Solicitar al Poder Ejecutivo informe sobre la empresa “Corredores Viales S.A.”

Se solicita se informe:

1. ¿Cuál fue el motivo de cambiar la metodología de seguir trabajando directamente a través de la Dirección Nacional de Vialidad?

2. A partir de la creación de esta empresa ¿Cuáles serán las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad?

3. ¿Qué mecanismos de transparencia en sus acciones tendrá “Corredores Viales S.A.”?

4. En esta nueva Sociedad Anónima ¿Cuál va ser el aporte en infraestructura y maquinarias de la Dirección Nacional de Vialidad?

5. ¿Existe alguna limitación para la incorporación de Socios?

6. En traspaso del personal, ¿se mantendrán en la nueva empresa los beneficios que hoy tienen los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad?

7. ¿El traspaso de personal a esta nueva empresa será optativo u obligatorio?

8. ¿Qué sucederá con los trabajadores que a la actualidad no se encuentran bajo la modalidad de planta permanente?

9. ¿Se encuentra en proceso de recisión la concesión de la autopista Ricchieri operada por AECSA? En caso de ser afirmativo ¿Qué sucederá con el personal de dicha concesión?

10. ¿Existe en la actualidad algún plan para extender las concesiones viales?

Señor presidente:

En mi deber como Legisladora nacional solicitar este pedido de informe sobre la creación de la empresa "Corredores Viales S.A", que tendrá por objetivo la construcción, la mejora y el mantenimiento, entre otras cosas, de todas las rutas, autovías y caminos de jurisdicción nacional, tarea que realiza hoy la Dirección nacional de Vialidad, pero que abre la puerta a la incorporación de socios privados para realizar dichas tareas y ejercerá "los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera", tal como lo vienen denunciando con preocupación por sus fuentes laborales los propios trabajadores.

Gran estupor género en los trabajadores de Vialidad que se enteraron de la noticia, el día del Trabajador Vial, 4 de octubre. Cuando llegaron a la sede central del organismo se encontraron con la Policía Federal para ingresar, quienes solicitaron los DNI de cada trabajador.

Esto sumado de la preocupación de los trabajadores que están peleando por la desafectación que aprobó la legislatura porteña de varias tierras públicas que incluyó el predio donde funciona el edificio del primer distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, donde trabajan 400 empleados. En caso de efectuarse la venta de esos terrenos, peligran los puestos de trabajo.

Según el decreto 794/2017 del Ministerio de Transporte, publicado en el Boletín Oficial, el 51% de la nueva empresa quedará en poder de la cartera que conduce Guillermo Dietrich, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad será tenedora del restante 49%.

No obstante, según se aclara en los considerandos, "en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes".

Esta medida atenta contra la transparencia en la administración de fondos públicos. Este gobierno que se llena la boca hablando de trasparecía y lucha contra la corrupción, pero realiza todo lo contrario, la utilización de una Sociedad Anónima es una mera estrategia para saltear los controles estatales en procedimientos específicos como las contrataciones directas y dejar de lado las licitaciones como método de adjudicación de obras.

Es más, dice textualmente el decreto 794/2017 en su artículo 1 establece que la empresa tendrá sujeción al régimen establecido por la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificaciones y a las normas de su Estatuto y que “no resultan aplicables a ‘Corredores Viales S.A.’ las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias”.

Esta medida genera gran preocupación, no solo por las fuentes laborales, sino también porque a pesar de que el Gobierno Nacional tiene un discurso a favor de la transparencia, la iniciativa provoca que esta nueva sociedad quede fuera de los controles obligatorios para cualquier ente estatal, más teniendo en cuenta la importancia que reviste la obra pública para las provincias.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente pedido de informe.