Artículo 1°.- Emergencia préstamos UVA y UVI. Declárese como medida excepcional y por el término de 3 (tres) años, a partir de la promulgación de la presente, en todo el país, la emergencia de todos los préstamos para adquisición de inmuebles destinados a vivienda única y de ocupación permanente, con capital ajustable conforme el Coeficiente de Estabilización de Referencia (Ley 25.827) o el valor de las Unidades de Vivienda (Ley 27.271), en todo el territorio nacional.

Artículo 2°.- Facultades de las Comisiones. Con el objeto de analizar, evaluar y proponer una respuesta legislativa a la situación de emergencia declarada en el artículo 1°, las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Legislación General, Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, así como las comisiones de Economía Nacional E Inversión, Infraestructura, Vivienda y Transporte, Legislación General Presupuesto y Hacienda, podrán durante el periodo de emergencia, por mayoría simple, y en forma conjunta o separada:

1. Solicitar a través de su presidente informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público o a personas físicas o jurídicas públicas o privadas. En el caso de que la información sea solicitada a organismos públicos los funcionarios responsables deberán proporcionar la información dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de lo establecido en el Capítulo 11 de la ley 25.188. Al efecto, no se podrá oponer disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido.

2. Ordenar la citación de funcionarios públicos, o representantes legales de las personas jurídicas que hayan ofrecido u ofrezcan actualmente los prestamos objetos de la

emergencia del artículo 1°, a los fines de tomar declaraciones testimoniales, y recibir

toda manifestación verbal o escrita que le sea ofrecida sobre los hechos investigados.

3. Realizar investigaciones de oficio.

4. Solicitar a organismos públicos nacionales y/o provinciales, universidades e instituciones científicas la realización de peritajes y/o estudios técnicos relacionados con el objeto de la investigación.

5. Requerir asesoramiento técnico a organismos regionales e internacionales, especializados en la materia.

6. Emitir dictámenes e informes con recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación.

7. Denunciar ante el Poder Judicial todo hecho u omisión, surgido de la investigación, que pudiere constituir ilícito.

Artículo 3°.- Suspensión de desalojos. Se suspenden por 3 (tres) años, a partir de la promulgación de la presente, en todo el país, toda ejecución de sentencia y actos procesales judiciales o procedimientos administrativos, que tengan por objeto el desalojo de inmuebles destinados a vivienda única y de ocupación permanente, por falta de pago de préstamos con capital ajustable conforme el Coeficiente de Estabilización de Referencia (Ley 25.827) o el valor de las Unidades de Vivienda (Ley 27.271).

Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Los préstamos actualizables por medio del índice UVA se han presentado como una política de estado (iniciada por el gobierno anterior y continuada y profundizada por el actual), dadas la posibilidad cierta de lograr una tasa de interés menor y una cuota más accesible. El estado presentó estas líneas de préstamos para vivienda, como una alternativa segura para garantizar a los habitantes el acceso a una vivienda digna, y combatir el enorme déficit habitacional que vive la argentina hace más de dos décadas. Se propuso así, una respuesta distinta a la de construcción de viviendas sociales de forma directa por el estado. Sin embargo, la nueva política de vivienda, dependía de factores conocidos por todos los actores que la promocionaron, como la estabilidad económica (en especial en el caso de los préstamos UVA, del combate exitoso contra la inflación), así como de un aumento sostenido (o al menos similar a la inflación) de los salarios.

Lamentablemente, estos factores no han podido controlarse. Hemos llegado a una situación grave, en donde los ciudadanos de todo el país que accedieron a estas líneas de crédito -con el apoyo y promoción del estado que la asumió como una política pública de vivienda-, ven constantemente agravarse las condiciones de sus préstamos: tanto por el aumento sostenido del capital (que se actualiza de forma constante), como por la cada vez mayor incidencia del pago de los préstamos en sus ingresos mensuales. Esta situación en donde la inflación aumenta a mayor ritmo que la actualización de los salarios, vuelve inviable la política de vivienda intentada y expone a los que buscaron la ayuda del estado para lograr una vivienda propia (derecho básico garantizado por la Constitución) a los desalojos, el ahogo económico extremo (ya que las familias deben relegar todas sus necesidades para afrontar los pagos y no quedar en la calle) y la angustia ante la pérdida de uno de los bienes más esenciales y preciados.

La situación se ha vuelto grave y se repite en todo el país, en el diagnóstico no podemos diferir ninguno de los actores de todo el arco político. En lo que podemos tener distintas visiones es tal vez en la solución, de por sí compleja dada la incidencia de otras políticas públicas, la dificultad crónica de nuestro país de lograr un equilibrio macroeconómico sostenible y el cada vez más extendido uso del índice para distintas operatorias. Por esto, y para resguardar el derecho a la vivienda de más de 150.000 familias de todo el país, es

necesario declarar la emergencia de forma inmediata y suspender todo proceso de

desalojo. No podemos permitir que una política del estado, generada, incentivada y

apoyada por el estado para garantizar el derecho a la vivienda, termine en una oleada

de desalojos.

Por otro lado, no podremos arribar a una respuesta definitiva, sólida y sostenible

en el tiempo, si no otorgamos rápidamente las herramientas necesarias a los

legisladores de todos los bloques y de ambas cámaras para realizar una propuesta seria

y duradera, que resuelva de forma definitiva la situación de los actuales y futuros

consumidores que sean parte de esta política de vivienda.

Quedarnos de brazos cruzados, demorar una respuesta, o mirar para otro lado esperando que el problema se solucione por sí mismo, no hace más que ahogar aún más a los que confiaron en el país y en el estado, y tienen un derecho indiscutible a acceder y vivir en su casa propia. Por este motivo, les proponemos a nuestros pares que se agilicen y garanticen los mecanismos legislativos -por el término de la emergencia-, para poder obtener toda la información necesaria y fidedigna, conocer a profundidad los factores afectados por cualquier propuesta y salir de la emergencia, tanto fortalecidos los que confiaron en el estado y decidieron construir un hogar con la ayuda pública, como para los futuros tomadores de los préstamos.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.