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VIVIENDA Y ORDENAMIENTO URBANO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 145
Jefe CPN. MAMBRIN RAMONA LUCIA
Miércoles 12.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2136 Internos 2136/34
cvyourbano@hcdn.gob.ar
PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 3347-D-2019
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PROBLEMATICA HABITACIONAL Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA.
Fecha: 03/07/2019
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 89
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, así como los diversos organismos, empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y otras áreas que pudieran corresponder, informe los siguientes aspectos vinculados a la problemática habitacional y el acceso a los servicios e infraestructura básica:
1. Cantidad de viviendas y soluciones habitacionales construidas en el período que abarca desde el año 2003 a la fecha, según programa (Plan Federal de Construcción de Viviendas, Pro.Cre.Ar, Programas del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, etc.), desagregado por cada uno de los 24 partidos del Conurbano Bonaerense , resto de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por año.
2. Cantidad de usuarios de los servicios de agua y cloaca, en los años 2007 - 2011 - 2015 - 2019, desagregado por cada uno de los 24 Municipios referidos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Cantidad de nuevas conexiones a los servicios de agua y cloaca en el período que abarca desde el año 2003 a la fecha, desagregado por cada uno de los 24 Municipios indicados y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por año.
4. Cantidad de usuarios del servicio de gas de red, en los años 2007 - 2011 - 2015 -2019, desagregado por cada uno de los 24 Municipios referidos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por año.
5. Sírvase informar cualquier otra cuestión que pueda contribuir al presente.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución argentina, en su artículo 14 bis, atribuye al Estado el deber de otorgar los beneficios de la seguridad social y garantizar la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna; derechos que a su vez -y con distintos alcances-, han sido consagrados en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados al texto constitucional por medio del artículo 75 inciso 22.
En ese marco, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) consagra el derecho de toda persona a la seguridad social (artículo 9), a la protección y asistencia de la familia, de la maternidad y de la niñez (artículo 10), y a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que comprenda alimentación, vestido y vivienda adecuados, comprometiendo a los Estados a tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de tales derechos, así como una mejora continua de las condiciones de existencia.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el órgano subsidiario del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas al que los Estados han asignado la misión de velar por el cumplimiento del Pacto, encomendándole la tarea de examinar periódicamente las medidas tendientes al progresivo acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
De la labor del Comité surge la Observación General Nº 4 (1991), que prescribe que el derecho humano a una vivienda adecuada es un derecho universal de vital importancia para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Como tal, ha de garantizarse a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos, sin discriminación de ningún tipo. Advierte, además, que este derecho fundamental no supone una "vivienda a secas", sino que debe revestir una serie de cualidades: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, localización apropiada y adecuación cultural.
Por otra parte, la Resolución 40/202 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Día Mundial del Hábitat (del año 1985) señala la importancia de proporcionar vivienda y servicios adecuados a sus poblaciones, en particular a los pobres y desfavorecidos, instando a la comunidad internacional, incluidas las instituciones y los organismos multilaterales, a adoptar -en lo posible- estrategias crediticias más flexibles para los proyectos y programas de desarrollo de asentamientos humanos.
La calidad habitacional está dada por el acceso a una vivienda que cuente con la infraestructura básica, equipamientos y servicios en condiciones socio-ambientales adecuadas. Adolecer de un hábitat y una vivienda digna impide disponer de una sede donde ejercer los más elementales derechos que hacen al desarrollo y la calidad de vida.
Nuestro país padece una gravísima emergencia en materia habitacional, en un escenario signado por el carácter estructuralmente heterogéneo de la sociedad argentina, donde reina la segregación urbana y la disparidad en el acceso al espacio público, con sectores privados de la posibilidad de acceder a un hogar, a los servicios públicos, al equipamiento educativo y sanitario.
Según datos oficiales, entre 2004 y 2014 la cifra de soluciones habitacionales en la Argentina (terminadas, en ejecución y a iniciar) superó el millón de pesos. Dichas políticas han tenido un impacto directo en la calidad de vida de más de 5 millones de beneficiarios.
Sin embargo, no se ha logrado diseñar y articular a nivel federal una política pública integral, planificada y sostenible a largo plazo para el abordaje de la cuestión habitacional y las problemáticas estructurales que condicionan el acceso a la vivienda.
Con la gestión del gobierno de Cambiemos, a partir de diciembre de 2015, se inició un proceso de ajuste en el que las políticas públicas se orientaron a mejorar la rentabilidad de los sectores más concentrados de la economía, a costa de los sectores medios y bajos. En este contexto, la política de vivienda se ha visto afectada por un Estado en retroceso y ha quedado librada a las leyes del mercado en un modelo en el que gobiernan los intereses del sector inmobiliario y las ganancias los bancos, agudizando los problemas y asimetrías estructurales de la Argentina.
El escenario de ajuste y recesión, agravado por la crisis cambiaria, la devaluación de la moneda y el creciente proceso inflacionario que afecta sensiblemente al pueblo argentino, fue observado con preocupación por el mencionado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco de la evaluación de la situación de los DESC en nuestro país (Observaciones Finales sobre la Argentina en octubre de 2018).
En ese sentido, el informe señala que “la reducción de los niveles de protección efectiva de los derechos consagrados en el Pacto, en particular para las personas y grupos desfavorecidos, como consecuencia de la inflación y las medidas de austeridad. Al Comité le preocupa también que, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno prevé un objetivo de déficit cero para 2019, agudizando el recorte del gasto social”.
En lo que hace a la problemática habitacional en particular, el Comité expresa su “preocupación por el incremento de los asentamientos informales sin acceso a servicios básicos, en tanto que el presupuesto de las políticas de vivienda ha sufrido un recorte muy significativo”. Advierte acerca de la existencia de más de 4.000 asentamientos informales y más de un 10% de viviendas que carecen de conexión de agua potable y más del 30% de servicios de alcantarillado y recomienda a la Argentina “implementar soluciones adecuadas a la magnitud de la problemática habitacional del país, ampliando la escala y mejorando la evaluación de las políticas públicas, incluso la producción de información pública completa y actualizada sobre el acceso a la vivienda y datos sobre desalojos”.
A ello agregamos la problemática del acceso al crédito, que es una de las herramientas fundamentales para el acceso a una vivienda y mejoramiento de las condiciones de hábitat. Además de mostrarse inaccesibles para la mayoría de la sociedad, los sistemas de crédito atados a la inflación se han tornado imposibles de afrontar por la mayoría de los usuarios debido al deterioro constante de la relación entre la cuota, que crece a la par de la inflación, y el poder adquisitivo cada vez menor de los salarios.
Volviendo al informe del Comité, éste atribuye central relevancia al fenómeno de la pobreza estructural, que se mantiene en un piso del 25 al 30% de la población y al impacto negativo de la devaluación e inflación en la pobreza y la desigualdad, señalando con especial preocupación la concentración de núcleos duros de pobreza en el Gran Buenos Aires y en el norte del país. A tales efectos, recomienda implementar políticas públicas orientadas a “mitigar las desigualdades que pueden agudizarse en tiempos de crisis”.
A su vez, los indicadores sociales oficiales dan cuenta de la situación de emergencia social que se vive en la Argentina, con un aumento alarmante de la pobreza y la indigencia. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) indicó que “en el segundo semestre de 2018 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza es del 23,4%; estos comprenden el 32,0% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 4,8% de hogares indigentes que incluyen el 6,7% de las personas. Los indicadores mencionados registran una suba de la pobreza y la indigencia con respecto al primer semestre de 2018 y también respecto de los consignados en el segundo semestre de 2017”.
El informe del INDEC publicado en mayo de 2018, correspondiente a los “Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos - Segundo semestre de 2018”, refleja que el 10,2% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente; el 29,6% no dispone de gas de red; y el 30,0% carece de conexión a las redes cloacales.
Señala el INDEC que “el 55,6% de los hogares, que abarca al 49,7% de las personas, accede a los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural antes mencionados. Como complemento, el 44,4% de los hogares no accede a al menos uno de los servicios considerados, en los que habitan el 50,3% de las personas”.
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_indicadores_hogares_02_18C09991E48B.pdf
En el reporte se aclara que “si bien aquí se presentan los resultados para el total de los 31 aglomerados urbanos relevados en forma continua por la EPH (entre los que se halla la Región Gran Buenos Aires, integrada por Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires), cabe señalar que este indicador puede presentar resultados disímiles según región, en función de cuan extendidas se encuentren estas redes en cada territorio”.
Por último, cabe traer a colación el Informe EDSA, publicado en 2018 por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, “Condiciones materiales de vida. Hábitat, pobreza y desigualdad en los hogares urbanos de la Argentina (2010-2017)”, que refleja la situación del Conurbano Bonaerense en materia de privación de acceso a una vivienda digna y a los servicios básicos.
De acuerdo al Observatorio, la región registra un 18,9% de hogares privados de una vivienda digna y un déficit del servicio sanitario que alcanza al 16% de los hogares. Los hogares sin conexión a red de agua corriente representan un 22,9%; los hogares sin conexión a red de gas natural 37,4%; mientras que un 51,4% carece de conexión a red cloacal.
Más allá de esta breve descripción de la problemática habitacional de la Argentina, consideramos necesario munir a este Congreso de información detallada y específica, en términos comparativos, acerca de los indicadores sociales en materia de calidad habitacional y los programas y acciones llevados a cabo en el caso particular de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resultan relevantes para la evaluación y la elaboración de políticas públicas en la materia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ARROYO, DANIEL | BUENOS AIRES | RED POR ARGENTINA |
| HORNE, SILVIA RENEE | RIO NEGRO | MOVIMIENTO EVITA |
| DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | SOMOS |
| GROSSO, LEONARDO | BUENOS AIRES | MOVIMIENTO EVITA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| VIVIENDA Y ORDENAMIENTO URBANO (Primera Competencia) |