama Infraestructura, porque a veces donde se construye el barrio los nexos de conexión están lejos. Aquí se da lo que hablaba hace un rato sobre el agua en Lomas de Tafí.
Con ese programa de infraestructura nosotros pagamos el nexo de conexión. En esto trabajamos con el ENOSA en todo el país y con AySA o ARBA en la provincia de Buenos Aires, porque no podemos hacer una planta de tratamiento donde a nosotros se nos ocurra, ya que hay planes maestros en los que otros organismos tienen la responsabilidad. Nosotros nos sometemos a ellos para que nos digan qué obras son las que tenemos que hacer, de qué manera y en qué tiempo se va a solucionar.
En algunos casos, por ejemplo en Tierra del Fuego, tenemos una planta de tratamiento de líquidos cloacales móviles. Sucede que el barrio está terminado y la obra de la planta definitiva de cloacas tarda dos años más, entonces la provincia financió con sus recursos dos plantas de tratamiento móviles para poder hacer que las 480 familias puedan utilizar la vivienda, ya que no tenían cloacas.
Hay otra pregunta referida a si se ha previsto la construcción de escuelas, hospitales y centros comerciales. Primero nosotros trabajamos con declaraciones juradas. Nosotros no lo diseñamos ni lo corregimos pero sí vemos lo que en la jerga se llama lay out o plano general y en los grandes proyectos decimos que los espacios tienen que estar reservados para equipamiento comunitario ocupacional, comercial, de salud. Como todas las cosas suceden en las intendencias, puede pasar que el intendente diga. "No me hace falta dejar acá un terreno para el hospital porque el hospital que puede atender esa demanda está a cinco o seis cuadras, tengo buen acceso, líneas de colectivos, etcétera. Entonces, no dejen espacio para hospital sino para lugar verde, esparcimiento, etcétera".
Entre paréntesis quiero señalar que los espacios comunes son la dificultad de acceso más grande del pobre en el mundo que vivimos. Nadie da bolilla a los espacios verdes.
Acerca de si se han aplicado sanciones a empresas constructoras por incumplimiento, nosotros no lo hacemos. Ustedes saben que en el caso de la obra pública el comitente tiene un libro de órdenes y la empresa tiene un libro de pedido de empresa que se hace por triplicado. Y cuando hay defectos o vicios de construcción se aplican sanciones y multas. Ello figura en el contrato de obra y en el pliego de especificaciones técnicas y de condiciones generales. No forma parte del financiamiento.
Cuando detectamos alguna anomalía -casi siempre son técnicas-, suspendemos los pagos al comitente hasta que el inconveniente se solucione.
Otra pregunta se refiere a la provisión de los terrenos. Nosotros estamos vedados de comprar terrenos. La subsecretaría no compra tierra ni provee terrenos; sí puede hacerlo el Estado nacional, si tiene terrenos ociosos y firma algún convenio para tal fin. Pero nosotros no pagamos terrenos; ellos deben ser aportados por la jurisdicción de la manera que sea. Lo que sí estipulamos son los parámetros, ya que no puede tratarse de cualquier terreno. No vamos a invertir dinero en una laguna. Necesitamos que cada jurisdicción provea el certificado de aptitud técnica del terreno y el certificado de construcción porque a veces por el código de edificación no se puede construir el tipo de vivienda que desea la empresa o que figura en el proyecto presentado.
En algunas provincias los proyectos de vivienda se hacen por concurso de sociedades de arquitectos y a veces se proponen construcciones que no cumplen totalmente con las reglamentaciones. Me refiero básicamente al certificado de aptitud técnica, al certificado de soporte de terreno para que no sea de relleno y después no se pueda arreglar y al certificado de inundabilidad. Eso es lo que auditamos, pero no financiamos la compra de terrenos.
A lo mejor vieron casos de licitaciones en algunas provincias con terreno a valor cero. Eso significa que la empresa aporta el terreno, pero nosotros no lo pagamos. O sea, lo paga la jurisdicción o la empresa lo asume como costo porque le interesa más la construcción que el valor del terreno, que puede ser ínfimo.
Considerando este tema, tenemos que tener en cuenta de que además de Subsecretaría de Vivienda somos de Desarrollo Urbano, entonces debemos contemplar que los terrenos no sean un negocio inmobiliario de las empresas. Es decir que debido al bajo costo no estén ubicados en cualquier lugar, porque eso significa un serio problema social y económico para las personas que lo habitarán.
Si yo traslado a una persona del primero o segundo quintil de la demanda a 5 kilómetros de distancia de la ciudad, le estoy generando un gasto en colectivo para ir a trabajar, llevar los chicos a la escuela, ir al hospital y comprar lo que necesite. Entonces tiene que analizarse todo este tipo de cosas. Además a veces hay que abrirle los ojos al intendente porque también se genera un mayor gasto de recolección de residuos y de mantenimiento de ese barrio satélite. Entonces el único que gana es quien pone la tierra a muy bajo costo, ya que la vivienda vale lo mismo en el Sahara que al lado de una ciudad. En esta cuestión también ponemos el ojo, porque genera estos efectos negativos.
También tenemos que ver el tamaño de las infraestructuras existentes, porque a muy corto plazo el 90 por ciento de la población va a vivir en la ciudad. En consecuencia, nos encontramos con un choque entre la ciudad existente y la ciudad anillo que se va creando.
Por ejemplo, España tiene un serio problema porque hay ciudades de más de mil años y por eso tal vez no puede perforar para hacer líneas de subte y además se complica el transporte mediante las líneas de colectivo.
Están hablando de ciudades policéntricas; además el transporte genera monóxido de carbono y eso contribuye al calentamiento global y a toda una cadena de cosas. Todo va a pasar en la ciudad: la ciudad va a ser la que albergue a la gente pero también va a ser la que genere todo lo malo, si no se controla y se cuida el ambiente. Esto es con respecto al funcionamiento de los programas.
Hay cuatro preguntas que tienen que ver con superficies y costos. Se refieren a cuáles son los costos estimados de construcción de cada vivienda en los casos de los planes I y II, la superficie construida, la superficie de terreno autorizada para cada vivienda, el monto promedio de construcción por metro cuadrado para el plan II y qué obras se incluye y el costo estimado de cada vivienda.
Cuando salió el Plan Federal I hicimos una divisional de costo en la Patagonia -de La Pampa hacia el Sur-, donde el costo de la vivienda iba aumentando en valor y también en superficie por una cuestión estrictamente climática. En las zonas frías la gente necesita una casa un poco más grande porque desarrolla más actividades de su vida cotidiana dentro de la casa y además por una cuestión de fletes, porque no se producen los elementos y básicamente hay que traerlos del Norte.
En el Consejo Nacional de la Vivienda se tuvo en cuenta eso en el Federal I. También se tuvo en cuenta en el área Metropolitana y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un mayor valor producto de la gran densidad, la falta de terrenos y que la construcción prácticamente se desarrolla en propiedad horizontal.
Cuando se construye una casa en planta baja se hace por un determinado costo, porque prácticamente no se necesita estructura resistente, pero cuando se necesita desarrollar una vivienda en propiedad horizontal -no estamos hablando de vivienda de alta densidad pero estamos hablando de planta baja con dos o tres pisos, de acuerdo con el proyecto- necesito una estructura resistente, escaleras, espacios comunes que no tiene la casa individual, que evidentemente si no se considera es imposible que se pueda llevar adelante por el mismo valor.
En el segundo convenio agregamos a pedido de las provincias que están sobre la cordillera -de Mendoza hacia el Norte, es decir, las provincias de Cuyo y otras-, un adicional por zona sísmica. Entonces, también hubo un valor diferenciado en la misma superficie por zona sísmica porque evidentemente la estructura resistente tiene que ser otra y tiene otro costo.
El primer programa tenía una superficie de 44 metros cuadrados y el segundo programa tiene una superficie de 55 metros cuadrados. Además, en los convenios obligamos a construir el 5 por ciento de las viviendas de cada licitación -si existiera la demanda- para discapacitados; eso está establecido, y pagamos un diferencial de un 10 por ciento en esas viviendas porque son viviendas distintas si son discapacitados motrices porque tienen puertas más grandes, ambientes más grandes, el baño es distinto, etcétera.
En la última reunión del Consejo Federal de la Vivienda que se llevó a cabo el viernes pasado en Entre Ríos también se definió que cada jurisdicción haga un relevamiento de las discapacidades que existen en esos barrios que se van a hacer porque no siempre la discapacidad es motora.
El valor más alto que pagamos -financiamos, en realidad- está dado en Tierra del Fuego; se trata de una casa de 60 metros cuadrados y su valor es de 225.800 pesos.
Este valor es al mes cuatro y es la última vez, porque no se hace todos los meses, sino al saltar el gatillo del decreto 2.925. Este es el valor de la vivienda más la infraestructura y no el nexo.
El valor promedio de la vivienda de 55 metros cuadrados sin ningún tipo de adicional en todo el país es de 104.400 pesos, salvo en la Patagonia donde es de 60 metros cuadrados. Como señalé anteriormente, éste es el monto máximo que la subsecretaría financia por vivienda, lo que no quita que la jurisdicción agregue una contraparte que tiene que estar definida al momento de la no objeción que damos para hacer un pari passu. O sea que no la puede poner al final, sino que tiene que acompañar el certificado para asegurarnos que las cosas se terminen. Porque por ejemplo si la contraparte hace el techo, primero vamos a hacer todas las casas, pero si después no está la plata de la contraparte, todas quedarán sin techo. Entonces esa contraparte tiene que estar definida y formar parte del costo de la vivienda y por supuesto de la licitación.
Hay otro grupo de preguntas que tiene que ver con el circuito administrativo y los motivos por los cuales están atrasados los pagos de las certificaciones y subejecutadas obras de los planes I y II. Además se solicita indicar cuál es el último pago de certificado efectuado en cada una de las obras.
Acerca de los certificados atrasados, se puede ver la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Nosotros no emitimos los certificados sino que la jurisdicción se encarga de ello. Pero sí procesamos todos los certificados que llegan de la manera que fuera.
Ocurre que generalmente la jurisdicción no trae los certificados del día 1 al 5, sino que lo hace en cualquier momento. A veces por cuestiones operativas junta certificados y manda tres o cuatro juntos.
Entonces, por un lado tenemos que pagar una cuota presupuestaria fija establecida por el Ministerio de Economía. Y por el otro no podemos pagar más que esa suma y consecuentemente tampoco podemos iniciar más viviendas. Esto es un engranaje que va enganchando a las viviendas en ejecución con las viviendas a iniciar, al presupuesto nacional y a los otros conceptos a pagar que forman parte del equipamiento urbano y de los otros programas.
En principio en la administración pública lo normal es pagar certificados a los 60 días de recibidos. Este es más o menos el flujograma del circuito de expedientes que a mi criterio también es una asignatura pendiente porque hay que dar muchos pasos. Aunque por supuesto este procedimiento asegura la calidad del pago; no estoy diciendo que no controlen, pero a lo mejor se podría hacer de otra manera más rápida.
Reitero que los expedientes se pagan a los 60 días. Y esto las empresas constructoras lo saben. Además las provincias a veces adelantan parte del certificado y otras no, porque una vez que se arma la cadena o el circuito -como se dice vulgarmente-, el pago realizado cada 60 días se refleja cada 30. Entonces estamos pagando a 60 días pero se cobra cada 30 días.
Acerca de los motivos por los cuales las obras están subejecutadas, quiero señalar que básicamente no tenemos ese tipo de obras. Se trata un poco de lo que yo decía acerca de que hay un 0,7 por ciento de obras paralizadas o subejecutadas. Y lo que hacemos en esos casos es parar los pagos hasta que la obra se ponga al día. No quiero que se interprete mal, si tengo que hacer la obra de viviendas y llegué al 90 por ciento y solamente falta la pintura y la colocación de los artefactos sanitarios, voy con la infraestructura necesaria para que queden habilitadas en un 70 por ciento. Pero si yo fuera empresario -y eso es lo que hacen- paro la obra de la vivienda y me dedico a la infraestructura.
Porque si yo pinto y pongo los artefactos, lo más probable es que roben los artefactos o que usurpen la casa. Paro la obra de vivienda y le doy infraestructura para terminar las dos cosas.
Cuando observamos que hay una obra de vivienda que hace cuatro meses que tiene un certificado clavado en el 80 por ciento, vamos a hacer la auditoría. Cuando sucede esto hacemos una auditoria, vemos a la gente trabajando en infraestructura y parando la obra de vivienda, a veces recomendado por el intendente, por el gobernador, por el presidente del Instituto de Vivienda, según quien sea, pero esto es lo que pasa.
Entendemos que hay que terminar las dos cuestiones juntas, porque si no se corre un serio riesgo de usurpación. Está claro, sale en las noticias, se ve qué es lo que pasa y hay mucha presión al respecto. A veces es normal y a veces es inducida, pero hay presión. Entonces, lo dije, hay 0,7 por ciento de vivienda paralizada, algunas obras paralizadas por motivos ajenos a la Subsecretaría y otras por ese tipo de motivos. Además, algunas viviendas están subejecutadas, muy pocas, porque el empresario se empezó a dedicar a otra cosa y hay que perseguirlo para que termine o hacer algo para que la jurisdicción lo obligue a terminar la obra.
Nosotros estamos en el gobierno, en esta Subsecretaría, para financiar la construcción de viviendas, entonces queremos que las obras se terminen de la mejor manera posible, lo más rápido posible y con la ayuda de todos.
El señor diputado Gribaudo ha realizado una pregunta que se refiere a indicar en cada una de las obras cuál ha sido el último pago de certificado efectuado. Esto es muy difícil de contestar porque nosotros hemos pagado el certificado que entró el último mes. Ahora procesamos 11 mil expedientes por año pero hay obras que no arrancaron, las obras no arrancaron todas el mismo día, entonces tengo obras con el certificado número 20, otras con el certificado número 8 y otras con el 40. Como el universo es tan grande, a mi entender, para contestarle hubiéramos tenido que traer un mamotreto de hojas que me parece no hace a la cuestión. Sí puedo decir que nosotros procesamos lo que entra a la Subsecretaría por certificado, tenemos alrededor de 100 mil viviendas en ejecución a un promedio de 50 viviendas por obra y eso da el número de certificados. En realidad, es el número de certificados y no son tantos expedientes. Si bien hay un solo expediente por provincia, esa división da números, pero es grande. Eso es lo que procesamos como certificado de vivienda además de los certificados de las otras obras.
Hay otra pregunta que tiene que ver con cómo funciona el circuito administrativo para poder llegar a la construcción de viviendas. Una vez determinados los cupos, existe la presentación por parte de la jurisdicción de un proyecto. No se presenta un proyecto de arquitectura con los planos, sino que se presenta un proyecto de acuerdo con el convenio, con los parámetros que nosotros fijamos, es decir, planta máxima, superficie mínima y el lay out para ver qué es lo que contempla el proyecto.
Se analiza y se estudia y si está aprobado se le da a la jurisdicción lo que se llama la no objeción técnica. Esta no objeción técnica es lo que permite a la jurisdicción iniciar el proyecto licitatorio. Se inicia el proceso licitatorio de acuerdo con sus leyes, ley de obra pública provincial o las ordenanzas que regulen el ejercicio. Una vez que se licitó y se preadjudicó nos mandan la preadjudicación, y si cumple con los parámetros que establecemos -la empresa tiene capacidad técnico financiera para hacer la obra, los precios son los que nosotros financiamos, el proyecto está de acuerdo al objeto de la licitación y además tenemos un dictamen de la jurisdicción en el sentido de que es así- nosotros otorgamos la no objeción financiera para que se pueda firmar el contrato entre la empresa y la jurisdicción, es decir entre las partes.
Una vez firmado el contrato y cumplidas todas las garantías necesarias de acuerdo con la ley, se firma un convenio particular entre la jurisdicción y la subsecretaría, que es lo que conforma el expediente de pago.
Con ese expediente de pago se inicia el circuito para comenzar a financiar la obra. Hay un anticipo financiero de un 15 por ciento y luego hay certificados acotados de acuerdo con el plan de trabajo presentado por la empresa. Ahí es donde nos fijamos si hay subejecución.
Con respecto a la subejecución, también es bueno decir algo que se me escapó y que normalmente ocurre en algunas provincias. Por ejemplo, si en enero firmo un contrato de obra con Tierra del Fuego, voy a tener dos meses de construcción y luego un receso durante cinco meses por la veda invernal. La veda contempla que los plazos no se trasladen a la obra, o sea que no está en mora, pero quien mira la planilla dice: esta obra está parada hace seis meses. Pero no es así; está en veda, no está parada. Y como esas hay otras cuestiones en las que los números no reflejan exactamente la realidad de cada jurisdicción.
Hay otra pregunta acerca cuánto se ha transferido a las provincias al día de hoy en concepto de todos los programas. Y respondo señalando que estamos en 1.620 millones de pesos, más los 810 del Fonavi del mes pasado y que esas cifran están dentro de la curva normal.
Si uno hace la referencia estadística para atrás, en el hemisferio sur tenemos el problema de que las fiestas son en verano, es decir que en la época en que podría haber mayor actividad en la construcción, la gente se toma vacaciones. Entonces hay menor producción de mano de obra. Los certificados globales del mes de febrero siempre son mucho más flacos y se empieza a recomponer la situación a partir de febrero o marzo. Ahí la curva se recupera para cumplir con el presupuesto a partir de julio o agosto, que es lo que está ocurriendo actualmente.
El mes pasado pagamos 310 millones y este mes pagaremos alrededor de 360 millones; siempre sucede así.
Ahora pasaré a detallar la tasa de ejecución del presupuesto original de parte de la subsecretaría: en 2003 el 92,30 por ciento, en 2004 el 96,30 por ciento, en 2005 el 99,23 por ciento, en 2006 el 99,56 por ciento, en 2007 el 99,38 por ciento, en 2008 el 99,49 por ciento, y en 2009 el 99,56 por ciento. Les aclaro que el gasto administrativo de la Subsecretaría de Vivienda no llega al 1 por ciento de la inversión que nosotros volcamos al mejoramiento de la calidad de vida. Aproximadamente un 0,6 por ciento se destina a pagos de sueldos, viáticos, movilidad, telefonía, etcétera.
Por otro lado, se hizo una pregunta sobre la ley Fonavi, que creo que ya respondí al principio de mi exposición. Cualquier duda al respecto, luego podemos actualizar la información.
Hay otras inquietudes que solicitan especificar qué empresas constructoras están participando en la construcción de viviendas en la etapa I y II, y detallar cuáles fueron las empresas ganadoras de la licitación. Asimismo hay otra similar que pide el listado actualizado de las empresas adjudicatarias de las licitaciones y otra más que solicita el listado actualizado de las empresas adjudicatarias de las licitaciones para el mejoramiento de la actividad.
Nosotros estamos trabajando -en realidad las jurisdicciones trabajan y nosotros financiamos la construcción de viviendas, porque en la jerga también se comete el error de decirlo al revés- en todo el país con 1.699 empresas. Las empresas son todas pymes, no trabajamos con empresas grandes, y las empresas que más inciden normalmente participan de la masa en cada provincia; por supuesto, las provincias que tienen mayor densidad y mayor parque empresario dividen por más. Es decir, si uno toma la provincia de Buenos Aires se va a encontrar con que cada empresa participa del 1, 2 o 3 por ciento de la masa de viviendas que se están construyendo. Si uno va a provincias con menor densidad va a haber menor parque empresario, participan todas pero esa torta se divide entre menos; entonces, participan del 10, 12, 13 por ciento del paquete. Ese es más o menos el ranking, no creo que haga falta leer las 1.700 empresas; se las puedo hacer llegar.
Las licitaciones más grandes están en el conurbano bonaerense, son de 300 o 400 viviendas y cuando hablamos de barrios de 2.000 viviendas, se trata de varias licitaciones que confluyen en ese barrio.
En cuanto a mejoramientos tenemos una dispersión mayor porque los programas estaban pensados en empresas mucho más chicas; son empresas familiares que toman obras de mucho menor valor. Imagínense que el costo de una vivienda es de 100 mil pesos y el costo de un mejoramiento es de 30 mil. Por lo tanto, quien hace diez mejoramientos adquiere una obra de 300.000 pesos y quien hace una obra de diez casas tiene una obra por 1 millón de pesos. Esa es la relación.
Buenos Aires tiene trabajando 239 empresas, la Ciudad de Buenos Aires tiene 13; Catamarca, 48; Chaco, 55; Chubut, 52; Córdoba, 54; Corrientes, 40; Entre Ríos, 71; Formosa, 66; Jujuy, 49; La Pampa, 43; La Rioja, 44; Mendoza, 93; Misiones, 82; Neuquén, 18; Río Negro, 24; Salta, 47; San Juan, 48; Santa Cruz, 20; Santa Fe, 59; Santiago del Estero, 60; Tierra del Fuego, 26 y Tucumán, 53.
Estos números también tienen que ver con una cuestión geográfica. Entre Ríos tiene muchas empresas porque tiene 300 comunas, hay una dispersión muy grande de municipios; no digo que en cada municipio haya una empresa, pero está más repartida la población. En Santa Cruz hay 14 ciudades, por lo tanto, el parque empresario está concentrado en una o dos ciudades, el resto es antieconómico.
Además hay lugares donde no llega el mercado, esto también es cierto. Se nos había presentado un caso con el Federal I en La Rioja donde se había llamado a licitación para veinte viviendas y al tercer llamado no se presentaba nadie, porque el problema era que había que subir los materiales por una huella y no subían camiones ni camionetas. Por lo tanto, donde no llega el mercado nosotros habilitamos que las obras se hagan por administración. Se hace con la provincia, pero ésta cede esta potestad al municipio y los municipios chicos normalmente construyen por administración grupos de cinco, diez o quince viviendas.
También tenemos habilitados otros programas -además de los de emergencia, como el ex PROPASA, que construye otro tipo de viviendas, que son subsidio puro y que se construyen de otra manera. Tiene que ver con los certificados y es un programa que adelanta a la firma del convenio el 50 por ciento del valor de la obra y el otro 50 por ciento cuando la obra está por terminar. Se hacen de a cinco o diez viviendas básicas y se realizan porque no hay mercado ni empresas; a veces se hacen por autoconstrucción y en municipios o comunas de quinientos o mil habitantes.
Ahora hay muchísimo trabajo, tenemos esas 1.699 empresas trabajando en esto, pero en el marco de la obra pública, de la Secretaría de Obras Públicas, hay 23 mil.
Nadie quiere ir a un paraje medio desolado a construir cinco viviendas, pudiéndolo hacer cerca de su casa, de los proveedores de insumos y llegando por asfalto. Esta es la realidad del país en el que vivimos.
Respondiendo a otra pregunta, en 2008 la UOCRA llegó a tener 419 mil obreros de la construcción, mientras que en 2003 tenía 159 mil. Habíamos comenzado con 70 mil, pasamos a 159 mil y terminamos con 419 mil en 2008.
El último grupo de preguntas que tengo anotadas se refiere a las funciones de la Secretaría de Vivienda y de los institutos en el marco de las normas federales. Asimismo se consulta si se mejoró el resultado entre la ecuación de inversión y las viviendas terminadas. Además se solicita información sobre las políticas que se están llevando a cabo a fin de satisfacer el déficit habitacional de los sectores medios.
Por otra parte me preguntan si considero que las viviendas se enmarcan dentro de los parámetros de la obra pública y si son correctas las políticas aplicadas generalmente relativas al subsidio de la oferta. Y también me solicitan la actualización de la información contenida en la página web. Este último punto es un compromiso asumido y espero que dentro de los próximos 15 días esté solucionado.
Contestando a estas preguntas, creemos que hemos fortalecido muchísimo la función de auditar, que antes no existía en la Subsecretaría de Vivienda, ya que el programa Fonavi tenía libre disponibilidad de recursos, y en consecuencia no había qué auditar.
Cuando se llegaba a un lugar, el intendente decía: con esto pagué los sueldos. ¿Entonces qué íbamos a auditar? ¿El pago de sueldos? Consecuentemente no auditábamos nada. De ahí a la situación actual creo que hemos avanzado muchísimo y que los institutos de vivienda también lo han hecho, porque están preparados para licitar 200 viviendas por año, con un prototipo y una carga de viviendas que no influía sobre la ciudad existente. Por lo tanto, entonces había muy pocas cosas para analizar.
A caballo de estos convenios, firmamos dos que tienen mucho que ver con estas preguntas. En 2004 firmamos un convenio de optimización del recupero de cuotas para los institutos. ¿Qué significaba este convenio? El financiamiento para que los institutos lograran las herramientas necesarias para mejorar la recaudación. Y este financiamiento lo lograron quienes lo tomaron en serio.
Por ejemplo, hoy nos está acompañando el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda, presidente del Instituto de Misiones y delegado de la soberanía. Misiones recupera en cuotas el 86 por ciento de la inversión de las viviendas que estamos construyendo.
También está el caso de otras provincias que recaudan menos y de otras que todavía no pueden dilucidar cuál es el parque de viviendas que tienen. Son cuestiones variopintas. Sin embargo, todos están trabajando, han comprado equipo GPS, software, hardware y han gastado el dinero en publicidad, en trípticos y en dípticos. Todo ello ha dado muy buenos resultados porque se han visto mejoras.
Además hemos firmado otro convenio para la optimización de las áreas de desarrollo urbano en cada instituto de vivienda porque en algunos casos no existía. Asimismo estamos propiciando que se mire a la ciudad en toda su magnitud porque al hacerlo podemos interrelacionar a los seres humanos que allí viven. Si contamos con transportes y agua segura, y a la vez cumplimos con las metas del milenio y con una serie de cuestiones que ha asumido el Estado y la sociedad toda, mejoraremos la calidad de vida de todos los habitantes.
Creemos que este proceso funciona porque la ONU, en el análisis de hábitat de las ciudades, ha distinguido primero a la República Argentina como el país que más trabajó para achicar la cantidad de viviendas en villas; luego a Colombia y a República Dominicana.
Esto está dicho y ha sido presentado a nivel mundial en el último foro de Brasil. Nos llena de satisfacción y nos lleva a redoblar el esfuerzo para seguir.
Antes de que saliera el ACUMAR, habíamos firmado dos convenios, uno de la cuenca Matanza-Riachuelo y otro de la cuenca Reconquista, donde veníamos trabajando desde hace unos cuantos años. Ahí es donde pueden ver una subejecución de viviendas, porque nosotros no hacemos erradicación de villas, sino urbanización de villas.
En el conurbano la mayoría de las villas son muy viejas y la gente hace muchísimo tiempo que vive ahí, tiene toda su vida de relación ahí, su trabajo cerca, sus parientes cerca, quien le cuide al hijo cuando va a trabajar, etcétera. Entonces, erradicar significa -además que generalmente es gente que ha venido de otro lado-, generar directamente un terrible daño social y sobre la persona que no queremos generar.
Entonces, esto de urbanizar y del esponjamiento hace que vayamos de a poco con un convenio como el de La Cava con 1.680 viviendas. Tenemos ejecutadas 800 y cada vez cuesta más porque tenemos que ir ganándole terreno a La Cava para poder construir viviendas nuevas.
Quien mire la obra La Cava va a descubrir que hace cuatro años que no se terminan esas 1.680 viviendas, pero el que nombré es uno de los motivos por los cuales no se terminan. Podríamos haber comprado un terreno en otra provincia, lo limpiábamos, hacíamos las 1.680 casas en un año y medio y trasladábamos a todos los habitantes de La Cava. Pero ese no es el criterio de este gobierno, nuestro programa es de urbanización en el lugar, siempre que se pueda.
En el ACUMAR no estamos urbanizando en el lugar porque tenemos que sacar a la gente de al lado de las márgenes del río contaminado, pero lo que hacemos es trasladarla al terreno más cercano y que menos conflictos le traiga a cada uno de los habitantes.
El gobierno ha considerado que la vivienda se enmarca en la obra pública y la primera medida que tomó el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner fue cuando con la ley de ministerio trasladó toda la política de vivienda a la Secretaría de Obras Públicas, porque estábamos convencidos de que la construcción de viviendas iba a apalancar la generación de mano de obra, la generación del mercado interno y la posibilidad de poner al país a trabajar lo más rápido posible; y esto se lograba con viviendas. Además, la vivienda forma parte de la obra pública, porque no es solamente vivienda, sino que es vivienda más su infraestructura y todo su equipamiento.
Entonces, creemos que es una parte importante, los programas de vivienda han influido casi en 3 puntos del PBI en su curva más alta, en 2007 -del PBI de ese momento, porque sigue creciendo, no sé si ahora es el 3 o menos, pero en valores absolutos sigue siendo el mismo.
Para terminar, quiero contarles que además de esta política de vivienda tenemos estos dos programas que anuncié, que son el PROMEBA y el PROSOFA con un crédito del Banco Mundial. Estamos negociando el PROMEBA III, y el PROMEBA II es con un crédito de 1.000 millones de dólares.
El PROMEBA I fue con un crédito de 350 millones de dólares firmado en 1997. Al 2003 estaba comprometido el 48 por ciento, de 2003 a 2005 se terminó de ejecutar todo y creamos el PROMEBA II por 1.000 millones de dólares, que es un crédito CLIP que va en etapas de 390 millones; ahora estamos negociando la segunda etapa.
El primer PROMEBA tenía como condición que las provincias debían poner una contraparte; por lo tanto, aquellas provincias más pobres no podían ingresar porque su Legislatura no le aprobaba el endeudamiento en dólares porque no tenían con qué.
El PROMEBA II lo hicimos con el ciento por ciento de devolución por parte del gobierno nacional para que todo el país pudiera participar de la construcción de esto.
PROMEBA es el Programa de Mejoramiento de Barrios, es un abordaje integral sobre los barrios más carenciados.
Se trata de un programa a 25 años y en un año y medio ya hemos comprometido los primeros 350 millones de dólares.
Asimismo la semana pasada estuvimos negociando con la gente del BID y como resultado positivo obtuvimos otros 300 millones para el segundo tramo. De todos modos, tenemos un problema con el BID ya que aparentemente no tiene liquidez y por eso tenemos que esperar un poco para que nos pueda empezar a enviar el segundo desembolso.
Por otra parte, el programa Promhib II, que en 2003 contaba con un presupuesto de 10 millones de pesos y actualmente cuenta con 180 millones de pesos, se destina a obras de equipamiento urbano, cordones, cunetas, plazas, es decir, aquellas obras que hoy no pueden hacer. Se trata de subsidio puro; podrían hacerlo si el país fuera otro y si no se hubiese roto el período democrático. Creo que de ese modo estaríamos en mejores condiciones. Pero tenemos la necesidad de realizar todas aquellas obras de equipamiento urbano y comunitario que se demandan.
Para finalizar, quiero decir al señor presidente de la comisión, a los vicepresidentes, a los secretarios y a los señores diputados que cuando lo deseen están invitados a recorrer las oficinas de la Subsecretaría de Ordenamiento Urbano y Vivienda para conocer cómo se trabaja y hacia dónde vamos. Contamos con un plantel es de 430 personas y un presupuesto de 6 mil millones de pesos provenientes de la Fuente 11 del Tesoro nacional y además con fondos extrapresupuestarios por alrededor de 5 mil millones de pesos más. Esa es la inversión que debemos ejecutar este año por decisión de la Secretaría de Obras Públicas, el ministerio y por supuesto de la presidenta de la Nación, quien todos los días nos impulsa a redoblar el esfuerzo para continuar llevando adelante esta política.
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Si los señores diputados están de acuerdo, podemos empezar a la ronda de preguntas, dudas e inquietudes.
Tiene la palabra el señor diputado Katz.
Tiene la palabra el señor diputado Katz.
SR. KATZ Señor presidente: como siempre es un gusto escuchar al arquitecto Bontempo. Podemos coincidir en muchísimas cosas y disentir en algunas cuestiones relativas a dónde colocar un área específica y demás, pero son decisiones legítimas de un gobierno.
Las respuestas brindadas han sido muy amplias y claras. De todos modos, quiero hacer referencia a algunos aspectos que me sorprenden. La verdad es que reconozco un notable cambio de orientación en algunos programas históricos. Hemos discutido hace muchos años acerca de planes oficiales de vivienda en mi ciudad que eran de alta gama y que estaban muy lejos de lo que debían ser.
Realmente me sorprende que en Tierra del Fuego el costo sea de 950 dólares o casi mil el metro cuadrado. Se dieron algunos argumentos y seguramente quien quiera más precisiones abusará de la buena voluntad del área para recabar información.
Reitero que la exposición ha sido muy clara, de cualquier manera quiero reafirmar y aclarar algunas cuestiones. Sé que todos los señores diputados desean formular preguntas. Y yo haré solamente dos muy puntuales y concretas.
El Estado nacional financia, no licita, no elige ni designa empresas. Y al tratarse de fondos públicos que invierte la Nación en las jurisdicciones, la subsecretaría audita las cuentas y la calidad de la construcción.
La exposición ha sido muy clara en cuanto a que los adjudicatarios son elegidos por las jurisdicciones.
Por lo tanto, mi primera pregunta tiene que ver -y no es casual porque estoy hablando del caso José C. Paz, un intendente imputado de dar viviendas de mala manera y demás- con cuáles son los resortes, si bien sé que no está previsto -insisto, no quiero dejar de reafirmar que fue muy clara la exposición- frente a un hecho puntual; si también está el mecanismo de suspensión de pagos cuando algo se está discutiendo o analizando -si bien no es materia específica-, o en qué instancia la Subsecretaría tomará alguna medida frente a una duda de que la adjudicación que es responsabilidad de la jurisdicción no ha sido dada con el espíritu y la esencia que debe tener.
La segunda pregunta tiene que ver con un dolor de cabeza permanente, que por suerte en los últimos años fue menor que en otros, que son los mayores costos. Pongo los mayores costos contra -esto es absolutamente subjetivo- índices mentirosos del INDEC, que dificultan la tarea administrativa, cuando uno tiene que reconocer mayores costos, que el área por excelencia del gobierno nacional reniega, desmiente o niega sistemáticamente.
Quisiera saber cómo resuelven que la bolsa de cemento cuesta lo mismo para un intendente, para una empresa constructora y para un corralón, pero es diferente de lo que muchas veces indican los índices oficiales.
Quería formular esas dos preguntas.
Las respuestas brindadas han sido muy amplias y claras. De todos modos, quiero hacer referencia a algunos aspectos que me sorprenden. La verdad es que reconozco un notable cambio de orientación en algunos programas históricos. Hemos discutido hace muchos años acerca de planes oficiales de vivienda en mi ciudad que eran de alta gama y que estaban muy lejos de lo que debían ser.
Realmente me sorprende que en Tierra del Fuego el costo sea de 950 dólares o casi mil el metro cuadrado. Se dieron algunos argumentos y seguramente quien quiera más precisiones abusará de la buena voluntad del área para recabar información.
Reitero que la exposición ha sido muy clara, de cualquier manera quiero reafirmar y aclarar algunas cuestiones. Sé que todos los señores diputados desean formular preguntas. Y yo haré solamente dos muy puntuales y concretas.
El Estado nacional financia, no licita, no elige ni designa empresas. Y al tratarse de fondos públicos que invierte la Nación en las jurisdicciones, la subsecretaría audita las cuentas y la calidad de la construcción.
La exposición ha sido muy clara en cuanto a que los adjudicatarios son elegidos por las jurisdicciones.
Por lo tanto, mi primera pregunta tiene que ver -y no es casual porque estoy hablando del caso José C. Paz, un intendente imputado de dar viviendas de mala manera y demás- con cuáles son los resortes, si bien sé que no está previsto -insisto, no quiero dejar de reafirmar que fue muy clara la exposición- frente a un hecho puntual; si también está el mecanismo de suspensión de pagos cuando algo se está discutiendo o analizando -si bien no es materia específica-, o en qué instancia la Subsecretaría tomará alguna medida frente a una duda de que la adjudicación que es responsabilidad de la jurisdicción no ha sido dada con el espíritu y la esencia que debe tener.
La segunda pregunta tiene que ver con un dolor de cabeza permanente, que por suerte en los últimos años fue menor que en otros, que son los mayores costos. Pongo los mayores costos contra -esto es absolutamente subjetivo- índices mentirosos del INDEC, que dificultan la tarea administrativa, cuando uno tiene que reconocer mayores costos, que el área por excelencia del gobierno nacional reniega, desmiente o niega sistemáticamente.
Quisiera saber cómo resuelven que la bolsa de cemento cuesta lo mismo para un intendente, para una empresa constructora y para un corralón, pero es diferente de lo que muchas veces indican los índices oficiales.
Quería formular esas dos preguntas.
SR. BONTEMPO Con respecto a la primera pregunta, voy a hablar en general.
¿Qué hicimos con José C. Paz? Cuando nos enteramos de la noticia, por supuesto, le mandé una nota al interventor del Instituto de la Vivienda, porque él es el responsable. Nosotros no tenemos un mecanismo para actuar sobre eso; sí lo tiene el Instituto de la Vivienda porque aquella vivienda que está mal adjudicada -si es que tiene denuncia-, el Instituto de la Vivienda la puede desadjudicar y adjudicar a quien la necesite, es resorte, está por ley y es así. Nosotros auditamos la estadística.
Yo le expresé que "...ante los supuestos hechos...", porque desconozco el tema y además creo que hay alguna denuncia de tipo legal; si está la Justicia trabajando, está la Justicia trabajando.
Los institutos de vivienda -vuelvo a repetir- tienen los resortes para desadjudicar aquellas adjudicaciones que estén mal hechas. Adjudica por resolución y desadjudica por resolución. Y esto es lo que se debe hacer, los parámetros de adjudicación son los que fija la ley FONAVI y lo que se fija en la reglamentación que haga el instituto. El resto es subjetivar sobre la cuestión, yo no sé si el primo de fulano está en capacidad o no puede ser adjudicatario porque es primo o porque tiene cuatro casas. Eso no lo sé y no me interesa.
Cuando yo trabajé en el Instituto de Vivienda de la provincia de Santa Cruz, si había informes que llegaban tarde, desadjudicábamos lo que estaba mal adjudicado, e incluso mal adjudicado por nosotros, por omisión.
Con respecto a los mayores costos, ustedes saben que en 2002 y producto de la terrible crisis y para que esto no desapareciera económicamente como país, se firmó el decreto 1.295/02 de redeterminación de precios. Ese decreto que es el que está vigente, que nadie se anima a tocar -a convertirlo en ley ni a modificarlo-, y eso es con lo que nosotros nos manejamos.
¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que permite el decreto? Hicimos un prototipo de una vivienda, le pusimos los porcentajes a cada uno de los ítems que conforman esa vivienda de acuerdo con el decreto y actualizamos los valores cada vez que los aumentos pasan el 10 por ciento, que -según el decreto- hace saltar el gatillo y se puede actualizar; entonces, actualizamos los valores.
La primera redeterminación, en plazos cortos, favorece al empresario porque tiene poca obra y se redetermina sobre lo que falta, pero las últimas redeterminaciones lo funden, porque se distorsiona mucho. Pero los empresarios lo saben, la juegan de taquito, nosotros no vamos a estar más y los empresarios van a seguir estando. Lo que hay que hacer en estos casos es salir rápido de la obra.
¿Qué medida tomamos nosotros? Recomendamos achicar el tamaño de las licitaciones para que esta distorsión de la redeterminación influya menos.
Si tengo una obra que durará tres años, sí o sí tendré redeterminaciones. Sin embargo, si la obra se extenderá entre 8 meses y un año, es probable que si aparece alguna redeterminación, no esté incluida en el capital necesario para su ejecución, aunque posiblemente sí de la ganancia del empresario. Igualmente en ese caso sé que la obra se finalizará. No hay otro mecanismo de actualización de valores que no sea el decreto 1.295/2002 del Poder Ejecutivo.
¿Qué hicimos con José C. Paz? Cuando nos enteramos de la noticia, por supuesto, le mandé una nota al interventor del Instituto de la Vivienda, porque él es el responsable. Nosotros no tenemos un mecanismo para actuar sobre eso; sí lo tiene el Instituto de la Vivienda porque aquella vivienda que está mal adjudicada -si es que tiene denuncia-, el Instituto de la Vivienda la puede desadjudicar y adjudicar a quien la necesite, es resorte, está por ley y es así. Nosotros auditamos la estadística.
Yo le expresé que "...ante los supuestos hechos...", porque desconozco el tema y además creo que hay alguna denuncia de tipo legal; si está la Justicia trabajando, está la Justicia trabajando.
Los institutos de vivienda -vuelvo a repetir- tienen los resortes para desadjudicar aquellas adjudicaciones que estén mal hechas. Adjudica por resolución y desadjudica por resolución. Y esto es lo que se debe hacer, los parámetros de adjudicación son los que fija la ley FONAVI y lo que se fija en la reglamentación que haga el instituto. El resto es subjetivar sobre la cuestión, yo no sé si el primo de fulano está en capacidad o no puede ser adjudicatario porque es primo o porque tiene cuatro casas. Eso no lo sé y no me interesa.
Cuando yo trabajé en el Instituto de Vivienda de la provincia de Santa Cruz, si había informes que llegaban tarde, desadjudicábamos lo que estaba mal adjudicado, e incluso mal adjudicado por nosotros, por omisión.
Con respecto a los mayores costos, ustedes saben que en 2002 y producto de la terrible crisis y para que esto no desapareciera económicamente como país, se firmó el decreto 1.295/02 de redeterminación de precios. Ese decreto que es el que está vigente, que nadie se anima a tocar -a convertirlo en ley ni a modificarlo-, y eso es con lo que nosotros nos manejamos.
¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que permite el decreto? Hicimos un prototipo de una vivienda, le pusimos los porcentajes a cada uno de los ítems que conforman esa vivienda de acuerdo con el decreto y actualizamos los valores cada vez que los aumentos pasan el 10 por ciento, que -según el decreto- hace saltar el gatillo y se puede actualizar; entonces, actualizamos los valores.
La primera redeterminación, en plazos cortos, favorece al empresario porque tiene poca obra y se redetermina sobre lo que falta, pero las últimas redeterminaciones lo funden, porque se distorsiona mucho. Pero los empresarios lo saben, la juegan de taquito, nosotros no vamos a estar más y los empresarios van a seguir estando. Lo que hay que hacer en estos casos es salir rápido de la obra.
¿Qué medida tomamos nosotros? Recomendamos achicar el tamaño de las licitaciones para que esta distorsión de la redeterminación influya menos.
Si tengo una obra que durará tres años, sí o sí tendré redeterminaciones. Sin embargo, si la obra se extenderá entre 8 meses y un año, es probable que si aparece alguna redeterminación, no esté incluida en el capital necesario para su ejecución, aunque posiblemente sí de la ganancia del empresario. Igualmente en ese caso sé que la obra se finalizará. No hay otro mecanismo de actualización de valores que no sea el decreto 1.295/2002 del Poder Ejecutivo.
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Tiene la palabra la señora diputada Reyes.
SRA. REYES Señor presidente: agradezco la presencia del señor subsecretario.
Quisiera hacer algunas sugerencias relativas al acceso a la información, algo que ahora no podemos concretar.
Hemos presentado varias notas solicitando informes, sobre todo porque a partir de junio del año pasado hubo modificaciones de presentación en la página de la subsecretaría, lo que dificulta mucho el análisis, sobre todo si queremos ver los comparativos.
La verdad es que la información a junio de 2009 era bastante desagregada y nos permitía tener una visión a nivel nacional. Pero a partir de esa fecha continuamente tuvimos que presentar notas para poder actualizarla.
Asimismo queremos comentar que desde octubre del año pasado hemos presentado notas con distintas solicitudes y nada obtuvimos como respuesta. Ello pudo deberse a estos cambios señalados, pero la verdad es que el análisis se dificulta muchísimo. Y también ocurre que cuando el tema se debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda tenemos los números cambiados.
Por otra parte, quisiera formular algunas preguntas. Respecto al caso ocurrido en José C. Paz, es verdad que las adjudicaciones dependen de las jurisdicciones, pero mi duda es acerca de si ustedes tenían convenio directamente con la provincia o con el municipio, ya que en esos casos es distinto. Además, de tratarse directamente con el municipio, se tiene mayor nivel de injerencia. Si bien está el resorte del instituto, la relación es más directa y debería pensarse en el manejo y los procedimientos legales para evitar lo ocurrido. Ciertamente lo sucedido en José C. Paz es un escándalo para la Argentina.
Nosotros habíamos solicitado la interpelación del señor subsecretario para que explicara lo acontecido. Y es muy importante que hoy esté acá comentando los pasos a seguir.
Por otra parte, el señor subsecretario se refirió al alto grado de ejecución durante todos estos años. Y es cierto, porque con la poca información que tenemos pudimos constatar que en valores totales hay un alto grado de ejecución. Pero cuando hacemos el análisis por provincia, encontramos modificaciones constantes en una y otra provincia.
Voy a dar algunos ejemplos. En 2008 el crédito vigente para la Ciudad de Buenos Aires era de 76 millones de pesos. Sin embargo lo abonado no superó los 12 millones de pesos. En el mismo año para Corrientes era de aproximadamente 93 millones de pesos, mientras que el total pagado fue de 21 millones de pesos. Lo mismo ocurre en Mendoza, pero al revés: 58 millones de pesos estipulados como crédito vigente, sin embargo el total pagado es de 94 millones de pesos. Uno podría decir que se trata de un año particular. Sin embargo, en los años 2008, 2009 y 2010 tenemos los mismos ejemplos con las mismas provincias.
Está clara la ejecución pero también que la distribución inicial establecida en el presupuesto para atender las políticas prioritarias de las diferentes provincias se modifica durante el año.
¿Cuáles son las razones por las cuales esto se repite en determinadas provincias en particular? Lo pregunto porque siempre son las mismas provincias que aumentan el crédito vigente.
Pasando a otro tema, quisiera hacer un requerimiento ya que se señaló la existencia de 1.600 empresas. Quisiera saber más o menos cuántas por provincia.
Quisiera hacer algunas sugerencias relativas al acceso a la información, algo que ahora no podemos concretar.
Hemos presentado varias notas solicitando informes, sobre todo porque a partir de junio del año pasado hubo modificaciones de presentación en la página de la subsecretaría, lo que dificulta mucho el análisis, sobre todo si queremos ver los comparativos.
La verdad es que la información a junio de 2009 era bastante desagregada y nos permitía tener una visión a nivel nacional. Pero a partir de esa fecha continuamente tuvimos que presentar notas para poder actualizarla.
Asimismo queremos comentar que desde octubre del año pasado hemos presentado notas con distintas solicitudes y nada obtuvimos como respuesta. Ello pudo deberse a estos cambios señalados, pero la verdad es que el análisis se dificulta muchísimo. Y también ocurre que cuando el tema se debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda tenemos los números cambiados.
Por otra parte, quisiera formular algunas preguntas. Respecto al caso ocurrido en José C. Paz, es verdad que las adjudicaciones dependen de las jurisdicciones, pero mi duda es acerca de si ustedes tenían convenio directamente con la provincia o con el municipio, ya que en esos casos es distinto. Además, de tratarse directamente con el municipio, se tiene mayor nivel de injerencia. Si bien está el resorte del instituto, la relación es más directa y debería pensarse en el manejo y los procedimientos legales para evitar lo ocurrido. Ciertamente lo sucedido en José C. Paz es un escándalo para la Argentina.
Nosotros habíamos solicitado la interpelación del señor subsecretario para que explicara lo acontecido. Y es muy importante que hoy esté acá comentando los pasos a seguir.
Por otra parte, el señor subsecretario se refirió al alto grado de ejecución durante todos estos años. Y es cierto, porque con la poca información que tenemos pudimos constatar que en valores totales hay un alto grado de ejecución. Pero cuando hacemos el análisis por provincia, encontramos modificaciones constantes en una y otra provincia.
Voy a dar algunos ejemplos. En 2008 el crédito vigente para la Ciudad de Buenos Aires era de 76 millones de pesos. Sin embargo lo abonado no superó los 12 millones de pesos. En el mismo año para Corrientes era de aproximadamente 93 millones de pesos, mientras que el total pagado fue de 21 millones de pesos. Lo mismo ocurre en Mendoza, pero al revés: 58 millones de pesos estipulados como crédito vigente, sin embargo el total pagado es de 94 millones de pesos. Uno podría decir que se trata de un año particular. Sin embargo, en los años 2008, 2009 y 2010 tenemos los mismos ejemplos con las mismas provincias.
Está clara la ejecución pero también que la distribución inicial establecida en el presupuesto para atender las políticas prioritarias de las diferentes provincias se modifica durante el año.
¿Cuáles son las razones por las cuales esto se repite en determinadas provincias en particular? Lo pregunto porque siempre son las mismas provincias que aumentan el crédito vigente.
Pasando a otro tema, quisiera hacer un requerimiento ya que se señaló la existencia de 1.600 empresas. Quisiera saber más o menos cuántas por provincia.
SR. BONTEMPO En la provincia de Buenos Aires hay 230 y en otras provincias hay 15.
SRA. REYES Lo que quería saber es -si ustedes tienen la posibilidad de generar ese dato- la concentración de cantidad de viviendas por empresas en determinadas provincias. Es decir, en una provincia hay 200 empresas pero la cantidad de viviendas ejecutadas dónde se concentra según empresas. Si nos pueden hacer llegar ese dato.
SR. SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Se lo digo in voce y después se lo hago llegar.
SRA. REYES La otra pregunta tiene que ver con los costos. Cuando se hizo el Plan Federal I se estableció un parámetro de ejecución de un año. Esto genera que cuando uno hace el contrato de licitación también establezca los costos sobre ese año. Lo cierto es que han pasado varios años y obviamente la ejecución del Plan Federal I no se terminó, pero las contrataciones y convenios iniciales sí fueron en ese plazo.
La pregunta es -casi una afirmación pero quisiera que me la contesten ustedes- cuál es la incidencia o la influencia en la tardanza de la terminación de las viviendas en el aumento de los costos. Porque esto efectivamente es lo que nos lleva a que con el presupuesto que se había estipulado para ejecutar esta cantidad de viviendas ejecutemos menos de la mitad. Y lo digo no porque no tengamos que invertir, para mí hay que invertir en mayor cantidad de construcción de viviendas, el tema es que la mala política de planificación nos lleva a que también haya estos sobrecostos.
Quisiera saber cuáles son los mecanismos que ustedes están tomando y cuál es el nivel de influencia que tuvo esta tardanza en esta cuestión.
La siguiente pregunta tiene que ver con el lanzamiento del Plan Federal III, entre comillas -digo entre comillas, porque es una reconversión del II- que va a ser financiado por la Anses. Cuál es la vinculación de la Subsecretaría con respecto a este plan, en qué estado está, cuáles son las demandas -todo lo que tenga que ver con este plan.
Y ahora sí, por último -esta pregunta se me acaba de ocurrir-, quisiera saber cuáles son las razones por las cuales casi constantemente tenemos una readaptación de los mismos planes de vivienda. Lo cierto es que cada dos años tenemos un nuevo lanzamiento del mismo plan que no cambia en nada más que el nombre; me parece que sería bueno saber cuáles son las razones de estos cambios.
La pregunta es -casi una afirmación pero quisiera que me la contesten ustedes- cuál es la incidencia o la influencia en la tardanza de la terminación de las viviendas en el aumento de los costos. Porque esto efectivamente es lo que nos lleva a que con el presupuesto que se había estipulado para ejecutar esta cantidad de viviendas ejecutemos menos de la mitad. Y lo digo no porque no tengamos que invertir, para mí hay que invertir en mayor cantidad de construcción de viviendas, el tema es que la mala política de planificación nos lleva a que también haya estos sobrecostos.
Quisiera saber cuáles son los mecanismos que ustedes están tomando y cuál es el nivel de influencia que tuvo esta tardanza en esta cuestión.
La siguiente pregunta tiene que ver con el lanzamiento del Plan Federal III, entre comillas -digo entre comillas, porque es una reconversión del II- que va a ser financiado por la Anses. Cuál es la vinculación de la Subsecretaría con respecto a este plan, en qué estado está, cuáles son las demandas -todo lo que tenga que ver con este plan.
Y ahora sí, por último -esta pregunta se me acaba de ocurrir-, quisiera saber cuáles son las razones por las cuales casi constantemente tenemos una readaptación de los mismos planes de vivienda. Lo cierto es que cada dos años tenemos un nuevo lanzamiento del mismo plan que no cambia en nada más que el nombre; me parece que sería bueno saber cuáles son las razones de estos cambios.
SR. BONTEMPO Con respecto a la primera pregunta, que tenía que ver con el subprograma de municipios, justamente es un subprograma y lo único que modifica la relación de la Subsecretaría es que es el municipio el que licita, pero las condiciones por ley -nosotros no podemos ir en contra-, siguen siendo las del FONAVI, es decir, la ley cabecera. Las viviendas son de la provincia, forman parte de su patrimonio y es la provincia quien adjudica o quien puede delegar la adjudicación; esto es así.
El convenio con municipios es un subprograma que nosotros tenemos de cualquiera de los programas federales que se hace a los efectos de acortar los plazos de licitación en la provincia de Buenos Aires, por lo que hablamos de control ex post o ex ante; es nada más que eso. Pero no cambia absolutamente la cuestión legal con respecto al adjudicatario, porque nosotros no la podríamos cambiar.
Es decir un convenio tiene mucha menos fuerza que una ley; en nuestro convenio refrendamos lo que dice la ley y en el artículo 11º dice: "...los organismos deberán coordinar las etapas del proceso de adjudicación de manera que al concluirse las obras las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes comenzarán a abonarlas en un plazo no mayor a dos meses desde la recepción de la obra..."
Esto es lo que ponemos en el convenio. No podemos considerar más porque vamos en contra de la ley. O sea, refrendamos lo que señala la ley respecto a la adjudicación. Este es el convenio marco que da pie al tema de la adjudicación.
El convenio con municipios es un subprograma que nosotros tenemos de cualquiera de los programas federales que se hace a los efectos de acortar los plazos de licitación en la provincia de Buenos Aires, por lo que hablamos de control ex post o ex ante; es nada más que eso. Pero no cambia absolutamente la cuestión legal con respecto al adjudicatario, porque nosotros no la podríamos cambiar.
Es decir un convenio tiene mucha menos fuerza que una ley; en nuestro convenio refrendamos lo que dice la ley y en el artículo 11º dice: "...los organismos deberán coordinar las etapas del proceso de adjudicación de manera que al concluirse las obras las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes comenzarán a abonarlas en un plazo no mayor a dos meses desde la recepción de la obra..."
Esto es lo que ponemos en el convenio. No podemos considerar más porque vamos en contra de la ley. O sea, refrendamos lo que señala la ley respecto a la adjudicación. Este es el convenio marco que da pie al tema de la adjudicación.
SRA. REYES ¿En este caso es un convenio municipal?
SR. BONTEMPO Forma parte de un subprograma. La provincia firma el convenio. Cuando hacemos un subprograma la provincia también firma el convenio. Lo que ocurre es que ponemos al municipio a la cabeza de la licitación de la obra; esa es la única diferencia.
Acerca de la pregunta relativa a los 76 millones que teníamos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 93 para Corrientes o la suma destinada a Mendoza, el artículo 4° del convenio plurianual dice: "La distribución de las viviendas según el Anexo 1..." -que es esa distribución- "...tendrá el carácter de inicial. La misma será ajustada a partir del sexto mes de la fecha que se convenga para el inicio del programa y con posterioridad y cada tres meses sobre la base de los siguientes indicadores combinados." Y luego se refiere a la eficiencia del gasto.
En realidad nosotros reservamos 76 millones de pesos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la ciudad nunca los pidió, porque no los usó ya que no hizo ni una sola licitación. Y esos 12 millones que pagamos son de licitaciones de la época de Ibarra y Telerman. Recién ahora tenemos pedidos de obra por el tema de la ACUMAR en la villa Pedro Chutro y en otra más. El convenio dice lo que dice, porque si no quedaría subejecutada en 76 millones.
La provincia de Corrientes, a la que reservamos el cupo indicado de acuerdo con la forma de repartir que tomamos del Consejo Nacional de la Vivienda, tampoco lo usó. Nosotros trabajamos a demanda. Yo financio la obra que la provincia va a licitar. Si la provincia no licita porque cree que no necesita construir viviendas, no puedo hacer nada. Aunque sí puedo decir: tengo déficit por todos lados, y en ningún caso voy a llegar a déficit cero si utilizo estos recursos, entonces los pongo acá. Entonces, como me lo permite el convenio, lo hago.
Nosotros no decimos: a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le vamos a dar un peso. No le damos los 76 millones de pesos que le corresponden porque si no los ejecuta, se los tenemos que dar a otra. No podemos subejectuar porque a una jurisdicción se le ocurre no construir. Y las que sobreejecutan lo hacen con estos cupos que nadie usa.
Normalmente los 76 millones de pesos son para arquitectura y obras en construcción. Este es un caso de vivienda complejo y la subsecretaría no entrega la suma toda junta. Imagínese que si pusiera en marcha los 76 millones, el 15 por ciento es algo así como 10 millones y medio de pesos, y sería sólo el inicio. De ese modo estaría pagando luego con certificados de 5 millones durante un año y medio. Y así debería usarlo.
Realmente lo que pasa es que en septiembre u octubre ya sé que si no los usó no los va a utilizar, o por lo menos no los 76 millones, entonces lo que hago es tomar en cuenta las demás demandas -hablo en primera persona aunque yo no soy el que decide puntualmente- y redistribuir de acuerdo con los convenios y los manuales de procedimiento aprobados por la Secretaría de Obras Pública y la SIGEN.
En consecuencia, a la que no ejecuta no le pagamos. Nosotros no adelantamos plata sino que pagamos certificados. Si no ejecuta, no tiene plata. Si se presentan proyectos y se ejecutan, en virtud de la firma del convenio, tenemos la obligación de pagar los certificados.
Otra pregunta formulada era relativa a los atrasos del Plan Federal. Reitero que no hay atrasos. Hubo una diversidad de incidentes que hicieron que las obras se tuvieran que manejar de otra manera, aunque si uno quiere puede leerlo como atraso. Me refiero a lo que señalaba de parar la vivienda para seguir con la infraestructura.
Al principio Aguas Argentinas dijo que iba a financiar las obras de infraestructura de agua y saneamiento y no financió nada. Nosotros estábamos esperanzados, como política de vivienda, en que esas obras las iba a hacer Aguas Argentinas pero no las hizo, se fue, dejó todo armado, tuvimos que salir a generar un subprograma y a financiar, y por supuesto no salieron pari passu con la vivienda. Si nosotros permitimos que se pare la construcción de vivienda para que avance la infraestructura quizás logramos un efecto indeseado, que es la usurpación.
Entonces, cuando se generan estas cuestiones, alguien tiene que pagar y el mecanismo de pago es la determinación de precios con el decreto 1.295. No genera mucha destrucción porque las obras que no están terminadas están muy avanzadas y como se redetermina sobre lo que falta, en realidad la redeterminación es un pago sobre una reconstrucción de precios, no sobre algo efectivo y concreto. Eso es cierto, pero lo que se redetermina es muy poco, no ha generado un quebranto, porque nosotros no hemos variado demasiado la cantidad de viviendas que teníamos pensadas en diciembre y estamos tratando de manejar el mismo nivel de construcción.
Con respecto al tema de la ANSES, que en realidad tiene que ver con los bonos públicos BRD, que los puede comprar la ANSES o los puede comprar cualquiera, es una oferta pública que hace la Comisión de Valores para acelerar la construcción de estas 300 mil viviendas, y se anunció dividir este plan para terminar de una vez.
Nosotros tenemos que hacer 300 mil viviendas, y a 100 mil pesos cada una son 30 mil millones de pesos, con un presupuesto de 6 mil millones de pesos, haciendo nada más que viviendas y sin hacer infraestructura, me lleva 5 años. Entonces, si lo quiero hacer en menos tiempo necesito otro financiamiento, que no lo puedo sacar del presupuesto nacional. Si pudiera poner lo 30 mil millones de pesos para hacer vivienda no tendríamos capacidad de hacerlo en un año, está probado, pero tampoco haríamos rutas, no construiríamos hospitales, no habría asignación universal por hijo, no habría no sé qué, pero algo no habría. El presupuesto es el presupuesto. Como esto no se puede hacer, se busca un financiamiento por fuera del Tesoro nacional y una de las maneras es con la garantía de la coparticipación Fonavi, y hasta ahí para no comprometer los fondos de los jubilados.
Cada provincia puede construir viviendas con créditos de un bono hasta la coparticipación Fonavi, no más, porque si no pondríamos en riesgo la plata de los jubilados y nuestra propia plata futura. Como la coparticipación Fonavi es automática, sí es un mecanismo que la Bolsa de Valores toma como garantía. Además, en otros casos, si esto no fuera, está la coparticipación federal y, en algunas provincias, la coparticipación o sus regalías petroleras. Esto es lo que ya se busca, un financiamiento para acelerar y ver si construyo con fondos del Tesoro nacional o con plata del crédito. La Subsecretaría fija los límites en esto, es decir, lo decía hoy, superficie mínima, valor máximo, auditoría, control, lo único que no hace en este caso es poner plata del Tesoro nacional; la plata surge de otro lugar pero forma parte de la política de vivienda y tiene el objetivo de acelerar la construcción de vivienda.
Esta operatoria se firma entre el Banco Nación Fideicomiso -no recuerdo el nombre técnico de la agencia que lo hace, creo que es Nación Fideicomiso- y la provincia, pero hay otra parte del Banco Nación que también participa.
Por ejemplo, la provincia del Chaco fue la primera que hizo el road show, la oferta pública de los bonos. Hay algunas provincias que están a 20 o 30 días de generar este road show con esta primera etapa y la idea es financiar la construcción de 40 mil viviendas. Nosotros pensamos sacar estas 40 mil viviendas, si todo va bien y sigue bien a fin de este año, y el año que viene financiar 150 mil, que sí se pueden financiar en estos tres años -2009, 2010 y 2011- con fondos del Tesoro nacional. Las otras 150 mil, o la cantidad que sea, se pueden hacer con fondos extra presupuestarios.
Acerca de la pregunta relativa a los 76 millones que teníamos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 93 para Corrientes o la suma destinada a Mendoza, el artículo 4° del convenio plurianual dice: "La distribución de las viviendas según el Anexo 1..." -que es esa distribución- "...tendrá el carácter de inicial. La misma será ajustada a partir del sexto mes de la fecha que se convenga para el inicio del programa y con posterioridad y cada tres meses sobre la base de los siguientes indicadores combinados." Y luego se refiere a la eficiencia del gasto.
En realidad nosotros reservamos 76 millones de pesos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la ciudad nunca los pidió, porque no los usó ya que no hizo ni una sola licitación. Y esos 12 millones que pagamos son de licitaciones de la época de Ibarra y Telerman. Recién ahora tenemos pedidos de obra por el tema de la ACUMAR en la villa Pedro Chutro y en otra más. El convenio dice lo que dice, porque si no quedaría subejecutada en 76 millones.
La provincia de Corrientes, a la que reservamos el cupo indicado de acuerdo con la forma de repartir que tomamos del Consejo Nacional de la Vivienda, tampoco lo usó. Nosotros trabajamos a demanda. Yo financio la obra que la provincia va a licitar. Si la provincia no licita porque cree que no necesita construir viviendas, no puedo hacer nada. Aunque sí puedo decir: tengo déficit por todos lados, y en ningún caso voy a llegar a déficit cero si utilizo estos recursos, entonces los pongo acá. Entonces, como me lo permite el convenio, lo hago.
Nosotros no decimos: a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le vamos a dar un peso. No le damos los 76 millones de pesos que le corresponden porque si no los ejecuta, se los tenemos que dar a otra. No podemos subejectuar porque a una jurisdicción se le ocurre no construir. Y las que sobreejecutan lo hacen con estos cupos que nadie usa.
Normalmente los 76 millones de pesos son para arquitectura y obras en construcción. Este es un caso de vivienda complejo y la subsecretaría no entrega la suma toda junta. Imagínese que si pusiera en marcha los 76 millones, el 15 por ciento es algo así como 10 millones y medio de pesos, y sería sólo el inicio. De ese modo estaría pagando luego con certificados de 5 millones durante un año y medio. Y así debería usarlo.
Realmente lo que pasa es que en septiembre u octubre ya sé que si no los usó no los va a utilizar, o por lo menos no los 76 millones, entonces lo que hago es tomar en cuenta las demás demandas -hablo en primera persona aunque yo no soy el que decide puntualmente- y redistribuir de acuerdo con los convenios y los manuales de procedimiento aprobados por la Secretaría de Obras Pública y la SIGEN.
En consecuencia, a la que no ejecuta no le pagamos. Nosotros no adelantamos plata sino que pagamos certificados. Si no ejecuta, no tiene plata. Si se presentan proyectos y se ejecutan, en virtud de la firma del convenio, tenemos la obligación de pagar los certificados.
Otra pregunta formulada era relativa a los atrasos del Plan Federal. Reitero que no hay atrasos. Hubo una diversidad de incidentes que hicieron que las obras se tuvieran que manejar de otra manera, aunque si uno quiere puede leerlo como atraso. Me refiero a lo que señalaba de parar la vivienda para seguir con la infraestructura.
Al principio Aguas Argentinas dijo que iba a financiar las obras de infraestructura de agua y saneamiento y no financió nada. Nosotros estábamos esperanzados, como política de vivienda, en que esas obras las iba a hacer Aguas Argentinas pero no las hizo, se fue, dejó todo armado, tuvimos que salir a generar un subprograma y a financiar, y por supuesto no salieron pari passu con la vivienda. Si nosotros permitimos que se pare la construcción de vivienda para que avance la infraestructura quizás logramos un efecto indeseado, que es la usurpación.
Entonces, cuando se generan estas cuestiones, alguien tiene que pagar y el mecanismo de pago es la determinación de precios con el decreto 1.295. No genera mucha destrucción porque las obras que no están terminadas están muy avanzadas y como se redetermina sobre lo que falta, en realidad la redeterminación es un pago sobre una reconstrucción de precios, no sobre algo efectivo y concreto. Eso es cierto, pero lo que se redetermina es muy poco, no ha generado un quebranto, porque nosotros no hemos variado demasiado la cantidad de viviendas que teníamos pensadas en diciembre y estamos tratando de manejar el mismo nivel de construcción.
Con respecto al tema de la ANSES, que en realidad tiene que ver con los bonos públicos BRD, que los puede comprar la ANSES o los puede comprar cualquiera, es una oferta pública que hace la Comisión de Valores para acelerar la construcción de estas 300 mil viviendas, y se anunció dividir este plan para terminar de una vez.
Nosotros tenemos que hacer 300 mil viviendas, y a 100 mil pesos cada una son 30 mil millones de pesos, con un presupuesto de 6 mil millones de pesos, haciendo nada más que viviendas y sin hacer infraestructura, me lleva 5 años. Entonces, si lo quiero hacer en menos tiempo necesito otro financiamiento, que no lo puedo sacar del presupuesto nacional. Si pudiera poner lo 30 mil millones de pesos para hacer vivienda no tendríamos capacidad de hacerlo en un año, está probado, pero tampoco haríamos rutas, no construiríamos hospitales, no habría asignación universal por hijo, no habría no sé qué, pero algo no habría. El presupuesto es el presupuesto. Como esto no se puede hacer, se busca un financiamiento por fuera del Tesoro nacional y una de las maneras es con la garantía de la coparticipación Fonavi, y hasta ahí para no comprometer los fondos de los jubilados.
Cada provincia puede construir viviendas con créditos de un bono hasta la coparticipación Fonavi, no más, porque si no pondríamos en riesgo la plata de los jubilados y nuestra propia plata futura. Como la coparticipación Fonavi es automática, sí es un mecanismo que la Bolsa de Valores toma como garantía. Además, en otros casos, si esto no fuera, está la coparticipación federal y, en algunas provincias, la coparticipación o sus regalías petroleras. Esto es lo que ya se busca, un financiamiento para acelerar y ver si construyo con fondos del Tesoro nacional o con plata del crédito. La Subsecretaría fija los límites en esto, es decir, lo decía hoy, superficie mínima, valor máximo, auditoría, control, lo único que no hace en este caso es poner plata del Tesoro nacional; la plata surge de otro lugar pero forma parte de la política de vivienda y tiene el objetivo de acelerar la construcción de vivienda.
Esta operatoria se firma entre el Banco Nación Fideicomiso -no recuerdo el nombre técnico de la agencia que lo hace, creo que es Nación Fideicomiso- y la provincia, pero hay otra parte del Banco Nación que también participa.
Por ejemplo, la provincia del Chaco fue la primera que hizo el road show, la oferta pública de los bonos. Hay algunas provincias que están a 20 o 30 días de generar este road show con esta primera etapa y la idea es financiar la construcción de 40 mil viviendas. Nosotros pensamos sacar estas 40 mil viviendas, si todo va bien y sigue bien a fin de este año, y el año que viene financiar 150 mil, que sí se pueden financiar en estos tres años -2009, 2010 y 2011- con fondos del Tesoro nacional. Las otras 150 mil, o la cantidad que sea, se pueden hacer con fondos extra presupuestarios.
SR. KATZ Para no irnos del tema, ¿yo entendí mal o en algún momento se dijo que estábamos al límite de la capacidad operativa del país para construir viviendas? Se habló de ladrillos...
SR. BONTEMPO Sí, estamos al 70 por ciento.
SR. KATZ Lo digo porque estamos tratando de adelantar financiamiento cuando no tenemos capacidad para hacer más rápido las viviendas.
SR. BONTEMPO Por eso no hacemos 150 mil, sino 40 mil viviendas.
Yo hablé de un ranking. Estaríamos al límite si hiciéramos más de 120 mil viviendas. Con los fondos ANSES vamos a construir 40 mil. Pero esto es como hacer obras de ingeniería, porque hay que ver las curvas de avance ya que estadísticamente entre mampostería y revoque tengo ocupada al 90 por ciento de la mano de obra. Y después ese porcentaje cae cuando entran los gremios. Entonces intentamos manejarlo para mantener cierto nivel de ocupación.
Esto lo podemos ver en casa ya que cuando hacemos un arreglito primero tenemos tres albañiles trabajando y luego solamente a un pintor. Entonces para que no queden solamente trabajando los pintores y los albañiles estén desocupados, uno escalona los inicios y las inversiones para no generar efectos negativos.
Por otro lado, acerca de la readaptación de los planes de vivienda, en realidad ello ocurre porque gracias a Dios vivimos en una sociedad que viene cualificando totalmente la demanda. Cuando iniciamos el Plan Federal I queríamos construir viviendas y el país vivía una situación que no es la actual.
Ahora hay provincias que no quieren construir determinado tipo de viviendas. Por ejemplo, en Santiago del Estero el 70 por ciento de la población está dispersa y dice que no quiere el plan federal de viviendas. La provincia pregunta: ¿cómo voy a licitar cien casas si mi gente vive desparramada en el monte? Entonces hay que generar un subprograma y modificar un poco la variable rígida y estática que teníamos.
También está el caso del Neuquén que está llevando adelante una espectacular política de viviendas para aborígenes, que es motivo de presentaciones en diversos congresos internacionales. Es decir que nos vamos adaptando a las necesidades de cada región.
Acerca de cualificar la demanda, días pasados comentaba que inicialmente las viviendas eran destinadas a gente que no tenía casa ni trabajo. Hoy gracias a Dios hacemos viviendas para gente que no tiene casa, pero sí trabajo. Por eso a través de los programas federales firmamos convenios con los gremios que tienen la tierra. Ellos no son sujetos del pago de un crédito privado normal porque es muy caro, pero sí tienen la posibilidad de abonar una cuota y a lo mejor de aportar algo.
Ese es el caso de Córdoba y el Plan Hogar Clase Media donde la gente determina qué hacer con nuestros fondos. Y como se trata de un plan federal, nos tenemos que ir adecuando y no podemos hacer una casa rígida.
Lo mismo ocurre con el programa de villas, que en lugar de manejarse a demanda abierta, tratándose de viviendas iguales con dos dormitorios, se debe hacer a demanda cerrada. Esto sucede porque sé que en una villa viven mil familias integradas de determinada manera y tengo que construir una casa para cada familia porque si no, voy en contra de sus necesidades. Y recordemos la obligación de la subsecretaría de achicar el déficit.
La jurisdicción debería dar a cada familia una vivienda con dos dormitorios, porque si no se genera déficit. Sin embargo, también se puede solicitar el financiamiento extra de otro dormitorio.
Nuestro objetivo es que la gente tenga mejor calidad de vida. Por lo tanto, trabajamos en contra del terrible déficit de vivienda que hemos heredado de la brutal desinversión.
Yo hablé de un ranking. Estaríamos al límite si hiciéramos más de 120 mil viviendas. Con los fondos ANSES vamos a construir 40 mil. Pero esto es como hacer obras de ingeniería, porque hay que ver las curvas de avance ya que estadísticamente entre mampostería y revoque tengo ocupada al 90 por ciento de la mano de obra. Y después ese porcentaje cae cuando entran los gremios. Entonces intentamos manejarlo para mantener cierto nivel de ocupación.
Esto lo podemos ver en casa ya que cuando hacemos un arreglito primero tenemos tres albañiles trabajando y luego solamente a un pintor. Entonces para que no queden solamente trabajando los pintores y los albañiles estén desocupados, uno escalona los inicios y las inversiones para no generar efectos negativos.
Por otro lado, acerca de la readaptación de los planes de vivienda, en realidad ello ocurre porque gracias a Dios vivimos en una sociedad que viene cualificando totalmente la demanda. Cuando iniciamos el Plan Federal I queríamos construir viviendas y el país vivía una situación que no es la actual.
Ahora hay provincias que no quieren construir determinado tipo de viviendas. Por ejemplo, en Santiago del Estero el 70 por ciento de la población está dispersa y dice que no quiere el plan federal de viviendas. La provincia pregunta: ¿cómo voy a licitar cien casas si mi gente vive desparramada en el monte? Entonces hay que generar un subprograma y modificar un poco la variable rígida y estática que teníamos.
También está el caso del Neuquén que está llevando adelante una espectacular política de viviendas para aborígenes, que es motivo de presentaciones en diversos congresos internacionales. Es decir que nos vamos adaptando a las necesidades de cada región.
Acerca de cualificar la demanda, días pasados comentaba que inicialmente las viviendas eran destinadas a gente que no tenía casa ni trabajo. Hoy gracias a Dios hacemos viviendas para gente que no tiene casa, pero sí trabajo. Por eso a través de los programas federales firmamos convenios con los gremios que tienen la tierra. Ellos no son sujetos del pago de un crédito privado normal porque es muy caro, pero sí tienen la posibilidad de abonar una cuota y a lo mejor de aportar algo.
Ese es el caso de Córdoba y el Plan Hogar Clase Media donde la gente determina qué hacer con nuestros fondos. Y como se trata de un plan federal, nos tenemos que ir adecuando y no podemos hacer una casa rígida.
Lo mismo ocurre con el programa de villas, que en lugar de manejarse a demanda abierta, tratándose de viviendas iguales con dos dormitorios, se debe hacer a demanda cerrada. Esto sucede porque sé que en una villa viven mil familias integradas de determinada manera y tengo que construir una casa para cada familia porque si no, voy en contra de sus necesidades. Y recordemos la obligación de la subsecretaría de achicar el déficit.
La jurisdicción debería dar a cada familia una vivienda con dos dormitorios, porque si no se genera déficit. Sin embargo, también se puede solicitar el financiamiento extra de otro dormitorio.
Nuestro objetivo es que la gente tenga mejor calidad de vida. Por lo tanto, trabajamos en contra del terrible déficit de vivienda que hemos heredado de la brutal desinversión.
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Tiene la palabra el señor diputado Alberto Pérez.
SR. PÉREZ (A.J.) Estoy agradecido por la presencia de todos ustedes y por la exposición muy clara y contundente del subsecretario sobre toda la temática de vivienda.
Soy diputado por la provincia de San Luis y tengo alguna experiencia sobre el tema, de modo que muchas de las cuestiones que usted explicó las he vivido y coincido absolutamente con lo dicho.
También queremos ponernos de acuerdo porque realmente apuntamos a que los planes Federal I y Federal II sean absolutamente exitosos, pero en la provincia de San Luis tenemos algunas dificultades y quiero ver cómo entre los dos, humilde y respetuosamente, podemos mejorar la relación en cuanto a la tarea de construir viviendas y llegar a un feliz término.
En el convenio del Plan Federal I nos adjudicaron -mejor dicho nos permitieron realizar- mil viviendas, de las cuales hemos construido 396, digo 396 porque ya están terminadas. Hay 200 que están terminadas, la gente está viviendo allí, y las otras -casi 200- están siendo terminadas en un 95 por ciento. Todas tienen una modificación merced a una adenda que firmamos con la Subsecretaría a su cargo en el año 2009, le agregamos 44 metros a la vivienda y un anexo para que fuera productiva, es decir, que fuera adjudicada a matrimonios que tuvieran un lugar donde realizar su primera tarea productiva.
En ese sentido, la adjudicación se realiza por proyecto y no por la necesidad, es decir por necesidad de vivienda más proyecto. Como decía, estamos terminando esas 396 viviendas, pero no hemos podido aceitar el mecanismo de pago de los certificados, a tal punto que durante 2009 se han presentado todos los certificados de todas las viviendas y todavía no pudimos cobrar. Entonces, quiero ver la posibilidad de agilizar el trámite de pago sobre la vivienda.
El segundo punto se refiere al Plan Federal II. Nos acordaron la construcción de 5 mil viviendas. Hemos presentado proyectos para 701 viviendas porque, al no tener plata, tampoco podemos arriesgarnos a más. En enero de 2009 presentamos la documentación para el apto técnico y financiero, supongo, y no hemos tenido respuesta; llevamos un año. Se imaginan el perjuicio de no construir y encima estamos hablando de que los precios de las viviendas se resienten absolutamente en un año. Hemos construido cinco o diez viviendas a través de pequeñas empresas o municipios, como usted estaba señalando. En general, las obras son chicas, con pequeñas empresas, como usted lo está refiriendo. Creo que en lo global y en lo macro estamos haciendo los deberes, tal como nos están pidiendo, entonces quiero ver la posibilidad de mejorar la relación en cuanto a aceitar los trámites para que sea algo rápido. Sé que en la rapidez está la eficiencia, de otro modo entramos en un problema.
Soy diputado por la provincia de San Luis y tengo alguna experiencia sobre el tema, de modo que muchas de las cuestiones que usted explicó las he vivido y coincido absolutamente con lo dicho.
También queremos ponernos de acuerdo porque realmente apuntamos a que los planes Federal I y Federal II sean absolutamente exitosos, pero en la provincia de San Luis tenemos algunas dificultades y quiero ver cómo entre los dos, humilde y respetuosamente, podemos mejorar la relación en cuanto a la tarea de construir viviendas y llegar a un feliz término.
En el convenio del Plan Federal I nos adjudicaron -mejor dicho nos permitieron realizar- mil viviendas, de las cuales hemos construido 396, digo 396 porque ya están terminadas. Hay 200 que están terminadas, la gente está viviendo allí, y las otras -casi 200- están siendo terminadas en un 95 por ciento. Todas tienen una modificación merced a una adenda que firmamos con la Subsecretaría a su cargo en el año 2009, le agregamos 44 metros a la vivienda y un anexo para que fuera productiva, es decir, que fuera adjudicada a matrimonios que tuvieran un lugar donde realizar su primera tarea productiva.
En ese sentido, la adjudicación se realiza por proyecto y no por la necesidad, es decir por necesidad de vivienda más proyecto. Como decía, estamos terminando esas 396 viviendas, pero no hemos podido aceitar el mecanismo de pago de los certificados, a tal punto que durante 2009 se han presentado todos los certificados de todas las viviendas y todavía no pudimos cobrar. Entonces, quiero ver la posibilidad de agilizar el trámite de pago sobre la vivienda.
El segundo punto se refiere al Plan Federal II. Nos acordaron la construcción de 5 mil viviendas. Hemos presentado proyectos para 701 viviendas porque, al no tener plata, tampoco podemos arriesgarnos a más. En enero de 2009 presentamos la documentación para el apto técnico y financiero, supongo, y no hemos tenido respuesta; llevamos un año. Se imaginan el perjuicio de no construir y encima estamos hablando de que los precios de las viviendas se resienten absolutamente en un año. Hemos construido cinco o diez viviendas a través de pequeñas empresas o municipios, como usted estaba señalando. En general, las obras son chicas, con pequeñas empresas, como usted lo está refiriendo. Creo que en lo global y en lo macro estamos haciendo los deberes, tal como nos están pidiendo, entonces quiero ver la posibilidad de mejorar la relación en cuanto a aceitar los trámites para que sea algo rápido. Sé que en la rapidez está la eficiencia, de otro modo entramos en un problema.
SR. BONTEMPO En realidad con la provincia de San Luis hay un tema administrativo.
No sé si hago bien en decirlo, pero trato de ser lo más franco posible. Una cosa es mandar el expediente por correo OCA y otra distinta es que venga directamente un funcionario a gestionarlo, se ve lo que está bien y lo que está mal y se corrija.
Las cosas se hacen de una sola manera; tienen que hacerse bien. La documentación tiene que estar completa y no puede haber algo dando vueltas. Así no hay una presión como ocurre con los funcionarios de la mayoría de las provincias que dicen: yo me quiero llevar esto y me quedo acá, traé el sello, la lapicera y el poder para firmar. Esto es un poco lo que ocurre.
En relación con lo que señala el señor diputado, justamente de mil viviendas presentaron 300 y pico, y de 5 mil viviendas presentaron 700. Entonces, podrían haber presentado 6 mil, que es lo que figura en el cupo y está reservado con dinero disponible. Nosotros estábamos esperando que esto se presentara ya que la provincia quiere ejecutar.
Entonces, si quiere ejecutar, no solamente tiene que tener el deseo sino ponerse a trabajar para poder hacerlo.
No sé si hago bien en decirlo, pero trato de ser lo más franco posible. Una cosa es mandar el expediente por correo OCA y otra distinta es que venga directamente un funcionario a gestionarlo, se ve lo que está bien y lo que está mal y se corrija.
Las cosas se hacen de una sola manera; tienen que hacerse bien. La documentación tiene que estar completa y no puede haber algo dando vueltas. Así no hay una presión como ocurre con los funcionarios de la mayoría de las provincias que dicen: yo me quiero llevar esto y me quedo acá, traé el sello, la lapicera y el poder para firmar. Esto es un poco lo que ocurre.
En relación con lo que señala el señor diputado, justamente de mil viviendas presentaron 300 y pico, y de 5 mil viviendas presentaron 700. Entonces, podrían haber presentado 6 mil, que es lo que figura en el cupo y está reservado con dinero disponible. Nosotros estábamos esperando que esto se presentara ya que la provincia quiere ejecutar.
Entonces, si quiere ejecutar, no solamente tiene que tener el deseo sino ponerse a trabajar para poder hacerlo.
SR. PÉREZ (A.J) Nuestra gente viene trabajando y llevamos la solución de 50 mil viviendas a 400 mil habitantes en la provincia, es decir a más de la mitad, así que hay experiencia. Por eso pregunto si hay alguna cuestión más.
SR. BONTEMPO San Luis es una las provincias que tiene una política propia de vivienda.
En 2003 cuando los fondos Fonavi eran de libre disponibilidad, había tres provincias que seguían con una política activa de vivienda. Ellas eran San Luis, La Pampa y Santa Cruz. El resto del país utilizaba los fondos de vivienda.
Reconozco y respeto la trayectoria de viviendas de San Luis.
En 2003 cuando los fondos Fonavi eran de libre disponibilidad, había tres provincias que seguían con una política activa de vivienda. Ellas eran San Luis, La Pampa y Santa Cruz. El resto del país utilizaba los fondos de vivienda.
Reconozco y respeto la trayectoria de viviendas de San Luis.
SR. PÉREZ (A.J) Es una cuestión muy simple porque nuestros funcionarios también tienen experiencia en el tema por la cantidad de viviendas que han construido.
¿Entonces cómo podemos hacer?
¿Entonces cómo podemos hacer?
SR. BONTEMPO Que se acerquen los funcionarios lo más rápido posible a solucionar los problemas que haya para poder financiar las viviendas.
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Tiene la palabra la señora diputada Alonso.
SRA. ALONSO Señor presidente: agradezco la presentación del señor subsecretario que ha sido muy amplia. Y abundando un poquito en lo que señaló la señora diputada Reyes, me imagino que esta información quedará disponible a todos los diputados. Sobre el particular, solicito a la comisión que la publique en la página web de la comisión.
Vemos que se presenta un problema habitual de falta de publicidad e información respecto de la ejecución no solamente de este programa, sino de muchos otros. Obviamente esta falta de publicidad e información hace que se generen dudas o sospechas, dependiendo de la intencionalidad que uno pueda tener. Por tal motivo, quizás mi primer comentario es más bien una recomendación, porque publicitar la información hace que el programa sea más creíble y pueda ser sometido a un control mayor. Además hay que garantizar que todos reciban los recursos que les correspondan, que todos sepamos quiénes los solicitan, quiénes los ejecutan bien, quiénes no los ejecutan y que el nivel de información sea lo más desagregado posible para que también el beneficiario actual o futuro conozca todo lo pertinente.
En consecuencia, abundando en lo señalado anteriormente, recomiendo publicitar con la máxima desagregación posible la ejecución del plan, ya que la agregación es información, pero no es suficiente en el nivel de discusión planteado. Seguramente, si siguiéramos estudiando las presentaciones del señor subsecretario, podríamos desagregar muchísimo más.
Otro punto que también está vinculado tiene que ver con el rol coordinador o interrector de la subsecretaría y del Consejo Nacional para establecer determinados estándares.
Bien ha marcado el señor subsecretario que respecto de políticas anteriores, por ejemplo la aplicada en la época del Fonavi, hoy no se construyen las mismas casas en las distintas jurisdicciones, básicamente porque las poblaciones y las demandas son distintas.
Sin embargo, puede ser que en algunos casos esta situación se dé porque hay una política de vivienda, mayor conocimiento, estándares o ciertos principios rectores que son acordados y establecidos en ese Consejo Nacional.
Entonces, en primer lugar quiero preguntar si existe algún tipo de estándar establecido por el Consejo Nacional respecto de la participación ciudadana y la consulta pública en lo que hace a la construcción de las viviendas. Del mismo modo, en lo que respecta a la transparencia y publicidad de la información por parte de las unidades ejecutoras, ya sea de los programas o de los subprogramas. Es decir, qué se les exige en términos de publicidad e información, porque parece que es un tema importante para el control, ya que, finalmente, el control político sobre la ejecución de los fondos es responsabilidad última del Congreso, a través de la Auditoría General de la Nación.
No se trata de: "Entrego los fondos, usted vaya y denuncie al Instituto de la Vivienda en su municipalidad y ellos definirán si un juez lo va a investigar". Me parece que hay situaciones de control de la ejecución de los fondos que son propias del Poder Ejecutivo y que debe hacerlas de la mejor manera posible.
Entonces, el siguiente punto en el establecimiento de estos estándares de participación y control ciudadano, de publicidad e información hacia las jurisdicciones ejecutoras tiene que ver con dónde denunciar. Recientemente vimos a un ciudadano que denunciaba en un canal de televisión, porque no podía ir al instituto o al intendente a denunciar y necesitaba otra instancia de denuncia.
Entonces, mi pregunta es si en el nivel nacional está previsto recibir denuncias de ciudadanos, que perfectamente pueden ejercer un control más que efectivo sobre la ejecución de un programa y que también le puede servir a usted para ejercer esas auditorías con mayor eficacia y eficiencia.
Vemos que se presenta un problema habitual de falta de publicidad e información respecto de la ejecución no solamente de este programa, sino de muchos otros. Obviamente esta falta de publicidad e información hace que se generen dudas o sospechas, dependiendo de la intencionalidad que uno pueda tener. Por tal motivo, quizás mi primer comentario es más bien una recomendación, porque publicitar la información hace que el programa sea más creíble y pueda ser sometido a un control mayor. Además hay que garantizar que todos reciban los recursos que les correspondan, que todos sepamos quiénes los solicitan, quiénes los ejecutan bien, quiénes no los ejecutan y que el nivel de información sea lo más desagregado posible para que también el beneficiario actual o futuro conozca todo lo pertinente.
En consecuencia, abundando en lo señalado anteriormente, recomiendo publicitar con la máxima desagregación posible la ejecución del plan, ya que la agregación es información, pero no es suficiente en el nivel de discusión planteado. Seguramente, si siguiéramos estudiando las presentaciones del señor subsecretario, podríamos desagregar muchísimo más.
Otro punto que también está vinculado tiene que ver con el rol coordinador o interrector de la subsecretaría y del Consejo Nacional para establecer determinados estándares.
Bien ha marcado el señor subsecretario que respecto de políticas anteriores, por ejemplo la aplicada en la época del Fonavi, hoy no se construyen las mismas casas en las distintas jurisdicciones, básicamente porque las poblaciones y las demandas son distintas.
Sin embargo, puede ser que en algunos casos esta situación se dé porque hay una política de vivienda, mayor conocimiento, estándares o ciertos principios rectores que son acordados y establecidos en ese Consejo Nacional.
Entonces, en primer lugar quiero preguntar si existe algún tipo de estándar establecido por el Consejo Nacional respecto de la participación ciudadana y la consulta pública en lo que hace a la construcción de las viviendas. Del mismo modo, en lo que respecta a la transparencia y publicidad de la información por parte de las unidades ejecutoras, ya sea de los programas o de los subprogramas. Es decir, qué se les exige en términos de publicidad e información, porque parece que es un tema importante para el control, ya que, finalmente, el control político sobre la ejecución de los fondos es responsabilidad última del Congreso, a través de la Auditoría General de la Nación.
No se trata de: "Entrego los fondos, usted vaya y denuncie al Instituto de la Vivienda en su municipalidad y ellos definirán si un juez lo va a investigar". Me parece que hay situaciones de control de la ejecución de los fondos que son propias del Poder Ejecutivo y que debe hacerlas de la mejor manera posible.
Entonces, el siguiente punto en el establecimiento de estos estándares de participación y control ciudadano, de publicidad e información hacia las jurisdicciones ejecutoras tiene que ver con dónde denunciar. Recientemente vimos a un ciudadano que denunciaba en un canal de televisión, porque no podía ir al instituto o al intendente a denunciar y necesitaba otra instancia de denuncia.
Entonces, mi pregunta es si en el nivel nacional está previsto recibir denuncias de ciudadanos, que perfectamente pueden ejercer un control más que efectivo sobre la ejecución de un programa y que también le puede servir a usted para ejercer esas auditorías con mayor eficacia y eficiencia.
SR. BONTEMPO Con respecto a la información, puede ser una asignatura pendiente el manejar absolutamente toda la información o bajar toda la información lo más agregada posible. Lo vamos a tener en cuenta y nos comprometimos...
SRA. ALONSO Usted dijo que hay 1600 o 1700 pymes y que no podía traer ese mamotreto. Es más fácil ponerlo en la web.
SR. BONTEMPO Sí. Dije que si querían la leía, pero me pareció que era aburrido nombrar 1600 empresas.
SRA. ALONSO Está bien.
SR. BONTEMPO No es un mamotreto, son 1600 empresas y serán diez hojas. Es cierto que se puede publicitar absolutamente toda la información y, en realidad, quizás sea una falla del Estado, porque a veces uno no quiere, no puede o no sabe cómo.
Nosotros somos Subsecretaría de Vivienda y no tenemos un departamento armado que se dedique a esto, porque en realidad somos ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obra y no estamos en la cuestión, nos parece hasta en algún caso vano ponernos a hacer esta tarea. De todas maneras, nos hemos comprometido con esto y a raíz de la mudanza estamos viendo y haciendo las compulsas para contratar el expertise necesario para que toda la información esté publicada. En realidad, si está toda publicada quizás no haga falta este tipo de reuniones, porque todo el mundo lo sabrá y podrá opinar al respecto.
En cuanto al otro tema quiero decir que no es que nosotros damos la plata, nos desentendemos y arréglense. Al contrario, nosotros controlamos estrictamente que los fondos públicos de los planes federales de vivienda se lleven a cabo de la mejor forma posible, recorriendo permanentemente el país y haciendo auditorías. En la mayoría de los casos las auditorías dan bien y cuando dan mal actuamos en consecuencia. Actuamos de acuerdo con la ley y cuando tengamos una ley distinta que nos permita hacer otra cosa, haremos otra cosa; mientras tanto, actuamos de acuerdo con la ley y ella nos dice que podemos hacer auditorías de la obra y que no podemos tener relación con la empresa, sino con el comitente, que es la jurisdicción a la cual le financiamos la construcción de la vivienda.
Además las leyes por las cuales se llevan adelante las obras son las jurisdiccionales y no las nacionales.
Por lo tanto, más allá de lo que me permite el propio convenio entre el Estado nacional y el Estado provincial que fuera o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de la ley Fonavi, no podría hacer otra cosa, ya que estaría incumpliendo la ley o excediéndome en mis deberes de funcionario público. En consecuencia, ese es el límite.
De todas maneras, recibimos infinidad de reclamos y denuncias en todos los sectores de la oficina, ya sea a través de personas que vienen caminando a traerlas, o lo hacen por e-mail, teléfono o carta. Nosotros canalizamos esas denuncias y buscamos la manera de encontrarles una solución. Es más, nos llegan pedidos de adjudicación de casas, aunque no nos encargamos de esa tarea.
La gente también va a denunciar a los canales de televisión y en algunos casos también ocurre al revés, que va el canal a buscarlos. La realidad es que donde hay una necesidad preexiste un derecho. Nosotros nos manejamos con eso y sabemos que todo lo que hagamos no va solucionar definitivamente el déficit habitacional. De todos modos la idea es que la huella sea lo suficientemente profunda como para que no se pueda dar la vuelta. Queremos avanzar en políticas proactivas y positivas para ir achicando los problemas. Y recibimos contentos y en forma clara que nos marquen el camino hacia donde también podemos ir.
Estamos pensando en instalar algo que está muy de moda y que funciona, y no lo digo peyorativamente: me refiero a una línea telefónica de denuncias. Lo podemos implementar ya que no nos cuesta nada.
Vuelvo a lo mismo que dije anteriormente: la realidad es que la política de viviendas es federal y es responsabilidad de las jurisdicciones. No sé cómo ellas manejan este tema; aunque sé que en algunos casos tienen reclamos.
Quiero comentarles que hay provincias que recaudan el 86 por ciento. Y si la gente paga significa que hay pocos reclamos, porque lo primero que se hace al tener un problema -y este síntoma está comprobado estadísticamente- es dejar de pagar.
La auditoría la hacemos con información estadística. El rol de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación es solucionar los problemas a medida que los va detectando. Y tal vez nos asignen otras funciones que ojalá podamos cumplir.
Nosotros somos Subsecretaría de Vivienda y no tenemos un departamento armado que se dedique a esto, porque en realidad somos ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obra y no estamos en la cuestión, nos parece hasta en algún caso vano ponernos a hacer esta tarea. De todas maneras, nos hemos comprometido con esto y a raíz de la mudanza estamos viendo y haciendo las compulsas para contratar el expertise necesario para que toda la información esté publicada. En realidad, si está toda publicada quizás no haga falta este tipo de reuniones, porque todo el mundo lo sabrá y podrá opinar al respecto.
En cuanto al otro tema quiero decir que no es que nosotros damos la plata, nos desentendemos y arréglense. Al contrario, nosotros controlamos estrictamente que los fondos públicos de los planes federales de vivienda se lleven a cabo de la mejor forma posible, recorriendo permanentemente el país y haciendo auditorías. En la mayoría de los casos las auditorías dan bien y cuando dan mal actuamos en consecuencia. Actuamos de acuerdo con la ley y cuando tengamos una ley distinta que nos permita hacer otra cosa, haremos otra cosa; mientras tanto, actuamos de acuerdo con la ley y ella nos dice que podemos hacer auditorías de la obra y que no podemos tener relación con la empresa, sino con el comitente, que es la jurisdicción a la cual le financiamos la construcción de la vivienda.
Además las leyes por las cuales se llevan adelante las obras son las jurisdiccionales y no las nacionales.
Por lo tanto, más allá de lo que me permite el propio convenio entre el Estado nacional y el Estado provincial que fuera o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de la ley Fonavi, no podría hacer otra cosa, ya que estaría incumpliendo la ley o excediéndome en mis deberes de funcionario público. En consecuencia, ese es el límite.
De todas maneras, recibimos infinidad de reclamos y denuncias en todos los sectores de la oficina, ya sea a través de personas que vienen caminando a traerlas, o lo hacen por e-mail, teléfono o carta. Nosotros canalizamos esas denuncias y buscamos la manera de encontrarles una solución. Es más, nos llegan pedidos de adjudicación de casas, aunque no nos encargamos de esa tarea.
La gente también va a denunciar a los canales de televisión y en algunos casos también ocurre al revés, que va el canal a buscarlos. La realidad es que donde hay una necesidad preexiste un derecho. Nosotros nos manejamos con eso y sabemos que todo lo que hagamos no va solucionar definitivamente el déficit habitacional. De todos modos la idea es que la huella sea lo suficientemente profunda como para que no se pueda dar la vuelta. Queremos avanzar en políticas proactivas y positivas para ir achicando los problemas. Y recibimos contentos y en forma clara que nos marquen el camino hacia donde también podemos ir.
Estamos pensando en instalar algo que está muy de moda y que funciona, y no lo digo peyorativamente: me refiero a una línea telefónica de denuncias. Lo podemos implementar ya que no nos cuesta nada.
Vuelvo a lo mismo que dije anteriormente: la realidad es que la política de viviendas es federal y es responsabilidad de las jurisdicciones. No sé cómo ellas manejan este tema; aunque sé que en algunos casos tienen reclamos.
Quiero comentarles que hay provincias que recaudan el 86 por ciento. Y si la gente paga significa que hay pocos reclamos, porque lo primero que se hace al tener un problema -y este síntoma está comprobado estadísticamente- es dejar de pagar.
La auditoría la hacemos con información estadística. El rol de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación es solucionar los problemas a medida que los va detectando. Y tal vez nos asignen otras funciones que ojalá podamos cumplir.
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Tiene la palabra el señor diputado Alcuaz.
SR. ALCUAZ Señor presidente: en realidad para quienes estamos en el tema de las viviendas en cada una de nuestras provincias hace muchos años, es buenísima la noticia de que ya no dependemos de la fenomenal burocracia que significaba la Secretaría de Vivienda de la Nación.
Yo recuerdo cuando teníamos que correr detrás de las aptitudes técnicas o financieras, que es lo que hoy el señor subsecretario llama la no objeción. Este mismo nombre señala la diferencia en el planteo de la cuestión.
También debo decir que a veces el hecho de saltear esta burocracia o terminar con ella en el caso de mi provincia, Buenos Aires, trae aparejados algunos problemas.
Cuando el subsecretario se refiere a los contratos con los municipios para evitar a los organismos de la Constitución, quiero señalar que esos organismos son los encargados de controlar las tareas que deben cumplir los funcionarios bonaerenses.
Por lo tanto, más allá de que estoy de acuerdo en que es un sistema burocrático y pesadísimo, sobre todo cuando a uno le toca gestionar, lo cierto es que también es un control y un límite para que el funcionario provincial no haga lo que quiere. Sin embargo, el funcionario municipal en este aspecto sí hace lo que quiere al contratarse directamente con el municipio. Lo realizado por Mario Ishii en José C. Paz está absolutamente claro y fue denunciado por los medios.
Es cierto que los canales van a la noticia, pero es bienvenido que vayan, encuentren algo y formulen la denuncia respectiva. Lo malo es cuando tergiversan las cosas o mienten en algún aspecto.
No quisiera estar en los zapatos del interventor del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, porque si uno contrata directamente con el municipio, es responsable de lo que el municipio hace. Eso podemos verlo en mi región, soy del norte del conurbano, donde se están construyendo 12 mil viviendas en forma directa con los municipios y 300 a través del Instituto Provincial de la Vivienda.
Es decir que al viejo Instituto Provincial de la Vivienda, responsable de la construcción, lo hemos perdido como figura, esto no está bien ni está mal. Estaría bien si además de ser auditado el Instituto de la Vivienda, si además de ser auditadas las obras la Subsecretaría de Vivienda, los institutos asumieran otro rol, que es el de planificación.
Debo decir que me preocupa que cuando usted habla de política de vivienda solamente se refiera a números, de cuánto ponemos allá, cuánto ponemos acá, cuánto ejecutamos. A mi modo de ver, disculpe lo que voy a decir y respeto absolutamente su posición, esto no es política de vivienda.
Consideré que las preguntas que nosotros habíamos hecho se relacionaban con la gestión pero, en realidad, cuando usted cerró su intervención yo me sentí un poco preocupado. Usted cerró diciendo que la política de vivienda es una cuestión de obra pública porque acá viene el desarrollo económico, la capacidad económica, pero yo creo que tengo que mirar la política de vivienda no desde la actividad de la construcción sino desde el usuario de la vivienda, del adjudicatario, que tiene un derecho otorgado por la Constitución Nacional de acceder a una vivienda.
Por otro lado, usted también dijo bien, que nosotros pasamos y las empresas quedan. Las empresas con las que usted tiene que lidiar hoy son las mismas con las que lidiaba yo en los años 1986 y 1987. En ese entonces yo era presidente del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires; son las mismas empresas. Lo que más lamento es que, en algunos casos, seis o siete meses antes de hacer una obra, en el municipio ya sabemos que la empresa constructora es esa y anunciamos -hasta esa torpeza tiene el municipio-, que Emaco o alguna de esas empresas va a construir la vivienda. Son lo mismo porque la cuestión es la misma y, a pesar de que cambiamos el sistema burocrático, el problema es el mismo: seguimos construyendo planes de 2 mil viviendas que terminan siendo en 5, 10 o 15 años los Fuertes Apaches del futuro.
Además, seguimos adjudicando las viviendas en licitaciones, no importa si son 2.300 empresas o si son 50, a valores que son inexplicables. Hay valores que son absolutamente inexplicables, más allá que estén dentro de los topes que ustedes plantean. Hoy en el Municipio de San Fernando hay viviendas promedio en construcción a 105 mil pesos y tengo otras en el mismo municipio a 165 mil pesos, contratada con una diferencia muy escasa.
Entonces, una de mis primeras preguntas se refiere a si cuando se construye a través de cooperativas tampoco hay adelantos. Esta es una de las preguntas que quiero hacer. Por lo tanto, veo que sigue todo lo malo y todo lo bueno que teníamos en aquella época. Todo lo malo en cuanto al sistema de contratación, las mañas, cuando aparecen las discusiones de los adicionales. Sí, está claro, lo sabemos, aparecen desde la fundación, en las discusiones de los servicios; conocemos las mañas. También me parece que hay algunas cosas buenas que siguen, y debo reconocerlo.
Cuando usted dice que trabajan por la radicación de los barrios de emergencia y no por la erradicación, y pone como ejemplo a la villa La Cava, me parece perfecto.
Ahora debo decirle, señor subsecretario, que el programa de radicación de la villa La Cava se inició en el año 1986, hace 23 años que gobierna la provincia la misma orientación política y hace 23 años que la villa La Cava sigue sin terminarse. No es un problema de un año más o si la mudo a otro distrito, creo que a nadie se le ocurriría semejante cosa.
Pero la realidad es que usted dice que construyen viviendas específicas para una familia en los barrios de emergencia. Eso no está sucediendo hoy, señor subsecretario, porque en las viviendas del barrio Las Flores, que es otra villa que también hay en mi región, Vicente López, todo lo que se construye es de dos dormitorios, tengan cinco hijos, seis o uno. Esto es lo que está sucediendo hoy bajo la órbita de su Subsecretaría, probablemente porque el municipio haga las cosas mal.
Quiero hacer las preguntas porque obviamente las mías son opiniones y en ese caso podríamos debatir durante mucho tiempo. Incluso en la propia Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano se ha discutido si la vivienda era o no un problema de ejecución de obras públicas, aunque yo la relaciono más con el hambre, la falta de trabajo y los problemas sociales de la mayoría de los argentinos pertenecientes a los sectores vulnerables.
Quiero formular una pregunta que supongo no podrá ser contestada hoy, aunque espero que el señor subsecretario pueda enviar la respuesta por escrito. Como consecuencia de la gran descentralización, en mi provincia se llega directamente al municipio, y quisiera contar con el detalle de las viviendas que se están construyendo en cada municipio. Lo digo porque tenemos la casi sospecha de que algunos municipios están siendo privilegiados a la hora de construir viviendas; es decir que los municipios más amigos reciben más que los que no lo son tanto.
Ya fue respondida la pregunta acerca de las denuncias por las viviendas mal entregadas o con faltantes de calidad, aunque es cierto que se trata de una responsabilidad provincial.
Si un gobernador, el presidente de un instituto de vivienda o un intendente no utiliza los fondos para construir las viviendas que debe o termina adjudicándolas a quien no las merece, en realidad hace un mal uso del dinero.
Pregunto si desde ese lugar no existe la posibilidad de encontrar el mecanismo para que a través de la Nación se acorten los plazos y no ocurra que un vecino o un diputado tenga que formular una denuncia penal y haya que esperar la sentencia para resolver el tema.
Por otro lado, no sé si me pasó a mí o si se le escapó la respuesta al señor subsecretario, formulamos una pregunta específica sobre la Villa 31 asentada en tierras nacionales. No cabe duda de que seguramente este es el tema más complejo a enfrentar por la República.
Actualmente están trabajando en ese asunto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Legislatura y algunos representantes de nuestra comisión. Y quisiera conocer la postura del señor subsecretario al respecto.
Yo recuerdo cuando teníamos que correr detrás de las aptitudes técnicas o financieras, que es lo que hoy el señor subsecretario llama la no objeción. Este mismo nombre señala la diferencia en el planteo de la cuestión.
También debo decir que a veces el hecho de saltear esta burocracia o terminar con ella en el caso de mi provincia, Buenos Aires, trae aparejados algunos problemas.
Cuando el subsecretario se refiere a los contratos con los municipios para evitar a los organismos de la Constitución, quiero señalar que esos organismos son los encargados de controlar las tareas que deben cumplir los funcionarios bonaerenses.
Por lo tanto, más allá de que estoy de acuerdo en que es un sistema burocrático y pesadísimo, sobre todo cuando a uno le toca gestionar, lo cierto es que también es un control y un límite para que el funcionario provincial no haga lo que quiere. Sin embargo, el funcionario municipal en este aspecto sí hace lo que quiere al contratarse directamente con el municipio. Lo realizado por Mario Ishii en José C. Paz está absolutamente claro y fue denunciado por los medios.
Es cierto que los canales van a la noticia, pero es bienvenido que vayan, encuentren algo y formulen la denuncia respectiva. Lo malo es cuando tergiversan las cosas o mienten en algún aspecto.
No quisiera estar en los zapatos del interventor del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, porque si uno contrata directamente con el municipio, es responsable de lo que el municipio hace. Eso podemos verlo en mi región, soy del norte del conurbano, donde se están construyendo 12 mil viviendas en forma directa con los municipios y 300 a través del Instituto Provincial de la Vivienda.
Es decir que al viejo Instituto Provincial de la Vivienda, responsable de la construcción, lo hemos perdido como figura, esto no está bien ni está mal. Estaría bien si además de ser auditado el Instituto de la Vivienda, si además de ser auditadas las obras la Subsecretaría de Vivienda, los institutos asumieran otro rol, que es el de planificación.
Debo decir que me preocupa que cuando usted habla de política de vivienda solamente se refiera a números, de cuánto ponemos allá, cuánto ponemos acá, cuánto ejecutamos. A mi modo de ver, disculpe lo que voy a decir y respeto absolutamente su posición, esto no es política de vivienda.
Consideré que las preguntas que nosotros habíamos hecho se relacionaban con la gestión pero, en realidad, cuando usted cerró su intervención yo me sentí un poco preocupado. Usted cerró diciendo que la política de vivienda es una cuestión de obra pública porque acá viene el desarrollo económico, la capacidad económica, pero yo creo que tengo que mirar la política de vivienda no desde la actividad de la construcción sino desde el usuario de la vivienda, del adjudicatario, que tiene un derecho otorgado por la Constitución Nacional de acceder a una vivienda.
Por otro lado, usted también dijo bien, que nosotros pasamos y las empresas quedan. Las empresas con las que usted tiene que lidiar hoy son las mismas con las que lidiaba yo en los años 1986 y 1987. En ese entonces yo era presidente del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires; son las mismas empresas. Lo que más lamento es que, en algunos casos, seis o siete meses antes de hacer una obra, en el municipio ya sabemos que la empresa constructora es esa y anunciamos -hasta esa torpeza tiene el municipio-, que Emaco o alguna de esas empresas va a construir la vivienda. Son lo mismo porque la cuestión es la misma y, a pesar de que cambiamos el sistema burocrático, el problema es el mismo: seguimos construyendo planes de 2 mil viviendas que terminan siendo en 5, 10 o 15 años los Fuertes Apaches del futuro.
Además, seguimos adjudicando las viviendas en licitaciones, no importa si son 2.300 empresas o si son 50, a valores que son inexplicables. Hay valores que son absolutamente inexplicables, más allá que estén dentro de los topes que ustedes plantean. Hoy en el Municipio de San Fernando hay viviendas promedio en construcción a 105 mil pesos y tengo otras en el mismo municipio a 165 mil pesos, contratada con una diferencia muy escasa.
Entonces, una de mis primeras preguntas se refiere a si cuando se construye a través de cooperativas tampoco hay adelantos. Esta es una de las preguntas que quiero hacer. Por lo tanto, veo que sigue todo lo malo y todo lo bueno que teníamos en aquella época. Todo lo malo en cuanto al sistema de contratación, las mañas, cuando aparecen las discusiones de los adicionales. Sí, está claro, lo sabemos, aparecen desde la fundación, en las discusiones de los servicios; conocemos las mañas. También me parece que hay algunas cosas buenas que siguen, y debo reconocerlo.
Cuando usted dice que trabajan por la radicación de los barrios de emergencia y no por la erradicación, y pone como ejemplo a la villa La Cava, me parece perfecto.
Ahora debo decirle, señor subsecretario, que el programa de radicación de la villa La Cava se inició en el año 1986, hace 23 años que gobierna la provincia la misma orientación política y hace 23 años que la villa La Cava sigue sin terminarse. No es un problema de un año más o si la mudo a otro distrito, creo que a nadie se le ocurriría semejante cosa.
Pero la realidad es que usted dice que construyen viviendas específicas para una familia en los barrios de emergencia. Eso no está sucediendo hoy, señor subsecretario, porque en las viviendas del barrio Las Flores, que es otra villa que también hay en mi región, Vicente López, todo lo que se construye es de dos dormitorios, tengan cinco hijos, seis o uno. Esto es lo que está sucediendo hoy bajo la órbita de su Subsecretaría, probablemente porque el municipio haga las cosas mal.
Quiero hacer las preguntas porque obviamente las mías son opiniones y en ese caso podríamos debatir durante mucho tiempo. Incluso en la propia Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano se ha discutido si la vivienda era o no un problema de ejecución de obras públicas, aunque yo la relaciono más con el hambre, la falta de trabajo y los problemas sociales de la mayoría de los argentinos pertenecientes a los sectores vulnerables.
Quiero formular una pregunta que supongo no podrá ser contestada hoy, aunque espero que el señor subsecretario pueda enviar la respuesta por escrito. Como consecuencia de la gran descentralización, en mi provincia se llega directamente al municipio, y quisiera contar con el detalle de las viviendas que se están construyendo en cada municipio. Lo digo porque tenemos la casi sospecha de que algunos municipios están siendo privilegiados a la hora de construir viviendas; es decir que los municipios más amigos reciben más que los que no lo son tanto.
Ya fue respondida la pregunta acerca de las denuncias por las viviendas mal entregadas o con faltantes de calidad, aunque es cierto que se trata de una responsabilidad provincial.
Si un gobernador, el presidente de un instituto de vivienda o un intendente no utiliza los fondos para construir las viviendas que debe o termina adjudicándolas a quien no las merece, en realidad hace un mal uso del dinero.
Pregunto si desde ese lugar no existe la posibilidad de encontrar el mecanismo para que a través de la Nación se acorten los plazos y no ocurra que un vecino o un diputado tenga que formular una denuncia penal y haya que esperar la sentencia para resolver el tema.
Por otro lado, no sé si me pasó a mí o si se le escapó la respuesta al señor subsecretario, formulamos una pregunta específica sobre la Villa 31 asentada en tierras nacionales. No cabe duda de que seguramente este es el tema más complejo a enfrentar por la República.
Actualmente están trabajando en ese asunto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Legislatura y algunos representantes de nuestra comisión. Y quisiera conocer la postura del señor subsecretario al respecto.
SR. BONTEMPO Voy hacer algunas consideraciones antes de responder, y por supuesto le voy a hacer llegar el listado de las empresas y de la cantidad de viviendas por municipio en la provincia de Buenos Aires.
Cuando hablo de la vivienda como obra pública, hago referencia a lo que significa la vivienda en la vida del ser humano. Porque también es obra pública una cañería de agua que impide que se propague la hepatitis y otro montón de enfermedades hídricas. Un hospital también es una obra pública porque se hace a partir de una licitación pública que financia el Estado a través de los distintos programas. El Estado podría no hacer viviendas y dedicarse a otra cosa, y eso también es cierto.
Este Estado se dedica a la construcción de viviendas. Y nosotros no somos la Subsecretaría de Vivienda, sino la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. A lo mejor no me expresé bien, pero trato de remarcar todo el tiempo que lo que nos preocupa es mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso generalmente se logra generando un hábitat adecuado en el que la vivienda ayude a que la gente se desarrolle mejor.
También dije en algún momento que lo más difícil para la gente pobre es acceder a los espacios públicos que hace un tiempo pasaron a integrar la recreación privada. Entonces todo tiene verjas, todo está cerrado y para todo hay que pagar entrada.
Entregar una casa de un tamaño mínimo cuando la persona tiene que ir a trabajar, volver y no moverse de ahí porque es pobre, no va con nuestra filosofía. Nosotros tratamos de generar otra cosa.
Acerca de que despareció el IPV en la provincia de Buenos Aires, quiero decir que no es así. De las 50 mil viviendas que se construyeron en la provincia de Buenos Aires, casi la mitad fueron a partir del IPV. En el conurbano la mayoría de las licitaciones se hacen a través del Instituto de la Vivienda.
Se hacen a través del Instituto de la Vivienda porque para grandes licitaciones tienen expertise, y además colabora con los municipios chicos, porque no todos tienen capacidad de ejecutar un pliego de licitación y construir.
Hay algunos municipios de la provincia de Buenos Aires en donde el secretario de Obras Públicas es secretario de Gobierno y, a su vez, es el que anda controlando algunas cosas que tiene que controlar el municipio y no tiene una estructura burocrática que lo permita. Entonces, es el Instituto de la Provincia de Buenos Aires quien ayuda a hacer los pliegos, quien controla y quien da el expertise necesario para que esto suceda; no desapareció el Instituto. Es más, creo que el problema de la provincia de Buenos Aires se soluciona con más Instituto y no con menos; estoy convencido de esto.
El Instituto tiene que tomar una potencialidad que a lo mejor alguna vez tuvo; la está recuperando. Dejó de tenerla durante un cierto tiempo, porque no se olviden que hasta 2003 el Instituto no licitaba, entregaba el ciento por ciento del valor de la obra a una entidad intermedia inventada a dedo y, a su vez, contrataba en forma directa una empresa, ese era el Instituto de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando hablo de la vivienda como obra pública, hago referencia a lo que significa la vivienda en la vida del ser humano. Porque también es obra pública una cañería de agua que impide que se propague la hepatitis y otro montón de enfermedades hídricas. Un hospital también es una obra pública porque se hace a partir de una licitación pública que financia el Estado a través de los distintos programas. El Estado podría no hacer viviendas y dedicarse a otra cosa, y eso también es cierto.
Este Estado se dedica a la construcción de viviendas. Y nosotros no somos la Subsecretaría de Vivienda, sino la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. A lo mejor no me expresé bien, pero trato de remarcar todo el tiempo que lo que nos preocupa es mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso generalmente se logra generando un hábitat adecuado en el que la vivienda ayude a que la gente se desarrolle mejor.
También dije en algún momento que lo más difícil para la gente pobre es acceder a los espacios públicos que hace un tiempo pasaron a integrar la recreación privada. Entonces todo tiene verjas, todo está cerrado y para todo hay que pagar entrada.
Entregar una casa de un tamaño mínimo cuando la persona tiene que ir a trabajar, volver y no moverse de ahí porque es pobre, no va con nuestra filosofía. Nosotros tratamos de generar otra cosa.
Acerca de que despareció el IPV en la provincia de Buenos Aires, quiero decir que no es así. De las 50 mil viviendas que se construyeron en la provincia de Buenos Aires, casi la mitad fueron a partir del IPV. En el conurbano la mayoría de las licitaciones se hacen a través del Instituto de la Vivienda.
Se hacen a través del Instituto de la Vivienda porque para grandes licitaciones tienen expertise, y además colabora con los municipios chicos, porque no todos tienen capacidad de ejecutar un pliego de licitación y construir.
Hay algunos municipios de la provincia de Buenos Aires en donde el secretario de Obras Públicas es secretario de Gobierno y, a su vez, es el que anda controlando algunas cosas que tiene que controlar el municipio y no tiene una estructura burocrática que lo permita. Entonces, es el Instituto de la Provincia de Buenos Aires quien ayuda a hacer los pliegos, quien controla y quien da el expertise necesario para que esto suceda; no desapareció el Instituto. Es más, creo que el problema de la provincia de Buenos Aires se soluciona con más Instituto y no con menos; estoy convencido de esto.
El Instituto tiene que tomar una potencialidad que a lo mejor alguna vez tuvo; la está recuperando. Dejó de tenerla durante un cierto tiempo, porque no se olviden que hasta 2003 el Instituto no licitaba, entregaba el ciento por ciento del valor de la obra a una entidad intermedia inventada a dedo y, a su vez, contrataba en forma directa una empresa, ese era el Instituto de la Provincia de Buenos Aires.
SR. ALCUAZ ¿Desde cuándo? Porque usted dice hasta 2003.
SR. BONTEMPO Durante los últimos cinco años. Usted no estaba, pero esto era el Instituto de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué hicieron? Dijeron que la vivienda no es obra pública y como no es obra pública, no es susceptible de la ley que regula la obra pública. Entonces, consigo una entidad intermedia, la Liga de Amas de Casa en Saladillo, por ejemplo, le dan el ciento por ciento del monto para construir 300 viviendas, hay un hermoso potrero...
¿Qué hicieron? Dijeron que la vivienda no es obra pública y como no es obra pública, no es susceptible de la ley que regula la obra pública. Entonces, consigo una entidad intermedia, la Liga de Amas de Casa en Saladillo, por ejemplo, le dan el ciento por ciento del monto para construir 300 viviendas, hay un hermoso potrero...
SR. ALCUAZ Hay una cancha en Mar del Plata que se puede...
SR. BONTEMPO Por otro lado, nosotros con nuestros análisis y equipos técnicos de la Subsecretaría, que exceden en mucho el tiempo que yo estoy al frente y son permanentes, estamos en contra de la vivienda de alta densidad.
Quédese tranquilo que acá no hay viviendas de más de planta baja y dos pisos, no construimos Fuertes Apaches. Es más, voy a decir algo, firmamos con la Sociedad Central de Arquitectos un convenio que sacó un primer premio de urbanismo en la bienal de Colombia, para que la Sociedad Central de Arquitectos, a partir de sus arquitectos, que en la década del 70 fueron los que diseñaron estos grandes complejos habitacionales, nos digan de qué manera se solucionan ahora, porque verificaron mal en el uso. De eso también se ocupa la Subsecretaría de Vivienda.
Por otro lado, si hablamos mucho de números, es porque la mayoría de las preguntas estaban referidas a números.
Quédese tranquilo que acá no hay viviendas de más de planta baja y dos pisos, no construimos Fuertes Apaches. Es más, voy a decir algo, firmamos con la Sociedad Central de Arquitectos un convenio que sacó un primer premio de urbanismo en la bienal de Colombia, para que la Sociedad Central de Arquitectos, a partir de sus arquitectos, que en la década del 70 fueron los que diseñaron estos grandes complejos habitacionales, nos digan de qué manera se solucionan ahora, porque verificaron mal en el uso. De eso también se ocupa la Subsecretaría de Vivienda.
Por otro lado, si hablamos mucho de números, es porque la mayoría de las preguntas estaban referidas a números.
SR. ALCUAZ Ha quedado pendiente de respuesta el tema de la Villa 31.
SR. BONTEMPO A la fecha la ciudad de Buenos Aires jamás pidió financiamiento ni colaboración a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación por el tema de la Villa 31, por lo menos a esta administración.
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Tiene la palabra el señor diputado Zavallo.
Luego han pedido la palabra los señores diputados Gribaudo, Granados y Aguirre de Soria. Además, hay un señor diputado que no es miembro de la Comisión de Vivienda al que también vamos a permitir hacer uso de la palabra. A todos les solicito brevedad porque es la hora 13 y 30 y arrancamos a las 10 de la mañana.
Luego han pedido la palabra los señores diputados Gribaudo, Granados y Aguirre de Soria. Además, hay un señor diputado que no es miembro de la Comisión de Vivienda al que también vamos a permitir hacer uso de la palabra. A todos les solicito brevedad porque es la hora 13 y 30 y arrancamos a las 10 de la mañana.
SR. ZAVALLO Voy a ser puntual y breve, señor presidente.
Señor subsecretario: le solicito me permita preguntarle puntualmente sobre el caso de mi provincia, Entre Ríos.
Usted hablaba de que si no se certifica, evidentemente, la Secretaría no paga. En este punto quiero chequear algún dado sobre cierta preocupación que tengo en virtud de que usted dijo que para el déficit cualitativo uno de los paliativos era el programa Mejor Vivir. A la fecha, mayo 2010, Entre Ríos tiene certificados 3 millones de pesos, de los cuales solamente mandó la Nación 300 mil pesos. El desembolso del ejercicio 10 es plurianual y ha certificado nuestro Instituto de la Vivienda por 40.279.000 pesos, a lo cual la Nación ha transferido 12.164.000 pesos. Es decir que en estos dos programas, sobre 43 millones hay una no transferencia de parte de Nación de 30.814.000 pesos. Quiero saber si son estos tiempos normales.
Voy a formular la última pregunta. Usted habló de la cantidad de viviendas terminadas a nivel país, hizo la discriminación por provincia y mencionó 9048 viviendas terminadas.
Solicito que después envíe por escrito el detalle anual de la cantidad de viviendas construidas a la fecha.
Señor subsecretario: le solicito me permita preguntarle puntualmente sobre el caso de mi provincia, Entre Ríos.
Usted hablaba de que si no se certifica, evidentemente, la Secretaría no paga. En este punto quiero chequear algún dado sobre cierta preocupación que tengo en virtud de que usted dijo que para el déficit cualitativo uno de los paliativos era el programa Mejor Vivir. A la fecha, mayo 2010, Entre Ríos tiene certificados 3 millones de pesos, de los cuales solamente mandó la Nación 300 mil pesos. El desembolso del ejercicio 10 es plurianual y ha certificado nuestro Instituto de la Vivienda por 40.279.000 pesos, a lo cual la Nación ha transferido 12.164.000 pesos. Es decir que en estos dos programas, sobre 43 millones hay una no transferencia de parte de Nación de 30.814.000 pesos. Quiero saber si son estos tiempos normales.
Voy a formular la última pregunta. Usted habló de la cantidad de viviendas terminadas a nivel país, hizo la discriminación por provincia y mencionó 9048 viviendas terminadas.
Solicito que después envíe por escrito el detalle anual de la cantidad de viviendas construidas a la fecha.
SR. BONTEMPO El registro de viviendas terminadas es desde el año 2003.
SR. ZAVALLO ¿Pero puede desglosar la información por cantidad de viviendas anuales?
SR. BONTEMPO Le alcanzaremos esa información.
SR. ZAVALLO Me refiero al ejercicio 2010 y no solamente a la deuda 2009.
SR. BONTEMPO De acuerdo.
Al 26 de junio de 2010 hemos transferido a la provincia de Entre Ríos 45.864.866 pesos. Entre Ríos terminó 2.588 mejoramientos y tiene 17.025 en ejecución.
Al 26 de junio de 2010 hemos transferido a la provincia de Entre Ríos 45.864.866 pesos. Entre Ríos terminó 2.588 mejoramientos y tiene 17.025 en ejecución.
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Tiene la palabra la señora diputada Regazzoli.
SRA. REGAZZOLI Señor presidente: quiero ser muy concreta. En principio agradezco la presencia del señor subsecretario. Y por otro lado solicito que acelere el pago de las certificaciones presentadas en tiempo y forma.
Yo represento a la provincia de La Pampa, donde teníamos 3.600 viviendas y un cupo extra de 469. Y en el convenio marco firmado el 12 de agosto de 2008 nos adjudicaron 6 mil viviendas de las cuales tenemos 2.052 en construcción y 2 mil más en proceso de licitación.
El señor subsecretario señaló que al 31 de mayo se habían transferido 16 millones de pesos a la provincia de La Pampa. Tengo la información suministrada por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de que se presentaron certificaciones a la Subsecretaría por 144 millones de pesos.
La provincia de La Pampa está siendo administrada eficientemente y consecuentemente está llevando a cabo la construcción de viviendas con recursos propios provenientes de reservas provinciales. Sin embargo, esto nos ocasiona un serio revés, porque no tenemos fondos para destinar a otras prioridades de la provincia.
Me consta que los funcionarios del Instituto prácticamente viven en Buenos Aires, siguiendo cada uno de los vericuetos del circuito administrativo de los certificados. Por lo tanto, solicito que se aceite el proceso y se corrobore si 16 millones es la diferencia que usted dio al 31 de mayo.
Yo represento a la provincia de La Pampa, donde teníamos 3.600 viviendas y un cupo extra de 469. Y en el convenio marco firmado el 12 de agosto de 2008 nos adjudicaron 6 mil viviendas de las cuales tenemos 2.052 en construcción y 2 mil más en proceso de licitación.
El señor subsecretario señaló que al 31 de mayo se habían transferido 16 millones de pesos a la provincia de La Pampa. Tengo la información suministrada por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de que se presentaron certificaciones a la Subsecretaría por 144 millones de pesos.
La provincia de La Pampa está siendo administrada eficientemente y consecuentemente está llevando a cabo la construcción de viviendas con recursos propios provenientes de reservas provinciales. Sin embargo, esto nos ocasiona un serio revés, porque no tenemos fondos para destinar a otras prioridades de la provincia.
Me consta que los funcionarios del Instituto prácticamente viven en Buenos Aires, siguiendo cada uno de los vericuetos del circuito administrativo de los certificados. Por lo tanto, solicito que se aceite el proceso y se corrobore si 16 millones es la diferencia que usted dio al 31 de mayo.
SR. BONTEMPO Lo que usted señala puede ser que ocurra.
Al 26 de junio La Pampa recibió 68.076.244 pesos y tiene previstos 42 millones de pesos para julio del año próximo.
Al 26 de junio La Pampa recibió 68.076.244 pesos y tiene previstos 42 millones de pesos para julio del año próximo.
SRA. REGAZZOLI O sea que todavía estamos lejos de los 144 millones.
SR. BONTEMPO Sí; de la forma en que usted lo dice, estamos lejos.
La provincia de La Pampa tiene la particularidad de que como cuenta con una ley que le obliga a comenzar la construcción de las viviendas una vez firmado el convenio, lo hace con fondos propios. Y luego genera su propia deuda al presentar todos los certificados juntos.
Ese aspecto lo estamos considerando con el ingeniero Rojo, a quien le estamos diciendo que las cosas no son así, porque nosotros no nos enteramos de la deuda que genera La Pampa hasta que no aparecen todos los archivos. Ocurre que en función de la propia ley de La Pampa, construyen con recursos propios.
Hemos arribado a un pacto y convenido que en tres meses -el pasado, el presente y el próximo- solucionaremos esta deuda. De todos modos, no vamos a permitir más que la provincia genere deuda y después la reclame; tendrá que hacer alguna modificación a la ley provincial.
La provincia de La Pampa tiene la particularidad de que como cuenta con una ley que le obliga a comenzar la construcción de las viviendas una vez firmado el convenio, lo hace con fondos propios. Y luego genera su propia deuda al presentar todos los certificados juntos.
Ese aspecto lo estamos considerando con el ingeniero Rojo, a quien le estamos diciendo que las cosas no son así, porque nosotros no nos enteramos de la deuda que genera La Pampa hasta que no aparecen todos los archivos. Ocurre que en función de la propia ley de La Pampa, construyen con recursos propios.
Hemos arribado a un pacto y convenido que en tres meses -el pasado, el presente y el próximo- solucionaremos esta deuda. De todos modos, no vamos a permitir más que la provincia genere deuda y después la reclame; tendrá que hacer alguna modificación a la ley provincial.
SRA. REGAZZOLI Lo que ocurre es que la ley provincial tiene la finalidad de que la mano de obra se mantenga ocupada.
SR. BONTEMPO Pero influye en el presupuesto nacional.
Si la ley provincial señala que van a construir 100 mil viviendas anuales, el resto del país no puede hacerlo, porque el dinero lo gastan ustedes.
Si la ley provincial señala que van a construir 100 mil viviendas anuales, el resto del país no puede hacerlo, porque el dinero lo gastan ustedes.
SRA. REGAZZOLI Pero estamos dentro del cupo asignado.
SR. BONTEMPO El cupo asignado es para toda la administración, para todo el tiempo de la administración. Pero de todas maneras quiero darle la tranquilidad de que esto está resuelto y acordado con el gobernador Jorge y con el ingeniero Rojo, y que se terminará de solucionar el mes que viene.
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Tiene la palabra el señor diputado Llera.
SR. LLERA Soy diputado por la provincia de Misiones. Deseo expresar mi agradecimiento al Subsecretario Bontempo y a su equipo por estar presentes y felicitarlos por este mecanismo de aceitar mejor la posibilidad de que los recursos para vivienda lleguen a la provincia.
Por supuesto también agradezco al Subsecretario de Obras Públicas de mi provincia, ingeniero Rojo, que está acompañándonos. Además, quiero celebrar la posibilidad que tiene cada uno de los municipios de mi provincia de poder construir viviendas.
Mi pregunta se refiere a un tema muy especial, el Promeba, Programa de Mejoramiento Barrial. Cuando fui intendente presentamos este primer proyecto en 1997. En ese momento el Promeba era un subsidio para el municipio y la pregunta es si sigue siendo un subsidio o es un crédito para el municipio.
Por supuesto también agradezco al Subsecretario de Obras Públicas de mi provincia, ingeniero Rojo, que está acompañándonos. Además, quiero celebrar la posibilidad que tiene cada uno de los municipios de mi provincia de poder construir viviendas.
Mi pregunta se refiere a un tema muy especial, el Promeba, Programa de Mejoramiento Barrial. Cuando fui intendente presentamos este primer proyecto en 1997. En ese momento el Promeba era un subsidio para el municipio y la pregunta es si sigue siendo un subsidio o es un crédito para el municipio.
SR. BONTEMPO Es un subsidio. Porque el prepago al BID lo hace el gobierno nacional.
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Tiene la palabra el señor diputado Gribaudo.
SR. GRIBAUDO Agradezco al subsecretario por la presencia y la disponibilidad de estar en una larga interlocución.
Nosotros hemos hecho más de quince preguntas y la mayoría ha sido respondida y explicada. En la Comisión de Obras Públicas, que presido, siempre digo que es muy importante la presencia de los funcionarios, porque facilita incluso el trámite legislativo del pedido de informes. Nosotros estaríamos seguramente enviando muchísima cantidad de pedidos de informes y hoy evitamos hacerlo en función de tener al subsecretario aquí presente, de modo que su presencia es muy importante para la Cámara de Diputados.
Hay una pregunta en la que pedía especificidad en cuanto a los pagos de certificados y, si bien sabemos que la respuesta es extensa, mi compañera Laura Alonso hacía una recomendación en cuanto a la posibilidad de publicación. Considero importante tener la posibilidad de dar más transparencia y publicar la información en la página web del ministerio para poder tener claridad de acuerdo a cada plan y cada provincia.
A nosotros nos llegan preguntas en cuanto a si se cumplen o no y si los certificados se están pagando a la fecha, de modo que mi propuesta es que se publique la información.
Nosotros hemos hecho más de quince preguntas y la mayoría ha sido respondida y explicada. En la Comisión de Obras Públicas, que presido, siempre digo que es muy importante la presencia de los funcionarios, porque facilita incluso el trámite legislativo del pedido de informes. Nosotros estaríamos seguramente enviando muchísima cantidad de pedidos de informes y hoy evitamos hacerlo en función de tener al subsecretario aquí presente, de modo que su presencia es muy importante para la Cámara de Diputados.
Hay una pregunta en la que pedía especificidad en cuanto a los pagos de certificados y, si bien sabemos que la respuesta es extensa, mi compañera Laura Alonso hacía una recomendación en cuanto a la posibilidad de publicación. Considero importante tener la posibilidad de dar más transparencia y publicar la información en la página web del ministerio para poder tener claridad de acuerdo a cada plan y cada provincia.
A nosotros nos llegan preguntas en cuanto a si se cumplen o no y si los certificados se están pagando a la fecha, de modo que mi propuesta es que se publique la información.
SR. BONTEMPO Lo vamos a tener en cuenta.
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Tiene la palabra la señora diputada Granados.
SRA. GRANADOS Agradezco al arquitecto Bontempo y, obviamente, a su equipo por esta amplia, abundante y magnífica explicación que dio del área que maneja.
Como diputada del Frente para la Victoria quiero decir que lo que se expresó aquí tiene que ver, en algunos distritos o municipios, con favoritismo. Por lo tanto deseo decir que mire un poco al distrito de Ezeiza, porque habría que levantar un poco la puntería, por los números que he escuchado en otros lados, como San Luis, que recibió 6 mil viviendas o como San Isidro, que recibió 2860, que tienen que ver con el Plan Villas.
Creo y sigo insistiendo en lo mismo, deambulo por las comisiones diciendo que éste es un gobierno para todos, que no es excluyente sino participativo.
A su vez quiero comentar que en Ezeiza, más allá de lo beneficioso que resultó este Plan Federal de Viviendas, dado que nos han otorgado solamente 720 viviendas, le hemos dado trabajo a 600 personas, que hoy se encuentran cumpliendo su labor en mi distrito.
Quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar -no quiero que queden dudas- que este es un gobierno que trabaja para toda la República Argentina, a lo ancho y a lo largo del territorio nacional. Deseo destacar esto, tengo más cifras y la verdad es que ahora cuando llegue le voy a decir a mi intendente que sea más exigente.
Gracias, bienvenido a esta comisión y agradezco infinitamente su explicación.
Como diputada del Frente para la Victoria quiero decir que lo que se expresó aquí tiene que ver, en algunos distritos o municipios, con favoritismo. Por lo tanto deseo decir que mire un poco al distrito de Ezeiza, porque habría que levantar un poco la puntería, por los números que he escuchado en otros lados, como San Luis, que recibió 6 mil viviendas o como San Isidro, que recibió 2860, que tienen que ver con el Plan Villas.
Creo y sigo insistiendo en lo mismo, deambulo por las comisiones diciendo que éste es un gobierno para todos, que no es excluyente sino participativo.
A su vez quiero comentar que en Ezeiza, más allá de lo beneficioso que resultó este Plan Federal de Viviendas, dado que nos han otorgado solamente 720 viviendas, le hemos dado trabajo a 600 personas, que hoy se encuentran cumpliendo su labor en mi distrito.
Quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar -no quiero que queden dudas- que este es un gobierno que trabaja para toda la República Argentina, a lo ancho y a lo largo del territorio nacional. Deseo destacar esto, tengo más cifras y la verdad es que ahora cuando llegue le voy a decir a mi intendente que sea más exigente.
Gracias, bienvenido a esta comisión y agradezco infinitamente su explicación.
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Tiene la palabra la señora diputada Aguirre de Soria.
SRA. AGUIRRE DE SORIA Señor presidente: agradezco la presencia del señor subsecretario y que nos haya ilustrado y despejado todas las dudas.
Simplemente quiero hacer una reflexión. Soy riojana y tuvimos un presidente proveniente de nuestra provincia durante más de diez años. De todos modos, desde 1989 a 1999 solamente logramos construir 3 mil viviendas, de las cuales más de 1.500 hoy no pueden usarse porque algunas se hicieron tipo monoblock y otras en manzanas exagonales gracias al delirio de un arquitecto. Imagínense lo que es una esquina de esa manzana.
El problema de la vivienda es muy grave en la provincia y estamos analizando de qué manera resolverlo. Y seguramente las carpetas respectivas pronto llegarán al señor subsecretario.
Desde el inicio del gobierno del ex presidente Kirchner se han construido 6 mil viviendas a lo largo y ancho de nuestra provincia. Nos ocurre algo muy similar a Santiago del Estero, ya que tenemos diversidad de climas. Por ejemplo en Famatina nieva durante todo el año, mientras que en la capital tenemos temperaturas entre 40 y 50 grados. Por eso necesitamos distinto tipo de viviendas y ni hablar de la zona rural y de las obras de electrificación y de provisión de agua, ya que no contamos con agua de superficie. Y así podríamos seguir hablando mucho tiempo más.
Agradezco al señor subsecretario que esté presente y que nos atienda todas las veces que vienen nuestro gobernador y nuestros intendentes. Sé que siempre lo estoy molestando, pero así se van realizando las obras que necesitamos.
Perón decía que el hombre debía tener la posibilidad de ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa; dos cosas que sin duda dignifican al ser humano. Y este gobierno está haciendo muchísimo para que eso se haga realidad.
Simplemente quiero hacer una reflexión. Soy riojana y tuvimos un presidente proveniente de nuestra provincia durante más de diez años. De todos modos, desde 1989 a 1999 solamente logramos construir 3 mil viviendas, de las cuales más de 1.500 hoy no pueden usarse porque algunas se hicieron tipo monoblock y otras en manzanas exagonales gracias al delirio de un arquitecto. Imagínense lo que es una esquina de esa manzana.
El problema de la vivienda es muy grave en la provincia y estamos analizando de qué manera resolverlo. Y seguramente las carpetas respectivas pronto llegarán al señor subsecretario.
Desde el inicio del gobierno del ex presidente Kirchner se han construido 6 mil viviendas a lo largo y ancho de nuestra provincia. Nos ocurre algo muy similar a Santiago del Estero, ya que tenemos diversidad de climas. Por ejemplo en Famatina nieva durante todo el año, mientras que en la capital tenemos temperaturas entre 40 y 50 grados. Por eso necesitamos distinto tipo de viviendas y ni hablar de la zona rural y de las obras de electrificación y de provisión de agua, ya que no contamos con agua de superficie. Y así podríamos seguir hablando mucho tiempo más.
Agradezco al señor subsecretario que esté presente y que nos atienda todas las veces que vienen nuestro gobernador y nuestros intendentes. Sé que siempre lo estoy molestando, pero así se van realizando las obras que necesitamos.
Perón decía que el hombre debía tener la posibilidad de ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa; dos cosas que sin duda dignifican al ser humano. Y este gobierno está haciendo muchísimo para que eso se haga realidad.
SR. PRESIDENTE FAUSTINELLI Para ir cerrando la reunión, en nombre de toda la comisión quiero agradecer al arquitecto Bontempo y a todo su equipo la presencia, la preocupación y la responsabilidad en su tarea.
Como diputado nacional por la provincia de Córdoba, creo que vivo en otro país en el tema específico de viviendas.
Acerca de que hay que controlar y supervisar los barrios para que no queden aislados y no tengan problemas de servicios elementales, como puede ser el agua, la recolección de residuos, el transporte y la escolaridad, quiero decir que en mi provincia las pocas viviendas que se hicieron fueron alrededor de la ciudad, en Gran Córdoba, a través del programa del BID para terrenos inundables, cuando tal vez hasta tenemos más superficie de monte que Santiago del Estero. En mi provincia se construyeron pocas viviendas y se hizo todo al revés.
Entonces ya que estamos todos presentes, debemos asumir el compromiso de conformar rápidamente una mesa de trabajo junto a las autoridades de la subsecretaría, porque hay muchos puntos a mejorar y quizás también tengamos que lubricar el sistema para que haya más control.
Tal vez tengamos que modernizar la ley en algunos aspectos. No va a servir si no lo hacemos con un consenso y si no lo debatimos, estudiamos y profundizamos.
En mi provincia, el Promeba -que planteó el diputado- es un programa barrial. Por haber sido intendente, me parece que es espectacular la finalidad del plan, pero creo que ha habido mucha discrecionalidad y también entiendo que es algo que debe supervisar la unidad ejecutora a nivel nacional con la unidad ejecutora a nivel provincial, porque si no pareciera que se acota siempre la lista.
Entonces, la unidad ejecutora a nivel provincial recibe las 20 carpetas donde con un esfuerzo enorme los intendentes contratan profesionales, porque deben trabajar muchos profesionales de diferentes ramas, y los otros intendentes que llegan e invierten en la consulta previa, para estar acorde con la exigencia del programa, no son los primeros suplentes, si es que se agota la partida presupuestaria para una provincia determinada.
Creo que estas cosas habría que tenerlas en cuenta por el respeto mismo a la institución, al esfuerzo y quizás por la necesidad que tienen las diferentes provincias. De cualquier manera, es una comisión que controla y por ahí no había tanta iniciativa en la discusión y en las reuniones.
Creo que hoy cada uno de los diputados quiere trabajar, porque sabemos que es un tema sensible y necesario, como lo dice nuestra Constitución Nacional, y hay muchos argentinos que no tienen la posibilidad de contar con su techo propio. Muchísimas gracias a todos.
Como diputado nacional por la provincia de Córdoba, creo que vivo en otro país en el tema específico de viviendas.
Acerca de que hay que controlar y supervisar los barrios para que no queden aislados y no tengan problemas de servicios elementales, como puede ser el agua, la recolección de residuos, el transporte y la escolaridad, quiero decir que en mi provincia las pocas viviendas que se hicieron fueron alrededor de la ciudad, en Gran Córdoba, a través del programa del BID para terrenos inundables, cuando tal vez hasta tenemos más superficie de monte que Santiago del Estero. En mi provincia se construyeron pocas viviendas y se hizo todo al revés.
Entonces ya que estamos todos presentes, debemos asumir el compromiso de conformar rápidamente una mesa de trabajo junto a las autoridades de la subsecretaría, porque hay muchos puntos a mejorar y quizás también tengamos que lubricar el sistema para que haya más control.
Tal vez tengamos que modernizar la ley en algunos aspectos. No va a servir si no lo hacemos con un consenso y si no lo debatimos, estudiamos y profundizamos.
En mi provincia, el Promeba -que planteó el diputado- es un programa barrial. Por haber sido intendente, me parece que es espectacular la finalidad del plan, pero creo que ha habido mucha discrecionalidad y también entiendo que es algo que debe supervisar la unidad ejecutora a nivel nacional con la unidad ejecutora a nivel provincial, porque si no pareciera que se acota siempre la lista.
Entonces, la unidad ejecutora a nivel provincial recibe las 20 carpetas donde con un esfuerzo enorme los intendentes contratan profesionales, porque deben trabajar muchos profesionales de diferentes ramas, y los otros intendentes que llegan e invierten en la consulta previa, para estar acorde con la exigencia del programa, no son los primeros suplentes, si es que se agota la partida presupuestaria para una provincia determinada.
Creo que estas cosas habría que tenerlas en cuenta por el respeto mismo a la institución, al esfuerzo y quizás por la necesidad que tienen las diferentes provincias. De cualquier manera, es una comisión que controla y por ahí no había tanta iniciativa en la discusión y en las reuniones.
Creo que hoy cada uno de los diputados quiere trabajar, porque sabemos que es un tema sensible y necesario, como lo dice nuestra Constitución Nacional, y hay muchos argentinos que no tienen la posibilidad de contar con su techo propio. Muchísimas gracias a todos.
SR. BONTEMPO Solamente deseo agradecer el hecho de haberme permitido participar de la reunión y de esta charla muy fructífera. Nos llevamos un montón de inquietudes, iniciativas y preguntas para responder.
Quiero agregar una cosa más. Les pido disculpas por no haber concurrido en la primera citación, pero no es que los funcionarios deciden no venir y no vienen. Hablé todas las veces que fueron necesarias con el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, le expliqué el motivo por el cual no podía venir, el señor diputado lo entendió y me facilitó la posibilidad de concurrir después. A mí también me hubiera gustado venir antes, lo digo de corazón.
Quiero agregar una cosa más. Les pido disculpas por no haber concurrido en la primera citación, pero no es que los funcionarios deciden no venir y no vienen. Hablé todas las veces que fueron necesarias con el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, le expliqué el motivo por el cual no podía venir, el señor diputado lo entendió y me facilitó la posibilidad de concurrir después. A mí también me hubiera gustado venir antes, lo digo de corazón.
- Es la hora 13 y 37.