ARTICULO 1º.- Promuévase en el ámbito de la República Argentina la investigación y el desarrollo de tecnologías constructivas y materiales de construcción sustentables y eficientes en términos energéticos, sociales y económicos para la producción integral del hábitat y la vivienda.

ARTICULO 2º.- Modifíquese el Artículo 6º de la Ley 24.464, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán destinados a financiar total o parcialmente la compra y/o construcción de viviendas, obras de urbanización, infraestructura, servicios y equipamiento comunitario, y programas de investigación y desarrollo de tecnologías constructivas sustentables y eficientes en términos energéticos, sociales y económicos para la producción integral del hábitat y la vivienda; quedando facultados los organismos ejecutores en materia de vivienda en cada jurisdicción, para el dictado de normas, tendientes al cumplimiento del destino impuesto. Asimismo estos recursos podrán utilizarse como garantía de préstamos y/o contraparte de financiamiento siempre que estén destinados a los fines de esta ley”.

ARTICULO 3º.- Modifíquese el Artículo 12º de la Ley 24.464, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“El Consejo Nacional de la Vivienda tendrá como finalidad:

a) Coordinar la planificación del Sistema Federal de Vivienda;

b) Proponer anteproyectos de normas legales, técnicas y administrativas para el mejor cumplimiento de los objetivos del Sistema Federal de la Vivienda;

c) Promover convenios de colaboración técnica y financiera con organismos públicos nacionales y provinciales, el CONICET, universidades nacionales, así como con otros países o con organismos internacionales;

d) Evaluar el desarrollo de los objetivos del Sistema Federal de Vivienda y en particular el avance en la reducción del déficit habitacional y el estricto cumplimiento de lo establecido en la presente ley;

e) Definir criterios indicativos de selección de adjudicatarios de viviendas construidas o créditos otorgados con fondos del FONAVI;

f) Dictar su estatuto interno garantizando la representación de todas las jurisdicciones.”

ARTICULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La construcción de vivienda social constituye una de las principales herramientas del Estado para hacer frente a los problemas habitacionales.

Si bien la edificación de viviendas a través de diferentes programas habitacionales contribuyó a mejorar las condiciones de vida de muchas familias, en innumerables oportunidades la construcción de vivienda social no sólo no resolvió la situación de habitacional, sino que generó nuevos problemas sociales y urbanos. La resolución de estos problemas exige ulteriores intervenciones del Estado, que debe destinar recursos para la refacción de las viviendas construidas en lugar de avocarse a la edificación de nuevas unidades habitacionales que beneficien a más familias. Uno de los casos más paradigmáticos de los problemas asociadas a la vivienda social es el Conjunto Ejército de los Andes, ubicado en el partido de Tres de Febrero, en la Provincia de Buenos Aires, que debido a patologías constructivas y dificultades en el mantenimiento debió ser parcialmente demolido. Esto significa que el Estado no sólo desembolsó recursos para la construcción de torres de viviendas, sino que después tuvo que pagar su demolición y una nueva resolución para las familias que quedaron sin vivienda. En la ciudad de Buenos Aires, el Barrio Ramón Carrillo, construido a principios de los años noventa para las familias desalojadas del ex-albergue Warnes, fue a los pocos años declarado en emergencia ambiental y de infraestructura.

Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires dan cuenta de la relación que existe entre el costo construcción y los costos de uso y mantenimiento de la vivienda social. Con la intención de reducir los costos iniciales de producción de viviendas, muchos complejos habitacionales se construyeron con materiales inadecuados y poco durables. La deficiente performance de estos materiales requiere de continuos esfuerzos y elevados gastos por parte de los usuarios para su mantenimiento. De este modo, el ahorro que supone para el Estado la construcción de viviendas con materiales económicos, implica un traslado de los costos a los usuarios, que deben hacerse cargo de los gastos de mantenimiento. La incapacidad de los hogares beneficiarios de la política habitacional de afrontar estos costos vuelve insostenible el hábitat, generando procesos de deterioro prematuro del espacio construido y produciendo nuevos problemas sociales y urbanos en lugar de resolver los problemas de vivienda.

Por otro lado, la mala calidad de los materiales y la falta de adecuación del diseño de las viviendas a los entornos en las que se localizan, no sólo incrementan los costos de mantenimiento de la vivienda, sino que también implican mayores costos para su calefacción y refrigeración. La preservación medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales exige la construcción de viviendas eficientes en términos energéticos. Además, en un contexto de creciente aumento del precio de los servicios públicos, es un error construir para los sectores de menores ingresos viviendas cuyos costos de calefacción no pueden solventar.

Estudios técnicos demostraron que mediante un adecuado diseño, la utilización de materiales idóneos y recurriendo a ciertas innovaciones tecnológicas, una vivienda sustentable puede consumir hasta un 50% menos de energía y menos agua potable que una vivienda convencional

Es evidente, por lo tanto, que el financiamiento de la investigación y el desarrollo de tecnologías constructivas y materiales de construcción que sean eficientes y sustentables es una inversión sumamente redituable para el Estado en el mediano y largo plazo. Por un lado, la innovación tecnológica permite la edificación de viviendas más eficientes, que den lugar a una disminución de los costos de construcción sin que vayan necesariamente acompañados de un deterioro de la calidad constructiva. Por otra parte, la utilización de materiales de construcción más eficientes y de mejor desempeño exigen menores gastos y esfuerzos de mantenimiento y por lo tanto contribuyen a preservar el valor en el tiempo de las inversiones hechas por el estado en materia de vivienda social. Por último, el desarrollo y la utilización de materiales eficientes en términos energéticos reduce el consumo energético asociado a la calefacción y refrigeración de las viviendas y disminuye tanto la utilización de recursos naturales como el peso de los servicios de gas y electricidad sobre los ingresos de las familias, que en los últimos años, producto de la disminución de los subsidios, se ha vuelto una preocupación para muchas familias.

Estos datos dan cuenta de la importancia de fomentar la construcción de edificaciones más eficientes en términos constructivos y energéticos para el medio ambiente, para la economía de nuestro país y para las finanzas de los hogares. De este modo, el apoyo a la innovación tecnológica y la arquitectura sustentable deben ocupar un lugar más relevante en la agenda del Estado.

En nuestro país existen diferentes centros dedicados a la investigación y prueba de materiales y tecnologías constructivas que, con mayor estímulo económico, podrían producir importantes avances en materia de ingeniería aplicada.

En la ciudad de Córdoba, el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) tiene décadas de trayectoria en la experimentación de tecnologías de construcción. En la Universidad del Nordeste, en el ámbito de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se desarrollan diversas líneas de investigación asociadas al desarrollo del hábitat y la vivienda social. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA) existen diferentes centros y programas de investigación, como el Centro de Estudios del Hábitat y la Vivienda, el Centro de Investigación Hábitat y Energía o el Programa de Mantenimiento Habitacional, que pueden contribuir al desarrollo de viviendas más eficientes y durables. También en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Centro de Investigación y Desarrollo en Construcciones analiza y prueba tecnologías y materiales para la construcción y sistemas constructivos.

Por un lado, este proyecto autoriza la utilización de recursos del FONAVI para la Investigación y Desarrollo en materia constructiva, reconociendo que esa inversión puede redundar en el mediano y largo plazo en la construcción de viviendas más eficientes, durables y económicas. Por otro lado, autoriza al Consejo Federal de la Vivienda a promover convenios de colaboración técnica con organismos públicos nacionales y provinciales, el CONICET y universidades nacionales, posibilidad hasta ahora restringida a organismos internacionales. De este modo se promueve el desarrollo técnico y científico nacional, así como la producción nacional de materiales de construcción, con efectos sinérgicos sobre todo el sector de la construcción y no únicamente sobre la vivienda social. En ese sentido, a contramano de las políticas que en los últimos años vienen desfinanciando la investigación, recortando recursos a las universidades y al CONICET y despidiendo personal del INTI, a través de este proyecto se fomenta la innovación tecnológica en nuestro país, puesto al servicio del desarrollo de un hábitat más justo e inclusivo.