Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda, implemente A) un Programa de Vivienda específico para personas mayores de cuarenta (40) años, que no posean bienes inmuebles y cuyos recursos económicos resulten insuficientes para acceder a una vivienda en el sector privado y/o B) reserve un cupo del 5 % de los programas a ejecutar en el futuro afectado a estos objetivos específicos.

Señor presidente:

Como autor del Proyecto de Ley bajo expediente Nº 5450-D-2009, considero que existe la necesidad de una política de vivienda específica dirigida a sectores que hoy no tienen posibilidades de acceder a una vivienda digna a través del sector privado. En particular, nos referimos a personas mayores de 40 años, divididas en dos sectores: los solteros, viudos o divorciados sin hijos o sin tenencia legal; o aquellos matrimonios o parejas en concubinato de jubilados y/o pensionados.

La necesidad de lograr una solución para este segmento de la población nos impulsa a presentar este Proyecto de Declaración, en el entendimiento de que el Poder Ejecutivo puede tomar algunos de estas sugerencias y transformarlas en acciones a través de decisiones administrativas. Por ello, a continuación transcribimos los fundamentos que presentamos oportunamente.

Consideramos que la política habitacional, expresada a través de los planes federales de vivienda, debe brindar respuestas previsoras de las tendencias poblacionales de nuestro país. La sustentabilidad de la estructura de vivienda es clave para alcanzar un adecuado nivel de vida de los habitantes.

Durante los próximos 50 años, la población de nuestro país, al igual que la de la mayoría de los países, se estima envejecerá como resultado de bajos niveles de natalidad y mortalidad. Al mismo tiempo, el número creciente de casamientos y divorcios, generan la perspectiva de una población constituida por un importante número de personas mayores solteras, separadas, divorciadas y viudas, sin posibilidad de contar con una vivienda que les permita llevar una vida digna.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha planteado el problema del envejecimiento de la población mundial desde 1982, en ocasión de la primera conferencia organizada al respecto, habiendo considerado la adopción de un Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. Incluso 1999 fue declarado como "Año Internacional de las Personas de Edad" y, en abril de 2002, se organizó una segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento con objeto de adoptar un nuevo plan de acción internacional sobre este fenómeno.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que para el 2050 en la región, la población mayor a 60 años será el 23,6% del total de los habitantes. Contrariamente, el número de jóvenes se reducirá un 17% entre el 2005 y el 2050. Debido a esta disminución en la tasa de natalidad, la Argentina muy probablemente deje de crecer demográficamente hacia el 2050.

En un trabajo publicado en 2008 por la Universidad Abierta Interamericana titulado "Cambios demográficos y tendencias en los próximos quince años", se analizan realidades de la organización familiar: "Respecto de la nupcialidad, se modifica en forma radical el proceso de formación y disolución de uniones. Así, por un lado, disminuyen sin pausa los matrimonios de solteros (primeras nupcias registradas), como consecuencia del notable incremento de las uniones consensuales en detrimento de las legales, y de la más tardía edad al casamiento, sobre todo de las mujeres" [...] "Por otro lado, tienden a aumentar los divorcios (ruptura de uniones registradas) por un doble efecto: el mayor número de parejas legales que disuelven su matrimonio; la mayor precocidad de las rupturas".

El proceso de envejecimiento poblacional no es sólo un problema de los países más desarrollados, sino que afecta crecientemente a los países en vías de desarrollo incluidos los de América Latina. Por tanto, es importante organizar institucionalmente una alternativa de respuesta a la situación que ya se está presentando como consecuencia del envejecimiento de la población.

La cantidad de hogares unipersonales en la Argentina tiene un sostenido crecimiento habiendo alcanzado 17% del total de los hogares del país. Una cifra que llegaba al 7% en el año 1960 y al 10% en 1980. Para el 2010 se espera que sean el 22%, creciendo al 25% hacia el 2025.

Los tratados internacionales y las convenciones que reconocen y protegen el derecho a la vivienda son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.25), el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (art.11).

El FONAVI y los recientes Planes Federales de Viviendas, fueron concebidos con el objetivo de contener y brindar la posibilidad de acceder a una vivienda a grupos familiares constituidos, no habiéndose considerado a las personas que por diversos motivos humanos y sociales, viven en soledad sus años de adultez y también tienen derecho a un techo digno.

Por los motivos expresados, solicito la aprobación del presente proyecto.