Solicitar la presencia, en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, del Secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, ante la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de esta Honorable Cámara, para que informe sobre la evaluación que hace el organismo a su cargo de la situación actual de los créditos UVA para la vivienda, la crisis creciente que viven las personas deudoras de estos créditos y cuáles son -en caso de haber- las medidas que se consideran para garantizar y proteger el derecho a la vivienda.

Señor presidente:

La situación de crisis, preocupación y en muchos casos desesperación, que están viviendo las personas que tomaron un crédito bajo la modalidad UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) no es ninguna novedad y ha alcanzado un lugar destacado en la agenda pública.

Anunciada como una medida innovadora que iba a solucionar el déficit habitacional en nuestro país, la política de créditos indexados y atados a la inflación tuvo un éxito inicial por cuanto se ofrecían a los potenciales propietarios con cuotas iniciales muy por debajo de lo que entonces se pagaba con un crédito tradicional. El gobierno se ocupó explícitamente de publicitar esta medida, por todos los medios, como la gran solución de los sectores medios para acceder a una vivienda propia.

No faltaron los analistas que advirtieron de los riesgos inherentes a este tipo de endeudamiento en un país que atravesaba alta volatilidad externa, constante presión sobre el dólar, elevadísimos niveles de inflación y caída generalizada de la actividad económica, todo ello como consecuencia deliberada de las políticas que lleva adelante el gobierno del Presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, estas advertencias no lograron desincentivar a quienes, con absoluto derecho, se ilusionaron con el sueño de la casa propia, creyeron en la publicidad del gobierno y lo qué ésta prometía, y accedieron a estos créditos endeudándose no sólo con el banco sino muchas veces también con familiares, prestamistas o amigos.

Pues bien, cuando aún no se cumplen 3 años desde la implementación de esta medida, los resultados son catastróficos: las personas deudoras sienten de manera ostensible la crisis de pagar cada día más y al mismo tiempo deber cada día más y, para colmo de males, se han esfumado todas las bondades que tuvo inicialmente el programa respecto de los créditos tradicionales (los cuales, dicho sea de paso, han sido eliminados).

Luego de un 2018 en donde la inflación orilló el 50%, la más alta desde la hiperinflación de 1991, y los salarios registrados no alcanzaron siquiera un 30% de aumento, todas las personas tomadoras de créditos UVA se han encontrado con una suba sideral de la cuota que pagan cada mes como así también de la tasa de interés que se les aplica, lo cual agrava la caída en sus ingresos reales y torna más dramática la situación no sólo habitacional sino de la propia vida cotidiana de las familias.

Vale la pena traer a colación un ejercicio hecho por el economista Christian Buteler, quien compara la evolución paralela de dos créditos, uno UVA y otro tradicional, ambos por $1 millón, tomados a marzo de 2016 (lanzamiento de los UVA). Hecho a principios de febrero, el ejercicio da cuenta de que “con 34 cuotas pagadas, un crédito tradicional a 20 años de plazo mantiene el pago mensual similar al inicial (12.435 pesos). El préstamo UVA pasó de una cuota inicial de $7915 a una actual de $17.606. El tomador del crédito tradicional ya devolvió intereses y parte del capital (le quedan $968.152), mientras que el del crédito UVA vio actualizarse su capital por inflación y ahora debe más del doble, en pesos, de lo que sacó: $2,11 millones” .

El párrafo anterior demuestra cabalmente no sólo la crítica situación de las personas y familias deudoras sino también que, como se dijo más arriba, en poco más de dos años se esfumaron todas las ventajas que los créditos UVA tenían respeto de los -extintos- créditos tradicionales.

En este contexto de indiscutible y crítico deterioro de las condiciones económicas de las personas deudoras de estos créditos, distintos funcionarios del gobierno nacional, entre quienes destaca el Secretario de Vivienda Iván Kerr, han esgrimido algunos argumentos en defensa de estos créditos.

Se ha recalcado, por ejemplo, que la tasa de morosidad -es decir, deudores que han dejado de pagar las cuotas de sus créditos- es muy baja (ceca al 0.17% según el relevamiento del Banco Central), lo cual indica que la gente “aún puede pagar”. Lo cual es cierto (aunque relativamente), pero lo que los funcionarios no dicen es a qué precio, a costa de qué otros bienes y servicios que se sacrifican para honrar la deuda hipotecaria y no perder su única vivienda familiar. Es un argumento cínico que encubre -o avala- la caída en el nivel de vida y seguridad de las familias.

Y por otra parte, para aquellos que -desde fines del año pasado- han visto crecer el monto de sus cuotas por encima del límite establecido en la reglamentación y que, por ello, tienen el derecho de pedir una prórroga del plazo del crédito, se les sugiere no hacerlo ya que “la incidencia es de 200 pesos” y, en cambio, el costo de la prórroga (por la aplicación de intereses y demás) es mucho mayor. Una vez más: se justifica la pérdida del poder adquisitivo de las argentinas y los argentinos.

En definitiva, entendemos que esta modalidad crediticia ha demostrado su incapacidad para hacer frente al déficit habitacional de nuestro país, pero además ha agravado el problema. No sólo porque ahora hay más argentinos y argentinas con deudas que se tornan impagables, sino que además la rápida disolución de sus beneficios empujó a mucha gente a buscar alquilar, lo cual ha hecho aumentar exponencialmente los costos de ser inquilino, al menos en la Ciudad de Buenos Aires .

En este sentido entendemos que resulta más que necesario que el Señor Secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, comparezca ante la comisión de vivienda de esta Honorable Cámara a efectos de compartir la evaluación que su cartera hace de esta situación y, además, de cuenta de las medidas que -esperamos- estén en estudio a los efectos de dar una respuesta urgente que brinde seguridad y previsibilidad a las personas deudoras de créditos hipotecarios UVA para garantizarles que puedan pagar las cuotas y así proteger su fundamental derecho a la vivienda.

Por todos estos motivos, Señor Presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.