LEY DE PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL

ARTÍCULO 1°.- Se restringe, de forma absoluta y por un año a partir de la sanción de la presente ley, la importación de viviendas prefabricadas y sus componentes por parte del Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y entes autárquicos y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones de obras y los respectivos subcontratantes directos.

ARTÍCULO 2°.- La restricción del artículo anterior rige para todo tipo de vivienda prefabricada y sus componentes, sean éstas ya ensambladas o para ser ensambladas en el territorio nacional.

ARTÍCULO 3°.- El plazo mencionado en el artículo primero podrá ser prorrogado mediante decreto reglamentario.

ARTICULO 4°.- De forma.

Señor presidente:

Inmensa preocupación ha generado en diversos sectores de la industria de la construcción la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional decida importar viviendas prefabricadas.

Entre ellos, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) manifestó, mediante un comunicado público del 1 de marzo de 2017, su preocupación y enérgica oposición a la medida, junto a sus 27 Cámaras Asociadas en toda la República.

Ratificando además la existencia de una Industria Maderera Nacional capaz de realizar en el país, con tecnología, capital y mano de obra nacional, lo que se pretende importar.

La Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), a través de su titular Luis Cáceres, también manifestó sus críticas a la posible importación de viviendas calificándola como “destructiva de la producción de ladrillos”. Se calcula que 160.000 ladrilleros desarrollan su actividad en la República Argentina. Algunos emprendimientos lo hacen bajo figuras societarias empresariales, otras personales y también en formas de cooperativas. En todos los casos, peligra la subsistencia de una actividad tradicional y el sustento de miles de familias.

En un contexto desfavorable para la economía nacional, la Industria de la Construcción fue una de las más afectadas por las medidas económicas implementadas a partir del cambio de gobierno en diciembre de 2015. Además, las expectativas son preocupantes. Según datos que brindara el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), en el año 2016 se registró una caída del 12,7% de la Construcción y otra del 4,8% para la Industria. Estos índices oficiales tienen su correlato en altísimos índices de despidos tanto en la construcción como en la industria de nuestro país.

Durante 2016, el sector de la construcción lideró la cantidad de despedidos: 60.626 puestos de trabajo perdidos, entre los que se cuentan operarios, técnicos y profesionales, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Trabajadores metalúrgicos y textiles, por su parte, le siguen en la caída.

La importación de bienes, como casas prefabricadas, implica importar mano de obra, servicios profesionales, capitales y materiales. Como es evidente, todos estos insumos no son provistos por mano de obra nacional, lo que impacta negativamente en el empleo y en la economía nacional. Esto provoca perjuicios mediatos e inmediatos a toda la cadena de valor que se extiende a lo largo de la industria de la construcción.

El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, hizo públicos anuncios en los que informó que el objetivo de su gestión es construir 100.000 viviendas durante este año 2017. Es un propósito plausible y que todas las fuerzas políticas deberíamos acompañar. No obstante, semejante tarea debe ser, necesariamente, llevada a cabo mediante la contratación de profesionales técnicos y trabajadores argentinos y utilizando materiales de fabricación nacional. De esta manera, el Estado satisfaría dos de sus grandes obligaciones que dicta la Constitución Nacional: construir viviendas sociales para los más necesitados y, al mismo tiempo, generando empleo y robusteciendo la economía nacional. De lo contrario, si sólo se importan insumos fabricados en el extranjero, se perdería la oportunidad de crear puestos de trabajo.

Por las razones expuestas, y fundamentalmente en pos de la prosperidad económica de nuestro país, solicito la aprobación de este proyecto de ley.