Expresar su beneplácito por la implementación de los programas de Erradicación de Villas y de Vivienda Digna y Techo Seguro, por parte del gobierno de la provincia de San Juan, los que posibilitarán la integración y el desarrollo cultural del sector marginal de la jurisdicción, así como el acceso a la casa propia a los ciudadanos que se encuentran en condiciones de extrema pobreza.

Señor presidente:

El Plan de Erradicación de Villas, impulsado desde el año 2003 por el Gobierno de San Juan, ha logrado erradicar de la Provincia de San Juan 54 villas de emergencia, algunas de las cuales databan del primer terremoto del año 1944.

La ciudad de San Juan fue destruida en un 90 por ciento como consecuencia de aquél sismo del 44. Antes que eso prácticamente no registra historia edilicia. Las primeras villas de emergencia que entonces aparecieron eran transitorias, como defensa de la intemperie para quienes emprendieron tempranamente la reconstrucción de San Juan. Algunas villas pasaron luego a integrar barrios que evolucionaron con la ciudad. Otras desaparecieron para dar origen a nuevos asentamientos, generalmente apoyados por planes oficiales de vivienda. La mancha urbana creció hacia la periferia siguiendo patrones comunes a otras capitales de provincia. En este caso, la limitante del desierto fue un factor significativo y las tierras productivas, especialmente vitícolas, debieron ceder al avance de las viviendas.

La ocupación ilegal de tierras públicas para la instalación de casas precarias no tardó en producirse. El primer caso significativo -la villa Montes Romaní-, cuya antigüedad es de unos 60 años, también surgió por usurpación de tierras privadas cercanas. Generalmente los espacios ocupados eran tierras anexas a vías férreas o canales del que se fueron apropiando las familias más humildes. Algunos casos -como la villa Costa Canal, contigua al matriz norte de San Juan- fueron reedificados mediante planes sociales sin cambiarse su localización. Otros originaron sucesivos traslados a nuevos barrios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y al "Plan Lote Hogar" para construcción de casas por sus propios moradores. Pero en estos casos, cada desocupación de un rancho, motivaba el inmediato ingreso de otra familia. Los sucesivos censos y encuestas del gobierno realizados mostraban la constante movilidad de los moradores, a menudo activada por punteros barriales que instaban a concentrarse a sus dirigidos para lograr futuras adjudicaciones en barrios a construirse.

Un paisaje dinámico, instrumentado por la pobreza, fue construyéndose desde entonces, con la aparición de nuevos asentamientos que se sucedieron hasta la fecha, haciendo crecer la mancha de precariedad. Era precaria la tenencia y, en consecuencia, no había pago de impuestos ni servicios, resultando habitual los populares "colgados" de la luz y hasta de la televisión por cable.

Entre los habitantes de las villas y los de barrios cercanos fue generándose una rivalidad mutua que en muchos casos terminó en peleas y otras formas de violencia callejera. La discriminación creció hasta el punto de centrarse en los "villeros" -término de por sí peyorativo- la causa de la mayoría de los males sufridos en la Ciudad como robos, hurtos, prostitución y venta y consumo de alcohol y de drogas. A menudo, los moradores de estos núcleos que no practican la delincuencia y trabajan en empleos fijos son incluidos en una sola categoría con sus vecinos peligrosos, por otros que se consideran "externos a la villa" y víctimas de los desmanes.

El operativo.

El Plan comenzó con los trabajos de traslado de familias en un ciclo circunscrito al mes de julio de 2005.

En este lapso se reubicó a 355 familias a través de la ejecución exitosa de la primera etapa del Programa de Erradicación de Villas de Emergencia y Asentamientos Irregulares apoyado desde la Nación por el Plan Federal de Emergencia Habitacional. El operativo incluyó la erradicación de las villas "La Paloma", "Pasaje Salta", "El Chorizo" -norte- y "Montes Romaní".

Más de 100 movilidades -entre camiones, topadoras y equipos de apoyo- asistieron el accionar de autoridades de Vivienda y agentes de Salud Pública y Servicio Social, custodiados por la policía.

Las familias fueron reubicadas en las nuevas casas, construidas por el Plan Provincial de Vivienda digna y techo seguro, que decretó la emergencia habitacional, amparado en la Ley N° 7.491, destinado a los habitantes que se encontraban en condiciones de extrema pobreza.

En menos de dos semanas se cambió la fisonomía de la Ciudad de San Juan, corriéndose el radio de pobreza de menos de dos kilómetros a más de cinco, respecto del centro comercial de la ciudad. Las tierras recuperadas se nivelaron con el propósito de realizar obras viales inmediatas. En los nuevos barrios se habilitaron servicios de agua y electricidad con medidores, promoviéndose obras vecinales complementarias.

Los nuevos moradores, cuyos ingresos denunciados oscilan en los $300 a $500, en muchos casos provenientes del Plan Jefas y Jefes de Hogar y otras formas de subsidio, pagaron cuotas previas de $30 y tendrán obligaciones del orden de los $70 a $100 mensuales por familia, según cada caso. Las viviendas son intransferibles y están sujetas a un acuerdo social y a un régimen que permite su expropiación en caso que no la habite la familia de los titulares.

Hay más de 400 niños en edad escolar que, al trasladarse lograron su ubicación en la escuela del barrio. Esta nueva situación generó cambios en la planta docente y aún edilicia de las escuelas contiguas cuyos desfasajes fueron tenidos en cuenta.

Los nuevos habitantes manifestaron que la experiencia de su traslado fue positiva. Con ella, la posibilidad de residir en la vivienda prometida se hizo tangible, aunque siempre queda la nostalgia por la buena ubicación perdida, a pesar de la miseria. En general encontraron seguridad y mayores comodidades en la nueva vivienda, como agua potable y caliente, baño interior y una construcción resistente a sismos.

La situación ocupacional de los entrevistados es significativa: el 30% trabaja en negro, el 20% posee planes Jefas y Jefes de Hogar y pasantías y otro tanto está directamente desocupado. Es interesante destacar que del 30% restante, que trabaja, la mayoría lo hace en la construcción: rubro precisamente activado por el plan de vivienda.

Los nuevos vecinos comenzaron a frecuentar distintos lugares cercanos, formando nuevas relaciones que generan una identidad barrial incipiente.

Los migrantes deben convivir con una dualidad: por un lado sufrir el desarraigo; y por otro, re-localización es inaugurar una vida, escribir otra historia, integrar un nuevo grupo de interrelaciones.

Hubo satisfacción y esperanza entre quienes, al mudarse, pretendieron iniciar un camino diferente.

Los datos:

A su vez, el Plan Provincial de Vivienda Digna y Techo Seguro, impulsado por el Gobierno de San Juan, ha logrado asegurar su casa propia a unas 3.500 familias aproximadamente, en condiciones de extrema pobreza de la provincia.

Los nuevos vecinos comenzaron a frecuentar distintos lugares cercanos, formando nuevas relaciones que generan una identidad barrial incipiente. Al mismo tiempo deben, por un lado sufrir el desarraigo; y por otro, inauguran una nueva vida, escriben otra historia, integran un nuevo grupo de interrelaciones, pretendiendo iniciar un camino diferente.

Para finalizar, y de acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación del presente proyecto.