1°- Crear en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora sobre distribución de fondos públicos para la construcción de viviendas en las provincias; que tendrá por objeto investigar, analizar, evaluar y realizar Informes de:

a) Fondos públicos remitidos desde el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, durante la gestión del actual Poder Ejecutivo Nacional, a gobiernos provinciales para la realización de viviendas; los montos enviados y montos efectivamente recibidos, fechas de remisión y recepción de los fondos; responsables de la recepción y redistribución de dichos fondos.

b) Planificación y condiciones impuestas para la transferencia de esos fondos; condiciones para su restitución total o parcial, con intereses, o similares.

c) Planificación y condiciones impuestas desde el Gobierno Nacional o desde los gobiernos provinciales para la construcción de viviendas mediante esos fondos públicos nacionales. Procesos de licitación. Resultados.

d) Planificación, requisitos y proceso de adjudicación y desadjudicación de viviendas impuestas desde el Gobierno Nacional o desde los gobiernos provinciales.

e) En caso de existir funcionarios públicos o familiares directos de los mismos como adjudicatarios, recabar datos personales, cargo y/o jerarquía que ostentan, ingreso mensual de los mismos, con expresa mención de si cuentan con bienes inmuebles a su nombre y cual resulta su Declaración Jurada de Bienes.

2°- La Comisión Especial Investigadora funcionará de acuerdo a Reglamento interno, redactado y votado por la misma, siendo sus integrantes un (1) Representante de cada Bloque Parlamentario de la Cámara de Diputados, más tres (3) Representantes de la Comisión de Diputados de Vivienda y Ordenamiento Urbano.

3°- La Comisión Especial Investigadora podrá solicitar en cumplimiento de su objetivo, el envío de informes escritos o de documentación, a funcionarios gubernamentales u organismos estatales centralizados o descentralizados, correspondientes a la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipios, como así también a entidades no gubernamentales y toda persona jurídica de existencia física y/o ideal. La Comisión Especial Investigadora podrá recibir declaraciones testimoniales, denuncias y pruebas respecto del objeto de su investigación.

Señor presidente:

Asistimos a la declaración pública de serias acusaciones contra el Gobierno de la Provincia de Salta por irregularidades, arbitrariedades y corrupción en la adjudicación de viviendas. Entre ellas las vertidas por la diputada provincial salteña Liliana Mazzone, del Frente Democrático, que repudió la adjudicación de viviendas a funcionarios, empresarios y amigos del Gobierno Provincial que desató indignación social en los últimos días, al conocerse la lista con 67 nombres de personas que recibirán una de las casas del Barrio Lomas de Medeiros, entre los que aparecen apellidos vinculados al ejecutivo salteño, como es el caso del Secretario legal y técnico, Pablo Robbio Saravia, quien ya posee varias propiedades, pero que no es el único caso entre los hombres del Gobernador Juan Manuel Urtubey: otros de los adjudicatarios son el contador Sebastián Ortiz de Rozas y Federico Rovaletti Lagos, el Secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad. La Diputada Mazzone anticipó que recurrirá a la justicia para denunciar la situación y a los responsables, por fraude a la administración pública y para saber si están involucrados fondos públicos nacionales. "Hay 30 mil familias con déficit habitacional sin contar los asentamientos. Este gobierno se maneja con total impunidad, tiene más de 10 mil personas nombradas, entre amigos, parientes y socios del club 20 de febrero".

A esto le agregamos que el Instituto Provincial de la Vivienda de Salta no ha respondido suficientemente, ya que hace un tiempo se realizaron en la Legislatura provincial pedidos de informes para saber cómo se hicieron las casas, cuántas se planificaron y quiénes eran los adjudicatarios, y nunca se recibieron respuestas.

De comprobarse quedaría en evidencia la falta de responsabilidad ante la función pública, direccionando recursos para beneficio propio, sin llegar a los verdaderos necesitados; sobre todo en una provincia con un déficit habitacional de unas 30 mil familias, sin contar los asentamientos.

El gobernador Urtubey realizó una conferencia de prensa donde manifestó que "este plan comenzó a principios de 2007, un plan especial para la clase media, obra que estaba financiada por la Nación, Provincia y con un ahorro previo de los adjudicatarios. Nosotros recibimos la obra y la terminados de realizar". "Todo se hizo de acuerdo al sistema que se implementó en el IPV en la gestión anterior". Se sabe que cualquiera sea la operatoria, cualquiera sea el anticipo y el monto de las cuotas, solo pueden acceder a viviendas financiadas o cofinanciadas por el Estado, aquellos que no son propietarios o usufructuarios de un inmueble; con lo cual no se explica que un funcionario que ya posee propiedades esté anotado para obtener otra propiedad, y el gobernador solo diga que las condiciones y formas las puso "la gestión anterior". Menos si tenemos en cuenta una manifestación de mujeres, que denunciaron que para acceder a una vivienda en Lomas de Medeiros hay que tener un sueldo superior a los $ 15 mil y acreditar $75 mil como depósito. En este marco entendemos que solo funcionarios Políticos y empresarios podrían acceder a estas viviendas, y sería inaccesible no solo a los más humildes, sino que también a la clase media. Otra queja sobre el Instituto Provincia de Vivienda (IPV) de parte de pobladores es que al solicitar la adjudicación les contestaban que solamente había diez viviendas para adjudicar y por eso se pedían esos requisitos. Esto motivó que la manifestación subiera hasta el primer piso del edificio en búsqueda del titular del organismo de Vivienda, Fernando Alesanco. Ante un fuerte vallado policial el cual impidió que un grupo de 35 mujeres accediera a hablar con el funcionario. Las manifestaciones de indignación y decepción siguieron espontáneamente hasta que Alesanco aceptó hablar solo con dos, que oficiarían de delegadas. Las elegidas por el grupo fueron Jimena Fernández y Erica Ibarra quienes luego salieron y comunicaron que los requisitos para acceder a Lomas de Medeiros se mantenían y que no iban a cambiar porque forma parte de un plan nacional, el cual resulta imposible modificar.

A modo de ejemplificar la injusticia por lo denunciado, narraremos este hecho: en medio del debate por la entrega de viviendas sociales, un matrimonio con serios problemas de salud y cinco hijos contó que recorre oficinas públicas hace casi 20 años pidiendo un lugar donde vivir. Son Juan Navarro, quien tiene problemas cardíacos y ya sufrió tres preinfartos, y Sandra, su mujer, que tiene una diabetes discapacitante. Él tiene 44 años, es chofer de taxi y cobra, a lo sumo, 150 pesos por día que no alcanzan para mucho más que lo básico. Ella tiene 42 y no puede emplearse por su enfermedad. La pareja, con sus cinco hijos, está desde 1994 entre las 30.000 familias anotadas en el Instituto Provincial de Vivienda. Juan y Sandra expresaron que se sienten en una situación límite. Después de casi dos décadas siguen luchando con los trámites y cuentan: "hace poco nos llamaron para decirnos que nuestros papeles no estaban al día. Nos pidieron que presentemos certificados de salud que ya habíamos presentado antes. Parece que alguien los perdió. Volvimos a llevarlos y ahora me dicen que yo tengo que ir a una junta médica, pero recién en junio". La pareja y sus hijos viven con otras tres familias en la casa de la madre de Sandra. Ellos están habitando una parte de la vivienda que tiene serios problemas. "Una vez quedamos afuera del sorteo porque había que tener un ingreso de 2.000 pesos mensuales para participar y no llegábamos por 100 pesos", dijo Sandra. "Solo esperamos una oportunidad. Cada vez que van a sortear tenemos ilusiones... pero nunca nos toca a nosotros", dijo Juan.

Esta desinformación, malentendidos, mala administración, y sobre todo malversaciones al momento de planificar y ejecutar un plan de viviendas, sean con fondos provinciales o fondos nacionales, son los motivos para solicitar la conformación de una Comisión Investigadora en este Parlamento que se aboque a la tarea de poner luz a tanta oscuridad, ya que muchas personas no se animan a denunciar judicialmente lo que saben, por temor a represalias, y es necesario que asumamos la tarea de realizar e impulsar informes con sustento que puedan llegar a la Justicia, y castigar a los culpables. Por esto ponemos a disposición este Proyecto de Resolución, para su acompañamiento y tratamiento.