Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos que corresponda, informe sobre la gestión de la Comisión Nacional de Tierras para Hábitat Social, dependiente de la Jefatura de Gabinete, en cuyo ámbito funcionaba la ex Comisión de Tierras Fiscales Nacionales -Programa Arraigo-, cuya denominación pasó a ser luego la de Comisión Nacional de Tierra Social, ubicada en la esfera del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, según se solicita a continuación:

1. Indique cuáles son las actividades, obras, etc., que justificaron un incremento del crédito presupuestario del año 2010 para la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social. Detallar los elementos sociales, económicos y financieros que fueron considerados para tomar dicha medida.

2. Detalle de la ejecución de presupuestaria del programa mencionado en el punto 1, durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

3. Enumerar las erogaciones transferidas a toda institución pública o privada que colaboran con la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social para cumplir con sus objetivos, individualizando lo percibido por cada institución para los ejercicios 2009 y 2010 y parte del 2011.

Señor presidente:

Es escasa la información de la que se dispone de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, desde su creación hasta la fecha.

El presente proyecto tiene por objetivo recabar información sobre la gestión de la Subsecretaria mencionada, en función del principio republicano de la rendición de cuentas.

La Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social tiene por finalidad garantizar el respeto al derecho constitucional de toda persona al acceso a una vivienda digna. Este derecho ha sido consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional.

El derecho al acceso a la vivienda digna obliga al Estado, por un lado, a respetar y proteger la vivienda de quienes han podido procurársela de modo independiente. El Estado no debe adoptar medidas que impidan o dificulten el goce del derecho al acceso a la vivienda digna y, a su vez, debe garantizar que los terceros no priven a las personas del goce de ese derecho. Por otro lado, el Estado tiene el deber de ayudar a aquellos que, por la condición de pobreza en la que viven, aún no tienen una vivienda digna. Para cumplir con este último deber, el Estado debe desarrollar programas que faciliten a las personas de bajos recursos acceder a viviendas por sus propios medios, o acceder a tierras en las que puedan construir sus viviendas, a viviendas previamente construidas, o a la regularización de asentamientos ilegales, sin que ello implique vulnerar el derecho de propiedad de los titulares dominiales de los terrenos ocupados.

La situación vivida por el desalojo en Jujuy por la toma de terrenos y viviendas, nos demuestra que es un problema que requiere pronta solución.

Es por ello, que es urgente contar con esta información para esta Honorable Cámara, a fin de que podamos saber si la Comisión de Tierra para el Hábitat Social, creada por Decreto 1472/2008, cumple con los objetivos para la que fue creada que es: la formulación de políticas de tierras que faciliten la provisión de terrenos, aptos para el desarrollo de programas de vivienda y equipamiento social.

En razón de todo lo expuesto, Señor Presidente es que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.