1. Expresar su categórico rechazo al cierre de diversos programas de vivienda llevado a cabo por el Gobierno Nacional, e instrumentado por la Resolución N°122/17 del Ministerio del Interior, de Obras Públicas y Vivienda; lo cual implica un grave perjuicio a las economías provinciales y en especial a la Provincia del Chaco, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

2. Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y demás organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, de manera precisa y detallada, sobre los siguientes puntos referidos a la implementación de la Resolucion N°122/17 de dicho Ministerio:

a) Cuántos puestos de trabajo se han perdido o se perderán como consecuencia de dejar sin efecto los siguientes programas: “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA II”, el “PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO”, el “PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS”, el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS – MEJOR VIVIR II”, el “PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES”, el “PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIO”, y el plan de acción denominado “MÁS CERCA: MÁS MUNICIPIO, MEJOR PAÍS, MAS PATRIA”.

b) Cuáles son las medidas que tomará el Poder Ejecutivo para recuperar dichos puestos de trabajo, reactivar la industria de la construcción y garantizar el derecho a la vivienda digna de aquellos destinatarios de los programas mencionados.

c) Señalar medidas a adoptar para preservar las fuentes de empleo en lo sucesivo.

d) Explicar qué políticas activas se implementarán para contrarrestar el efecto recesivo que implica la compra de viviendas prefabricadas tanto en el extranjero como en el mercado local.

e) Explicar en qué medida la implementación de la Resolución Nº 122/17 garantiza el acceso a la vivienda digna a todos los habitantes de la Nación, en cuanto asimila la vivienda social al concepto de vivienda precaria, excluyendo a un vasto sector determinado por la clase media.

Señor presidente:

El derecho a la vivienda es un elemento indispensable para el desarrollo de la vida digna de los seres humanos, por lo que garantizarlo resulta una obligación ineludible del Estado. Fue incluido de manera explícita en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a la vez que ha sido incorporado en diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos; entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico interno con jerarquía constitucional a partir de la Reforma Constitucional 1994.

Resulta preocupante la situación de los empleados de los Institutos Provinciales de Vivienda de distintos puntos del país a partir de la implementación de la Resolución N°122/17 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Dicha Resolución ha dejado sin efecto los siguientes programas: “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA II”, el “PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS – TECHO DIGNO”, el “PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS”, el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS – MEJOR VIVIR II”, el “PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES”, el “PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIO”, y el plan de acción denominado “MÁS CERCA: MÁS MUNICIPIO, MEJOR PAÍS, MAS PATRIA”.

La Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda (F.A.TR.A.V.) que nuclea a 14 Sindicatos de Institutos Provinciales de Viviendas, representantes de 7000 empleados, manifestó su rechazo a la Resolución 122/17, en tanto pone en peligro sus fuentes de trabajo.

Asimismo, es necesario remarcar la importancia de que cada jurisdicción provincial implemente la Ley 24.464. En la misma, se crean los Institutos de Vivienda Provinciales y cuenta con la adhesión de todas las provincias.

Como consecuencia de la política de apertura indiscriminada de importaciones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional, el Estado se dispone a comprar viviendas prefabricadas de origen chino, generando un daño al sector de la Construcción y poniendo en peligro el sustento de miles de familias. Asimismo, se afecta al comercio local, con pérdidas de puestos de trabajo en los corralones, proveedores de materiales, afectando del mismo modo a las empresas locales que, como Pymes, no están en condiciones de afrontar la competencia desleal y afectando a todos los rubros que directa o indirectamente sufrirán una merma en su volumen de operaciones profundizando la recesión en las Economías Regionales y en las provincias afectadas, entre las que se encuentra la Provincia del Chaco, a cuyo pueblo represento como Diputada Nacional.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.